DECRETOS
Decreto Nº 1012
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 13 de julio de 2022
- Fecha de la norma
- 21 de junio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.659 · páginas 4–11
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1012
MENDOZA, 21 DE JUNIO DE 2022
Visto el Expediente Nº EX-2022-00692344-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se presenta LUIS DAVID JAVIER CHERUBINI, abogado, por ESTEBAN
ATILIO GONZÁLEZ D.N.I. Nº 36.341.096, e interpone recurso de alzada contra lo resuelto por la Asamblea
Extraordinaria N° 53 de la Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de
Mendoza -en adelante la Caja-, celebrada el día 07/12/2021, en relación al Recurso Jerárquico promovido
en Expediente Nº 1711/2021 caratulado "GONZÁLEZ ESTEBAN ATILIO p/ IMPUGNACIÓN DE BOLETA
DE DEUDA";
Que la cuestión suscitada tiene su origen en la impugnación de la Boleta de Deuda N° 20210000010976
por padecer vicios graves y groseros y en el planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 6.728, de
Creación de la Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Mendoza,
esgrimido por el recurrente por ante la Caja, fundado principalmente en la contravención de lo dispuesto
por el Artículo 125 de la Constitución de la Nación Argentina;
Que el recurrente interpone recurso jerárquico impugnando la boleta de deuda aduciendo principalmente
que la Ley N° 6728 de creación de la Caja de Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Mendoza,
en su totalidad contraviene lo dispuesto por el Artículo 125 de la Constitución de la Nación Argentina.
Agrega que los Artículos 3º inc. “b”, 4º y 5º de la Ley Nº 6.728, en tanto imponen obligatoriamente la
afiliación a la Caja de la Salud, vulneran las“ competencias concurrentes” entre el Estado Federal y los
Estados Provinciales en esta materia, destacando que el profesional del arte de curar tiene “derecho a
optar” entre aportar al régimen nacional de la Ley Nº 24.241 o al régimen provincial de la Ley Nº 6.728;
Que mediante Resolución Nº 53/2021, de fecha 07/12/2021, emitida por la Asamblea Extraordinaria de la
Caja, se resuelve rechazar el recurso jerárquico impetrado y en contra de la citada Resolución, se alza
ahora la recurrente interponiendo recurso de alzada por ante el Sr. Gobernador;
Que el recurrente se agravia del rechazo de sus planteos de inconstitucionalidad al confirmarse sus
cuestionamientos en Expediente Nº 1711/2021 contra las referidas ley y caja locales, reiterando sus queja
del previo recurso jerárquico contra la boleta de deuda por aportes previsionales;
Que en cuanto a la admisión formal del recurso, debemos estar a la doctrina sentada en el dictamen de
Asesoría de Gobierno Nº 523/2019, emitido en Expte. Nº 2490-D-20108, Recurso de Alzada Caja de
Previsión para Profesionales del Arte de Curar de Mendoza y Acumulado 01335/2018 “s/Denuncia de
inconstitucionalidad Ley Nº 6728, Echevarría, Stella Maris y ots.”;
Que en lo que ahora interesa dicho precedente rechazó similares cuestionamientos constitucionales contra
la Ley de creación de dicha descentralización legal (Ley Nº 6728, modificada por Leyes Nros.7.081 y
8.484);
Que se dictaminó entonces que procedía formalmente el recurso de alzada en estos supuestos
específicos, sosteniendo la competencia del Poder Ejecutivo para conocer en la impugnación de los actos
administrativos impugnados por vía de alzada. Lo que torna inaplicable a la decisión administrativa contra
la que se alza la recurrente en los autos de la referencia, la doctrina invocada en orden 07, sentada en el
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Dictamen Nº 473/2019 de Asesoría de Gobierno;
Que en efecto, el correcto sentido que dio el posterior Dictamen Nº 523/2019 al último párrafo del Artículo
14 de la Ley Nº 6728, en cuanto expresa que las resoluciones definitivas de la Asamblea son “solo
recurribles ante la justicia provincial dentro de los quince (15) días de su notificación”, torna inaplicable al
caso la doctrina del Dictamen Nº 473 (del 01/08/2019. Porque “no debe entenderse que dicho artículo
establezca la competencia de la Sala III de la SCJM, órgano superior administrativo del Poder Judicial,
para conocer en este recurso de alzada, como era la situación que diera lugar a aquella primera opinión
legal” de Asesoría de Gobierno;
Que también se excluyó “la aplicación del informalismo en favor del administrado”, o que “corresponda
remitir a la Corte un recurso administrativo para que lo resuelva en ejercicio de sus funciones judiciales
(Artículos 144 incs. 3 o 5 CMza.). No es admisible convertir este recurso de alzada en una acción o
demanda judicial directa. El apuntado principio de informalismo no tiene semejante alcance (Artículos 1-II,
letra e, 4, 6-d, 150, 154, 158, 159, 175, 183, 186, 190 y cc. de la Ley Nº 9003);
Que “La expresión ‘solo recurribles ante la justicia provincial’ del Artículo 14, in fine, no alude, ni habilita,
ningún recurso o procedimiento administrativo, ámbito donde despliega sus virtualidades aquél principio
procedimental –no procesal-.Con la cursiva queremos destacar que rige en el ámbito administrativo, no en
los actos y series de trámites que se desarrollan ante la Justicia. Otros son los principios que rigen al
proceso judicial (Artículo 2, letra j), 94, 156 y cc.del CPCCyT)”;
Que además, no es de recibo perder de vista la naturaleza jurídica de los institutos por el nomen iuris que
se les dé (teoría de la calificación jurídica). No proceden verdaderos recursos judiciales contra decisiones
administrativas. Por lo que la alusión normativa a la facultad de recurrirlas debe entenderse utilizada en su
sentido vulgar y no técnico, reenviando al intérprete, en realidad a la vía impugnatoria que en derecho
proceda, según el tipo de acto y competencia del órgano emisor. El sentido jurídico -que prevalece sobre el
gramatical- de la ley es asegurar el control judicial –difuso o concentrado-, según en cada caso
corresponda, contra las decisiones definitivas de la Asamblea de la mentada Caja;
Que lo dicho descarta en primer lugar, que el acto en crisis sea recurrible en alzada ante la Corte, en
función administrativa. La posibilidad recursiva aludida en la norma remite a una verdadera acción, sujeta a
los presupuestos de admisibilidad y procedencia que en cada caso establezca el ordenamiento jurídico.
Por lo que se descarta que la impugnación judicial de decisiones asamblearias, cuando sean actos
administrativos, la norma habilite hacerla por lo que en el orden federal, se denomina ‘recurso directo’
(como los aludidos en el último párrafo del Artículo 30 de la LNPA y tercer párrafo del Artículo 40 de su
decreto reglamentario);
Que las precisiones conceptuales, en este caso nos orientan a dar a la norma legal transcripta una
adecuada interpretación, armónica y sistemática, que evite dejar la imprecisa literalidad de sus términos en
contradicción con los Artículos 128 inc. 20 y 144 inc. 5 de nuestra Constitución. Porque en estos supuestos
el control de alzada, de índole y ámbito administrativos, es una exigencia constitucional, reglamentada en
el Artículo 183 de la LPA y reservado al Poder Ejecutivo;
Que ahora bien cualquiera fuera el órgano administrativo al que la Constitución atribuya el control de
vigilancia o tutela administrativa, lo ha hecho con la consiguiente reserva implícita (jurisdicción originaria y
exclusiva) a la Corte y en función judicial -no por apelación o recurso-. Por tanto, sea que la alzada
corresponda a la competencia del Gobernador o de la Sala Administrativa de la Corte, en ambos
supuestos la ulterior revisión judicial en vía procesal administrativa (o “contencioso administrativa”, en la
terminología vetusta de los referidos Artículos 128 inc. 20 y 144 inc. 5), corresponde a sus otras dos salas,
con competencia judicial, según el turno (Ley 4.969). Y si bien el legislador reglamenta dicho control
concentrado (por contraposición al difuso), dado su rango constitucional y especificidad, no le es dado
suprimirlo o impedirlo en forma absoluta;
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Que el transcripto párrafo final del Artículo 14 de la ley orgánica de la Caja, en cuanto remite a un control
directo y difuso por cualquier otro tribunal de justicia, no puede tener el alcance de eludir las competencias
de los mentados Artículos 128 y 144 de nuestra Constitución. Lo que nos fuerza a entenderlo referido a los
actos jurídicos (Artículo 259 del CCCN) que la asamblea pueda resolver en forma definitiva, como también
pudiera hacerlo, además de esa entidad pública no estatal (Artículo 2 Ley Nº 6.728), cualquier otra
asociación privada. Pero no así frente a actos administrativos (Artículos 28, 174 y ss. de la LPA), salvo
casos especiales, también llamada jurisdicción “heroica”, en que fuere viable recurrirlos por la acción de
amparo (Artículos 43 CN y 219 del CCCyT);
Que no es el caso que nos ocupa, donde viene en alzada un acto de autoridad pública, en tanto ha sido
dictado por la Caja en ejercicio de la función administrativa (como “autoridad de aplicación”)
descentralizada por su ley de creación (Artículo 21 LPA). En la medida que no es un acto sujeto al derecho
común, sino dictado por la referida habilitación legal de la función administrativa general, originariamente
atribuida por el constituyente al Poder Ejecutivo (Artículo 128 incs. 1),la misma no es pasible de
impugnación judicial ante los tribunales ordinarios. Así entendido, queda salvada la constitucionalidad del
Artículo 14 de la Ley Nº 6.728, en la medida que no sustrae, ni deroga (Artículo 12 CMza.), el referido
control de tutela administrativa del Poder Ejecutivo (Artículos 128 inc. 1 CMza., 22, 183 y cc. LPA);
Que cuando la función administrativa es realizada por sujetos de derecho no estatales, el fundamento del
control de legitimidad del Poder Ejecutivo es constitucional y radica en que el Gobernador tiene "a su cargo
la administración general de la Provincia" y por el hecho de que "conoce y resuelve en los asuntos
contencioso administrativos con arreglo a la ley" (Artículos 128, incs.1 y 20 ,Constitución de Mendoza);
Que como se ve, la carga de recurrir, en realidad de accionar, en forma directa ante la justicia provincial,
conforme al último párrafo del Artículo 14 de la Ley Nº 6.728, debemos acotarla a la impugnación de
aquellas resoluciones asamblearias regidas por el derecho común (Artículo 75 inc. 12 CN), con implícita,
aunque necesaria, exclusión de las que sean actos administrativos, por trasuntar el ejercicio de
prerrogativas del poder público. Estas decisiones son las adoptadas en ejercicio de la función
administrativa descentralizada por el legislador –en este caso, las que hacen al llamado poder de policía
local sobre las profesiones-siendo las aludidas por aquel Artículo 14, en resumen, las resoluciones
asamblearias de régimen jurídico común u ordinario, las compartidas con cualquier otra asociación, sea
pública o privada (impugnaciones asamblearias sujetas a los Artículos 117 inc. b,180, 186 y cc. del CCCN;
Artículos 251 y cc. de la LGS u otras asimilables a ellas);
Que no así las sujetas al régimen de derecho administrativo de la entidad pública no estatal (Artículo 1 de
la Ley Nº 9.003), cuya materia resulte impugnable y controlable por vía de alzada (Artículo 184, segundo y
tercer párrafos). Y ello así con la finalidad de no alterar tampoco, si en realidad correspondía agotar la vía
administrativa, el régimen de su ulterior revisión procesal administrativa (Artículo 144 inc. 5 CMza. y Ley
Nº 3.918). Lo cual es ya el tema de fondo de este recurso;
Que en virtud de lo expuesto el recurso debe ser aceptado formalmente;
Que en cuanto al aspecto sustancial, lo primero que es de notar en los cuestionamientos del recurrente es
que planteó ante el ente público estatal -y lo reitera en esta alzada- la supuesta inconstitucionalidad de su
ley de creación. Y ello entraña al menos, los siguientes problemas:
a) La procedencia de las vías administrativas para el cuestionamiento directo de la constitucionalidad de
una ley. Lo que en principio debió canalizarse por la acción de inconstitucionalidad o el amparo. No siendo
ese el objeto de los recursos (Artículos 174 y ss.), ni de los reclamos administrativos –el más parecido,
sería el reclamo impropio- previstos en el Artículo 187 (el propio para cuestionar hechos u omisiones
administrativas y el impropio para la impugnación directa de reglamentos administrativos). Como tampoco
es canalizable por la vía de las denuncias administrativas de los Artículos 169 al 173 de la misma LPA: la
simple también contra hechos, actos u omisiones de la administración y la de ilegitimidad contra actos
administrativos.
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b) Sobre la posición de la administración frente a la ley inconstitucional existe una clásica discusión
doctrinaria y jurisprudencia. La tesis de la reserva o monopolio judicial para la declaración de
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de leyes da la razón a los dictámenes y resoluciones
precedentes de la Caja;
Que la excepción es sólo para casos de manifiesto, notorio, evidente, grosero, obvio, flagrante,
indiscutible, inequívoco, gravísimo, o inopinable apartamiento legal de la Ley Fundamental. Tesis ésta
seguida incluso, en algunos precedentes de Asesoría de Gobierno, como bien refiere la misma EM de la
LPA. Tesis que no aplica al caso del recurrente;
Que en la mejor hipótesis para el cuestionamiento que vuelva a llegar por vía de alzada, la
constitucionalidad de la Ley Nº 6.728 es a lo sumo, discutible, opinable y bastante vidriosa resulta la
inconstitucionalidad planeada, como se precisó en el dictamen anterior de Asesoría de Gobierno Nº
523/2019;
Que fuere como fuere, el caso de las objeciones a la Ley Nº 6.728, está lejísimo de la exigencia de ser
grosera, palmaria, patente o manifiesta su inconstitucionalidad. Tal como adelantamos, situaciones
extremas y de procedencia excepcional o extraordinaria que se exigen para habilitar a la administración a
inaplicar o desobedecer una ley formal, esto es en los supuestos extremos en que su aplicación resulte
burdamente inconstitucional (misma doctrina receptada en el Artículo 19 de nuestra LPA, frente a simples
órdenes o mandatos de los superiores jerárquicos, lo que a fortiori, se impone ante la mayor jerarquía
normativa de una ley);
Que resulta paradójico en estos casos, pretender la admisión de este tipo de cuestionamientos, justamente
por las mismas autoridades creadas por la ley para aplicarla, no para desconocer su propias atribuciones,
o la constitucionalidad de la ley que las crea y atribuye sus competencias. El mismo recurrente advierte su
interés o finalidad del planteo que formula en esta sede administrativa, de agotarla y así poder promover la
acción procesal administrativa suscitando la intervención de la Suprema Corte de Justicia (ver su recurso
de alzada en orden 2). Pues bien, para ello disponen los afectados de la acción directa de
inconstitucionalidad (Artículos 48, 144 inc. 5 CMza. y 227 del CPCCyT),sin necesidad alguna de tal tránsito
por sede administrativa. Máxime cuando este se muestra claramente ineficaz, como se ha visto, para
ventilar en ella opinables o sutiles embates constitucionales contra leyes formales –distinto podría ser el
caso de reglamentos;
Que ni uno u otro de estos supuestos admitidos, es el que nos ocupa en autos. Más bien la supuesta
violación del Artículo 125 de la CN debe descartarse, con apoyo en destacada doctrina y jurisprudencia. En
tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó por unanimidad el
planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 1.181, creadora de la CASSABA, admitiendo la
constitucionalidad de la reglamentación que al efecto realizó la Asamblea de Representantes de la Caja
(cfr. Fornasari, Norberto Fabio c/GCBA s/Amparo, STJCABA, Expte. 4911/06, sentencia de fecha
18/04/2007);
Que apunta al respecto la Dra. GELLI que “ya antes de la reforma constitucional de 1.994, en virtud de lo
dispuesto por el Artículo 14 bis y en razón de que las provincias ejercían el poder de policía sobre las
actividades profesionales, aquellas Cajas eran reguladas por leyes locales. En consecuencia, el Artículo
125 no hizo más que ratificar una atribución que ya tenían las provincias y reconocerla, en la misma
dirección, a la Ciudad de Buenos Aires.” (GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina,
Comentada y concordada”, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 619);
Que en esta corriente, se inscribe también la sentencia del Superior Tribunal de Justicia neuquino, al
reconocer la constitucionalidad del régimen previsional creado por las Leyes 2.045 y 2.223, posteriores
asimismo, a la Reforma constitucional de 1994. Por lo que en aquella jurisdicción sureña igualmente se ha
rechazado este mismo agravio que aquí nos ocupa, de afiliación compulsiva a la Caja Previsional para
Profesionales de la Provincia del Neuquén; con idéntica pretensión de evitar la liquidación y exigencia del
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pago de suma alguna en calidad de aportes (ACUERDO N° 123, fechado el 04/10/2018, de la Sala
Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, integrada por los
jueces Oscar E. Massei y Evaldo Darío Moya, autos SANCHEZ LUIS VIRGILIO C/CAJA PREVISIONAL
PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA,
Expte. N° 4244/2013);
Que haciendo nuestros los términos de este fallo, tampoco se advierte en los agravios de orden 02, más
que una mera disconformidad con la interpretación constitucional que reconoce a las provincias y a la
CABA sus competencias reservadas en materia de previsión social (Artículos 14 bis, 121 y 125 de la CN),
pudiendo crear organismos públicos no estatales previsionales, tanto para sus empleados públicos como
para los profesionales sujetos a su poder de policía. Por lo que bien ha podido el legislador local apartarse
de la minoritaria doctrina constitucional en contrario;
Que también entre nosotros se ha reconocido la exigibilidad de las boletas de deuda de la Caja
cuestionada, desestimando planteos de inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 6.728, así como de la
excepción de inhabilidad de título, haciendo lugar en consecuencia, al proceso de apremio de los aportes
que con el mismo cuestionamiento formularon otros disidentes con la referida Caja (SCJM, Sala I,
sentencia del 09/08/2019, en autos 13-03882022-7, POLO ADRIANA PATRICIA EN J°…
C.PREV.PROF.DEL ARTE DE CURAR C/POLO ADRIANA PATRICIA P/APREMIO P/ RECURSO
EXTRAORDINARIO PROVINCIAL);
Que respecto al planteo subsidiario de supuesta “superposición inconstitucional de aportes” (Artículo 14
bis, tercer párrafo), con los que se habrían realizado al régimen federal de la Ley Nº 24.241, no ha sido
probado en autos. Por lo pronto resulta evidente que no es pasible de ser analizado en general, existiendo
una constante doctrina de Asesoría de Gobierno (ver por todos Dictamen Nº 993/1991 y sus citas),
aplicada también por la Procuración del Tesoro de la Nación, en el sentido que debe limitar sus opiniones
jurídicas a los problemas específicos que se plantean en los casos concretos que se suscitan en los
expedientes, sin pronunciarse en forma abstracta, o sobre supuestos meramente hipotéticos o cuestiones
de carácter genérico (Artículo 2 del Decreto Nº 2930/1991). Lo que es prudente en este caso donde existe
absoluta orfandad probatoria sobre posibles aportes superpuestos a distintos regímenes previsionales,
pudiendo variar la situación individual de cada afiliado a la Caja o al sistema federal de autónomos;
Que más allá de ello y en lo que podría ser el caso similar de otras Cajas Provinciales de Profesionales, ha
distinguido claramente Asesoría de Gobierno (Dictamen Nº 210/2020), siguiendo a la Corte federal, las
situaciones de “múltiple” y de “doble imposición”. Precisando que lo prohibido por el Artículo 14 bis de la
Constitución Nacional “no es la multiplicidad sino la superposición de aportes a cargo de un mismo
aportante y por tal ha de entenderse no la misma persona física sino la misma calidad o carácter en virtud
de los cuales debe aportar. Es decir que si se tratara de dos o más obras sociales [o cajas previsionales]
con distintas finalidades o de dos o más actividades o relaciones de dependencia del aportante habría
multiplicidad de aportes pero no superposición, para que esto último ocurra, como surge de la etimología
del término, es necesario que se sobrepongan en identidad el fin de la obra social y el carácter o razón en
virtud de la cual se aporta” (CS, 25/07/1978, SPOTA, ALBERTO A., LL, 1978-D, 423; criterio reiterado en
03/02/2000 in re PALÓPOLI, HUGO D. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LL 2000-C, 215);
Que sobre el vago cuestionamiento, relativo a un supuesto exceso de los aportes exigidos por la Caja, en
comparación con los del régimen federal de autónomos y las respectivas contraprestaciones, cabe
recordar:
a) Como lo destaca BARRA en comentario a dicho precedente de la Corte (La Justicia Social como Criterio
de Interpretación Jurídica), el Tribunal expresó que “la materia de que aquí se trata y que forma parte de
los derechos y garantías enunciados en el Artículo 14 bis de la CN, rebasa los cuadros de la justicia
conmutativa que regula, sobre la base de una igualdad estricta y aritmética, las prestaciones inter-
individuales, para insertarse en el marco y las pautas propios de la clásicamente llamada justicia social,
cuya primera y fundamental exigencia radica en la obligación de quienes forman parte de una determinada
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comunidad de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común propio de ella, sin el cual se tornan
ilusorios o no alcanzan plena satisfacción los derechos y las virtualidades auténticamente humanas de los
integrantes de aquélla. En el marco de esta forma de justicia no puede hablarse con propiedad de
contraprestación, porque el primordial y suficiente bien de que participa el integrante de la comunidad no
es un bien particular apropiable individualmente, sino un bien común, que es de todos porque es el del
todo comunitario del que cada uno es parte integrante. La contrapartida del deber del individuo de
contribuir a la existencia y buen desarrollo del bien común de una comunidad no es necesariamente una
determinada contraprestación en el sentido estricto, sino el logro mismo de ese bien sin el cual no puede
subsistir ordenadamente la comunidad de que forma parte y es obligación elemental de todo individuo
contribuir al sostén de ésta y a la adecuada y fecunda convivencia de todos sus miembros posponiendo,
en la medida de lo razonable, sus intereses particulares, so pena de empobrecer o hacer peligrar el bien
común”;
Que no obstante ello, la Corte señaló que en el ámbito de la previsión social, “la exigencia del aporte se
justifica no sólo por elementales principios de solidaridad que requieren la necesaria contribución para el
mantenimiento de la estabilidad económico-financiera de las respectivas instituciones sociales (Fallos
256:67), sino también por la existencia de una relación jurídica justificante entre los beneficiarios del
régimen y los obligados a contribuir (Fallos 250:610; 258:315)”.
b) Además, la jurisprudencia ha entendido “que la determinación del monto de la tasa está reservado al
ámbito de las facultades discrecionales de la administración” y que “el análisis a fin de determinar su
posible inconstitucionalidad en función del monto pretendidamente exorbitante debe juzgarse desde el
punto de vista de su posible carácter confiscatorio”. Que siendo el control judicial en esta materia limitado,
“ya que solo puede ejercerse cuando las contribuciones son confiscatorias, sin que pueda juzgarse la
equidad de la misma ni su oportunidad o conveniencia (Fallos 188:105). La medida de la confiscatoriedad
está dada por la razonabilidad del monto del tributo”, lo que no puede darse por acreditado en base a
meras generalidades, sino probando que “afecta una parte sustancial del valor del capital o de su renta o
utilidad.”
“Así, ampliando el criterio expuesto respecto a la confiscatoriedad, los autores señalan a la garantía
innominada de razonabilidad como la primera pauta rectora: la garantía de razonabilidad importa la
interdicción de su contravalor, que es la arbitrariedad, o simplemente la irrazonabilidad en el ejercicio de
las prerrogativas de los poderes públicos. El recaudo de la razonabilidad se llena si los medios adoptados
para la consecución de los propósitos son rectamente apropiados en todas las circunstancias; lo razonable
no se identifica necesariamente con lo oportuno ni lo conveniente, sino que requiere de un requisito más
preciso. Dice Linares Quintana que ‘el eje en torno al cual gira todo el sistema jurisprudencial de la Corte
Suprema, con respecto a la confiscatoridad de las contribuciones, es la regla de que un tributo es
confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable. Y este quantum es irrazonable cuando equivale a
una parte sustancial del valor del capital o de su renta o de la utilidad, o cuando ocasiona el aniquilamiento
del derecho de propiedad en su sustancia o en cualquiera de sus atributos’ (Tratado de la ciencia del
derecho constitucional argentino y comparado, Bs. As., ed. Plus Ultra, 1985, t. V pág. 313, nota 48).
“Al respecto el máximo Tribunal ha señalado que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria
aduciendo que viola sus derechos de propiedad debe probar en modo concluyente la forma como tal
afectación ha tenido lugar (Fallos 314:1293 y 320:1166). En este sentido se ha precisado que para
determinar si existe una afectación al derecho de propiedad, debe ponerse especial énfasis en la actividad
probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la
confiscatoriedad que se alega (Fallos 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).”;
Que es menester para acreditar este vicio “que el interesado demuestre claramente en el expediente el
perjuicio que origina la aplicación de la norma, ya que para que la tacha de confiscatoriedad prospere es
necesario demostrar que el gravamen excede la capacidad económica del contribuyente (Fallo 312:2467).
“Así, ante la falta de prueba que avale la confiscatoriedad y teniendo en cuenta que el acierto o error, el
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mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba
pronunciarse (Fallos 313:410)… y no evidenciándose dicha circunstancia en la presente acción,
corresponde que la misma sea rechazada.” (SCJM, Sala II, sentencia de fecha 2/4/2020, causa N°
13-03592607-5, caratulada: “RICARDI, CARLOS OSCAR C/ MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ P/ ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD” y su acumulada causa n°13-03613016-9 caratulados “ROVERES, VITALINO
GUALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ P/ ACC.INC.”);
Que este tipo de consideraciones también exorbitan el control de legitimidad del Poder Ejecutivo, que
excluye el análisis de oportunidad, mérito o conveniencia de lo resuelto por la autoridad de aplicación de la
ley, al no entrar dentro de la materia del control de tutela del PE, como aclaran los Artículos 22 y 185 de la
Ley Nº 9.003;
Que es un principio receptado en caso de impugnación de decisiones asamblearias en general, el de
prudencia y conservación de los actos jurídicos, debiendo, ante la duda, estarse a favor de su validez (ver
Artículos 251 LGS y 73 LPA), habiéndose dicho que “sólo ante circunstancias excepcionales, arbitrariedad
extrema, etc., debe el Estado intervenir en este orden jurídico privado”, en el sentido propio de la “vida
interna de la sociedad” y que sólo se abre “para la defensa de los derechos de los particulares o de la
sociedad en su conjunto”;
Que en cuanto al invocado vicio de forma o de motivación, las consideraciones señaladas hasta aquí
tornan abstracto tal cuestionamiento a la resolución de la Caja de la Salud;
Que sin perjuicio de lo cual y a todo evento, cabe aclarar que la prohibición del Artículo 45 de la LPA es a
la motivación por “remisión genérica”, que no es el caso de la ampliatoria, o para más detalles, que se ha
hecho en el acto venido en recurso, que reenvía a los más extensos y específicos desarrollos, que avalan
los fundamentos tenidos en consideración y que resume la motivación del órgano activo;
Que es decir, que se “autoabastece” una motivación que brinda razones suficientes para explicarse,
indicando al destinatario, a los órganos de control y a la comunidad toda, por qué decide en la forma que lo
hace. Pudiendo remitir, no con meras generalidades o fórmulas de estilo, a coincidentes especificaciones
contenidas en propuestas, dictámenes o resoluciones anteriores;
Que no es el caso del acto venido en alzada el vicio grave de forma que se le imputa (Artículo 68-b LPA);
Que lo que la ley ha querido evitar es la falta absoluta de las razones por la cual se decide como lo indican
los precedentes invocados. Lo que no obsta al reenvío, en homenaje a la brevedad y para más
fundamento, a los mayores desarrollos concordantes vertidos en resoluciones previas o simples actos
preparatorios del acto administrativo;
Por ello y con lo dictaminado en orden 07 por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia y por Asesoría de Gobierno en orden 12,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°-Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso de alzada interpuesto por LUIS
DAVID JAVIER CHERUBINI, abogado, por ESTEBAN ATILIO GONZÁLEZ D.N.I. Nº 36.341.096, contra lo
resuelto por la Asamblea Extraordinaria N° 53 de la Caja de Previsión para Profesionales del Arte de
Curar de la Provincia de Mendoza, celebrada el día 07 de diciembre de 2021, de conformidad con los
argumentos expuestos en los considerandos precedentes.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2022-04859835-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Artículo2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
13/07/2022 (1 Pub.)
