DECRETOS

Decreto Nº 1128

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
15 de julio de 2022
Fecha de la norma
5 de julio de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.661 · páginas 9–11
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1128 MENDOZA, 05 DE JULIO DE 2022 Visto el expediente N° EX-2019-06669695-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 668-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del DNU Nº 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 80/18 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, por violación de lo dispuesto por los Artículos 5º y 6º de la Resolución Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con la Ley N° 22802 y modificatorias; Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003; Que en el expediente EXDIG–2018-02372007-GDEMZA-DFYC#MEIYE, obrante en Orden 12 del expediente de referencia, se agrega Acta de Infracción Nº 2930, de fecha 9 de febrero de 2017, labrada por la Dirección de Fiscalización y Control en el Supermercado “Átomo”, propiedad de la referida firma, con domicilio en calle Tropero Sosa Nº 441, Ciudad, Departamento Maipú, por la cual se constata que la citada empresa no exhibe a la vista del público los precios de venta de los productos que comercializa en el interior del local comercial; Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente no aporta argumentos válidos que permitan desvirtuar la infracción constatada atacando la Resolución impugnada a la cual le atribuye adolecer de vicio en la voluntad del acto y falta de motivación ya que no se adecuaría a los Artículos 39 y 45 de la Ley Nº 9003; Que en contraposición, se advierte claramente que el Acta de Infracción se efectúa detallando, inclusive, la presencia de personal perteneciente a la firma sancionada; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04924510-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 9 de 70 Que, por lo tanto, dicha Acta no resulta objetable dado que en este tipo de causas sólo corresponde analizar si existió o no infracción a las leyes que protegen al consumidor, razón por la cual al tratarse de infracciones formales sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en las actuaciones de referencia, haciendo nacer por sí la responsabilidad del infractor; Que a su vez, debe tenerse presente que se han verificado las infracciones a la Ley Nº 22802, modificatorias y normas reglamentarias, así como la sustanciación del expediente de referencia se ajusta al procedimiento legalmente establecido, constituyendo el Acta de Infracción prueba suficiente de los hechos así comprobados (Artículo 17 Inciso d) de la Ley Nº 22802) no habiendo válidamente acompañado la contraparte pruebas que desvirtúen la infracción aquí sancionada; Que no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del Acta de Infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la Repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el caso no se advierte, así como los argumentos expuestos por la firma recurrente carecen de virtualidad para invalidar el acto por ilegítimo; Que concretamente la Resolución Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con la Ley N° 22802 y modificatorias, pautaba que la exhibición de precio debe efectuarse por unidad y, conforme al régimen sancionatorio previsto en la propia Resolución en su Artículo 24, reenvía expresamente en cuanto a aplicación de multas, a las previstas en el Artículo 18 de la Ley Nº 22802, no aportando la sumariada prueba contundente que desestime lo consignado en el Acta de Infracción ya que por su carácter de instrumento público goza de plena presunción de veracidad; Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en el expediente de referencia por la firma sumariada; Que en relación con la supuesta incompetencia alegada por la firma recurrente en el recurso jerárquico impetrado, la Suprema Corte de Justicia – Sala Primera, Poder Judicial Mendoza en autos Nº 13-03932087-2 “MILLÁN S.A. C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” se ha expedido a favor de la competencia de los funcionarios actuantes; Que las infracciones a la Resolución Nº 07/02 son de tipo “formal” y quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley (Garbarino SA c/ Secretaría de Com. e inversiones, causa 10,363/97 sala V, 15-9). Ello es así, porque la finalidad es evitar el engaño y confusión del consumidor; Que para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la Ley. Esa es la forma de hacer sociedades más justas y civilizadas. Las leyes Nros. 24240 y 22802 y sus ccs. se dictaron para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del consumidor; Que en sujeción con el marco normativo, se destaca que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04924510-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 10 de 70 Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que tanto la Resolución N° 668-EIyE-19 como sus precedentes, han sido emitidas por órgano competente y se encuentran debidamente fundadas; Que en cuanto a la sanción de multa impuesta, se estima justa en su monto en relación con la infracción concreta que se intenta sancionar con la misma, no resultando desproporcionada en su importe, motivo por el cual corresponde su confirmación; Que en conclusión, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resoluión N° 668-EIyE-19; Por ello y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en Orden 16 y en Orden 35 y por Asesoría de Gobierno en Orden 23 del expediente N° EX-2019-06669695-GDEMZA-MGTYJ y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2 del expediente Nº EX–2019-06669695-GDEMZA-MGTYJ, interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 668-EIyE-19, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 15/07/2022 (1 Pub.)