RESOLUCIONES
Resolución Nº 235
- Fecha de publicación
- 23 de junio de 2022
- Fecha de la norma
- 21 de junio de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.645 · páginas 15–36
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 235
MENDOZA, 21 DE JUNIO DE 2022.
VISTO:
El EX-2021-00020865- -GDEMZA-INPJYC#MHYF; carat.: “SERVICIO MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
CASINO CENTRAL.-” y
CONSIDERANDO:
Que en Orden N° 40 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Que en Orden N° 41 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Pública que
tiene por objeto la contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las especificaciones del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda la prestación de un mínimo
de cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o
electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines-
en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2045,
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de diez (10) años, debiendo la propuesta
contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de posicionar al Casino Central como
referente en la región”.
Que en Orden N° 42 obra el Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas para dicha
contratación.
Que en Orden N° 43 el Directorio habiéndose incorporado los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Especiales y Técnicas de la presente Licitación Pública, los cuales han sido confeccionados
previo a la consulta técnica a las áreas pertinentes conforme Nota obrante en Orden Nº 04, ordena el pase
del expediente a Gerencia de Legales a efectos de emitir dictamen legal.
Que en Orden N° 45 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina:“…En este
sentido, y atento al monto autorizado, para la contratación de servicios para el funcionamiento del Casino
de Mendoza – Casino Central ubicado en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, detallados en los pliegos
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Subdirectora
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citados, considera este Asesor, que la presente solicitud debe llevarse a cabo por medio del procedimiento
de Licitación Pública, en un todo de acuerdo con lo establecido en los arts. 139,140 y 142 de la Ley 8706 y
decreto reglamentario N°1000. En el mismo sentido y de acuerdo a que el monto autorizado supera las
veinticinco (25) veces al monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la contratación
directa, estima esta Gerencia que se necesita la publicación mínima de una (1) vez, en la página Web de la
Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, durante 20 (veinte) días corridos o
doce (12) días hábiles, el mayor. Además, deberá publicarse una vez en el Boletín Oficial de la Provincia
de Mendoza. Advirtiendo que el Art. 3º del pliego fija un plazo de publicación mayor, por lo cual cumple con
el requisito ut supra señalado. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el art. 132 inc. b) y de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 6º del Pliego en la misma resolución deberá designarse la comisión
de pre adjudicación. Con lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en Resolución de Directorio N°337/21,
debería dictarse Resolución de Directorio que en ejercicio de la competencia otorgada por Ley Nº6362 en
sus arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 21º inc. A) y punto X) autorice al Departamento de Compras y Contrataciones a
llevar a cabo la presente contratación, por medio del procedimiento de Licitación Pública, de acuerdo a la
normativa precedentemente señalada, las condiciones técnicas incorporadas, planillas de presupuestos,
Pliego de condiciones particulares, bases y condiciones generales; en un todo de acuerdo con lo
determinado por Resolución de Directorio N°337/21, Ley Nº6362, Ley Nº8706 y Decreto Reglamentario
N°1000, todo ello salvo mejor criterio de la superioridad. Teniendo en cuenta la transcendencia del
presente proceso licitatorio estimo conveniente dar vista a Fiscalía de Estado de los pliegos licitatorios
previo al dictado del acto administrativo.”
Que en Orden N° 47 obra nota donde Presidencia eleva a Fiscalía de Estado los borradores de los pliegos
licitatorios de la contratación.
Que en Orden N° 54 la Dirección de Asuntos Administrativos, de Fiscalía de Estado emite dictamen legal
considerando que: “…EN CONCLUSION y en virtud de lo expresado en los párrafos precedentes,
dictámenes, doctrina y jurisprudencia a la cual se remite, esta Dirección de Asuntos Administrativos
considera que en el marco de las previsiones del art. 37º de la Constitución de Mendoza, art. 139 y cc. de
la Ley N°8706 y del Decreto N°1000/15, los arts. 28 a 45, 112, ap. III., 80 y 92 inc. a) de la Ley N°9003, y
normas que resultan aplicables analógica, supletoria o subsidiariamente (Ley N°9003, N°4416, N°5507,
Leyes Tributarias, entre otras), puede procederse a la emisión de la resolución de aprobación respectiva
con las observaciones y salvedades indicadas en el presente…”
Que en Orden N° 56 el Fiscal de Estado, Fernando Mario Simón, Compartiendo en todos sus términos el
dictamen legal obrante en orden 54 emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de
Estado, remite las presentes actuaciones al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a efectos que, una
vez cumplidas las observaciones y salvedades señaladas se proceda a la emisión de la norma legal
pertinente.
Que en Orden N° 72 obra Pliego de Base y Condiciones Particulares, y en Orden N°73 obra Pliego Bases
y Condiciones Especiales y Técnicas.
Que en Orden N° 75 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina: “…Vienen
nuevamente a dictamen las presentes actuaciones, en las cuales en Orden N°54 Fiscalía de Estado
realiza sugerencias a modificar en los pliegos del proceso licitatorio que se tramita en este expediente.
Atento a ello, en Orden N°72 y 73 se adjuntan los pliegos modificados conforme las sugerencias de
Fiscalía de Estado. Este asesor ya emitió dictamen en Orden N°45, al cual me remito en su totalidad, y
analizados los nuevos pliegos, no se encuentran objeciones legales que formular para que se proceda
conforme lo aconsejado en Orden N° 45”.
Que en Orden N° 78 obra Resolución de Directorio N° 318, de fecha 05 de agosto de 2.021 que dispuso:
“ART. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento de Compras y Contrataciones de este Instituto Provincial de
Juegos y Casinos, para que de conformidad con lo dictaminado en Orden Nº 45 y 76, proceda mediante
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA, con publicidad de una (1) vez en el Boletín Oficial y en el Portal Web de
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la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.compras.mendoza.gov.ar)
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mendoza y en un diario de amplia circulación de
la provincia de Mendoza, que deberá efectivizarse durante cincuenta (50) días corridos o treinta (30) días
hábiles administrativos, el mayor, a la fecha de apertura a contar desde el día siguiente a la última
publicación y sin contar el día de la apertura, la cual deberá ser el día hábil posterior, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Pública, sin
perjuicio de otros medios de publicación que el funcionario competente considere conveniente, la
contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las especificaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda la prestación de un mínimo de
cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o
electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines-
en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2045,
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de diez (10) años, debiendo la propuesta
contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de posicionar al Casino Central como
referente en la región”, según solicitud de contratación de Sistema COMPR.AR obrante en Orden N° 68, a
cuyo efecto se autorizó una suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES
QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($1.830.501.069,60) IVA INCLUIDO, monto que
será atendido con cargo a la Cuenta General U.G.C. H95328 Eco: 41301 Fin: 0 U.Ges: H10023
Presupuesto Año 2021, según imputación de Orden N° 65/66; todo ello, de acuerdo a los considerandos
precedentes que forman parte integrante de la presente resolución. TÉNGASE PRESENTE que sólo se
imputa la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 90/100 ($76.270.877,90) IVA Incluido, por el periodo de agosto a de diciembre
2021…”.
Que en Orden N° 80 luce Pliego de Bases y condiciones Generales, y en Orden N° 82 obra solicitud de
contratación del Sistema COMPR.AR firmada por Presidencia.
Que en Orden N° 83 se acompaña vista previa del Pliego; en Orden N° 84 constancia de invitación a
proveedores mediante Sistema Compr.Ar.; en Orden N° 85, constancia de publicación de edictos en un
diario de amplia circulación en la provincia, y en Orden N° 86, constancia de publicación en el Boletín
Oficial.
Que en Orden N° 87/88 obran consultas N° 01 y 02 realizadas por el proveedor “Desarrollos Maipú S.A.”;
y en Orden N° 92/95 obran consultas N° 03, 04, 05 y 06 realizadas por el proveedor “Traylon S.A.”,
dentro de las cuales solicita prórroga de apertura por 30 días hábiles (Orden N° 92).
Que en Orden N° 97/101 el Directorio responde las consultas N° 01, 02, 03, 05, y 06.
Que en Orden N° 105 obra consulta N° 07 realizada por el proveedor “Fuente Mayor S.A.” solicitando
una prórroga de 60 días hábiles en la fecha de apertura de licitación.
Que en Orden N° 108 Presidencia solicita dictamen legal respecto a los pedidos de prórroga de la fecha
de apertura de la licitación pública.
Que en Orden N° 110 Gerencia de Legales previo a dictaminar, requiere que el Departamento de
Compras y Contrataciones emita informe técnico respecto a los fundamentos/motivos esgrimidos por los
interesados para solicitar la prórroga de apertura y respecto a los plazos de prórroga.
Que en Orden N° 112 Gerencia Administrativa (de acuerdo a lo solicitado en Orden N° 110) indica: “que
los fundamentos y motivos que generan la solicitud de prórroga, están dados según lo requerido por los
oferentes TRAYLON SA Y FUENTE MAYOR SA en orden 99 y 103 respectivamente, donde esgrimen
argumentos de ampliación de dicho plazo. Se informa también que en el Art 10 del Pliego de Condiciones
Generales, orden 72 del presente, se determina que el organismo contratante (IPJYC en este caso) queda
facultado de oficio o a petición de parte interesada a diferir la fecha de convocatoria. Para solicitar este
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diferimiento causales debidamente fundadas O SER REQUERIDO POR AL MENOS DOS FIRMAS
INTERESADAS, situación planteada por los oferentes antes mencionados. En cuanto al plazo de dicho
diferimiento, es potestad del Directorio establecer el mismo, siendo el plazo de la actual convocatoria de 50
días corridos, por lo cual, podría considerarse el mimo periodo a la prorroga solicitada.”
Que en Orden N° 114 Gerencia de legales efectúa análisis jurídico de las solicitudes de prórroga y
dictamina: “Conforme lo expuesto, al informe técnico de Gerencia Administrativa y considerando que se ha
cumplido con el requerimiento de solicitud por escrito fundado de al menos 2 firmas interesadas con la
antelación suficiente, esta Gerencia de Legales no encuentra obstáculo jurídico alguno para que prorrogue
al Acto de Apertura por el plazo sugerido por Gerencia Administrativa, salvo mejor criterio de la
superioridad. De receptarse el criterio vertido, una vez dictado el Acto Administrativo correspondiente por
Directorio del I.P.J.yC., deberá notificarse a Fiscalía de Estado y a los fines de la publicidad se deberá
ordenar la publicación de la prorroga en los mismos medios que se publico la contratación original”.
Que en Orden N° 117 luce Resolución de Directorio N° 370, de fecha 16 de septiembre de 2.021 que
dispuso: “ART. 1°.- PRORRÓGUESE, por CINCUENTA (50) días corridos, la apertura de la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 50603-28-LPU21, para la contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda
la prestación de un mínimo de cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas
electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como
Tragamonedas o Slots Machines- en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino
Central”, sito en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de
diez (10) años, debiendo la propuesta contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de
posicionar al Casino Central como referente en la región”, a contar desde el vencimiento del plazo fijado
en el Art. 1º de la Resolución de Directorio Nº 318/2021, con publicidad de una (1) vez en el Boletín Oficial
y en el Portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
(www.compras.mendoza.gov.ar) dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mendoza.
FÍJESE, la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50603-28-LPU21, el día miércoles 17 de
noviembre de 2.021, a las 12:00 pm. Todo ello, conforme a los considerandos precedentes que forman
parte integrante de la presente resolución…”. Y en Orden N° 119 se incorpora constancias de notificación
correspondiente a la Resolución de Directorio N° 370/2.021.
Que en Orden N° 121 obra circular N° 04 emitida por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos en
relación a la prórroga de la apertura; y en Orden N° 122 luce autorización de Presidencia para Publicación
de la prórroga en el Boletín Oficial.
Que en Orden N° 123 luce respuesta a la consulta N° 04 realizada por el proveedor “Traylon S.A.”, y en
Orden N° 124 su respectiva circular.
Que en Orden N° 125 obra consulta N° 08 realizada por el proveedor “Desarrollos Maipú S.A.”, y en
Orden N° 127 respuesta a dicha consulta.
Que en Orden N° 133 obra Acta de Apertura de la Licitación Pública Nº 50603-0028-LPU21, efectuada día
17 de noviembre de 2.021, donde se observa que existen CUATRO (04) ofertas confirmadas.
Que en Orden N° 135/248 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Desarrollos Maipú S.A.”
CUIT N°: 33-71060033-9.
Que en Orden N° 249/382 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Traylon S.A.” CUIT N°:
30-70791887-6.
Que en Orden N° 383/402 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Nuevo Plaza Hotel
Mendoza S.A.” CUIT N°: 30-70807351-9.
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Que en Orden N° 403/408 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Fuente Mayor – New
Star Casino Central U.T.E.”.
Que en Orden N° 409 obra cuadro comparativo de ofertas.
Que en Orden N° 410/412 lucen las observaciones realizadas por “Traylon S.A.”, “Nuevo Plaza Hotel
Mendoza S.A.” y “Desarrollos Maipú S.A.”. En Orden N° 413 obra traslado a los oferentes de las
observaciones realizadas en el procedimiento licitatorio N° 50603-0028-LPU21, otorgándoseles un plazo
de DOS (2) días hábiles a partir de la notificación para efectuar descargos.
Que en Orden N° 414/418 lucen las respuestas de los oferentes a las observaciones.
Que en Orden N° 419 la Jefatura del Departamento de Compras y contrataciones informa a Directorio que
el día 11 de febrero de 2.022 se vence el plazo de mantenimiento de oferta de la presente licitación. En
Orden N° 420 el Directorio autoriza a solicitar a los CUATRO (4) oferentes de la licitación en curso la
prórroga de SESENTA (60) días hábiles para el mantenimiento de la oferta, y en Orden N° 423/426 obra
aceptación al mantenimiento de oferta.
Que en Orden N° 427 la Jefatura del Departamento de Compras y contrataciones informa a Directorio que
el día 13 de mayo de 2.022 se vence el plazo de mantenimiento de oferta de la presente licitación, y en
Orden N° 428 el Directorio autoriza la solicitud de mantenimiento de oferta.
Que en Orden N° 433 luce informe de respuestas de mantenimiento efectuadas por TRES (3) proveedores
(Desarrollos Maipú S.A., Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.), obrando en Orden N° 435
desistimiento al mantenimiento de oferta efectuado “Fuente Mayor – New Star Casino Central U.T.E”.
Que en Orden N° 436 luce solicitud de informe técnico, y en Orden N° 437 obra informe técnico expedido
por el Jefe de Fiscalización Física, Arq. Gabriel O’donell.
Que en Orden N° 438 luce solicitud de informe a Gerencia Comercial, y en Orden N° 439 obra el informe
técnico de Gerencia Comercial.
Que en Orden N° 440 obra informe de la Comisión de Pre-adjudicación que como ANEXO I (en 70
carillas) se acompaña y forma parte integrante de la presente resolución.
Que en Orden N° 444 luce volante de imputación preventiva.
Que en Orden N° 446 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina: “…Que
finalmente en orden 440 la Comisión de Pre adjudicación, luego de un análisis pormenorizado, detallado
de cada oferta, de las observaciones efectuadas por los oferentes y de las contestaciones a las mismas,
con fundamento en derecho, emite Informe de Pre adjudicación, confeccionando la grilla de conveniencia
respectiva en base a los parámetros objetivos del Pliego, razones que me permiten concluir en la
legitimidad de dicho acto el que me permito transcribir en su conclusión (…) En virtud del estudio de las
actuaciones obrantes en autos, documentación acompañada y en particular lo informado por las aéreas
intervinientes y específicas en la materia de análisis, esta Gerencia de Legales estima que no existen
observaciones para que sea adjudicada la contratación en estudio en los términos y alcances
recomendados por la Comisión de Pre Adjudicación, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 142,
149 y ccs de la Ley 8.706 y su Decreto Reglamentario 1.000. Por todo lo expuesto, pasen las actuaciones
a Secretaría General Administrativa para el dictado del acto administrativo que resuelva la presente
Licitación en el sentido aconsejado, salvo mejor criterio de la Superioridad.”
Que en Orden N° 448 obra Proyecto de Resolución y en Orden N° 449 se elevan las actuaciones a
Fiscalía de Estado.
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Que en Orden N° 453 interviene Fiscalía de Estado y, de forma previa a emitir dictamen legal, solicita
como medida de mejor proveer, la implementación de las medidas allí descriptas.
Que en Orden N° 456 Directorio, visto el Orden N° 453, solicita la intervención de Gerencia Administrativa,
Gerencia de Legales y Secretaría de Legal y Técnica para dar cumplimiento a lo solicitado por Fiscalía de
Estado.
Que en Orden N° 458 lucen copias fieles que acreditan las publicaciones del llamado a licitación pública y
de la prórroga de la fecha de apertura, previstas en el Art. 142 de la Ley N° 8.706, en el Boletín Oficial, el
Diario Los Andes y el sitio web de la DGCPYGB.
Que en Orden N° 462 obra dictamen jurídico ampliatorio el que expresa “Atento a la solicitud de
ampliación de dictamen de Orden Nº446 de Fiscalía de Estado, en relación al procedimiento de licitación
pública para la contratación “de un servicio integral que comprenda la prestación al IPJYC de un mínimo
de 400 y un máximo de 800, maquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas,
denominadas también en el mercado lúdico como tragamonedas o slot machines para el Casino Central,
según las características técnicas especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de
condiciones técnicas de la presente Licitación” expongo que: Advierto que en orden 19 obra solicitud de
contratación para el servicio mencionado, remarcando su necesidad ante el vencimiento de la concesión
vigente, presupuestándose una suma de $ 1.754.230.192,68. En relación al punto 1.1 de la Nota enviada
por F.E., y compartiendo en su totalidad el dictamen de Orden Nº446, corresponde dar a la contratación
solicitada el procedimiento de licitación pública de conformidad a las previsiones de los Arts. Nº37 de la
Constitución Provincial, 139º y cctes. de la Ley Nº8706, 112º ap. III, 28 a 45 y cctes. de la Ley Nº9003 y
Decreto Nº1000/15, Art. 112 de la Ley Provincial N° 9.003, Pliego de Bases y Condiciones Generales
(obrante en Orden N° 40 y aprobado por DI-2021-00908999-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF), Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas (obrantes en Orden N° 72 y 73
respectivamente), y Resolución de Directorio N° 318/21. Ello de conformidad a la competencia que
detenta el Directorio otorgada por la Ley N° 6.362 en sus arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) y
Resolución de Directorio N° 371/21. Tal como surge del dictamen objeto de esta ampliación, se ha
cumplido con todos los requerimientos que rigen el procedimiento de licitación pública, tales como volante
de imputación preventiva, proyectos de pliegos, intervención de Fiscalía de Estado, aprobación de pliegos,
dictamen legal para el llamado a licitación, autorización mediante sistema COMPR.AR, acto administrativo
que autoriza el llamado a licitación, publicaciones en boletín oficial, en el portal de compras y en un diario
de amplia circulación de la Provincia, invitación a proveedores, acta de apertura e informe de
preadjudicación. Advierto también que se dictó acto administrativo de prórroga de apertura, en virtud de
haber concurrido los requisitos previstos en el Art. 10 del pliego de condiciones generales y art. 142 del
Decreto 1000/15, ante solicitud fundada de dos oferentes en tal sentido, cuya publicidad se materializó
mediante publicación en el Boletín Oficial, un diario de amplia circulación (Diario Los Andes) y en la
plataforma del Sistema Compr.Ar. (orden 458) Conforme a lo requerido por Fiscalía de Estado en lo
atinente a las observaciones efectuadas por los oferentes entre si, a la respuesta de las mismas y a la
conclusión a la que arriba la comisión de preadjudicación sobre ellas, comparto plenamente las mismas de
conformidad a las siguientes consideraciones: Advierto que en las observaciones los oferentes plantean
que algunas ofertas no deben pasar el requisito de admisibilidad, imputándole el incumplimiento de
determinados requisitos. En el punto, la comisión de preadjudicación ha hecho aplicación del criterio
dominante en la doctrina y sostenido por la Fiscalía de Estado, que sostiene “la posibilidad de proceder a
subsanar omisiones, en tanto no estén referidas a elementos considerados por la ley, los reglamentos o
los pliegos de condiciones como esenciales en la oferta ni se generen con ello ventajas competitivas entre
los oferentes, aun cuando no esté expresamente previsto en los pliegos de condiciones. Ello, en tanto
frente a este tipo de problemática se encuentran en pugna diferentes principios que rigen la licitación
pública y en general las contrataciones del estado, como son por un lado el principio de igualdad (unido al
de formalismo que algunos doctrinarios clásicos asignaban a la licitación como elemento característico) y
por el otro el de concurrencia (ligado a un principio de formalismo moderado que permita acrecentar la
misma). Mientras que el respeto férreo de las normas de los pliegos de condiciones hace al primero de los
principios enunciados, la inaplicación de un formalismo moderado para atenuar aquel, produce una
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afectación directa del segundo (concurrencia) al excluir sin justificación suficiente un potencial oferente… Se
ha pasado así de realizar interpretaciones restrictivas de los pliegos de condiciones (vg.: la PTN exigía en
forma rigurosa la aplicación de este principio en dictámenes antiguos, no aceptando el apartamiento de los
términos del mismo ni aún ante el ofrecimiento de artículos de mejor calidad -Dictámenes, 75:74) a
morigerar este principio, entendiendo que debe apreciarse en cada caso concreto si se ha producido una
lesión al principio de igualdad, en tanto la licitación es en definitiva un procedimiento administrativo y como
tal, no puede excluirse la aplicación de uno de los principios esenciales de los mismos como es el de
“informalismo a favor del administrado”.” En concordancia con el criterio vertido, opino que, en el caso
bajo examen, las causales de inadmisibilidad han sido previstas expresamente en el art. 17 del pliego de
condiciones generales y receptadas en el art. 19 del pliego de condiciones particulares, por lo cual no
estando incursa ninguna de las ofertas en las referidas en los citados artículos, corresponde rechazar las
observaciones efectuadas en tal sentido por los oferentes, declarándoselas admisibles y sujetas al examen
de conveniencia pertinente. En el punto 1.2 de la solicitud de ampliación de Fiscalía de Estado se solicita lo
siguiente: “En especial, e independientemente del eventual tratamiento que le haya dado algún otro
órgano consultivo participante, de diferente naturaleza (vg: Comisión de Evaluación de Preadjudicación de
carácter técnico) se solicita opinión jurídica sobre las observaciones de naturaleza y/o incidencia jurídica o
vinculada con ellas, realizadas entre los oferentes, con recomendación precisa y expresa sobre su
aceptación o rechazo, particularmente en lo relativo a: i) garantía suficiente de mantenimiento de ofertas; ii)
conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus
miembros); iii) reubicación de sala de torneos de póker contenida en la oferta presentada por Traylon S.A.;
iv) cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley N°9.237 “Programas de Integridad –
Compliance”, conforme lineamientos del Dictamen N°0999/213 de esta DAA.; v) cánones mensuales de
las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas, entre otras que se pudiesen estimar de
relevancia jurídica.” i) Garantía suficiente de mantenimiento de ofertas: La situación se encuentra reglada
en los arts. 15 y 17 del pliego de condiciones generales que establecen la garantía de mantenimiento de
oferta como un requisito esencial que debe cumplirse al momento de presentación de la misma. Se
advierte que este requisito ha sido cumplido por la totalidad de los oferentes. En relación a la observación
planteada por la UTE Plaza Central al oferente TRAYLON S.A. peticionando el rechazo de dicha oferta por
sostener que la misma no acompaña declaración jurada de reaseguro, comparto lo actuado por la
comisión de preadjudicación. Traylon S.A. da cumplimiento al Art. 10 inc. c) del pliego de condiciones
particulares al presentar en forma física y en tiempo y forma la póliza de seguro de caución original y luego
la declaración jurada de reaseguro. El Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que:
“b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión cuando el documento
debidamente firmado y escaneado, no se hubiere anexado en la oferta electrónica y/o cuando no se
presente ante su requerimiento, el soporte papel que instrumenta la misma. En caso de presentarse una
oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas intimará al
oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente
en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.” Por tanto, la omisión señalada no constituye un
requisito esencial de admisibilidad contemplado en los pliegos y que puede ser subsanado, hecho que
efectivamente produjo TRAYLON S.A., incluso con anterioridad a intimación efectuada por la
Administración. ii)Conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad
solidaria de sus miembros): Con respecto a este punto, comparto plenamente el análisis legal efectuado
por la comisión de preadjudicación, el cual analizando las observaciones efectuadas a PLAZA CENTRAL
UTE que denotan una contradicción entre el alcance de la obligación solidaria determinado por el convenio
de la UTE y la expresa declaración de sus integrantes ante este IPJC concluye: “La Comisión considera
que la observación debe rechazarse, siendo admisible el acuerdo marco presentado a los fines de la
implementación de la UTE en caso de resultar adjudicatario de la Licitación Pública en trámite. La
Comisión analizó la cláusula quinta del acuerdo propuesto, la que expresa: “A los efectos del cumplimiento
de la UT las Partes acuerdan las siguientes obligaciones que asumirán una vez constituida la UT: ******”,
no estableciendo en este sentido obligaciones para las personas jurídicas que integran la UTE. En el
régimen jurídico de las UTE no se presume la solidaridad, y cada integrante responde de conformidad a su
participación; así, ninguno de ellos es solidario por las responsabilidades de otro de los integrantes, según
su participación, ni por las obligaciones que se contraigan frente a terceros; excepto que se pacte de otra
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forma en el contrato (art. 1467 CCCN). La cláusula décimo segunda del acuerdo marco establece que “No
se presume la responsabilidad solidaria de los integrantes de la UT por los actos y operaciones que se
desarrollen o ejecuten y por las obligaciones contraídas, frente a terceros; limitando su responsabilidad al
aporte comprometido”. La cláusula establece una presunción, de carácter iuris tantum, que ha sido
derrotada por las declaraciones juradas presentadas por el apoderado de Nueva Plaza Hotel Mendoza
S.A. (Nicolás Martín Becerra) y por el representante legal de Mendoza Central Entretenimientos S.A. (Luis
Alfredo Vila Santander), las que en sentido coincidente señalan: “me dirijo a Uds. a fin de constituirme
como fiador y/o representante solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de todas
las obligaciones contraídas por mi mandante a título personal y como integrante de la UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS PLAZA CENTRAL, con motivo Licitación Pública - Servicio integral de
máquinas - Tragamonedas Casino Central - Ex 2021-0020865 GDEMZA-INPJYC#MHYF - Resolución
Directorio 318/21 - PLIEG-2021-04755675-GDEMZA-INPJYC#MHYF (artículo 13 inc. l) apartado iv).” Ello
en virtud de que el Art. 13 inc. l) apartado iv. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares expresa: “En
caso de tratarse una Unión Transitoria, se deberá acompañar una declaración expresa de parte de las
personas jurídicas que la integren que las mismas tendrán frente al Instituto Provincial de Juegos y
Casinos una responsabilidad solidaria e ilimitada y sin beneficio de excusión y división de bienes”. Por lo
tanto, en caso de resultar adjudicatarios, los integrantes de la UTE se constituyen como deudores
solidarios e ilimitados, sin beneficio de excusión y división de bienes para el cumplimiento de todas y cada
una de las cláusulas establecidas en los pliegos licitatorios frente al Instituto Provincial de Juegos y
Casinos. Garantizando al IPJyC el cumplimiento solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división
de bienes de las obligaciones objeto de la presente licitación, independientemente de lo que pudiera ocurrir
entre los consociados o con alguno de ellos porque conservando cada empresa su propia personalidad,
debe sin embargo responder ‘in totum’ frente a las prestaciones contractuales comprometidas hasta la
terminación del contrato.” iii) Reubicación de sala de torneos de póker contenida en la oferta presentada
por Traylon S.A.: En este punto, adherimos en su totalidad a lo expresado por el área técnica pertinente en
el informe de la comisión de preadjudicación, el cual concluyó: “Como puede visualizarse en el archivo
denominado “Layout 720 Slots Casino Central.pdf”, la oferta de Traylon S.A. propone trasladar la Sala de
Póker, denominada por éste como “PokerRoom”, al sector sureste de planta baja. En la planta alta, instala
en el sector noreste un sector vip de fumadores (con bar, 45 máquinas tragamonedas, 2 mesas de
carteado y 2 mesas de ruletas); en el sector central de la planta alta, propone 4 mesas de ruleta y 7 mesas
de carteado); y en el sector noroeste 66 máquinas tragamonedas. El Art. 11 inc. d) del Pliego de Bases y
Condiciones Especiales y Técnicas establece que el Local deberá contar con: “espacio destinado a la
instalación y funcionamiento de la Sala de Juego destinado a los Torneos de Póker a realizar por el
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en el espacio actual ubicado en el cuadrante noreste de la planta
alta del Local y con una superficie de ciento veinte metros cuadrados (120 m2)”. Es decir, se exige que la
Sala de Póker continúe en el espacio actual con una superficie mínima de 120 m2, no posibilitando su
traslado a planta baja como así lo ha propuesto el Oferente. Sin embargo, y en similar sentido de la Oferta
de Desarrollos Maipú S.A., la Comisión considera que ello no provoca la inadmisibilidad de la oferta de
Traylon S.A. (Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares). Las Ofertas contienen un Proyecto de Reformas del Local, de conformidad al
Art. 13 inc. o) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; siendo el Adjudicatario quien deberá
presentar un “proyecto ejecutivo definitivo” y “propuesta de layout” (Art. 1 inc. a) y b) del Pliego de Bases
y Condiciones Especiales y Técnicas) el cual será revisado y aprobado por el IPJyC. Dicho Proyecto
Ejecutivo Definitivo deberá cumplimentar con las exigencias de los pliegos licitatorios. En resguardo del
principio de validez de la oferta, de concurrencia, de competencia y de informalismo a favor del
administrado, bajo una interpretación favorable a la consideración de la oferta con meros defectos formales
que no afectan su validez, la Comisión considera que existen elementos de convicción suficiente que le
permiten concluir que el Oferente podrá readecuar su propuesta, en caso de resultar adjudicatario, no
constituyendo ello una modificación sustancial en la oferta, ni tampoco alterando los derechos y
obligaciones comunes de los Oferentes. En este sentido, es posible la redistribución del layout propuesto
instalando la “PokerRoom” en el cuadrante noreste de planta alta, y en su caso la sala vip de máquinas
tragamonedas en el lugar donde ha propuesto la “PokerRoom” o en otro lugar que se considere adecuado
debido a la disponibilidad de espacios dentro de la Sala, sin alterar la esencia de la propuesta y no
modificando el parque de máquinas propuesto dentro de los metros disponible de sala. Es decir, la
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instalación de una “PokerRoom” en planta baja no afecta sustancialmente a la oferta en su esencia, ni
tampoco la cantidad de máquinas tragamonedas propuestas a instalar; pudiendo ser reubicada al
presentar el “proyecto de ejecución definitivo” en caso de resultar éste adjudicatario. Ello debido a que no
debe perderse de vista que la prestación solicitada, o sea el objeto de la presente licitación es la prestación
del servicio de máquinas tragamonedas, lo cual se encuentra plenamente garantizado con el número de
máquinas propuestas en razón de los metros disponibles en la Sala. No obstante lo señalado, la Comisión
sí ha tenido en cuenta el presente defecto de la oferta al valorar la pauta “distribución de los espacios”, no
otorgando puntaje alguno. En conclusión, con la finalidad de procurar que el IPJyC obtenga adecuadas
alternativas de selección, propiciando la concurrencia y competencia, al tratarse de un defecto que no
afecta aspectos esenciales de la validez de la oferta y que puede subsanarse sin colocarla en ventaja con
relación a los demás oferentes, no conllevando por tanto como sanción su desestimación.” Queda claro
que el IPJC mantiene el criterio antes expuesto, adhiriendo a la doctrina mayoritaria adoptada por la
Fiscalía de Estado, realizando una interpretación sistémica del pliego de condiciones que pondera el
principio de igualdad y no lesiona derechos de los oferentes. iv) Cumplimiento de los oferentes de las
disposiciones de la Ley N°9.237 “Programas de Integridad – Compliance”: Considero que la normativa
nacional N°27.401 establece una obligación a cargo de las personas jurídicas, a beneficio de ellas a los
efectos de analizar su responsabilidad penal en caso de ser necesario. En concordancia con ello, la ley
provincial en su art. 5solo determina que: “Al momento de su inscripción o de la renovación dela misma en
los registros correspondientes, las personas jurídicas privadas comprendidas en la presente Ley deberán
presentar una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos
establecidos en Ley N°27.401 y el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia”. Tomando
este criterio es que los Pliegos que rigen la Licitación no han contemplado al Programa de Integridad como
requisito de admisibilidad de la oferta. Dichos parámetros están fijados en el Art. 17° del pliego de
condiciones generales, por lo que dicho argumento resulta inadmisible. No obstante ello, teniendo en
consideración el criterio mencionado por Fiscalía de Estado en el Dictamen 999/21 respecto al programa
de integridad, se ha dado cumplimiento por parte de los tres oferentes a las disposiciones de la Ley
Nacional N° 27.401 y Ley Provincial N° 9.237. En este sentido, los tres oferentes han presentado
declaración jurada del programa de integridad, mediante sus respectivos representantes legales, al
suscribir las respectivas ofertas por el Sistema Compr.Ar, las que expresamente manifiestan: “El que
suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos
datos se detallan al comienzo, existe un programa de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23
de la Ley 27.401”. Además, tanto Desarrollos Maipú S.A. como Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel
Mendoza S.A. han acompañado documentación relativa a sus respectivos programas de integridad.
Desarrollos Maipú S.A. presenta en Orden N° 155 (Código de Ética, Programa de Integridad aprobado por
Acta de Directorio de fecha de 11 de febrero de 2021, Manual de Prevención de Lavado de activos y
financiamiento de terrorismo). Respecto a Traylon S.A. en Orden N° 283 (Código de Ética y Conducta),
Orden N° 282 (auditoría interna respecto al Programa de Integridad implementado), en Orden N° 285
(Programa de Control y Prevención de Lavado de Dinero), en Orden N° 287 (DDJJ de los empleados del
conocimiento y aceptación del Código de Conducta), en Orden N° 290 y 291 (presenta DDJJ de
proveedores del conocimiento del Programa de Integridad y Código de Conducta).Por último, Nuevo Plaza
Hotel Mendoza S.A. acompaña el “Archivo 31.1 – Programa de Integridad NPHM SA.pdf” dentro de los
Requisitos
Mínimos
Administrativos
(https://drive.google.com/drive/folders/1Cs64YluFXx9HYW-X-_E-FB-BjDPlE7_q?usp=sharing). En virtud de
lo expuesto, este Asesor considera que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 9237
por parte de la totalidad de los oferentes. v) Cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del
IVA sobre las mismas: Con respecto a este punto, el canon mensual constituye objeto de la pugna
licitatoria no pudiendo interferir el IPJC en el porcentaje que oferta cada participante. De conformidad con
ello el canon que se ofrece debe ser considerado como final y comprensivo de todos los impuestos y
cargas que graven el objeto licitado. La cotización de la oferta importa el precio final que deba pagar el
organismo contratante por todo concepto, debiendo el Oferente asegurarse que su cotización cubra todas
las obligaciones emergentes del contrato y las prestaciones que se encuentran incluidas para el fiel y
estricto cumplimiento de dichas obligaciones (es decir, impuestos vigentes, derechos o comisiones,
seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra, gastos y costos
indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pudiera incidir en el valor final del
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servicio). Ello de conformidad al criterio vertido por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictamen
298:156). Se aclara además, que el IPJC ante una consulta aclaratoria realizada por los oferentes en el
marco del proceso licitatorio, expresó que: “El objeto de la contratación de la presente Licitación Pública es
una prestación de servicios. A los fines impositivos, la actividad principal del Adjudicatario es bajo el COD.
920009”. El mencionado código es el que grava la actividad objeto de la presente licitación pública.
Conclusiones: En merito a lo expuesto, actuaciones obrantes en autos, documentación acompañada, lo
informado por las áreas intervinientes y específicas en la materia de análisis, una vez salvadas las
observaciones realizadas por Fiscalía de Estado, esta Gerencia de Legales estima que no existen
observaciones legales que formular para que el Directorio dicte acto administrativo de adjudicación para la
contratación en estudio en los términos y alcances recomendados por la Comisión de Pre Adjudicación,
haciendo uso de las facultades conferidas por Ley 6362 en sus arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 21º inc. A) y punto X)
y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 142, 149 y cctes. de la Ley N°8706 y su Decreto
Reglamentario N°1000/15. Con carácter previo deberá elaborarse nuevo proyecto de resolución y
posterior reenvío a esta Gerencia de Legales para su intervención de ley. Cumplido ello deberán las
presentes actuaciones ser remitidas nuevamente a Fiscalía de Estado, todo salvo mejor criterio de la
Superioridad”.
Que en Orden N° 464 obra Proyecto de Resolución con las sugerencias emitidas por Fiscalía de Estado, y
en Orden N° 466 Gerencia de Legales expresa que: “se ha verificado la correcta adecuación del mismo al
ordenamiento jurídico aplicable en la materia y a los requerimientos consignados por Fiscalía de Estado
por lo que no existen objeciones legales que formular, salvo mejor criterio de la superioridad”.
Que en Orden N° 467 Directorio eleva las actuaciones a Fiscalía de Estado.
Que en Orden N° 471 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado,
que manifiesta: “…En este estado toma intervención Fiscalía de Estado en el marco de las atribuciones que
ejerce como Ministerio Público (protección del interés público y de los intereses colectivos) y del Ministerio
Fiscal (defensa del patrimonio de la colectividad y del Estado) -art. 177 de la Constitución Provincial, Ley
Nº 728, Decreto Nº 1.428/18 y normas complementarias-, estimando oportuno realizar las siguientes
consideraciones: 1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE FE – PREVIO DE ORDEN 453:
Habiendo sido remitidas las presentes actuaciones administrativas a dictamen e intervención de esta F.E,
oportunamente se requirió – por nota N°0125/22 de orden 453 – como medida de mejor proveer: 1) la
AMPLIACIÓN del dictamen de orden 446, especialmente en lo referido a las observaciones de naturaleza
y/o incidencia jurídica o vinculada con ellas, realizadas entre los oferentes, con recomendación precisa y
expresa sobre su aceptación o rechazo, particularmente en lo relativo a: i) garantía suficiente de
mantenimiento de ofertas; ii) conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE
(responsabilidad solidaria de sus miembros); iii) reubicación de sala de torneos de póker contenida en la
oferta presentada por Traylon S.A.; iv) cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley
N°9.237 “Programas de Integridad – Compliance”, conforme lineamientos del Dictamen N°0999/21 de
esta DAA; v) cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas, entre otras
que se pudiesen estimar de relevancia jurídica: 2) modificación y ampliación del proyecto de resolución de
orden 448, con expresa mención y tratamiento de las observaciones formuladas por los oferentes,
referencia de la normativa esencial que rigió el procedimiento, y de las previsiones normativas que fundan
la COMPETENCIA del Directorio IPJYC para resolver la adjudicación del presente procedimiento licitatorio
y adecuación de la parte resolutiva; y 3) incorporación de copias fieles de las constancias que acrediten la
materialización de las publicaciones previstas en el art. 142 de la Ley N°8.706 y Decreto N°1.000/15
–Boletín Oficial, diario de amplia circulación y sitio web de la DGCPYGB-, tanto de la resolución que
autorizó el llamado a licitación pública, como la de prórroga de la fecha de apertura de ofertas. Según se
desprende de las constancias de autos, sintetizadas en el Punto I del presente, considero que los
requerimientos formulados por esta DAA han sido debidamente cumplidos, habiéndose formulado el
dictamen legal ampliatorio3 (orden 462) e incorporado proyecto de norma rectificado (orden 464) y
constancias de publicaciones pertinentes (orden 458). 2. SOBRE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO
INSTAURADO – CONSIDERACIONES GENERALES – MARCO NORMATIVO: Conforme las constancias
de autos –sintetizadas en el punto I- , y en el ámbito del control de juridicidad -sin que lo aquí expuesto
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importe una manifestación sobre cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, reservados a la
razonable valoración de la autoridad administrativa competente-, considero que el presente procedimiento
se habría desarrollado conforme las previsiones normativas generales vigentes y aplicables al caso. En tal
sentido, en este caso motivo de análisis, se observa que se ha recurrido al procedimiento general de
contratación denominado “Licitación Pública”, previsto en los arts. 37º de la Constitución de Mendoza, 139
de la Ley N°8.706 y 112, ap. III. de la Ley N°9.003. Ello en tanto el procedimiento general y regla para la
selección del cocontratante del Estado Provincial (administración centralizada y/o descentralizada), surge
de la disposición contenida en el Artículo 37º de la Constitución Provincial en cuanto expresa: “Toda
enajenación de bienes del fisco, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán
precisamente por esa forma y de un modo público bajo pena de nulidad ...salvo las excepciones que la ley
determine en cuanto se refiere a la licitación”. La licitación (en sentido genérico tanto pública como
privada) es un procedimiento legal y técnico que permite a la Administración Pública realizar una operación
no sólo más ventajosa, sino también de acuerdo con las reglas jurídicas de índole constitucional. Los
contratos administrativos implican colaboración particular en la gestión administrativa y esa colaboración
debe atribuirse sobre la base de la igualdad de proponentes y la elección del más conveniente. La
licitación, pública o privada, ofrece ventajas indudables, pues asegura generalmente los precios más
ventajosos, elimina los favoritismos y las colusiones dolosas en la contratación administrativa, permitiendo
un contralor eficaz, sin perjuicio de convertirse a veces en un procedimiento artificial, lento y rígido;
dejando ante todo un saldo favorable que no deja dudas sobre su conveniencia. Incluso se han previsto en
distintos regímenes, mecanismos de participación pública en la elaboración de las normas de efectos
generales, lo que surge no solo por los procesos de corrupción estatal verificados en diversos países sino
que ha sido considerada obligación implícita en la Constitución Nacional por la doctrina desde hace ya
tiempo (Agustín A. Gordillo, “La administración paralela”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1982, p. 32) y se
encuentra exigida como obligación de los Estados por norma supranacionales que los obligan
expresamente (art. 75 inc. 22 CN). Tales son el Pacto de San José de Costa Rica (art. 23.1), la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21.1), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos (art. 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XX) (ver
Agustín A. Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 2, 4° edición, Fundación de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, 2000, p. XI-4). Nuestro país ha suscripto, además, la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 24.759) que en su art. III, p. 5, establece la
obligación de implantar “sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de
bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”;
y también, más recientemente, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley
Nº 26.097) donde se han previsto sistemas de prevención estableciendo que en “esos sistemas, en cuya
aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a)
La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida
información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin
de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas, b)
la formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y
reglas de licitación, así como su publicación”, quedando claramente establecido que la publicidad, la
participación y los controles constituyen mecanismos de indudable eficacia a la hora de procurar enfrentar
el grave problema que nos aqueja en la gestión de los intereses públicos. 3. SUBSUNCIÓN DEL CASO A
LAS PREVISIONES NORMATIVAS: Atento a lo expuesto, en el caso venido a dictamen considero que
“prima facie” se habrían cumplimentado los pasos esenciales que se establecen para los procedimientos
licitatorios en la Ley Nº8.706, el Decreto N°1.000/15, pliegos que rigieron la licitación (órdenes 72, 73 y
80), y disposiciones de la DGCPYGB, esto es: en orden 82 rola la Solicitud de Contratación (art. 139,
punto “b” del Dec. N°1.000/15, y art. 1° de la Disposición DI-2019-036-E-GDEMZA de la DGCPYGB); en
órdenes 84, 85, 86 y 458, se adjuntan constancias de las publicaciones de pliegos en la WEB (sistema
Compr.ar), en el Boletín Oficial y en Diario Los Andes, de la Resolución N°318 que aprobó el llamado a
licitación y de la prórroga autorizada por Resolución N°370 del INPJYC (art. 142, punto 2. del Dec.
N°1.000/15); en orden 133 rola el Acta de Apertura (art. 149, 3° y 4° párrafo, del Dec. N°1.000/15); en
orden 409, Cuadro comparativo de ofertas; en órdenes 135/248, oferta de DESARROLLOS MAIPÚ S.A.,
en órdenes 249/382 oferta de TRAYLON S.A.; en órdenes 383/402 oferta de NUEVA PLAZA HOTEL
MENDOZA S.A. UTE; en órdenes 403/408 oferta de FUENTE MAYOR – NEW STAR CASINO CENTRAL
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UTE; en órdenes 410/412 lucen las observaciones realizadas por los oferentes, a órdenes en 414/418
lucen las respuestas de los oferentes a las observaciones (art. 149 parte pertinente del Decreto
N°1.000/15); en orden 440, rola el Dictamen de Preadjudicación4 (art. 132 inc. “d” de la Ley N°8.706 – en
cuanto resulta aplicable-, art. 149, parte pertinente, en todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión de
Preadjudicación, y art. 18 del PBCG); en orden 444 el Volante de Imputación Preventiva (arts. 80, y 81 de
la Ley N°8.706, y arts. 80 y 81 en cuanto resulta aplicable del Dec. Reg. N°1.000/15); en órdenes 446 y
462 dictamen legal y ampliación a pedido de esta FE (art. 35 inc. “b” de la Ley N°9.003); en orden 464 se
observa el proyecto de norma ampliado, según fuere requerido en previo de esta DAA de orden 453 (art.
1° del Decreto N°1.428/18). No obstante corresponde formular las siguientes consideraciones: 3.1.
PUBLICIDAD DEL ACTO DE APROBACIÓN DEL LLAMADO Y PRÓRROGA: En relación a la publicación
del acto – Resolución N°318 del INPJYC obrante a orden 78 - que autorizó el llamado y dispuso el
cronograma de fechas del procedimiento, según las constancias de órdenes órdenes 84, 85 y 86 (pub.
B.O., pub. en el Sistema Compr.ar y aviso Diario Los Andes), considero que se ha dado cumplimiento a lo
exigido por el art. 142, inc. 25 del Decreto N° 1.000/2015, ello en razón de que el presente procedimiento
se encuentra comprendido en las licitaciones que superan 25 veces el valor del monto establecido en el
art. 626 de la Ley N°9.356 (monto indicado por la ley -como máximo- para efectuar las contrataciones
directas). Asimismo corresponde mencionar que la prórroga de la fecha de apertura de sobres – dispuesta
por Resolución N° 3707 de orden 117 – también fue publicada conforme se desprende de orden 458
(constancia de pub. B.O, Diario Los Andes y en el Sistema Compr.ar). Por todo ello, entiendo debidamente
cumplida la finalidad de “publicidad” y “transparencia”, prevista en la norma ut supra mencionada y en la
disposiciones8 complementarias y opiniones consultivas9 de la DGCPYDB. 3.2. ANÁLISIS DE LAS
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS OFERENTES: Entrando en el análisis particular del
procedimiento instaurado, merece especial mención lo relativo a las observaciones e impugnaciones
formuladas por los oferentes entre sí, cuyas copias obran en órdenes 410/41210 y sus respuestas y/o
descargos que lucen en órdenes 414/418, las que si bien fueron prima facie analizadas de modo razonable
y expreso por la Comisión de Pre-adjudicación en el informe incorporado en orden 440, considero que no
contaron con un análisis jurídico específico por parte de la Gerencia de Legales del INPJYC, no al menos
las que podían poseer incidencia y/o relevancia jurídica y normativa. Justamente dicha omisión de
pronunciamiento fue lo que motivó la solicitud de esta DAA (nota N°0125/22 de orden 453), para que se
incluyera dictamen legal ampliatorio 11 , al que me remito en honor a la brevedad y que finalmente fue
efectivamente incorporado a las presentes actuaciones administrativas (orden 462). Es importante poner
de relieve que la Comisión de Preadjudicación en su informe (obrante a orden 440) rechaza todas las
observaciones presentadas, las cuales han sido sintetizadas previamente (nota N°10), sin perjuicio de lo
cual se advierte que: 1) Respecto de las impugnaciones formuladas hacia la oferta de TRAYLON S.A. por
la propuesta de reubicación de la “Sala de Juego destinada a los Torneos de Póker”, la Comisión si bien
rechaza las mismas por considerar que ello “no provoca la inadmisibilidad de la oferta de Traylon S.A. (art.
17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares)”12, si ha sido tenido en cuenta el defecto de la oferta al valorar la pauta “distribución de los
espacios”, no otorgando puntaje alguno en dicho punto. 2) En relación a la acreditación de los ODS de
parte de TRAYLON S.A. la Comisión, si bien rechazo las observaciones formuladas por los otros
oferentes, indicó que: “… No obstante ello, la Comisión no ha tomado en consideración ninguno de los
“objetivos a alcanzar” señalados por Traylon S.A. a los efectos de la evaluación de puntaje del presente
criterio, en tanto constituye una acción a realizar a futuro. El artículo señala específicamente que deben ser
acciones ya implementadas, es decir realizadas en el pasado, no siendo posible por tanto valorar aquellas
acciones a realizar a futuro…”, lo que finalmente se ve reflejado en la asignación de punta en la Grilla de
Evaluación. En términos generales, no existen objeciones legales que formular al procedimiento hasta aquí
articulado y al tratamiento de las observaciones y sus respuestas, compartiendo las conclusiones tanto de
la Comisión de Preadjudicación como de la Gerencia de Legales del INPJYC en su dictamen ampliatorio,
con las salvedades que se indican a lo largo del presente. 3.3. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY N°9.237: En lo relativo a este aspecto, y si bien ha sido abordado por la Gerencia de Legales
del INPJYC por pedido expreso de esta DAA –punto 1.2. de la nota N°0125/22 de orden 453–, con una
razonable fundamentación en el dictamen ampliatorio13 que glosa en orden 462, entiendo pertinente traer
a colación lo sostenido en dictámenes N°0999/2114 y N°0320/2215 de esta DAA, en donde
oportunamente se dijo: “…Cabe recordar que el mencionado cuerpo normativo contenido en la Ley Nº
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9.237 estableció, en términos generales y aplicable al caso, la adecuación16 de la legislación provincial a
los lineamientos previstos por la Ley N°27.401, determinándose en su art. 217 - sujeto a reglamentación18
- que para contratar con el Estado Provincial, las empresas privadas deberán cumplimentar un Programa
de Integridad. Los programas de compliance son unos de los pilares de la Ley N°27.401 y tienen por
principal objetivo estimular por parte de las personas jurídicas la adopción de mecanismos tendientes a la
prevención de delitos. Conforme la propia definición legal, consisten en "sistemas de control y
supervisión"19, que receptan un "conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades
y actos ilícitos comprendidos por esta ley"20. En consecuencia, el contenido material del programa se
encaminará a tal objetivo. Conforme la ley mencionada, existe una serie de elementos y requisitos
obligatorios que todo programa de compliance debe cumplir a ciertos fines legales, los que se expondrán a
continuación. En relación con tales elementos obligatorios, el art. 23 de la Ley N°27.401 establece que "...
deberá contener, ... al menos los siguientes elementos:"a) Un código de ética o de conducta, o la
existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y
empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de
sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;"b)
Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios,
en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;"c) La
realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y
empleados". De la conjugación de las disposiciones de la Ley Nacional y su correlato en la órbita
provincial, y atento a las disposiciones que rigieron el procedimiento licitatorio, se observa que, conforme
advierte el Asesor Letrado interviniente del IPJYC y que plasma en los considerandos de la Resolución
N°382/21, se ha dado cumplimiento a la disposición contenida en el PBCP –art. 26- en tanto se ha
presentado la correspondiente Declaración Jurada (recaudo que fue cumplimentado por los tres oferentes
participantes y a los que dio expreso tratamiento la Comisión de Preadjudicación remitiendo al mismo), por
lo que no es cuestionable la admisión de las ofertas presentadas por presunto incumplimiento de este
recaudo (el que por otro lado no era un recaudo de admisibilidad de la oferta). Ahora bien, observo sin
embargo que debería haberse dado efectivo cumplimiento a las restantes disposiciones contenidas en la
Ley N°9.237 (y Ley Nacional a la cual me remito, que imponen el cumplimiento de diversos recaudos en
su arts. 22 y 23) al suscribirse el respectivo contrato y en tanto las mismas sean operativas y no requieran
de reglamentación. Ello, en tanto la mencionada disposición es de orden público y en virtud del principio de
jerarquía normativa vigente en los procedimientos administrativos de contratación, su aplicación deviene
incuestionable, al menos en los aspectos que resulten operativos en el marco del análisis de la legislación
provincial y nacional citada y que resulta aplicable (art. 1 y cctes. de la Ley N°9.237 y art. 1, inc. I, b) de la
Ley N°9.003) y en todos aquellos aspectos que la misma sea operativa toda vez que la falta de
reglamentación en la provincia de Mendoza no obsta su vigencia respecto de ese tipo de disposiciones 21,
especialmente en el presente supuesto en atención a la relevancia y complejidad del objeto licitado y la
natural entidad de las empresas y/o grupos económicos que normalmente se presentan como oferentes.
En efecto, cabe recordar que he sostenido en forma invariable que el principio de “jerarquía normativa”
tiene en el ámbito administrativo, entre otras derivaciones, la de que la actividad administrativa que se
despliega en los procedimientos licitatorios tiene determinadas consecuencias, a saber 22: debe
sustentarse en normas jurídicas, cualquiera sea su fuente constitucional, legislativa o administrativa
(“Normatividad jurídica”); ninguna norma o acto emanado de un órgano inferior podrá dejar sin efecto lo
dispuesto por otros de rango superior; las normas u órdenes del superior no pueden ser derogadas o
rectificadas por el inferior –en tanto ello atañe a la unidad del sistema y al normal desenvolvimiento del
orden jurídico (art. 31 de la C.N.)- (“Jerarquía Normativa”23); la administración no puede conceder
prerrogativas o privilegios a unos y negar arbitrariamente derechos a otros, estando obligada a dar
participación igualitaria a los interesados cuando existen intereses contrapuestos (principio de
contradicción), debiendo cumplir indefectiblemente con las previsiones de los Pliegos de Condiciones para
poder concurrir al procedimiento, ya que éstos son “la ley del contrato” que obligan por igual a los
administrados interesados y a la administración (vg. “Radeljak” 24; y SCJ Provincia de Mendoza, en
“Rukán SRL c. Mun. De Malargüe s/apa” 25, “Fiat Auto Argentina c. Prov. de Mendoza s/apa” 26,
“CEMPSA c. provincia de Mendoza s/apa” 27 (“principio de igualdad” 28); todo acto de la administración
debe encontrar su justificación en preceptos legales y en hechos, conductas y circunstancias que lo
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causen, debiendo existir una relación lógica y proporcionada entre el consecuente y el antecedente, entre
el objeto y el fin (art. 28 de la C. N.) (“principio de razonabilidad”), y la posibilidad de control judicial
posterior -judiciabilidad de los actos de la administración- (“principio de control judicial posterior”)29 .Así
las cosas, considero que las disposiciones operativas contenidas en la Ley Nº9237 y Ley Nacional
Nº27.041 a la cual adhiere, son de aplicación en el procedimiento licitatorio, por obvias razones de
jerarquía normativa, existiendo incluso expresa obligación de cumplimentar con este tipo de programas
reconocida en el mismo PBCP (en cuanto exige la presentación de la correspondiente declaración jurada
que debe tener su lógico correlato en la existencia del Programa de Compliance requerido y el cual incluso
fue objeto de consulta) y habiendo cumplimentado incluso los oferentes la presentación de la
correspondiente “declaración jurada” al respecto al materializar sus propuestas en el procedimiento
licitatorio (conforme art. 26 de los PBCP), resulta procedente subsanar la omisión en cuanto a la
presentación del Programa de Integridad referido, dando cumplimiento a las disposiciones operativas
contenidas en las leyes de marras (especialmente arts. 6 de la Ley N°9237 y 21 y 22 de la Ley Nacional
N°27401)…” y 21 y 22 de la Ley Nacional N°27401)…” 3.4. INSCRIPCIÓN EN EL R.U.P. Y
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS OFERENTES: Corresponde indicar, en el marco del control de
juridicidad que se realiza desde esta F.E, que conforme surge de las constancias obrantes en las
presentes actuaciones administrativas los tres oferentes contaban con el Certificado de Inscripción3 0 en el
Registro Único de Proveedores de la DGCPYGB al momento de presentar sus ofertas (aún actualmente
vigente31), lo que fue tenido en cuenta por la Comisión de Preadjudicación en ocasión de presentar su
informe obrante en orden 44032 . Ahora bien es importante que la Autoridad Administrativa, en ocasión de
emitir el acto adjudicación, controle y/o tome los recaudos pertinentes para asegurar la vigencia de la
inscripción en el RUP del oferente que resulte adjudicatario, habida cuenta del pronto vencimiento de las
inscripciones individualizadas en nota N°30, el cual opera el día 30/06/2022 para las tres empresas que
compiten en el presente procedimiento licitatorio. Dentro del ordenamiento normativo provincial 33 la Ley
N°8.706, en su artículo 135° dispone: “Créese el Registro Único de Proveedores, en el que se deberán
inscribir los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con los órganos incluidos en la
presente norma, donde se consignarán sus antecedentes legales, económicos y comerciales…”, y su
correlato en el Decreto Reg. N°1.000/15 determina que: “…En dicho Registro se inscribirán todas las
personas físicas y jurídicas que pretendan ser oferentes en los distintos procesos de contratación que lleve
a cabo el Sector Público Provincial, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones para
inscribirse dispuestas en el presente Reglamento ” En sentido casi idéntico al decreto reglamentario
citado, el Pliego de Bases y Condiciones Generales34 que se encuentra incorporado en orden 80,
determina que: “Artículo 10: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Para poder presentar propuestas, el
Oferente deberá estar Inscripto en el Registro Único de Proveedores – (R.U.P.) dependiente de la
Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. El proveedor inscripto en el R.U.P.
tendrá el derecho de participar en todas las contrataciones que se realicen en los distintos Organismos
Licitantes (…)”. Como he sostenido en dictamen N°0567/2135: “Este requerimiento (de inscripción en el
Registro de Proveedores del Estado) no es un mero requisito formal sino un acto que otorga garantías de
real cumplimiento de conocimiento de la materia, de las modalidades de contratación y de antigüedad del
servicio, ya que, si bien la Administración no debe imponer condiciones restrictivas y/o de imposible
cumplimiento que impidan el acceso a la contratación, es necesario que formule un estricto y profundo
análisis de la capacidad y condiciones en las que se puede encontrar el particular oferente. En este sentido
las diversas técnicas legislativas han propuesto soluciones y mecanismos diversos, siendo uno de ellos la
instauración de registros públicos de proveedores. En principio la previa inscripción en un registro significa
un recaudo de habilitación, como condición subjetiva para poder presentarse como oferente en un
procedimiento licitatorio, siendo ésta una herramienta que le posibilita a la Administración conocer,
previamente al llamado a licitación, el grado de suficiencia o insuficiencia de los oferentes. La idoneidad,
capacidad técnica, moral, económica y financiera de los particulares queda acreditada con la inscripción
registral pertinente 36, lo cual ha recibido recepción jurisprudencial inclusive 37 . Así, cabe entender que la
inscripción es una suerte de patente de idoneidad para poder ejecutar la prestación objeto del futuro
contrato, por eso se la ha denominado también "habilitación de los licitadores", "calificación de los
oferentes" o "condiciones subjetivas de los licitadores", lo que demuestra la relevancia de ese
condicionamiento normativamente establecido 38…”. 4. COMPETENCIA DEL DIRECTORIO DEL IPJYC:
Compartiendo lo indicado por la Gerencia de Legales (orden 462), considero que el Directorio del IPJYC
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resulta competente para adjudicar la licitación pública que se tramita en autos, tal como se encuentra
previsto en proyecto de resolución adjuntado en orden 464, conforme surge de los arts. 139, 146 y c.c. de
la Ley N°8.706, arts. 139, 146 y c.c. del Decreto N°1.000/15, art. 62 de la Ley N°9.356 y específicamente
de los arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) de la Ley N°6.362 (de creación del INPJYC), y
Resolución de Directorio N°370/21 (citada como “371/21” en el dictamen ampliatorio y en el proyecto de
norma rectificado, por posible error material). 5. PROYECTO DE NORMA: En relación al proyecto que obra
en orden 464, cabe señalar que desde el punto de vista formal y general, no tengo observaciones legales
que formular, encontrándose “debida y suficientemente motivada, lo que en el presente supuesto es
obligatorio en razón de lo prescripto por el art. 45 incs. a) y d) última parte de la Ley Nº9.003,
cumplimentando además los recaudos básicos respecto a la configuración de los actos administrativos en
relación al objeto, competencia, voluntad y forma (arts. 28 a 45 de la Ley Nº9.003), encontrándose
asimismo receptadas las recomendaciones y puntos que fueren indicados mediante nota N°0125/22 de
esta DAA (orden 453). IV.- ALCANCES DEL CONTROL DE F.E. Por último corresponde dejar expresa
constancia de que el control efectuado por este órgano al emitir el dictamen está circunscripto a la
”juridicidad” del procedimiento, sin que su pronunciamiento importe manifestación alguna sobre
cuestiones técnicas (ajenas a su incumbencia) o de mérito, oportunidad o conveniencia (asignadas a los
órganos de la administración activa), conforme doctrina sentada en reiteradas oportunidades por la
Procuración del Tesoro de Nación , valorando además los aspectos tratados conforme los informes de los
órganos consultivos competentes, según doctrina sentada por el órgano nacional aludido . V. EN
CONCLUSIÓN y en virtud de lo expresado en los párrafos precedentes, dictámenes, doctrina y
jurisprudencia a la cual se remite, considero que en el marco de las previsiones del art. 37 de la
Constitución de Mendoza, arts. 80 y 92 inc. a) –en lo que resulte aplicable-, 132 inc. “d”, 139, y cc. de la
Ley N°8.706, arts. 80 –en lo que resulte aplicable-, 142, 146 y cc. del Decreto N°1.000/15, arts. 18 y 22
del PBYCG de la DGCPYGB, arts. 28 a 45, 112, ap. III. de la Ley N°9.003, Ley N°9.356, Ley N°9.237 y
normas que resultan aplicables analógica, supletoria o subsidiariamente, puede procederse a la emisión
del acto de adjudicación, con las observaciones y salvedades indicadas en el presente…”.
Que en Orden N° 473 el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Fernando Mario Simón, comparte en todos sus términos
el dictamen legal obrante en Orden N° 471, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía
de Estado, y remite las presentes actuaciones I.P.J.yC. para que, con las observaciones y salvedades
indicadas, se continúe con su debida tramitación.
Que en Orden N° 474 interviene el Directorio y expresa: “Atento al dictamen de Fiscalía de Estado en
orden N° 471 y lo expresado por el Fiscal de Estado en orden N° 473, pase al Departamento de
Secretaría General Administrativa a efectos de elaborar Proyecto de Resolución”.
Que el Directorio coincide con el Informe de la Comisión de Preadjudicación y los dictámenes obrantes en
Órdenes N° 446 y 462, tanto respecto al tratamiento a las observaciones realizadas por los Oferentes
como respecto a la evaluación de las ofertas y la Grilla resultante.
Que respecto a las observaciones, corresponde el rechazo de aquellas que atacan la admisibilidad de las
ofertas, en tanto ninguna de estas últimas incumple los requisitos esenciales no subsanables de
conformidad a la normativa que rige al procedimiento licitatorio (Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Que ciertas observaciones como es el incumplimiento por parte de Desarrollos Maipú S.A. al Código de
Construcción Urbana de la Municipalidad de Godoy Cruz, la reubicación de Sala de Póker por el Oferente
Traylon S.A., y la acreditación de ODS por parte de Desarrollos Maipú S.A. y Traylon S.A., fueron
parcialmente admitidas, teniendo consecuencia únicamente al valorar la oferta en el respectivo criterio de
evaluación. Respecto a las dos primeras observaciones señaladas, se otorgó cero puntos en la pauta
valorativa pertinente; y en relación a las dos últimas observaciones, no se tuvieron en cuenta al valorar el
Criterio N° 2 los siguientes documentos: Acuerdo Marco de Acciones para el entrenamiento de trabajo,
material fotográfico relacionado a los ODS N° 1, 6, 11 y 15, Convenio de Cooperación con la Universidad
Siglo XXI, Acuerdo de Pasantías presentado con la UTN, planilla del control de los aires acondicionados,
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anexos presentados en cumplimiento del ODS N° 17 (presentados por Desarrollos Maipú S.A.); y
“objetivos a alcanzar” y Manual de Responsabilidad Empresaria para Proveedores Ley N° 27.401
(presentados por Traylon S.A.), todo ello de conformidad a los argumentos señalados por la Comisión de
Preadjudicación.
Que el procedimiento licitatorio se efectuó bajo el fuerte convencimiento de que todo ente licitante debe
resguardar el principio de validez de la oferta, de concurrencia, de competencia y de informalismo a favor
administrado, efectuando una interpretación favorable a la consideración de la oferta con meros defectos
formales que no afectan su validez.
Que, teniendo en cuenta la solicitud de Fiscalía de Estado obrante en Orden N° 460, y la ampliación del
dictamen jurídico en Orden N° 462: “las causales de inadmisibilidad han sido previstas expresamente en
el art. 17 del pliego de condiciones generales y receptadas en el art. 19 del pliego de condiciones
particulares, por lo cual no estando incursa ninguna de las ofertas en las referidas en los citados artículos,
corresponde rechazar las observaciones efectuadas en tal sentido por los oferentes, declarándoselas
admisibles y sujetas al examen de conveniencia pertinente” (cfr. dictamen obrante en Orden N° 462).
Que en particular, en consideración a las observaciones específicamente mencionadas por Fiscalía de
Estado en el Punto 1.2 y 2.1 de su intervención obrante en Orden N° 453 y a lo dictaminado en Orden N°
462: a) con relación a la garantía suficiente de mantenimiento de ofertas: “La situación se encuentra
reglada en los arts. 15 y 17 del pliego de condiciones generales que establecen la garantía de
mantenimiento de oferta como un requisito esencial que debe cumplirse al momento de presentación de la
misma. Se advierte que este requisito ha sido cumplido por la totalidad de los oferentes. En relación a la
observación planteada por la UTE Plaza Central al oferente TRAYLON S.A. peticionando el rechazo de
dicha oferta por sostener que la misma no acompaña declaración jurada de reaseguro, comparto lo
actuado por la comisión de preadjudicación. Traylon S.A. da cumplimiento al Art. 10 inc. c) del pliego de
condiciones particulares al presentar en forma física y en tiempo y forma la póliza de seguro de caución
original y luego la declaración jurada de reaseguro. El Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales establece que: “b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por
omisión cuando el documento debidamente firmado y escaneado, no se hubiere anexado en la oferta
electrónica y/o cuando no se presente ante su requerimiento, el soporte papel que instrumenta la misma.
En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la Comisión de
Preadjudicación de Ofertas intimará al oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta.
Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.” Por tanto, la
omisión señalada no constituye un requisito esencial de admisibilidad contemplado en los pliegos y que
puede ser subsanado, hecho que efectivamente produjo TRAYLON S.A., incluso con anterioridad a
intimación efectuada por la Administración” (cfr. Orden N° 462); b) en relación a la conformación y
términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus miembros): “Con
respecto a este punto, comparto plenamente el análisis legal efectuado por la comisión de preadjudicación,
el cual analizando las observaciones efectuadas a PLAZA CENTRAL UTE que denotan una contradicción
entre el alcance de la obligación solidaria determinado por el convenio de la UTE y la expresa declaración
de sus integrantes ante este IPJC concluye: “La Comisión considera que la observación debe rechazarse,
siendo admisible el acuerdo marco presentado a los fines de la implementación de la UTE en caso de
resultar adjudicatario de la Licitación Pública en trámite. La Comisión analizó la cláusula quinta del acuerdo
propuesto, la que expresa: “A los efectos del cumplimiento de la UT las Partes acuerdan las siguientes
obligaciones que asumirán una vez constituida la UT: ******”, no estableciendo en este sentido
obligaciones para las personas jurídicas que integran la UTE. En el régimen jurídico de las UTE no se
presume la solidaridad, y cada integrante responde de conformidad a su participación; así, ninguno de
ellos es solidario por las responsabilidades de otro de los integrantes, según su participación, ni por las
obligaciones que se contraigan frente a terceros; excepto que se pacte de otra forma en el contrato (art.
1467 CCCN). La cláusula décimo segunda del acuerdo marco establece que “No se presume la
responsabilidad solidaria de los integrantes de la UT por los actos y operaciones que se desarrollen o
ejecuten y por las obligaciones contraídas, frente a terceros; limitando su responsabilidad al aporte
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comprometido”. La cláusula establece una presunción, de carácter iuris tantum, que ha sido derrotada por
las declaraciones juradas presentadas por el apoderado de Nueva Plaza Hotel Mendoza S.A. (Nicolás
Martín Becerra) y por el representante legal de Mendoza Central Entretenimientos S.A. (Luis Alfredo Vila
Santander), las que en sentido coincidente señalan: “me dirijo a Uds. a fin de constituirme como fiador y/o
representante solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de todas las obligaciones
contraídas por mi mandante a título personal y como integrante de la UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS PLAZA CENTRAL, con motivo Licitación Pública - Servicio integral de máquinas -
Tragamonedas Casino Central - Ex 2021-0020865 GDEMZA-INPJYC#MHYF - Resolución Directorio
318/21 - PLIEG-2021-04755675-GDEMZA-INPJYC#MHYF (artículo 13 inc. l) apartado iv).” Ello en virtud
de que el Art. 13 inc. l) apartado iv. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares expresa: “En caso de
tratarse una Unión Transitoria, se deberá acompañar una declaración expresa de parte de las personas
jurídicas que la integren que las mismas tendrán frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos una
responsabilidad solidaria e ilimitada y sin beneficio de excusión y división de bienes”. Por lo tanto, en caso
de resultar adjudicatarios, los integrantes de la UTE se constituyen como deudores solidarios e ilimitados,
sin beneficio de excusión y división de bienes para el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas
establecidas en los pliegos licitatorios frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Garantizando al
IPJyC el cumplimiento solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de las
obligaciones objeto de la presente licitación, independientemente de lo que pudiera ocurrir entre los
consociados o con alguno de ellos porque conservando cada empresa su propia personalidad, debe sin
embargo responder ‘in totum’ frente a las prestaciones contractuales comprometidas hasta la terminación
del contrato” (cfr. Orden N° 462); c) respecto a la reubicación de la Sala de Torneos de Póker: “adherimos
en su totalidad a lo expresado por el área técnica pertinente en el informe de la comisión de
preadjudicación, el cual concluyó: “Como puede visualizarse en el archivo denominado “Layout 720 Slots
Casino Central.pdf”, la oferta de Traylon S.A. propone trasladar la Sala de Póker, denominada por éste
como “PokerRoom”, al sector sureste de planta baja. En la planta alta, instala en el sector noreste un
sector vip de fumadores (con bar, 45 máquinas tragamonedas, 2 mesas de carteado y 2 mesas de ruletas);
en el sector central de la planta alta, propone 4 mesas de ruleta y 7 mesas de carteado); y en el sector
noroeste 66 máquinas tragamonedas. El Art. 11 inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y
Técnicas establece que el Local deberá contar con: “espacio destinado a la instalación y funcionamiento
de la Sala de Juego destinado a los Torneos de Póker a realizar por el Instituto Provincial de Juegos y
Casinos, en el espacio actual ubicado en el cuadrante noreste de la planta alta del Local y con una
superficie de ciento veinte metros cuadrados (120 m2)”. Es decir, se exige que la Sala de Póker continúe
en el espacio actual con una superficie mínima de 120 m2, no posibilitando su traslado a planta baja como
así lo ha propuesto el Oferente. Sin embargo, y en similar sentido de la Oferta de Desarrollos Maipú S.A.,
la Comisión considera que ello no provoca la inadmisibilidad de la oferta de Traylon S.A. (Art. 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). Las Ofertas
contienen un Proyecto de Reformas del Local, de conformidad al Art. 13 inc. o) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; siendo el Adjudicatario quien deberá presentar un “proyecto ejecutivo definitivo”
y “propuesta de layout” (Art. 1 inc. a) y b) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas) el
cual será revisado y aprobado por el IPJyC. Dicho Proyecto Ejecutivo Definitivo deberá cumplimentar con
las exigencias de los pliegos licitatorios. En resguardo del principio de validez de la oferta, de concurrencia,
de competencia y de informalismo a favor del administrado, bajo una interpretación favorable a la
consideración de la oferta con meros defectos formales que no afectan su validez, la Comisión considera
que existen elementos de convicción suficiente que le permiten concluir que el Oferente podrá readecuar
su propuesta, en caso de resultar adjudicatario, no constituyendo ello una modificación sustancial en la
oferta, ni tampoco alterando los derechos y obligaciones comunes de los Oferentes. En este sentido, es
posible la redistribución del layout propuesto instalando la “PokerRoom” en el cuadrante noreste de planta
alta, y en su caso la sala vip de máquinas tragamonedas en el lugar donde ha propuesto la “PokerRoom”
o en otro lugar que se considere adecuado debido a la disponibilidad de espacios dentro de la Sala, sin
alterar la esencia de la propuesta y no modificando el parque de máquinas propuesto dentro de los metros
disponible de sala. Es decir, la instalación de una “PokerRoom” en planta baja no afecta sustancialmente
a la oferta en su esencia, ni tampoco la cantidad de máquinas tragamonedas propuestas a instalar;
pudiendo ser reubicada al presentar el “proyecto de ejecución definitivo” en caso de resultar éste
adjudicatario. Ello debido a que no debe perderse de vista que la prestación solicitada, o sea el objeto de
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la presente licitación es la prestación del servicio de máquinas tragamonedas, lo cual se encuentra
plenamente garantizado con el número de máquinas propuestas en razón de los metros disponibles en la
Sala. No obstante lo señalado, la Comisión sí ha tenido en cuenta el presente defecto de la oferta al
valorar la pauta “distribución de los espacios”, no otorgando puntaje alguno. En conclusión, con la
finalidad de procurar que el IPJyC obtenga adecuadas alternativas de selección, propiciando la
concurrencia y competencia, al tratarse de un defecto que no afecta aspectos esenciales de la validez de
la oferta y que puede subsanarse sin colocarla en ventaja con relación a los demás oferentes, no
conllevando por tanto como sanción su desestimación.” Queda claro que el IPJC mantiene el criterio antes
expuesto, adhiriendo a la doctrina mayoritaria adoptada por la Fiscalía de Estado, realizando una
interpretación sistémica del pliego de condiciones que pondera el principio de igualdad y no lesiona
derechos de los oferentes” (Orden N° 462); d) respecto al cumplimiento de los oferentes de las
disposiciones de la Ley N° 9.237 “Programas de Integridad – Compliance”: “que la normativa nacional
N°27.401 establece una obligación a cargo de las personas jurídicas, a beneficio de ellas a los efectos de
analizar su responsabilidad penal en caso de ser necesario. En concordancia con ello, la ley provincial en
su art. 5solo determina que: “Al momento de su inscripción o de la renovación de la misma en los registros
correspondientes, las personas jurídicas privadas comprendidas en la presente Ley deberán presentar una
declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos
en Ley N°27.401 y el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia”. Tomando este criterio
es que los Pliegos que rigen la Licitación no han contemplado al Programa de Integridad como requisito de
admisibilidad de la oferta. Dichos parámetros están fijados en el Art. 17° del pliego de condiciones
generales, por lo que dicho argumento resulta inadmisible. No obstante ello, teniendo en consideración el
criterio mencionado por Fiscalía de Estado en el Dictamen 999/21 respecto al programa de integridad, se
ha dado cumplimiento por parte de los tres oferentes a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.401 y
Ley Provincial N° 9.237. En este sentido, los tres oferentes han presentado declaración jurada del
programa de integridad, mediante sus respectivos representantes legales, al suscribir las respectivas
ofertas por el Sistema Compr.Ar, las que expresamente manifiestan: “El que suscribe, con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos datos se detallan al comienzo,
existe un programa de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401”. Además,
tanto Desarrollos Maipú S.A. como Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. han acompañado
documentación relativa a sus respectivos programas de integridad. Desarrollos Maipú S.A. presenta en
Orden N° 155 (Código de Ética, Programa de Integridad aprobado por Acta de Directorio de fecha de 11
de febrero de 2021, Manual de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de terrorismo). Respecto
a Traylon S.A. en Orden N° 283 (Código de Ética y Conducta), Orden N° 282 (auditoría interna respecto al
Programa de Integridad implementado), en Orden N° 285 (Programa de Control y Prevención de Lavado
de Dinero), en Orden N° 287 (DDJJ de los empleados del conocimiento y aceptación del Código de
Conducta), en Orden N° 290 y 291 (presenta DDJJ de proveedores del conocimiento del Programa de
Integridad y Código de Conducta). Por último, Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. acompaña el “Archivo
31.1 – Programa de Integridad NPHM SA.pdf” dentro de los Requisitos Mínimos Administrativos
(https://drive.google.com/drive/folders/1Cs64YluFXx9HYW-X-_E-FB- BjDPlE7_q?usp=sharing). En virtud
de lo expuesto, este Asesor considera que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 9237
por parte de la totalidad de los oferentes” (cfr. Orden N° 462); e) con relación a los cánones mensuales de
las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas: “el canon mensual constituye objeto de la
pugna licitatoria no pudiendo interferir el IPJC en el porcentaje que oferta cada participante. De
conformidad con ello el canon que se ofrece debe ser considerado como final y comprensivo de todos los
impuestos y cargas que graven el objeto licitado. La cotización de la oferta importa el precio final que deba
pagar el organismo contratante por todo concepto, debiendo el Oferente asegurarse que su cotización
cubra todas las obligaciones emergentes del contrato y las prestaciones que se encuentran incluidas para
el fiel y estricto cumplimiento de dichas obligaciones (es decir, impuestos vigentes, derechos o comisiones,
seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra, gastos y costos
indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pudiera incidir en el valor final del
servicio). Ello de conformidad al criterio vertido por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictamen
298:156). Se aclara además, que el IPJC ante una consulta aclaratoria realizada por los oferentes en el
marco del proceso licitatorio, expresó que: “El objeto de la contratación de la presente Licitación Pública es
una prestación de servicios. A los fines impositivos, la actividad principal del Adjudicatario es bajo el COD.
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MENDOZA
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MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2022.06.23 08:07:40 -03'00'
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920009”. El mencionado código es el que grava la actividad objeto de la presente licitación pública” (cfr.
Orden N° 462).
Que también es preciso señalar que, de conformidad a lo señalado en el dictamen ampliatorio de Orden
N° 462, los Oferentes han dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.401 y la Ley
Provincial N° 9.237. Asimismo, a la fecha, los tres Oferentes poseen vigente su inscripción en el R.U.P.,
debiendo quien resulte Adjudicatario mantenerlo vigente.
Que, respecto a la evaluación de las Ofertas, el Directorio coincide y considera a la oferta más conveniente
a la propuesta de Traylon S.A. obteniendo el mayor puntaje (91.5 puntos) de la Grilla de Evaluación
prevista en el Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que Traylon S.A. propone como contraprestación un canon del 52% mensual, constituyendo además la
oferta de menor precio entre las propuestas presentadas; y una inversión monetaria total de
$2.236.650.305,99.
Que el Oferente Traylon S.A. presenta un destacado y moderno parque de 720 máquinas tragamonedas,
con una antigüedad promedio de 6,8 meses, constituyéndose así el Casino de Mendoza – Casino Central
en la Sala de Juego más moderna de la Provincia de Mendoza.
Que el Oferente propone importantes reformas edilicias al actual Casino de Mendoza, con informes
efectuados por profesionales idóneos matriculados. En el exterior, propone instalar un moderno sistema de
iluminación, con tecnología programable, e instalar en calle Brasil el ingreso principal a la sala. A tal fin,
propone intervenir los dos accesos existentes unificándolos en un único y amplio ingreso y equipándolo
con ascensor para discapacitados. También, ubica en la esquina de Brasil y Av. San Martín un
Restaurante Bar y Patiseerie con ingreso independiente, y construye un balcón sobre la terraza para la
instalación de mesas.
Que, en el interior, propone la construcción de una cava de vinos, guardarropas y stand de fidelización,
construcción de una cocina en el primer piso, instalación de dos cocinas completamente equipadas,
instalación de restaurante bar, sala de enfermería, sala de monitoreo con policía, grupos sanitarios
renovados y sector de cajas completamente renovadas, con nuevo mobiliario y equipamiento. Propone
mejorar y renovar las instalaciones actuales, por ejemplo, para el sistema de acondicionamiento y
refrigeración, la provisión de un grupo generador complementario de 315 KVA. También, propone
construcción de oficinas dentro de la sala destinada a atención al cliente, jefe de sala del Instituto y Jefe de
Sala de Traylon S.A. En planta alta propone un restó bar, revestir los baños existentes y renovar el sector
de cajas.
Que se destaca que la Oferta también tiene como finalidad potenciar al Instituto de Juegos y Casinos y al
Sector de Juegos Tradicionales. Así, propone intervenir los sectores de descanso, sanitarios y vestuarios
del personal del I.P.J.yC., mejoras en todas las oficinas de los sectores administrativos, y proveer una sala
para el personal de seguridad con salida directa a la sala de juego. También, propone mejoras para
integrar el juego vivo con las máquinas tragamonedas, como por ejemplo ofrece entregar banquetas
iguales a las de tragamonedas y retapizar y reacondicionar las mesas y paños de la Sala de Póker Texas.
Que la propuesta será sumamente beneficiosa en el orden económico social, ofreciendo medidas de
promoción turística, cultural y artística de jerarquía. También, la propuesta generará un gran número de
puestos de trabajo genuinos para los y las mendocinas, esto es 85 empleados permanentes y 150
empleados en la ejecución del proyecto de inversión.
Que, conforme a las cláusulas de los pliegos de la presente licitación pública, y a diferencia del contrato
aún vigente con el proveedor del servicio en el Casino Central, el futuro Adjudicatario, a su cargo y costo,
deberá proveer además los siguientes servicios que hacen a la funcionalidad de la Sala de Juego: sistema
de refrigeración y calefacción, servicio de limpieza, servicio de gastronomía, servicio de suministro de
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energía eléctrica (en proporción al canon), servicio de internet, servicio de guardarropa, pago de tasas
municipales (en proporción al canon). Pero además Traylon S.A. ha propuesto, a su cargo y costo, asumir
el servicio de mantenimiento y revisión periódica de las escaleras mecánicas y del ascensor.
Que ello denota que la Oferta presentada por Traylon S.A. es sumamente beneficiosa para el Instituto
Provincial de Juegos y Casinos, debido a ser la oferta más conveniente en relación al canon propuesto, el
moderno parque de máquinas tragamonedas ofrecido, las reformas a introducir y la atractiva propuesta
comercial, entre otros aspectos. Ello sumado a que en razón de las nuevas cláusulas contractuales
previstas en los pliegos licitatorios se traslada el costo de una innumerable cantidad de servicios al nuevo
Adjudicatario. Por lo tanto, este Directorio considera que el resultado de la presente licitación es el más
conveniente para el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y potenciará al Casino de Mendoza – Casino
Central como referente en la región.
Que, en razón de lo expuesto, conforme a lo previsto en el Art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Directorio coincide con el orden de mérito expuesto en el informe fundado de la Comisión
de Preadjudicación y considera adjudicar la presente Licitación Pública a Traylon S.A. por resultar ser la
oferta más conveniente.
Que el presente procedimiento licitatorio se enmarca en la normativa legal vigente contenida en el Art. 37
de nuestra Constitución Provincial, Arts. 139 y sgtes de la Ley N° 8.706 y su Decreto Reglamentario N°
1.000/15, Art. 112 de la Ley Provincial N° 9.003, Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante en
Orden N° 40 y aprobado por DI-2021-00908999-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF), Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas (obrantes en Orden N° 72 y 73 respectivamente), y
Resolución de Directorio N° 318/21. Ello de conformidad a la competencia que ostenta el Directorio
otorgada por la Ley N° 6.362 en sus arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) y Resolución de
Directorio N° 371/21.
Por ello, y lo resuelto en Acta de Directorio Nº 42/2.022, Tema: 01
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE JUEGOS Y CASINOS
R E S U E L V E:
ART. 1º.- RECHÁCESE la Oferta de “DESARROLLOS MAIPÚ S.A.” y la Oferta de “PLAZA CENTRAL
U.T.E.” por resultar inconvenientes de conformidad al orden de mérito resultante de la Grilla de Evaluación
informada por la Comisión de Preadjudicación de Orden N° 440, que como ANEXO I (en 70 carillas) se
acompaña y forma parte integrante de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 y
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ART. 2º.- ADJUDÍQUESE la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50603-0028-LPU21 al Oferente “TRAYLON S.A.”
CUIT N°: 30-70791887-6, por resultar la oferta más conveniente, reuniendo los requisitos administrativos,
técnicos y económicos exigibles, y conforme al orden de mérito resultante de la Grilla de Evaluación
informada por la Comisión de Preadjudicación de Orden N° 440, que como ANEXO I (en 70 carillas) se
acompaña y forma parte integrante de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 y
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La
oferta que se adjudica comprende la prestación al Instituto Provincial de Juegos y Casinos del servicio
integral de provisión de SETECIENTAS VEINTE (720) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o
electromagnéticas -denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines-,
en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2.045,
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, con un canon retributivo mensual del CINCUENTA Y DOS POR
CIENTO (52%) de conformidad a lo establecido por el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares, y por un plazo de vigencia de DIEZ (10) AÑOS de conformidad a lo establecido por el Art. 32
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Todo ello, de acuerdo a los considerandos precedentes que forman parte integrante de la presente
resolución.
ART. 3°.- TÉNGASE PRESENTE que, de conformidad a lo dispuesto a los Arts. 176, 177 y cc. la Ley N°
9.003, Art. 36 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, los interesados podrán interponer recurso de aclaratoria, a fin de que sean corregidos errores
materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una
modificación esencial; y/o recurso de revocatoria ante el mismo Directorio del Instituto Provincial de Juegos
y Casinos a fin de que modifique, sustituya o revoque por contrario imperio la presente resolución, ambos
recursos en un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación del acto.
El interesado deberá constituir una Garantía de Impugnación a favor del Instituto Provincial de Juegos y
Casinos por PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00 ($200.000,00), mediante entrega de cheque corriente a
la orden del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el que será recepcionado únicamente en la Tesorería
del Casino de Mendoza, cita en Belgrano 1.860 de Godoy Cruz, de 8 a 13 hs. entregando recibo oficial, o
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente oficial del Instituto Provincial de Juegos y Casinos
N° 6280236996 Banco de la Nación Argentina, CBU 0110628820062802369965, CUIT 30-6823448-4.
Una vez realizada la transferencia, deberá remitir comprobante con datos de la empresa (Nombre,
teléfono, persona de contacto) a los siguientes correos electrónicos: tesorería-ipjyc@mendoza.gov.ar /
uymoyano@mendoza.gov.ar. Una vez constatado la acreditación del monto, se remitirá recibo.
Todo ello considerado de conformidad a lo dispuesto al Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y a los párrafos precedentes que forman parte integrante de la presente resolución.
ART. 4º.- PROCÉDASE en el plazo de CINCO (5) días hábiles, establecido en el Art. 30 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, a la suscripción del contrato de adjudicación respectivo.
TÉNGASE PRESENTE que el Adjudicatario deberá proceder a abonar por su cuenta el impuesto de sellos
del contrato, de conformidad a las normas legales vigentes en la proporción que corresponda al mismo.
ESTABLÉZCASE que en el plazo de QUINCE (15) días hábiles, a contar desde la notificación de la
presente, el Adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos y
condiciones previstas en el Art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ART. 5º.- CRÉASE y DESÍGNESE a los Integrantes de la Comisión de Recepción de bienes y servicios, en
virtud de lo dispuesto por el Art. 153 del Decreto reglamentario 1.000/15, conformada por:
Miembros Titulares:
Subgerencia de Fiscalización, Sr. Pablo Bogdanowsky.
Tesorero General, Sr. Fabricio Fiocchetto.
Departamento de Vigilancia, Sr. Mauricio Pouget.
Jefatura del Departamento de Compras y Contrataciones, Sra. Rebeca Pérez.
Miembros Suplentes:
Subgerencia Administrativa, Sra. Analía Reinozo.
Subgerencia de Legales, Sr. Roberto Bortnic.
TÉNGASE PRESENTE que la Comisión de Recepción tendrá la responsabilidad de verificar si la
prestación del servicio cumple o no las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación, y
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deberá labrar el Acta correspondiente de Inicio de Prestación, el cual deberá ser suscripto además por el
adjudicatario.
ART. 6º.- INSTRÚYASE a CONTADURÍA a los efectos de realizar los ajustes contables que estime
corresponder.
ART. 7º.- PASE a GERENCIA DE LEGALES a los efectos de elaborar el contrato respectivo para la
suscripción del mismo en el plazo indicado en el Art. 3 de la presente resolución.
ART. 8º.- NOTIFÍQUESE, comuníquese y archívese.
DRA. IDA MAGDALENA LOPEZ
PRESIDENTE IPJC
DR. FRANCISCO DANIEL MARTINEZ
DIRECTOR IPJC
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
23/06/2022 (1 Pub.)
DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
