DECRETOS

Decreto Nº 1949

Fecha de publicación
8 de noviembre de 2022
Fecha de la norma
31 de octubre de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.739 · páginas 13–15
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1949 MENDOZA, 31 DE OCTUBRE DE 2022 Visto el expediente Nº 2689-D-2019-20108 y su acumulado Nº 179-D-17-01410, en el primero de los cuales la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N°651/19 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 122/18 dictada por la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-07993785-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 13 de 148 Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria; Que, sobre este punto, se rechaza el remedio legal intentado, por cuanto sus términos, nos convencen de su improcedencia sustancial, ya que no se ha logrado desvirtuar con prueba idónea la imputación realizada en Acta de fojas 1, Nº 3137, donde el inspector realizó un comparativo de precio- góndola, precio- caja, encontrando que existe diferencia en perjuicio del consumidor (fojas 1/3 del expediente 179) Que la Ley Nº 22802 establecía que: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un Acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida…; y d) Las constancias del Acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas”; Que por tal razón, no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma del mismo, el Acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a la quejosa por infracción a la Ley Nº 22802 y modificatorias surge evidente al consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, como así también se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba; Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente (Artículo 18 Ley Nº 22802), por violación al Artículo 9º de la citada normativa, que indica: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos induce a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que se trata de una infracción formal donde la constatación de los hechos hace nacer, por sí y como principio, la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley. Por ello, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta por sí misma para tener por verificada la violación de las respectivas normas; Que la Resolución Nº 651-EIyE-19 se encuentra debidamente fundada; y de las constancias de las actuaciones surge que la existencia de la infracción imputada a la firma sancionada ha quedado demostrada y la recurrente no la ha negado ni ha demostrado su inexistencia; Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores-productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que reguarda los derechos patrimoniales como personales de los ciudadanos; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias y las resoluciones que en Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-07993785-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 14 de 148 su consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros que fijaba la Ley Nº 22802, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte no se ha demostrado cual sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 651/19 del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía, a fojas 23/26 y 37 y por Asesoría de Gobierno a fojas 28/29 y vuelta, del expediente Nº 2689-D-19-20108; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/7 del expediente Nº 2689-D-19-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 651, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 08/11/2022 (1 Pub.)