RESOLUCIONES
Resolución Nº 228
- Fecha de publicación
- 24 de agosto de 2022
- Fecha de la norma
- 21 de junio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.687 · páginas 33–37
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 228
MENDOZA, 21 DE JUNIO DE 2022
VISTO:
El expediente EX-2017-00158263-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ caratulado “Spano Claudio C/ Video
Sistemas”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “VIDEO SISTEMAS SA”, CUIT
33-70936228-9, con nombre de fantasía “Servicio Técnico Oficial Video Sistemas”, y domicilio en calle
Fray Luis Beltran N° 1729, Godoy Cruz (5501), Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 3, según documento electrónico (en adelante D.E.) IF-2017-00157957-GDEMZA-
MESAYAS#MGTYJ, rola denuncia interpuesta por el Sr. Spano Claudio, DNI Nº 17.295.231, con domicilio
declarado en calle Fray Inalican N° 496, Ciudad (5500), Mendoza, contra la firma “VIDEO SISTEMAS
SA”, CUIT 33-70936228-9, en virtud de que la firma denunciada se llevó su televisor con el objetivo de
reparar la falla que presentaba. El Sr. Spano se comunica periódicamente para intentar conocer el estado
del mismo, recibiendo como respuesta que aún no determinaban el problema, y que el producto
continuaba en análisis. Que transcurridos unos días y al no tener solución por parte de la prestadora,
decide retirar el televisor, y en ése momento se entera que debe abonar la suma de Pesos Ciento Ochenta
con 00/100 ($180,00) para poder llevárselo.
Que a orden n° 2, conforme D.E. IF-2017-00157966-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ junto a la denuncia
acompaña copia de orden de retiro del bien en cuestión Nº 00029789 y el comprobante de lo
abonado, como prueba de sus dichos.
Que a orden nº 5, mediante PV-2017-00177950-GDEMZASUMA#MGTYJ la Oficina de Conciliación
dispone dar traslado de la denuncia a la firma denunciada, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles a
los fines que presente descargo o propuesta conciliatoria respecto de la denuncia incoada en esta
Dirección. Siendo fehacientemente notificada según D.E. IF-2018-00044855-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ, de
orden nº 7.
Que a orden nº 10, mediante D.E. IF-2018-00102074-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, rola descargo
presentado por la firma denunciada en donde señala que "...Notificamos que en todos los casos, tanto
servicio a domicilio como atención por mostrador, se le informa al cliente que la revisión del equipo y
confección del presupuesto tiene un costo. En el caso del Sr. Spano, cuando solicitó el servicio a domicilio
se le informó oportunamente el costo del presupuesto ($180) y del servicio a domicilio…”.
Que en razón de ello, se considera finalizada y fracasada la etapa conciliatoria.
Que a orden nº 12, conforme D.E. PV-2018-04215532-GDEMZASDLEG#MGTYJ, se dispone la apertura
de sumario contra la firma “VIDEO SISTEMAS S.A.”, CUIT 33-70936228-9, por presunta violación al
artículo 4º de la Ley N° 24240, "debido a que no existe en autos documentación alguna que permita probar
que se informó en forma clara, cierta y detallada al denunciante que la revisión del equipo y la confección
del presupuesto tenían el costo de $180. Asimismo tampoco obra en el presente expediente, el
presupuesto realizado por la denunciada y que motiva el cobro del dinero antes mencionado." Siendo
fehacientemente notificada en fecha 7 de enero de 2019, según constancia de orden nº 17, mediante D.E.
IF-2019-00426525-GDEMZA-OTIF#MGTYJ.
Que a orden nº 14, según D.E. IF-2019-00156111-MESAYAS#MGTYJ, rola descargo presentado a la
imputación efectuada, donde la sumariada alega que el Sr. Spano se comunica telefónicamente con el
Servicio Técnico para solicitar el retiro de su TV desde su domicilio para su diagnóstico. Traslado que se
realiza con móvil especial para evitar daños y roturas en las pantallas del LED y con seguro de mercadería
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correspondiente, el cual tiene por obviedad un costo (como cualquier flete) y se le informa por teléfono
(único medio de contacto con el cliente hasta el ingreso del equipo al taller), adjuntando comprobante de
retiro N° 29789 en el cual el cliente firma y acepta el traslado del equipo el día 12/06/2017. Que el día
13/06/2017 el equipo ingresa al laboratorio con comprobante número 383807, el cual adjunta, donde se
observa el diagnóstico realizado por el Ingeniero “FUNCIONA BIEN, CONTROLAR FUENTE DE SEÑAL”,
el equipo no presentó fallas y tampoco se realizó ninguna reparación. El Sr. Spano se presentó a retirar el
equipo en forma particular y al tratarse de un equipo que no falló por obviedad no se realizó presupuesto
de reparación y solo se cobra el costo del traslado (un flete de retiro) situación que el cliente aceptó desde
un primer momento al solicitar el traslado, lo cual se hace claramente imposible de documentar por ser
realizada en forma telefónica. Adjunta documento de entrega del equipo firmado conforme el cliente.
Que del análisis del caso de marras con la documentación obrante en la misma, corresponde aclarar que
la Ley de Defensa del Consumidor determina el deber en cabeza del proveedor la obligación de
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales del servicio que provee, la cual debe ser siempre gratuita y en soporte físico salvo que el
consumidor o usuario optase en forma expresa por cualquier otro medio alternativo de comunicación que
el proveedor ponga a disposición. Que el importe de $180,00 que la denunciada cobró al denunciante por
el retiro del bien y elaboración de presupuesto como lo esboza al contestar la denuncia, es un elemento
esencial del contrato celebrado y por lo tanto debió ser informado en soporte físico toda vez que no surge
de autos que el consumidor hubiere optado por otro medio.
Que en cuanto a que dicho costo fue notificado telefónicamente por cuanto fue el medio de contacto con el
consumidor para el retiro de su TV, dicha circunstancia no ha sido reconocida por el denunciante quien
manifiesta que nunca se le informó al respecto, no obstante la ley manda en primer lugar que esto sea en
soporte físico. Por otro lado, el proveedor bien pudo haberlo informado o ratificado lo supuestamente
informado por teléfono, y en soporte físico como lo indica la ley, en la orden de retiro del producto que le
hace firmar al denunciante. En la cual inclusive reseña otro tipo de condiciones sobre el servicio.
Que también indica el sumariado al contestar la denuncia contra él incoada, que el importe cobrado al
consumidor no solo incluía el traslado del bien o flete sino que también un presupuesto que no obra en
autos aduciendo que no lo confeccionó por cuanto el bien no presentó fallas. Pero la realidad es que,
indebidamente, lo cobró, por lo que sus propios dichos expresan.
Que el artículo 4° de la Ley N° 24.240 reza que: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre
gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte física, con claridad necesaria que permita su
comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase
de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a
disposición....”.
Que se debe tener presente que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla
dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas.
Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método
eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que
el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su
derecho se derivan de determinada cláusula.” El deber de informar es un deber que incumbe a todo
experto ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-derecho, según la
perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti, CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores).
Que también es importante resaltar que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional
luego de la reforma del año 1.994, expresando el artículo 42° de la Carta Magna “...los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y
veraz...”. Y también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto, no podemos
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desconocer este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo
fundadas y racionales y permite, también, una utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya
sea que se trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que la firma sumariada no puede desconocer las obligaciones asumidas y debe actuar en consecuencia
con la confianza generada en virtud de la apariencia ya que ello tiende a la estabilidad, a la armonía de las
relaciones y por sobre todo reafirma la buena fe, principio básico de todo vínculo jurídico.
Que el artículo 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa
de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y
productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por
un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad
de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de
aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de
una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran
circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (...)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la sumariada no cumple con
su deber de informar. Que debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a
que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de
graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni
que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño infligido” (Expte Nº
2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE
DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
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Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir cinco años desde el
hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “VIDEO SISTEMAS S.A.”, CUIT 33-70936228-9, conforme lo permite la escala legal, equivalente a
Pesos Quince Mil Con 00/100 ($ 15.000,00.-), por la infracción verificada y analizada en autos.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 0,3 % del total.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “
se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que finalmente téngase presente lo establecido en el artículo 61º de la Ley 5.547 según el cual se dispone
que “Se depositaran en una cuenta especial, habilitada a tal efecto, los montos obtenidos por los
siguientes conceptos: a) multas por aplicación: 1) de la presente ley. 2) ley nacional nº 22.802. 3) ley
nacional nº 24.240. 4) ley nacional nº 19.511. 5) ley provincial nº 1.118. 6) ley provincial nº 6981 creación
del sistema integral de control de combustibles (SICCOM). 7) toda norma o disposición de la que sea
organismo de aplicación la dirección de fiscalización, control y defensa del consumidor. (...)” (La negrita es
propia).
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “VIDEO SISTEMAS SA”, CUIT 33-70936228-9, con nombre de
fantasía “Servicio Técnico Oficial Video Sistemas”, y domicilio en calle Fray Luis Beltran N° 1729, Godoy
Cruz (5501), Mendoza, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS QUINCE MIL con 00/100
($ 15.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación
del artículo 4º del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Nº 5.547- Cód. Tax 017-925 (Artículo 61º de la Ley 5547), el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de QUINCE (15) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe
generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) -
www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa-procedimientodigital-2/, pudiendo abonarse en
Banco de la Nación Argentina/BancoSupervielle / Bolsa de Comercio. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago
de las multas, con la presentación correspondiente ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, a
través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
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la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 ($ 1.450,00 según Ley Impositiva Nº 9.355, Artículo 10º, punto
2 inc A) abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle/Bolsa de Comercio. El recurso de
revocatoria
junto
a
la
correspondiente
tasa
retributiva,
debe
ser
enviado
al
correo
resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el
obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la
presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda
conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º,
Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
24/08/2022 (1 Pub.)
COLEGIO DE AGRIMENSURA DE MENDOZA
