DECRETOS
Decreto Nº 1132
- Fecha de publicación
- 8 de julio de 2022
- Fecha de la norma
- 5 de julio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.656 · páginas 9–12
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1132
MENDOZA, 05 DE JULIO DE 2022
Visto el expediente EX-2021-03821696-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico contra la Resolución Nº 360-EyE-21 emitida por el Ministerio de Economía y
Energía, en fecha 31 de mayo de 2021; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria
interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 116/21 de la Dirección de Fiscalización y Control que
rechazó el recurso impetrado contra la Resolución Nº 401/20 del referido Organismo mediante la cual se le
aplicó una multa de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00) por violación a los Artículos 5º y 6º de la Resolución
Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor,
concordante con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003;
Que en Orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2020-01429012-GDEMZA-DFYC#MEIYE obra Acta de
Infracción Nº 5958, de fecha 11 de marzo de 2020, labrada por el citado Organismo en el Supermercado
“Átomo”, propiedad de la referida firma, con domicilio en Paso de los Andes Nº 1634, Villa Hipódromo,
Departamento Godoy Cruz, Mendoza, por la cual se constata que no coincide el precio de góndola con el
precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dicha Acta;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria;
Que al respecto, en cuanto a los fundamentos del recurso en tratamiento la quejosa esgrime como primer
punto, idéntico argumento al esbozado en el recurso de revocatoria, “Vicio de la voluntad en la emisión del
acto - falta de forma: ausencia de fundamentación o motivación.”;
Que en tal punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios
y carentes de fundamentos, que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como del recurso de
revocatoria anteriormente deducidos y que tan solo lo rechaza aduciendo “que pese a lo manifestado por
la firma recurrente, la circunstancia constatada por el inspector actuante no ha sido desvirtuada”…;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Date: 2022.07.08 07:55:36 -03'00'
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Que expresa la firma recurrente que tanto el recurso como el descargo presentado, demostraban en forma
exhaustiva la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante. Indica asimismo
que se ha visto cercenado su derecho de defensa. Sostiene que “este es un rechazo voluntarista que se
emite con fundamentos vacuos de contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de
motivación al momento de emitir el acto administrativo en cuestión”;
Que cabe señalar que la Resolución Nº 360-EYE-21 atacada por el recurso en tratamiento, se encuentra
debidamente fundada, sumado a que la firma MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA no ha aportado en esta
instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la
Administración. No se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado,
todo lo contrario, la Resolución atacada ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el
derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e
indicando que la firma no se expide en relación con el supuesto fáctico;
Que en otro punto la firma recurrente expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y
desproporcionada, dando sus fundamentos. Sobre el particular, el Artículo 57 del Decreto Nº 274/19
dispone: Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este Decreto y su
reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones: …b) Multa por un monto equivalente a entre
UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de Unidades Móviles. A los efectos del presente Decreto,
defínase a la “Unidad Móvil” como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en
la Ley N° 27442 y será actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
(INDEC), o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro;
Que la actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento
de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web… La
Resolución N° 151, de fecha 18 de febrero de 2021, de la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”),
actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27442 de Defensa de la Competencia
(“LDC”), en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 55,29);
Que en consecuencia, la sanción de multa prevista en el Inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad
Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde la suma de
PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 55,29) hasta la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 55.290.000,00). Por lo cual, la multa
aplicada a la firma MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) se
encuentra sustancialmente cercana al mínimo legal aplicable;
Que en conclusión, el argumento de la firma recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal
sentido. Finalmente, indica los fundamentos para la admisión del recurso, indicando que “no hay
información engañosa, inexactitud o que los consumidores sean inducidos a error o falsedad en la
adquisición de estos productos”;
Que al respecto, hay que decir que el espíritu perseguido por el Decreto Nº 274/19 y concordantes tiene
que ver con la protección del consumidor en su sentido más amplio, lo cual implica asegurar que el
consumidor disponga de información acerca de las condiciones de los bienes y servicios que le son
ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con lo realmente suministrado;
Que por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de
comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen
efectivas en el mercado, hecho que no se ve reflejado en las presentes actuaciones debido a que en la
constatación realizada por la Dirección de Fiscalización y Control no se refleja el precio de determinados
productos, provocando de esta manera un claro engaño y posterior perjuicio al consumidor;
Que se estima que, por lo tanto, en circunstancias de alteración y/o variabilidad constante del nivel de
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precios como son las actuales, resulta indispensable perfeccionar los mecanismos que garanticen el
derecho de los consumidores a recibir la más completa información acerca de los precios de los bienes
que les son ofrecidos;
Que la empresa sancionada, cualquiera fuera el motivo, debe arbitrar los medios necesarios para cumplir
con la normativa legal y de esa forma garantizar el derecho de los consumidores a la información veraz y
certera de los artículos exhibidos, lo cual forma parte del bien jurídico tutelado en la reglamentación que
atañe al caso de marras;
Que circunscribiéndose a lo establecido en los Artículos 5º y 6º de la Resolución N° 07/02 de la ex
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordantes con el Decreto
Nº 274/19, de Lealtad Comercial, se advierte claramente la existencia de la infracción imputada a la firma
sancionada;
Que en este orden de ideas y en relación con el pedido de la firma recurrente de declarar la nulidad del
Acta de Infracción, es dable señalar que las actas labradas por funcionarios de la Dirección de
Fiscalización y Control constituyen documentos públicos (conf. Art. 289 y cc C.C.C.N.) y que es necesario
tener en cuenta que las actuaciones administrativas llevan ínsita la presunción iuris tantum de su
legitimidad y autenticidad. (CNCiv., Sala B. 13-12-54, JA. 1955-II-456);
Que ello no implica la inversión de la carga de la prueba, ya que en virtud de las constancias del Acta, la
infracción se encontraba probada y quien alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales asertos,
no contrariando principios constitucionales; hecho que no se ve reflejado en las presentes actuaciones
toda vez que la firma recurrente no ha aportado prueba en contrario alguna;
Que por lo tanto, la queja de la firma recurrente en relación con el pedido de la nulidad del Acta de
Infracción no encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la avale;
Que en tal sentido, se entiende que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del Acta
en presencia del encargado de la sucursal al cual se le entregó el listado de mercadería sin precios, lo cual
consta en las actuaciones que dan origen al recurso en tratamiento;
Que la Constitución Nacional de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado;
Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa se asienta en la imposición de deberes
formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a
quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones
establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique (C.S.J.N, fallos 324:2006, Carrefour Argentina S.A.
26/06/2001);
Que por todo lo expuesto, se reitera que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente
fundamentada, plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial
del recurso presentado contra la misma. No se observan en ella vicios en los términos de la Ley N° 9003
que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento y apartarse de lo dispuesto por la
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Dirección de Fiscalización y Control;
Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
impetrado y en consecuencia confirmar lo dispuesto por la Resolución N° 360/21 del Ministerio de
Economía y Energía;
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía en Orden 7 y en Orden 18 y por Asesoría de Gobierno en Orden 12 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2
del expediente EX-2021-03821696-GDEMZA-CCC, interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra
la Resolución Nº 360-EyE-21 emitida por el Ministerio de Economía y Energía, en fecha 31 de mayo de
2021, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
08/07/2022 (1 Pub.)
