DECRETOS
Decreto Nº 1264
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 2 de agosto de 2022
- Fecha de la norma
- 26 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.672 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1264
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2022-05291215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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MENDOZA, 26 DE JULIO DE 2022
Visto el expediente N° EX–2021-05825023-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Enrique Weiner, en su
carácter de apoderado de la empresa Libertad S.A., CUIT Nº 30-61292945-5, interpone Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 586 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 18 de
agosto de 2021; y
Considerando:
Que por la citada resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico
interpuesto por la empresa contra la Resolución N° 158 emitida por la Dirección de Fiscalización y Control
en fecha 06 de abril de 2021, que lo intima a abonar el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00)
impuesto como consecuencia del Acta N° 6155-DFYC del 09 de marzo de 2020, aplicada en carácter de
sanción de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 del DNU N° 274/19;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que, en términos generales, en todos los escritos la quejosa reitera en forma casi idéntica los argumentos
originalmente sostenidos y que han sido tratados y rebatidos oportunamente fundando los
correspondientes actos administrativos, es decir, las Resoluciones N° 26-DFyC-21; N° 158-DFyC-21 y N°
586-MEyE-21;
Que entre los argumentos principales planteados por la administrada para sostener este recurso jerárquico
se destacan: A) la nulidad del acta de infracción y, en consecuencia,la violación del derecho de defensa y
B) la falta de motivación y arbitrariedad de la decisión;
Que con respecto al primer punto se observa que la legitimidad de la misma y su confección conforme a
derecho ha sido suficientemente fundada en la Resolución N° 26-DFyCV-21, en tanto reza en sus
considerandos cuarto y quinto respectivamente: “...que la sumariada intenta demostrar que se le han
vulnerado derechos de jerarquía constitucional pues refiere que no se le ha entregado más que el acta con
un listado de precios relevados y no cuenta con el rótulo que le permita ejercer una debida defensa. En
torno a este supuesto error gira toda la defensa de la sumariada... Además, entiende que por aplicarse
sanciones deben tenerse en cuenta los principios rectores del derecho penal” y “...que esta Dirección,
considera que no es real que se hayan vulnerado los derechos señalados por la sumariada. El acta cuenta
de forma complementaria y constitutiva de la misma con el ticket de caja y el listado de productos
relevados. Todos esos productos pasan por el ticket donde figura el código que coincide con los indicados
en la lista de productos relevados. Allí se ve la diferencia y ello sumado a que el acta es un instrumento
público que goza de una presunción de veracidad, es la sumariada quien debe demostrar que el rótulo no
coincidía con lo relevado.” Estos argumentos son también rebatidos en la Resolución N° 158-DFyC-21, en
sus considerandos 13 a 15 donde puede leerse que en modo alguno se configura la violación de garantías
constitucionales; que de la sola compulsa de las actuaciones se puede comprobar que la imputación
efectuada es autosuficiente, completa y determina con claridad el hecho infractor, aspecto que ha sido
tratado en el dictamen legal y que la norma ratifica en todos sus términos;
Que en el considerando quince se expresa que “...no se verifica deficiencia alguna en el labrado de las
actas que implique una violación a la garantía de defensa en juicio y afecte la causa del acto administrativo
recurrido.” Asimismo, en los considerandos séptimo y octavos de la Resolución N° 586-MEyE-21 que
refuerza aún más los argumentos en contra de la pretendida violación de garantías constitucionales por
parte de la Dirección de Fiscalización y Control, se consigna: “Que el Acta de Infracción reúne los
requisitos que exige el citado DNU 274/19 en su Artículo 42 que, al efecto, refiere: “Si se tratare de la
comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará
constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que
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dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere,
debiéndose indicar dónde efectuar su presentación.” y “Que la autoridad de aplicación pondrá a
disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y
condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor
probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran
aportar los administrados”;
Que en cuanto a la pretendida declaración de nulidad del acta, debe tenerse presente en relación a la
misma que “son instrumentos públicos conforme el Artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación,
el que expresa: : ...b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los
requisitos que establecen las leyes...”, configurándose en el presente caso la situación regulada por el
mismo;
Que los hechos que los inspectores dejan sentados en las actas como pasados ante su presencia no
pueden ser desconocidos por el recurrente en la vía administrativa, debiendo recurrir a la correspondiente
vía judicial y mediante la pertinente querella de falsedad. Hasta que no se produzca la declaración de
falsedad del instrumento público cuestionado, el mismo hace plena fe de los hechos que en él se
enuncian y cuya veracidad pretende la recurrente desconocer en sede administrativa;
Que los argumentos referidos a la presunta nulidad del acta de infracción y violación del derecho de
defensa no puede prosperar en tanto el acta ha sido labrada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y
aplicable y se ha notificado en debida forma, habiendo el infractor tenido plena, adecuada, oportuna y
suficiente participación en el procedimiento administrativo;
Que en relación al argumento esgrimido por el recurrente en relación a la falta de intención de su
mandante de ocultar información al cliente, se ha dicho al respecto, que este tipo de hechos tipifican
“...una infracción formal, y por lo tanto, no requiere para su aplicación de la existencia de conductas
culposas o dolosas por parte del infractor para que se le impute la misma. En este sentido, la potestad
sancionatoria de la administración se extiende tanto a las personas físicas como jurídicas y éstas resultan
responsables aun a título de simple inobservancia.” (A. Uslenghi “El derecho Administrativo Hoy”, Ed.
Ciencias de la Administración, 1996, pág. 93). “Que ello se encuentra reforzado en resoluciones judiciales:
“el mecanismo de las contravenciones, faltas o infracciones -como parte del régimen de policía- prevé que
la configuración de un hecho por parte de un agente provoca la aplicación de una sanción. La ausencia de
intencionalidad en la conducta no dispensa de la comisión de la infracción imputada por tratarse de
infracciones de tipo formal, que no requieren la presencia del elemento subjetivo o del elemento dañoso
para su configuración CNac. Contencioso Administrativa Federal, Sala I, en los autos N° 20.546/95 “Cía
Financiera Central para la América del Sud SA y otro c/BCRA Resolución N° 14/95” (conf. Marienhoff,
Miguel. Abeledo-Perrot, BA, 1972);
Que en cuanto a la Falta De Motivación y Arbitrariedad, la recurrente reitera argumentos relativos a la
violación de garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa y que, además, las
reparticiones no se pronuncian sobre estos hechos invocados. También el presentante aduce que los
inspectores no facilitaron copia de los rótulos de góndola y que el acto es nulo por falta de motivación. Tal
como se manifestara en párrafos precedentes, todos estos aspectos han sido debidamente tratados en las
etapas previas y pertinentes y forman parte de la motivación de los actos administrativos emitidos (tanto al
aplicar la sanción correspondiente como al rechazar el recurso de revocatoria previamente deducido y al
rechazar así mismo el jerárquico impetrado ante el Ministerio de Economía y Energía, siendo relevante
recordar que en estos supuestos la misma es obligatoria en el caso concreto y resulta suficiente (Artículos
38, 39 y 45 inc. a), b) y d) segunda parte de la Ley N°9003);
Que en cuanto al monto de la multa impuesta, el presentante aduce que la misma es irrazonable y
excesiva. Al respecto cabe recordar que la imposición de la multa es efectuada por la autoridad
administrativa en el marco de los Artículos 38 y 39 de la Ley N° 9003 y es una facultad de ejercicio
discrecional (lo que induce a la necesidad de debida motivación, Artículo 45 inc. d) última parte de la Ley
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N° 9003) en tanto se efectivice entre los límites mínimos y máximos establecidos legalmente, debiendo en
consecuencia ser razonablemente merituada, sin que ello conduzca necesariamente a la materialización
de una disminución como se solicita ni que asista derecho a tal proceder por parte del recurrente;
Que es relevante destacar que en el considerando décimo de la resolución atacada, se funda
expresamente el accionar administrativo en este sentido, al prever: “Que en cuanto a la sanción de multa
impuesta, teniendo encuenta los importantes antecedentes de la empresa en el Registro Público de
Infractores y el volumen de productos en infracción, se estima que el monto impuesto se ajusta a los
parámetros de Ley, conforme los Artículos 57 y 58 del DNU 274/19 y observando que el monto de la multa
está más cerca del mínimo que del máximo de la escala regulada, no cabe considerarla exorbitante, ni
desproporcionada, ni irracional”;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por el
Doctor Enrique Weiner, en su carácter de apoderado de la empresa Libertad S.A., CUIT Nº
30-61292945-5, contra la Resolución N° 586 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 18
de agosto de 2021, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto
por lo que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
02/08/2022 (1 Pub.)
