DECRETOS
Decreto Nº 1129
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 11 de julio de 2022
- Fecha de la norma
- 5 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.657 · páginas 12–14
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1129
MENDOZA, 05 DE JULIO DE 2022
Visto el expediente N° EX–2021-01555057-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 99-EyE-21, emitida por el Ministerio de Economía y
Energía en fecha 23 de febrero de 2021; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 350/20 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que en Orden 2 del expediente asociado Nº EX-2019-05789684-GDEMZA-DFYC#MEIYE obra Acta de
Infracción Nº 815, de fecha 16 de octubre de 2019, labrada por la Dirección de Fiscalización y Control en el
Supermercado “Átomo”, propiedad de la referida firma, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 536,
Departamento San Rafael, Mendoza, por la cual se constata que no coincide el precio de los productos
exhibidos en góndola con el efectivamente cobrado en Caja;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en el recurso de revocatoria y en el recurso jerárquico;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que al respecto, la firma recurrente reitera que la Resolución N° 99-EyE-21 no logra desvirtuar el planteo
nulificatorio del Acta de Infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e
ilegítimos
así
como
que
la
multa
impuesta
resulta
exorbitante
e
irracional
siendo
la
misma
desproporcionada con la presunta infracción imputada;
Que en tal sentido, cabe señalar que los requerimientos de la firma presentante sobre la identificación de
los productos en infracción no se fundan en derecho ni son exigibles por reglamentación alguna. El
inspector actuante, según Acta de Infracción y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de
góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el
Acta de infracción;
Que el procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así demostrada la
vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto de Lealtad Comercial. Este tipo de situaciones,
encuadran a la perfección en lo que prevé el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19: “Queda prohibida la
realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades,
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o
técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.”;
Que el Acta de Infracción reúne los requisitos que exige el citado Decreto en su Artículo 42, que al efecto
refiere: “Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a
labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al
presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer
pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación”;
Que también expresa que “La autoridad de aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de
lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos
constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que,
en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados.”;
Que de la interpretación realizada del mencionado Artículo 42 se desprende con claridad, la legitimidad del
actuar del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer
toda la prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura. La instancia adecuada
para la presentación de la prueba era el descargo conforme lo regula el Artículo 43;
Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones, las Actas labradas por el personal de la
Dirección de Fiscalización y Control constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se
prueban por sí mismos;
Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa se asienta en la imposición de deberes
formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a
quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones
establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que respecto de la multa aplicada a la firma recurrente, teniendo en cuenta los importantes antecedentes
de la empresa en el Registro Público de Infractores y el volumen de productos en infracción, se estima que
el monto impuesto se ajusta a los parámetros de ley, conforme lo dispuesto por los Artículos 57 y 58 del
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Decreto Nº 274/19. Si se observa que el monto de la multa está más cerca del mínimo que del máximo de
la escala regulada, no cabe considerarla exorbitante ni desproporcionada ni irracional;
Que en conclusión y en función de lo expuesto, las razones vertidas por la firma recurrente en la
presentación analizada, han quedado desvirtuadas y se estima que no existen motivos suficientes para dar
curso al pedido de nulidad del procedimiento conforme lo solicitado en Orden 2 de la pieza administrativa
de referencia;
Que, por lo tanto, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
incoado y, en consecuencia, confirmarse lo dispuesto por Resolución N° 99-EYE-21 así como sus
antecesoras Nros. 191/20 y 350/20 de la Dirección de Fiscalización y Control;
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2
del expediente N° EX–2021-01555057-GDEMZA-CCC, interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra
la Resolución N° 99-EyE-21, emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 23 de febrero de
2021, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
11/07/2022
(1 Pub.)
