DECRETOS
Decreto Nº 1265
- Fecha de publicación
- 2 de agosto de 2022
- Fecha de la norma
- 26 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.672 · páginas 10–12
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1265
MENDOZA, 26 DE JULIO DE 2022
Visto el expediente Nº EX-2021-02301222-GDEMZA-DFYC#MEIYE, en el cual la Doctora CYNTHIA
LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº
30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 853 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control en fecha 15 de setiembre de 2017; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente decreto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa
de la Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas
a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada;
Que por la Resolución Nº 853/17 de la citada Repartición se aceptó en lo formal y se rechazó en lo
sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 538/17 de
dicho Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) por
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violación a lo que establecía el Artículo 9º de la Ley N° 22802;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes;
Que en el expediente Nº 5417-D-15-01409, digitalizado en Orden 2, obra Acta de Infracción Nº 48518, de
fecha 12 de noviembre de 2015, labrada por la Dirección de Fiscalización y referida firma con domicilio
en calle Balcarce Nº 897, Departamento Godoy Cruz, Mendoza, por la cual se constata que no coincide
el precio de góndola con el precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dicha
Acta;
Que en cuanto al aspecto sustancial la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria;
Que sin embargo, es dable destacar lo que disponía por la Ley Nº 22802 en su Artículo 17, Incisos d) y e):
“d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como
las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los
hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas; e) Las
pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten
manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue las medidas de prueba solamente se
concederá el recurso de reposición”;
Que vale decir, que la infracción se acredita con el Acta oportunamente labrada y la documental obrante
en las actuaciones de referencia, no constatándose ninguna prueba material producida por la firma
recurrente;
Que cuando la firma sancionada hace su primera presentación, no acompaña ningún documento o prueba.
Por otra parte, la Ley Nº 3909, vigente al momento de la interposición del recurso de revocatoria disponía
en su Artículo 177 que dicho recurso debía ser resuelto sin sustanciación. Además, el reconocimiento del
hecho en el descargo, es clarificador;
Que las infracciones a la Ley Nº 22802 revestían el carácter de formal, pues quedaban tipificadas por la
simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley, sin que pudiera pretenderse la existencia del
tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho Penal
Sustantivo. Todo ello permite encuadrar la conducta de la empresa en lo descripto por el Artículo 9º de la
referida Ley, vigente en ese momento y, por ende, aplicar la sanción pertinente, en este caso, una multa a
tenor de lo dispuesto por el Artículo 18 de la misma Ley;
Que en segundo lugar, no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el
contenido del Acta de Infracción obrante a fojas 1 del expediente digitalizado en Orden 2 Nº
5417-D-15-01409, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de
la Repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que fuese desvirtuado por otras pruebas,
lo que en el caso no se advierte. Del mismo modo, los argumentos expuestos por la firma recurrente
carecen de virtualidad para invalidar el acto por ilegítimo;
Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un
“trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la
libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en las citadas actuaciones por
la firma sumariada;
Que es dable destacar la naturaleza jurídica de las Actas labradas por el personal de la Dirección de
Fiscalización y Control puesto que las mismas constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí
y se prueban por sí mismos;
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Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los
mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su
consecuencia se dictaron, se asentaba en la imposición de deberes formales que debían ser cumplidos por
los sujetos obligados por la Ley;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que
se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constitucionales referidos al derecho
de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas
en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Que en cuanto a la sanción de multa impuesta a la firma CENCOSUD S.A., la misma se estima justa en su
monto en relación con la infracción concreta sancionada, motivo por el cual procede su confirmación;
Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria de lo que establecía el Artículo 9º de la
Ley N° 22802;
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía
y Energía y por Asesoría de Gobierno en el expediente Nº 5417-D-15-01409, digitalizado en Orden 2 y lo
dictaminado por la nombrada Dirección en Orden 14 del expediente de referencia y lo establecido por el
Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto en el
expediente Nº 5417-D-15-01409, digitalizado en Orden 2 del expediente Nº EX-2021-02301222-GDEMZA-
DFYC#MEIYE, por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma
CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, contra la Resolución N° 853 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control en fecha 15 de setiembre de 2017, por los motivos expuestos en los considerandos
del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
02/08/2022 (1 Pub.)
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
