RESOLUCIONES
Resolución Nº 249
- Fecha de publicación
- 7 de septiembre de 2022
- Fecha de la norma
- 13 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.697 · páginas 35–40
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 249
MENDOZA, 13 DE JULIO DE 2022
VISTO:
El expediente EX-2017-00131908-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado “Acta C 795 Obra Social De
Trabajadores De Estaciones De Servicio”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma
"OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS" CUIT 30-70814888-8, con
domicilio comercial en calle Rondeau N° 117, Ciudad (5500), Mendoza, y domicilio legal en calle Bandera
de los Andes N° 234, San José, Guaymallén, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) ACTA-2017-00111469-GDEMZA-
INSPE#MGTYJ, rola Acta de Infracción serie “C” Nº 795 realizada el día 12 de junio de 2017, en la que se
constata que la entidad propiedad de "OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE
SERVICIOS", CUIT 30-70814888-8, por la inexistencia del Libro de Quejas debidamente rubricado
(Resolución Nº 13/2014 D.D.C.) y por no exhibir la cartelería con la Información referida a los Medios de
Pago (Resolución Nº 133/2014 D.D.C.).
Que a orden nº 4, conforme D.E. INLEG-2017-00111478-GDEMZAINSPE#MGTYJ, rola descargo
presentado por la firma infraccionada donde realiza un planteo de incompetencia por encontrarse la firma
"OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS" incluida en el artículo 15° de la
Ley N° 23661, en consecuencia y tal cual lo prevén los artículos 38° y 39° de la mentada Ley
sometidos exclusivamente a la Jurisdicción Federal. Para el supuesto que el planteo de incompetencia no
se ajusta a derecho, expresa respecto al Libro de Quejas que "...están obligadas a mantener vigente el
sistema legislado. La SSSALUD tiene implementada la forma de realizar a los mismos, uno a través de un
libro foliado que debe estar a disposición de los afiliados, para que se informe al Consejo Directivo de
cualquier inquietud de un afiliado y además desde 1998 se implementa a través de la Resolución N° 75
SSSALUD “EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS, FRENTE A HECHOS O ACTOS
DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD, QUE AFECTEN O PUEDAN AFECTAR LA NORMAL
PRESTACION MEDICO ASISTENCIAL”. Comunica además, que tienen un Libro de Quejas interno, el
cual no se encuentra rubricado por la Dirección de Defensa del Consumidor. Vuelve a indicar, que "...la
institución cuenta con sistema de quejas habilitado por la SSSALUD con el cual sus afiliados y únicos
usuarios pueden reclamar e informar a las autoridades de CONTRALOR sobre las deficiencias y/o
controversias suscitadas con la Administradora de la Obra Social, sus dependientes y Profesionales, este
ente la SSSALUD es quien posee la facultad correctiva sobre las Obras sociales, con régimen
sancionatorio vigente desde 1.998..." Para el caso de la imputación por no exhibir las formas de pago,
manifiesta que "...mi instituyente no está alcanzada por la Ley N° 27253 ni la Resolución General de AFIP
N° 3997 además SE DENUNCIA QUE por disposición de la Ley 23661 art 39, ES UNA ENTIDAD
EXENTA DE PAGO DE TASAS CONTRIBUCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES, y es un ente SIN
FINES DE LUCRO, que no realiza atención de terceros o público en general, solamente se atienden a sus
asociados, se cobra únicamente el COSEGURO QUE DETERMINA SSSALUD.-"
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Que respecto al planteo de incompetencia se anticipa que el mismo resulta improcedente. Debe tenerse
presente que el artículo 3º de la Ley N° 24240, incorporado por Ley N° 26.361, señala en su último
párrafo “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones
sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra
normativa específica.”
Que el vínculo jurídico existente entre un afiliado y la Obra Social, prestadora de servicios de salud a
través de efectores propios y/o contratados por ella, es una típica relación de consumo. La prestadora,
consecuentemente, posee el carácter de proveedora en los términos del artículo 2º de la Ley N° 24.240.
Que resulta importante tener en cuenta los antecedentes parlamentarios de la Ley 26.361. En ellos se
señaló que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se
brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial
es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en lo que damos
en llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de
telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por
citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de
estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad
administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de
ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En
ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas normas que
estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión
puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan:
masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación
productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción de la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países
desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos
subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad
le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto
por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra
los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos
individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo
transparente y relaciones de consumo equitativassino que instaura un andamiaje normativo institucional
para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa sistematizada
estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia
ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que "Las
disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones
jurídicas antes definidas...". Como se advierte, no establece la mencionada ley que las normas generales y
especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra
con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se ha dicho, el legislador argentino entiende que la
especialidad radica en la relación de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación
especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho.”
Que a su vez el artículo 41° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La
Secretaría de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
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(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor).”.
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley N° 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo el caso del artículo 63°.
Que la jurisprudencia confirma la competencia que tienen las autoridades de aplicación de la Ley N°
24.240 en lo que respecta a la fiscalización de la relación de consumo que vincula a las Obras Sociales
con sus afiliados. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En la sentencia recaída en la Causa Nº 2234-0
caratulada “OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VEND. DE LA REP. ARG. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON
TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.”, Sala I, del día 16 de diciembre de 2010, se consideró
que “…Dado el marco normativo descripto, cabe entender que la relación jurídica que vincula a una obra
social sindical que presta un servicio de salud con otra persona que lo contrata es una relación de
consumo, sin perjuicio de estar alcanzada por otras normas. 2) Sentado lo expuesto, corresponde tratar el
agravio relativo a la incompetencia de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para
sancionar a la recurrente. Cabe destacar que conforme la ley 24.240 –tanto antes como después de la
reforma en los términos de la ley 26.361–, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuentan con facultades de control, vigilancia y juzgamiento en materia de defensa de los
derechos de los consumidores. En particular, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad
competente en materia de defensa del consumidor es la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor. Al respecto, la ley 757 establece que “la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta
ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley” (art. 2). A su vez, el decreto
17-GCBA-03 designó como Autoridad de Aplicación de la ley 24.240 -en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires- a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (cfr. Anexo I, art. 2º)… En
consecuencia, no puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad planteado. V. Por las consideraciones
que anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de
apelación interpuesto por la actora contra la Disposición 4066-DGDYPC-2007 y el planteo de
inconstitucionalidad de la ley 1517 y, en consecuencia, se confirme la sanción impuesta con motivo de la
infracción al artículo 4 de la ley 1517…Firmantes: Dr. Carlos F. Balbín; Dr. Horacio G. Corti; Dra. Inés M.
Weinberg de Roca.”
Que por todo lo expuesto, la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para fiscalizar a una
Obra Social en lo que concierne a la temática de los derechos del consumidor.
Que la obligatoriedad de contar con un Libro de Quejas rubricado por esta Dirección proviene de la
Resolución Nº 158/2013 D.D.C., la cual estuvo vigente durante el año 2013 hasta octubre del año 2014.
Luego dicha norma se sustituye por la Resolución Nº 13/2014, dictada por esta Dirección de Defensa del
Consumidor, estando vigente desde el día 15/10/2014 hasta el día 11/01/2019.
Que finalmente, la Resolución Nº 13/2014 D.D.C. se reemplaza por la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. la que
se encuentra vigente desde el día 12/01/2019 a la fecha.
Que el artículo 4º de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. consagra que “Los obligados, comprendidos en el
Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de Quejas de Defensa del Consumidor" en donde consumidores y
usuarios podrán asentar sus reclamos. El Libro de Quejas es un instrumento público de esta Dirección.
Dicho libro deberá ser uno de los denominados artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"...”.
Que por su parte, el artículo 6º de la Resolución mencionada dispone que “El Libro de Quejas deberá ser
habilitado por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus hojas y la rúbrica
del/la Director/a de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con indicación de la
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fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en curso. La nueva
homologación corresponderá una vez agotadas todas las hojas del “Libro de Quejas de Defensa del
Consumidor”...”.
Que también es importante remarcar la obligación de exhibición que impone el artículo 8º de la Resolución
referida al disponer que “El Libro de Quejas de Defensa del Consumidor deberá encontrarse siempre en
lugar visible para el público en general en el sector de Atención al Cliente. En caso de que el espacio del
sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá encontrarse siempre sobre el mostrador de
atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”.
Que consultada la Base de Datos de esta Dirección (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar), surge que la
firma "OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS" CUIT: 30-70814888-8,
nunca tramitó el Libro de Quejas frente a esta Dirección de Defensa del Consumidor, lo que permite tener
por configurada y firme la imputación de autos.
Que respecto a la exhibición de la Información referida a los Medios de Pago, la Resolución Nº 133/2014
de esta Dirección de Defensa del Consumidor se publica en el Boletín Oficial en fecha 05/01/2015 por lo
que el cumplimiento de la misma es obligatorio desde el día siguiente, es decir, 06/01/2015.
Que el artículo 2° de la Resolución N° 226/2020 D.D.C. dispone, que “Los obligados, comprendidos en el
Artículo 1°, deberán informar al público todas las formas de pago aceptadas, debiendo ser exhibidas
claramente en todos los ingresos con caracteres destacados, claros y ampliamente visibles desde la vía
pública en cada uno de sus locales. En el caso de que tuvieren estacionamiento propio o de terceros,
deberán indicar todas las formas de pago que aceptan en todos los ingresos al estacionamiento.”.
Que el artículo 3° de la Resolución N° 226/2020 D.D.C. dispone que “Los obligados, comprendidos en el
Artículo 1, deberán exhibir en cada local un cartel claramente visible, ubicado en cada uno de los accesos
al mismo, que contendrá los datos que presenta el modelo que se acompaña como ANEXO I.
Básicamente, la cartelería contendrá un título que indicará "Información Formas de Pago". Luego se
detallará lo siguiente: • SI SE ACEPTA EFECTIVO • SI SE ACEPTAN TARJETAS DE DÉBITO. • SI/NO
SE ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO. • SI/NO SE ACEPTAN OTROS MEDIOS DE PAGO (en su caso,
especifique cuáles) Se deberá indicar cuál o cuáles son los nombres de las tarjetas de débito que recibe y,
en su caso, cuál o cuáles son los nombres de las tarjetas de crédito y otros medios de pago que
eventualmente acepte el local comercial. Finalmente se incluirá la siguiente leyenda: "El proveedor está
obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado, con tarjeta de débito y tarjeta de
crédito en una cuota" (art. 37º inc. c) de la Ley Nº 25.065 y art. 10° de la Ley Nº 27.253). Dirección
Provincial de Defensa del Consumidor Mendoza. Resolución N° 226/2020 Reclamos: 148 opción 3.”.
Que como se menciona ut supra la sumariada presenta descargo respecto de la imputación por falta de
exhibición de la cartelería de formas de pago, pero no ofrece pruebas que demuestren que dicha cartelería
se encontraba exhibida al momento de la inspección, lo que permite tener por configurada y firme la
imputación de autos.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que configurada la imputación, respecto a la falta de Libro de Quejas, se tiene en cuenta lo establecido en
el artículo 13º de la Resolución N° 5/2019 D.D.C. que establece que “El incumplimiento formal de alguna
de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de los obligados comprendidos en el
Artículo 1º, se sancionará con alguna de las penas previstas en el art. 57º de la Ley Provincial Nº 5547, sin
perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes correspondientes, previstos en la Ley Provincial Nº
5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a efectos de graduar la sanción a aplicar.”.
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Que configurada la imputación, por no exhibir cartelería con la Información referida a los Medios de Pago
se considera lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 226/2020 D.D.C., según el cual “El
incumplimiento formal de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de
los obligados comprendidos en el Artículo 1, se sancionará con alguna de las penas previstas en el artículo
57° de la Ley Provincial Nº 5547, sin perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes
correspondientes, previstos en la Ley Provincial Nº 5.547 a efectos de graduar la sanción a aplicar”.
Que configuradas la infracciones el artículo 57º de la Ley Nº 5547 indica que "Las infracciones a la
presente ley serán reprimidas con las siguientes penas: a) Clausura temporal o definitiva, dispuesta por la
autoridad de aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) Las multas que
fije, anualmente, la Ley Impositiva provincial. c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días. e) caducidad de la
concesión del servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del
estado provincial o municipal. f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad. g)
suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado. h) publicación de la
resolución sancionatoria a costa del infractor. i) apercibimiento.".
Que asimismo el artículo 57º de la Ley N° 5.547, (según Ley Impositiva Nº 9.355, Artículo 10º) indica que
las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: “...3) MULTAS (Ley N° 5.547 Artículo 57° inc.
b): 1. Leve desde 4.500 a 215.000; 2. Moderado desde 215.001 a 650.000; 3. Grave desde 650.001 a
4.500.000; 4. Gravísima desde 4.500.001 hasta 8.700.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la
multa.”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del artículo 59º de la Ley Nº 5547 dispone que “En la aplicación y graduación de las multas
será tenido en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) El número
de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.”.
Que esta Dirección entiende que corresponde aplicar una sanción a la sumariada por su conducta
violatoria constatada en autos.
Que, por la inexistencia del Libro de Quejas debidamente rubricado por esta Dirección, se considera
razonable imponer a la firma "OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS",
CUIT 30-70814888-8, la sanción de multa equivalente a Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00.-), de
acuerdo a la escala legal correspondiente, por la infracción verificada y analizada.
Que, por no exhibir la cartelería con la Información referida a los Medios de Pago, se considera razonable
imponer a la firma "OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS", CUIT
30-70814888-8, la sanción de multa mínima equivalente a Pesos Diez Mil con 00/100 ($ 10.000,00.-), de
acuerdo a la escala legal correspondiente, por la infracción verificada y analizada.
Que por los incumplimientos ut supra mencionados, se considera razonable imponer a la firma "OBRA
SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS", CUIT 30-70814888-8, la sanción de
MULTA TOTAL equivalente a Treinta Mil con 00/100 ($30.000,00.-), de acuerdo a la escala legal
correspondiente, por las infracciones verificadas y analizadas en autos.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0,3% del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y lejos de su máximo ($ 8.700.000,00), y que dentro de la
escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
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ARTICULO 1º - IMPONER a la firma "OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE
SERVICIOS" CUIT 30-70814888-8, con domicilio legal en calle Bandera de los Andes N° 234, San José,
Guaymallén, Mendoza, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS TREINTA MIL con 00/100
($ 30.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57° inc. b) de la Ley N° 5.547, por violación
de los artículos 4°, 6º y 8° de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C.; y por violación a los artículos 2º y 3º de la
Resolución Nº 226/2020 de la D.D.C.
ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 5.547- Cód. Tax 017-925, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS. Asimismo, se informa que el
boleto de pago debe generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza
(ATM)
www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa-procedimientodigital-2/-,
pudiendo
abonarse en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle / Bolsa de Comercio.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa, con la presentación correspondiente ante esta Dirección
de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 ($1.450,00 según Ley Impositiva Nº 9.355, Artículo 10º, punto
2 inc A) abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle / Bolsa de Comercio. El recurso de
revocatoria
junto
a
la
correspondiente
tasa
retributiva,
podrá
ser
enviado
al
correo
resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el
obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la
presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda
conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º,
Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
07/09/2022 (1 Pub.)
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
