DECRETOS
Decreto Nº 1127
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 13 de julio de 2022
- Fecha de la norma
- 5 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.659 · páginas 15–18
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1127
MENDOZA, 05 DE JULIO DE 2022
Visto el expediente N° EX-2020-00080116-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 772-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 6 de diciembre de
2019; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la
Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la
fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del
DNU Nº 274/19);
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 58/18 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual
Ministerio de Economía y Energía, por violación de lo dispuesto por los Artículos 5º y 6º de la Resolución
Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor,
concordante con la Ley N° 22802 y modificatorias;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente en esta instancia insiste en idénticos argumentos
que los vertidos en oportunidad de interponer el recurso jerárquico ante el entonces Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía;
Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad
del Acta por “vicio de la voluntad en la emisión del acto – falta de forma: ausencia de fundamentación o
motivación” indicando que los fundamentos esgrimidos en el resolutivo en crisis (Resolución Nº
58-DFYC-18) son inconsistentes, arbitrarios y carentes de fundamentos, afirmando asimismo que el
inspector actuante “ha perseguido otros fines” sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el
derecho aplicable;
Que en cuanto a los fundamentos del recurso en tratamiento, la firma recurrente esgrime como primer
punto, también, el vicio de la voluntad en la emisión del acto junto a la falta de forma por ausencia de
fundamentación o motivación;
Que en tal punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis no impugnan la defensa
principal tanto del descargo como de los recursos de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos y
que tan solo lo rechaza aduciendo “que en cuanto a lo sustancial, surge a simple vista la conducta
sancionada por la norma”...;
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Que expresa la firma recurrente que los recursos y descargos presentados demostraban en forma
exhaustiva la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante indicando,
asimismo, que se ha visto cercenado su derecho de defensa;
Que al respecto, se entiende que la Resolución Nº 772-EYE-19 atacada por el recurso en tratamiento se
encuentra debidamente fundada, sumado a que la firma recurrente no ha aportado en esta instancia
argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por el entonces Ministro
de Economía, Infraestructura y Energía;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo
contrario, la citada Resolución ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el derecho
aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e
indicando que la firma recurrente no se expide en relación con el supuesto fáctico;
Que en segundo punto expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada, dando sus
fundamentos, tema que ha sido tratado en los antecedentes. Cabe señalar que ésta se encuentra dentro
del rango que preveía el Artículo 18 Inciso a) de la Ley Nº 22802 y se condice con los antecedentes y
constancias del expediente en análisis. Por lo tanto, el argumento de la firma recurrente no encuentra
razón suficiente que lo avale en tal sentido;
Que como último punto, indica los fundamentos para la admisión del presente recurso, indicando que “no
hay información engañosa, inexactitud o que los consumidores sean inducidos a error o falsedad en la
adquisición de estos productos”;
Que en tal sentido, se entiende que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del Acta
en presencia del encargado de la sucursal al cual se le entregó el listado de mercadería sin precios, lo cual
consta en el expediente Nº 2775-D-2015-01409, acumulado a las actuaciones de referencia;
Que tal situación fue tratada en las instancias anteriores, por lo que la queja de la firma recurrente no
encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la avale, por lo que de tal suerte debería mantenerse la
decisión de los órganos inferiores;
Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente surge la existencia de la
infracción imputada a la firma sancionada. Asimismo, en relación con esto, es dable señalar que las actas
labradas por funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen documentos públicos
(Artículo 289 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación) y que es necesario tener en cuenta que las
actuaciones administrativas llevan insita la presunción “iuris tantum” de su legitimidad y autenticidad
(CNCiv., Sala B 13-12-54, JA- 1995-II-456);
Que ello no implica la inversión de la carga de la prueba, ya que en virtud de las constancias del Acta, la
infracción se encontraba probada y quien alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales asertos,
no contrariando principios constitucionales, hecho que no se ve reflejado en el expediente de referencia,
toda vez que la firma recurrente no ha aportado prueba en contrario alguna;
Que las infracciones a la Resolución Nº 07/02 son de tipo “formal” y quedan tipificadas por la simple
conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley (Garbarino SA c/ Secretaría de Com. e inversiones,
causa 10,363/97 sala V, 15-9). Ello es así, porque la finalidad es evitar el engaño y confusión del
consumidor;
Que para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la Ley. Esa es la
forma de hacer sociedades más justas y civilizadas. Las leyes Nros. 24240 y 22802 y sus modificatorias se
dictaron para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones
económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías,
creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y
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marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del consumidor;
Que en sujeción con el marco normativo, se destaca que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los
llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección
establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los
competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se
deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales
como los personales de los ciudadanos;
Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los
mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su
consecuencia se dictaron, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por
los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad
comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis
tampoco lo son;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que finalmente, la multa de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00) no aparece como desproporcionada,
encontrándose por el contrario cerca del mínimo legal (Artículo 18 Inciso a) de la Ley Nº 22802);
Que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmando en sus
considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso presentado contra la
Resolución Nº 58-DFYC-18, no observándose en la Resolución Nº 772-EYE-19 vicios en los términos de la
Ley Nº 9003 que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento;
Que en conclusión, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 772-EIyE-19;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía, en Orden 17 y en Orden 27 y por Asesoría de Gobierno en Orden 21 del expediente de
referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2
del expediente Nº EX-2020-00080116-GDEMZA-MGTYJ, interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra
la Resolución N° 772-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual
Ministerio de Economía y Energía, en fecha 6 de diciembre de 2019, conforme con los fundamentos
expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR.RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
13/07/2022 (1 Pub.)
