DECRETOS
Decreto Nº 648
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 5 de julio de 2022
- Fecha de la norma
- 2 de mayo de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.653 · páginas 10–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 648
MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2022
Visto el expediente N° EX–2020-01506609-GDEMZA-DFYC#MEIYE, en el cual la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 209-EyE-21 emitida por el Ministerio
de Economía y Energía, en fecha 9 de abril de 2021; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 447/20 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que en Orden 2 obra Acta de Infracción Nº 6282, de fecha 13 de marzo de 2020, labrada por el citado
Organismo en el Supermercado “Átomo Rafaelito”, propiedad de la referida firma con domicilio en Avenida
Alberdi Nº 290, Departamento San Rafael, Mendoza, por la cual se constata que no coincide el precio de
los productos que constan en el Acta de Infracción con el efectivamente cobrado en Caja;
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Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en el recurso jerárquico;
Que al respecto, las defensas esgrimidas por la empresa recurrente en las instancias anteriores
consistieron en afirmar la nulidad del Acta de Infracción por “vicio de voluntad de quien emitió el presente
acto administrativo” indicando que el inspector actuante “ha perseguido otros fines” sin valorar
razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable;
Que también plantea la nulidad de la Resolución, aludiendo a que en el presente caso no se ha
considerado que la Dirección de Fiscalización y Control en un antecedente (Acta 47295) tuvo en cuenta la
existencia del perfil de góndola para determinar la existencia de la infracción y por ello considera que la
Resolución recurrida es nula, estableciendo también que las sanciones nacieron de la sola voluntad de
quien emitió la Resolución ya que no se tuvo en consideración la necesidad de que exista lo que denomina
“triple identidad” producto, código de barras y ticket de caja, pero la firma recurrente nada dice respecto a
la circunstancia constatada por el inspector, no aportó prueba en contrario, ni redarguyó de falsedad el
Acta de infracción;
Que asimismo, la firma recurrente esgrime que la Resolución emitida es vacua de contenido y arbitraria.
En tal punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios y
carentes de fundamentos; que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como del recurso de
revocatoria anteriormente deducidos. Expresa que el recurso presentado demostraba en forma exhaustiva
la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante, así como que existe una
ilegalidad manifiesta al no motivar ni fundamentar su rechazo con el tratamiento puntual de cada una de
sus impugnaciones;
Que también indica que se ha visto cercenado su derecho de defensa y que el Acta de Infracción labrada
por el inspector es nula de nulidad absoluta. Sostiene que éste es un rechazo voluntarista que se emite
con fundamentos vacuos de contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al
momento de emitir el acto;
Que al respecto se entiende, a priori, que la Resolución Nº 209-EyE-21 atacada por el recurso en
tratamiento se encuentra debidamente fundada, sumado a que la firma Millán S.A. no ha aportado en esta
instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por el Ministro de
Economía y Energía;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo
contrario. Respecto del Acta de Infracción, se está ante un instrumento público realizado por un funcionario
público en ejercicio del poder de policía y que además adjunta elementos de prueba suficientes para
constatar la falta, conforme con lo dispuesto por el Artículo 289 y cc del CCCN (Código Civil y Comercial
de la Nación), por lo que la alegación de la firma recurrente no es el medio idóneo para atacar el
instrumento público;
Que es menester recordar a la firma sumariada que la sola constatación de la infracción por parte del
inspector, constituye un medio que otorga plena fe pública a los efectos de la aplicación de la Ley, no
observándose que el Acta de infracción sea nula y para fulminarla con los efectos propios de la nulidad
solicitada debe haber certeza o vicio tal que no permita otra conclusión;
Que la Resolución 209-EyE-21 ha expresado en sus considerandos en forma clara el derecho aplicable,
detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa indicando que la
firma recurrente no se expide en relación con el supuesto fáctico;
Que en otro punto, el impugnante expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada,
dando sus fundamentos. El monto de la multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) se condice con
los antecedentes y constancias del expediente, en base a lo preceptuado por el Artículo 57 Inciso b del
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Decreto N° 274/19 y lo relativo a la graduación de sanciones del Artículo 58 del mencionado cuerpo legal;
Que, por tanto, el argumento de la firma recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal
sentido. Se entiende que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del Acta de
Infracción en presencia de personal responsable de la sucursal constatando la incongruencia entre el
precio exhibido en góndola y el cobrado en Caja en perjuicio o desmedro del consumidor y tal situación fue
tratada en las instancias anteriores;
Que de las constancias obrantes en las citadas actuaciones surge la existencia de la infracción imputada a
la firma sancionada la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por parte de la firma recurrente.
Ésta registra antecedentes de violación a la misma norma conforme lo expresado por la Dirección de
Fiscalización y Control en Orden 10, por lo que no solo incumple, sino que reincide en la misma conducta;
Que, a modo de antecedente, la derogada Ley N° 22802 por disposición del Artículo 72 del actual Decreto
Nº 274/19, establecía que: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y
la sustanciación de las causas que ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se
establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar
un Acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida (…); y d) Las
constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las
determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos
así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas”;
Que, asimismo, el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, indica: “Queda prohibida la realización de cualquier
clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda
inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen,
calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción
de bienes muebles, inmuebles o servicios”;
Que se entiende que existe comprobación fehaciente de que la firma sancionada infringió la normativa
citada y dichas infracciones son del tipo formal, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta
objetiva contraria a los preceptos legales. El Decreto de Lealtad Comercial parte del supuesto de que los
proveedores de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado,
suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores, la información relevante sobre los
diversos factores involucrados en los procesos productivos y de comercialización;
Que el propósito de la Ley es el de evitar que los consumidores, mediante falta de informaciones, poco
claras y/o engañosas, o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos,
mercaderías, o en la contratación de servicios protegiéndose, de este modo el derecho de aquellos a una
información adecuada, completa y veraz, con relación al consumo. Estas normas se orientan a proteger a
los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado;
Que la Constitución Nacional incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado;
Que el Decreto nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa se asienta en la imposición de deberes
formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a
quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones
establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
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Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que por todo lo expuesto, se reitera que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente
fundamentada, plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial
del recurso presentado contra la Resolución N° 447-DFYC-20;
Que no se observan en la Resolución Nº 209-EyE-21 vicios en los términos de la Ley N° 9003 de
Procedimiento Administrativo, que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento,
encontrándose plenamente probada la transgresión al Artículo 11 del Decreto N° 274/19 haciéndose
pasible la sumariada de la sanción de multa prevista por la normativa en cuestión y teniendo en cuenta que
el recurso incoado en esta instancia en lo absoluto aporta elementos de convicción suficiente que logren
torcer la voluntad del juzgador;
Que, en consecuencia, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
incoado y en consecuencia confirmarse lo dispuesto por Resolución N° 209-EYE-21;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía en Orden 51 y en Orden 58 y por Asesoría de Gobierno en Orden 63 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 48
del expediente N° EX–2020-01506609-GDEMZA-DFYC#MEIYE, interpuesto por la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, contra la Resolución N° 209-EyE-21 emitida por el Ministerio de Economía y Energía, en
fecha 9 de abril de 2021, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
05/07/2022 (1 Pub.)
