DECRETOS
Decreto Nº 1950
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 4 de noviembre de 2022
- Fecha de la norma
- 31 de octubre de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.737 · páginas 9–12
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1950
MENDOZA, 31 DE OCTUBRE DE 2022
Vistos el Expediente N° 2685-D-2019-20108 y sus acumulados Nros. 3689-D-2016-01409 y
2814-D-2017-01283, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN DE PUY, en nombre y
representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” interpone recurso jerárquico contra la
Resolución N° 642 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de
Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y
Considerando:
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Date: 2022.11.04 08:00:13 -03'00'
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Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22.802 y modificatorias, las causas
abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo
72 DNU 274/19);
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en nombre y representación de la firma
“MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, contra la Resolución N° 1279 de la Dirección de Fiscalización y Control
de fecha 05 de diciembre de 2017;
Que el recurso jerár-quico ahora interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su
admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes;
Que desde el punto de vista sustancial surge el acta de infracción N° 0000706-DFyC que indica que no se
exhiben los precios en la góndola a la vista al público de la mercadería que tiene a la venta, según lo
dispuesto por los Artículos 5 y 6 de la Resolución N° 07/02 de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordantes con la Ley Nacional N° 22.802 de Lealtad
Comercial, derogada por el Decreto N° 274/19, pero aplicándose la mencionada ley por ser la vigente al
momento de labrarse la citada acta;
Que la recurrente en esta instancia insiste en idénticos argumentos a los vertidos en la oportunidad de
interponer el Recurso Jerárquico por ante el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía;
Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad
del acta por “vicio de voluntad de quien emitió el presente acto administrativo” indicando que el Inspector
actuante “ha perseguido otros fines” sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho
aplicable;
Que en cuanto a los fundamentos del recurso en tratamiento en crisis son inconsistentes, arbitrarios y
carentes de fundamentos que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos
de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos y que tan solo lo rechaza aduciendo “que surge
indubitable del Acta de Infracción… la infracción imputada queda fehacientemente acreditada …”;
Que expresa la recurrente que los recursos y descargos presentados demostraban en forma exhaustiva la
distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante;
Que indica que se ha visto cercenado su derecho de defensa;
Que, asimismo, sostiene que “este es un rechazo voluntarista que se emite con fundamentos vacuos de
contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al momento de emitir el acto
administrativo en cuestión”;
Que la resolución atacada se encuentra debidamente fundada y la recurrente no ha aportado argumentos
de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo ya resuelto;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, sino todo lo
contrario;
Que la Resolución N° 642-EIyE-2019 ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el
derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa
indicando que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico;
Que las Leyes 24240 y 22802 sus modificatorias y concordantes, se dictaron para proteger a los
consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas, porque para que el
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mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de
consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y marketing, se necesita el
fortalecimiento de la posición del consumidor;
Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera
Generación, la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene
tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de
bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información
adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos;
Que la Ley 22.802 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello
procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección establecido en
dicha Ley se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos
obligados por la misma;
Que la imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no
se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se
configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado no se verifique;
Que la C.S.J.N. al analizar el Artículo 5° de la Ley Nº 22.802 dijo: “Estas infracciones no requieren la
comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las
conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se
configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado” (324:2006, Carrefour
Argentina S.A. 26/06/2001);
Que, en conclusión, por las razones indicadas se entiende que no le asiste razón a la quejosa al pretender
impugnar la validez del acta, por lo que el agravio debe ser desestimado. Por su parte, tampoco le asiste
razón al pretender impugnar el acto administrativo, ya que la Resolución N° 642-EIyE-2019 no solo ha
sido debidamente motivada (Artículo 45 de la Ley 9003), sino que además fue dictada luego de un proceso
en el que se respetó el debido derecho de defensa y se cumplió con los trámites sustanciales exigidos por
la normativa correspondiente, tal como surge de los antecedentes del caso;
Que, por último y con relación al monto de la multa, la misma se presenta razonable teniendo en cuenta
el tipo de infracción cometido por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En
efecto, no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando con
precisión dónde radica el error de la Administración en la determinación del monto, a lo que se agrega que
posee antecedentes en el Registro de Infracciones;
Que, en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la referida firma;
Por lo expuesto y en conformidad con los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
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considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN DE PUY, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT
33-50385092-9, contra la Resolución N° 642 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019. En consecuencia,
ratifíquese la misma en todas sus partes.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
04/11/2022 (1 Pub.)
