RESOLUCIONES

Resolución Nº 235

Fecha de publicación
23 de junio de 2022
Fecha de la norma
21 de junio de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.645 · páginas 15–36
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 235 MENDOZA, 21 DE JUNIO DE 2022. VISTO: El EX-2021-00020865- -GDEMZA-INPJYC#MHYF; carat.: “SERVICIO MÁQUINAS TRAGAMONEDAS CASINO CENTRAL.-” y CONSIDERANDO: Que en Orden N° 40 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Que en Orden N° 41 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Pública que tiene por objeto la contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda la prestación de un mínimo de cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines- en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de diez (10) años, debiendo la propuesta contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de posicionar al Casino Central como referente en la región”. Que en Orden N° 42 obra el Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas para dicha contratación. Que en Orden N° 43 el Directorio habiéndose incorporado los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especiales y Técnicas de la presente Licitación Pública, los cuales han sido confeccionados previo a la consulta técnica a las áreas pertinentes conforme Nota obrante en Orden Nº 04, ordena el pase del expediente a Gerencia de Legales a efectos de emitir dictamen legal. Que en Orden N° 45 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina:“…En este sentido, y atento al monto autorizado, para la contratación de servicios para el funcionamiento del Casino de Mendoza – Casino Central ubicado en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, detallados en los pliegos Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Subdirectora Página 15 de 138 BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ citados, considera este Asesor, que la presente solicitud debe llevarse a cabo por medio del procedimiento de Licitación Pública, en un todo de acuerdo con lo establecido en los arts. 139,140 y 142 de la Ley 8706 y decreto reglamentario N°1000. En el mismo sentido y de acuerdo a que el monto autorizado supera las veinticinco (25) veces al monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la contratación directa, estima esta Gerencia que se necesita la publicación mínima de una (1) vez, en la página Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, durante 20 (veinte) días corridos o doce (12) días hábiles, el mayor. Además, deberá publicarse una vez en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. Advirtiendo que el Art. 3º del pliego fija un plazo de publicación mayor, por lo cual cumple con el requisito ut supra señalado. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el art. 132 inc. b) y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 6º del Pliego en la misma resolución deberá designarse la comisión de pre adjudicación. Con lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en Resolución de Directorio N°337/21, debería dictarse Resolución de Directorio que en ejercicio de la competencia otorgada por Ley Nº6362 en sus arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 21º inc. A) y punto X) autorice al Departamento de Compras y Contrataciones a llevar a cabo la presente contratación, por medio del procedimiento de Licitación Pública, de acuerdo a la normativa precedentemente señalada, las condiciones técnicas incorporadas, planillas de presupuestos, Pliego de condiciones particulares, bases y condiciones generales; en un todo de acuerdo con lo determinado por Resolución de Directorio N°337/21, Ley Nº6362, Ley Nº8706 y Decreto Reglamentario N°1000, todo ello salvo mejor criterio de la superioridad. Teniendo en cuenta la transcendencia del presente proceso licitatorio estimo conveniente dar vista a Fiscalía de Estado de los pliegos licitatorios previo al dictado del acto administrativo.” Que en Orden N° 47 obra nota donde Presidencia eleva a Fiscalía de Estado los borradores de los pliegos licitatorios de la contratación. Que en Orden N° 54 la Dirección de Asuntos Administrativos, de Fiscalía de Estado emite dictamen legal considerando que: “…EN CONCLUSION y en virtud de lo expresado en los párrafos precedentes, dictámenes, doctrina y jurisprudencia a la cual se remite, esta Dirección de Asuntos Administrativos considera que en el marco de las previsiones del art. 37º de la Constitución de Mendoza, art. 139 y cc. de la Ley N°8706 y del Decreto N°1000/15, los arts. 28 a 45, 112, ap. III., 80 y 92 inc. a) de la Ley N°9003, y normas que resultan aplicables analógica, supletoria o subsidiariamente (Ley N°9003, N°4416, N°5507, Leyes Tributarias, entre otras), puede procederse a la emisión de la resolución de aprobación respectiva con las observaciones y salvedades indicadas en el presente…” Que en Orden N° 56 el Fiscal de Estado, Fernando Mario Simón, Compartiendo en todos sus términos el dictamen legal obrante en orden 54 emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, remite las presentes actuaciones al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a efectos que, una vez cumplidas las observaciones y salvedades señaladas se proceda a la emisión de la norma legal pertinente. Que en Orden N° 72 obra Pliego de Base y Condiciones Particulares, y en Orden N°73 obra Pliego Bases y Condiciones Especiales y Técnicas. Que en Orden N° 75 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina: “…Vienen nuevamente a dictamen las presentes actuaciones, en las cuales en Orden N°54 Fiscalía de Estado realiza sugerencias a modificar en los pliegos del proceso licitatorio que se tramita en este expediente. Atento a ello, en Orden N°72 y 73 se adjuntan los pliegos modificados conforme las sugerencias de Fiscalía de Estado. Este asesor ya emitió dictamen en Orden N°45, al cual me remito en su totalidad, y analizados los nuevos pliegos, no se encuentran objeciones legales que formular para que se proceda conforme lo aconsejado en Orden N° 45”. Que en Orden N° 78 obra Resolución de Directorio N° 318, de fecha 05 de agosto de 2.021 que dispuso: “ART. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento de Compras y Contrataciones de este Instituto Provincial de Juegos y Casinos, para que de conformidad con lo dictaminado en Orden Nº 45 y 76, proceda mediante llamado a LICITACIÓN PÚBLICA, con publicidad de una (1) vez en el Boletín Oficial y en el Portal Web de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 16 de 138 la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.compras.mendoza.gov.ar) dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mendoza y en un diario de amplia circulación de la provincia de Mendoza, que deberá efectivizarse durante cincuenta (50) días corridos o treinta (30) días hábiles administrativos, el mayor, a la fecha de apertura a contar desde el día siguiente a la última publicación y sin contar el día de la apertura, la cual deberá ser el día hábil posterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Pública, sin perjuicio de otros medios de publicación que el funcionario competente considere conveniente, la contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda la prestación de un mínimo de cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines- en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de diez (10) años, debiendo la propuesta contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de posicionar al Casino Central como referente en la región”, según solicitud de contratación de Sistema COMPR.AR obrante en Orden N° 68, a cuyo efecto se autorizó una suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($1.830.501.069,60) IVA INCLUIDO, monto que será atendido con cargo a la Cuenta General U.G.C. H95328 Eco: 41301 Fin: 0 U.Ges: H10023 Presupuesto Año 2021, según imputación de Orden N° 65/66; todo ello, de acuerdo a los considerandos precedentes que forman parte integrante de la presente resolución. TÉNGASE PRESENTE que sólo se imputa la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100 ($76.270.877,90) IVA Incluido, por el periodo de agosto a de diciembre 2021…”. Que en Orden N° 80 luce Pliego de Bases y condiciones Generales, y en Orden N° 82 obra solicitud de contratación del Sistema COMPR.AR firmada por Presidencia. Que en Orden N° 83 se acompaña vista previa del Pliego; en Orden N° 84 constancia de invitación a proveedores mediante Sistema Compr.Ar.; en Orden N° 85, constancia de publicación de edictos en un diario de amplia circulación en la provincia, y en Orden N° 86, constancia de publicación en el Boletín Oficial. Que en Orden N° 87/88 obran consultas N° 01 y 02 realizadas por el proveedor “Desarrollos Maipú S.A.”; y en Orden N° 92/95 obran consultas N° 03, 04, 05 y 06 realizadas por el proveedor “Traylon S.A.”, dentro de las cuales solicita prórroga de apertura por 30 días hábiles (Orden N° 92). Que en Orden N° 97/101 el Directorio responde las consultas N° 01, 02, 03, 05, y 06. Que en Orden N° 105 obra consulta N° 07 realizada por el proveedor “Fuente Mayor S.A.” solicitando una prórroga de 60 días hábiles en la fecha de apertura de licitación. Que en Orden N° 108 Presidencia solicita dictamen legal respecto a los pedidos de prórroga de la fecha de apertura de la licitación pública. Que en Orden N° 110 Gerencia de Legales previo a dictaminar, requiere que el Departamento de Compras y Contrataciones emita informe técnico respecto a los fundamentos/motivos esgrimidos por los interesados para solicitar la prórroga de apertura y respecto a los plazos de prórroga. Que en Orden N° 112 Gerencia Administrativa (de acuerdo a lo solicitado en Orden N° 110) indica: “que los fundamentos y motivos que generan la solicitud de prórroga, están dados según lo requerido por los oferentes TRAYLON SA Y FUENTE MAYOR SA en orden 99 y 103 respectivamente, donde esgrimen argumentos de ampliación de dicho plazo. Se informa también que en el Art 10 del Pliego de Condiciones Generales, orden 72 del presente, se determina que el organismo contratante (IPJYC en este caso) queda facultado de oficio o a petición de parte interesada a diferir la fecha de convocatoria. Para solicitar este Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 17 de 138 diferimiento causales debidamente fundadas O SER REQUERIDO POR AL MENOS DOS FIRMAS INTERESADAS, situación planteada por los oferentes antes mencionados. En cuanto al plazo de dicho diferimiento, es potestad del Directorio establecer el mismo, siendo el plazo de la actual convocatoria de 50 días corridos, por lo cual, podría considerarse el mimo periodo a la prorroga solicitada.” Que en Orden N° 114 Gerencia de legales efectúa análisis jurídico de las solicitudes de prórroga y dictamina: “Conforme lo expuesto, al informe técnico de Gerencia Administrativa y considerando que se ha cumplido con el requerimiento de solicitud por escrito fundado de al menos 2 firmas interesadas con la antelación suficiente, esta Gerencia de Legales no encuentra obstáculo jurídico alguno para que prorrogue al Acto de Apertura por el plazo sugerido por Gerencia Administrativa, salvo mejor criterio de la superioridad. De receptarse el criterio vertido, una vez dictado el Acto Administrativo correspondiente por Directorio del I.P.J.yC., deberá notificarse a Fiscalía de Estado y a los fines de la publicidad se deberá ordenar la publicación de la prorroga en los mismos medios que se publico la contratación original”. Que en Orden N° 117 luce Resolución de Directorio N° 370, de fecha 16 de septiembre de 2.021 que dispuso: “ART. 1°.- PRORRÓGUESE, por CINCUENTA (50) días corridos, la apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50603-28-LPU21, para la contratación de un “Servicio Integral, de conformidad a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas, que comprenda la prestación de un mínimo de cuatrocientas (400) y de un máximo de ochocientas (800) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas - denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines- en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2045, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, por un plazo de vigencia de diez (10) años, debiendo la propuesta contemplar las reformas necesarias al Local con la finalidad de posicionar al Casino Central como referente en la región”, a contar desde el vencimiento del plazo fijado en el Art. 1º de la Resolución de Directorio Nº 318/2021, con publicidad de una (1) vez en el Boletín Oficial y en el Portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.compras.mendoza.gov.ar) dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mendoza. FÍJESE, la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50603-28-LPU21, el día miércoles 17 de noviembre de 2.021, a las 12:00 pm. Todo ello, conforme a los considerandos precedentes que forman parte integrante de la presente resolución…”. Y en Orden N° 119 se incorpora constancias de notificación correspondiente a la Resolución de Directorio N° 370/2.021. Que en Orden N° 121 obra circular N° 04 emitida por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos en relación a la prórroga de la apertura; y en Orden N° 122 luce autorización de Presidencia para Publicación de la prórroga en el Boletín Oficial. Que en Orden N° 123 luce respuesta a la consulta N° 04 realizada por el proveedor “Traylon S.A.”, y en Orden N° 124 su respectiva circular. Que en Orden N° 125 obra consulta N° 08 realizada por el proveedor “Desarrollos Maipú S.A.”, y en Orden N° 127 respuesta a dicha consulta. Que en Orden N° 133 obra Acta de Apertura de la Licitación Pública Nº 50603-0028-LPU21, efectuada día 17 de noviembre de 2.021, donde se observa que existen CUATRO (04) ofertas confirmadas. Que en Orden N° 135/248 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Desarrollos Maipú S.A.” CUIT N°: 33-71060033-9. Que en Orden N° 249/382 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Traylon S.A.” CUIT N°: 30-70791887-6. Que en Orden N° 383/402 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.” CUIT N°: 30-70807351-9. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 18 de 138 Que en Orden N° 403/408 obra Oferta y documentación presentada por la firma “Fuente Mayor – New Star Casino Central U.T.E.”. Que en Orden N° 409 obra cuadro comparativo de ofertas. Que en Orden N° 410/412 lucen las observaciones realizadas por “Traylon S.A.”, “Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.” y “Desarrollos Maipú S.A.”. En Orden N° 413 obra traslado a los oferentes de las observaciones realizadas en el procedimiento licitatorio N° 50603-0028-LPU21, otorgándoseles un plazo de DOS (2) días hábiles a partir de la notificación para efectuar descargos. Que en Orden N° 414/418 lucen las respuestas de los oferentes a las observaciones. Que en Orden N° 419 la Jefatura del Departamento de Compras y contrataciones informa a Directorio que el día 11 de febrero de 2.022 se vence el plazo de mantenimiento de oferta de la presente licitación. En Orden N° 420 el Directorio autoriza a solicitar a los CUATRO (4) oferentes de la licitación en curso la prórroga de SESENTA (60) días hábiles para el mantenimiento de la oferta, y en Orden N° 423/426 obra aceptación al mantenimiento de oferta. Que en Orden N° 427 la Jefatura del Departamento de Compras y contrataciones informa a Directorio que el día 13 de mayo de 2.022 se vence el plazo de mantenimiento de oferta de la presente licitación, y en Orden N° 428 el Directorio autoriza la solicitud de mantenimiento de oferta. Que en Orden N° 433 luce informe de respuestas de mantenimiento efectuadas por TRES (3) proveedores (Desarrollos Maipú S.A., Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.), obrando en Orden N° 435 desistimiento al mantenimiento de oferta efectuado “Fuente Mayor – New Star Casino Central U.T.E”. Que en Orden N° 436 luce solicitud de informe técnico, y en Orden N° 437 obra informe técnico expedido por el Jefe de Fiscalización Física, Arq. Gabriel O’donell. Que en Orden N° 438 luce solicitud de informe a Gerencia Comercial, y en Orden N° 439 obra el informe técnico de Gerencia Comercial. Que en Orden N° 440 obra informe de la Comisión de Pre-adjudicación que como ANEXO I (en 70 carillas) se acompaña y forma parte integrante de la presente resolución. Que en Orden N° 444 luce volante de imputación preventiva. Que en Orden N° 446 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico del expediente y dictamina: “…Que finalmente en orden 440 la Comisión de Pre adjudicación, luego de un análisis pormenorizado, detallado de cada oferta, de las observaciones efectuadas por los oferentes y de las contestaciones a las mismas, con fundamento en derecho, emite Informe de Pre adjudicación, confeccionando la grilla de conveniencia respectiva en base a los parámetros objetivos del Pliego, razones que me permiten concluir en la legitimidad de dicho acto el que me permito transcribir en su conclusión (…) En virtud del estudio de las actuaciones obrantes en autos, documentación acompañada y en particular lo informado por las aéreas intervinientes y específicas en la materia de análisis, esta Gerencia de Legales estima que no existen observaciones para que sea adjudicada la contratación en estudio en los términos y alcances recomendados por la Comisión de Pre Adjudicación, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 142, 149 y ccs de la Ley 8.706 y su Decreto Reglamentario 1.000. Por todo lo expuesto, pasen las actuaciones a Secretaría General Administrativa para el dictado del acto administrativo que resuelva la presente Licitación en el sentido aconsejado, salvo mejor criterio de la Superioridad.” Que en Orden N° 448 obra Proyecto de Resolución y en Orden N° 449 se elevan las actuaciones a Fiscalía de Estado. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 19 de 138 Que en Orden N° 453 interviene Fiscalía de Estado y, de forma previa a emitir dictamen legal, solicita como medida de mejor proveer, la implementación de las medidas allí descriptas. Que en Orden N° 456 Directorio, visto el Orden N° 453, solicita la intervención de Gerencia Administrativa, Gerencia de Legales y Secretaría de Legal y Técnica para dar cumplimiento a lo solicitado por Fiscalía de Estado. Que en Orden N° 458 lucen copias fieles que acreditan las publicaciones del llamado a licitación pública y de la prórroga de la fecha de apertura, previstas en el Art. 142 de la Ley N° 8.706, en el Boletín Oficial, el Diario Los Andes y el sitio web de la DGCPYGB. Que en Orden N° 462 obra dictamen jurídico ampliatorio el que expresa “Atento a la solicitud de ampliación de dictamen de Orden Nº446 de Fiscalía de Estado, en relación al procedimiento de licitación pública para la contratación “de un servicio integral que comprenda la prestación al IPJYC de un mínimo de 400 y un máximo de 800, maquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas, denominadas también en el mercado lúdico como tragamonedas o slot machines para el Casino Central, según las características técnicas especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de condiciones técnicas de la presente Licitación” expongo que: Advierto que en orden 19 obra solicitud de contratación para el servicio mencionado, remarcando su necesidad ante el vencimiento de la concesión vigente, presupuestándose una suma de $ 1.754.230.192,68. En relación al punto 1.1 de la Nota enviada por F.E., y compartiendo en su totalidad el dictamen de Orden Nº446, corresponde dar a la contratación solicitada el procedimiento de licitación pública de conformidad a las previsiones de los Arts. Nº37 de la Constitución Provincial, 139º y cctes. de la Ley Nº8706, 112º ap. III, 28 a 45 y cctes. de la Ley Nº9003 y Decreto Nº1000/15, Art. 112 de la Ley Provincial N° 9.003, Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante en Orden N° 40 y aprobado por DI-2021-00908999-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF), Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas (obrantes en Orden N° 72 y 73 respectivamente), y Resolución de Directorio N° 318/21. Ello de conformidad a la competencia que detenta el Directorio otorgada por la Ley N° 6.362 en sus arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) y Resolución de Directorio N° 371/21. Tal como surge del dictamen objeto de esta ampliación, se ha cumplido con todos los requerimientos que rigen el procedimiento de licitación pública, tales como volante de imputación preventiva, proyectos de pliegos, intervención de Fiscalía de Estado, aprobación de pliegos, dictamen legal para el llamado a licitación, autorización mediante sistema COMPR.AR, acto administrativo que autoriza el llamado a licitación, publicaciones en boletín oficial, en el portal de compras y en un diario de amplia circulación de la Provincia, invitación a proveedores, acta de apertura e informe de preadjudicación. Advierto también que se dictó acto administrativo de prórroga de apertura, en virtud de haber concurrido los requisitos previstos en el Art. 10 del pliego de condiciones generales y art. 142 del Decreto 1000/15, ante solicitud fundada de dos oferentes en tal sentido, cuya publicidad se materializó mediante publicación en el Boletín Oficial, un diario de amplia circulación (Diario Los Andes) y en la plataforma del Sistema Compr.Ar. (orden 458) Conforme a lo requerido por Fiscalía de Estado en lo atinente a las observaciones efectuadas por los oferentes entre si, a la respuesta de las mismas y a la conclusión a la que arriba la comisión de preadjudicación sobre ellas, comparto plenamente las mismas de conformidad a las siguientes consideraciones: Advierto que en las observaciones los oferentes plantean que algunas ofertas no deben pasar el requisito de admisibilidad, imputándole el incumplimiento de determinados requisitos. En el punto, la comisión de preadjudicación ha hecho aplicación del criterio dominante en la doctrina y sostenido por la Fiscalía de Estado, que sostiene “la posibilidad de proceder a subsanar omisiones, en tanto no estén referidas a elementos considerados por la ley, los reglamentos o los pliegos de condiciones como esenciales en la oferta ni se generen con ello ventajas competitivas entre los oferentes, aun cuando no esté expresamente previsto en los pliegos de condiciones. Ello, en tanto frente a este tipo de problemática se encuentran en pugna diferentes principios que rigen la licitación pública y en general las contrataciones del estado, como son por un lado el principio de igualdad (unido al de formalismo que algunos doctrinarios clásicos asignaban a la licitación como elemento característico) y por el otro el de concurrencia (ligado a un principio de formalismo moderado que permita acrecentar la misma). Mientras que el respeto férreo de las normas de los pliegos de condiciones hace al primero de los principios enunciados, la inaplicación de un formalismo moderado para atenuar aquel, produce una Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 20 de 138 afectación directa del segundo (concurrencia) al excluir sin justificación suficiente un potencial oferente… Se ha pasado así de realizar interpretaciones restrictivas de los pliegos de condiciones (vg.: la PTN exigía en forma rigurosa la aplicación de este principio en dictámenes antiguos, no aceptando el apartamiento de los términos del mismo ni aún ante el ofrecimiento de artículos de mejor calidad -Dictámenes, 75:74) a morigerar este principio, entendiendo que debe apreciarse en cada caso concreto si se ha producido una lesión al principio de igualdad, en tanto la licitación es en definitiva un procedimiento administrativo y como tal, no puede excluirse la aplicación de uno de los principios esenciales de los mismos como es el de “informalismo a favor del administrado”.” En concordancia con el criterio vertido, opino que, en el caso bajo examen, las causales de inadmisibilidad han sido previstas expresamente en el art. 17 del pliego de condiciones generales y receptadas en el art. 19 del pliego de condiciones particulares, por lo cual no estando incursa ninguna de las ofertas en las referidas en los citados artículos, corresponde rechazar las observaciones efectuadas en tal sentido por los oferentes, declarándoselas admisibles y sujetas al examen de conveniencia pertinente. En el punto 1.2 de la solicitud de ampliación de Fiscalía de Estado se solicita lo siguiente: “En especial, e independientemente del eventual tratamiento que le haya dado algún otro órgano consultivo participante, de diferente naturaleza (vg: Comisión de Evaluación de Preadjudicación de carácter técnico) se solicita opinión jurídica sobre las observaciones de naturaleza y/o incidencia jurídica o vinculada con ellas, realizadas entre los oferentes, con recomendación precisa y expresa sobre su aceptación o rechazo, particularmente en lo relativo a: i) garantía suficiente de mantenimiento de ofertas; ii) conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus miembros); iii) reubicación de sala de torneos de póker contenida en la oferta presentada por Traylon S.A.; iv) cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley N°9.237 “Programas de Integridad – Compliance”, conforme lineamientos del Dictamen N°0999/213 de esta DAA.; v) cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas, entre otras que se pudiesen estimar de relevancia jurídica.” i) Garantía suficiente de mantenimiento de ofertas: La situación se encuentra reglada en los arts. 15 y 17 del pliego de condiciones generales que establecen la garantía de mantenimiento de oferta como un requisito esencial que debe cumplirse al momento de presentación de la misma. Se advierte que este requisito ha sido cumplido por la totalidad de los oferentes. En relación a la observación planteada por la UTE Plaza Central al oferente TRAYLON S.A. peticionando el rechazo de dicha oferta por sostener que la misma no acompaña declaración jurada de reaseguro, comparto lo actuado por la comisión de preadjudicación. Traylon S.A. da cumplimiento al Art. 10 inc. c) del pliego de condiciones particulares al presentar en forma física y en tiempo y forma la póliza de seguro de caución original y luego la declaración jurada de reaseguro. El Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que: “b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión cuando el documento debidamente firmado y escaneado, no se hubiere anexado en la oferta electrónica y/o cuando no se presente ante su requerimiento, el soporte papel que instrumenta la misma. En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas intimará al oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.” Por tanto, la omisión señalada no constituye un requisito esencial de admisibilidad contemplado en los pliegos y que puede ser subsanado, hecho que efectivamente produjo TRAYLON S.A., incluso con anterioridad a intimación efectuada por la Administración. ii)Conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus miembros): Con respecto a este punto, comparto plenamente el análisis legal efectuado por la comisión de preadjudicación, el cual analizando las observaciones efectuadas a PLAZA CENTRAL UTE que denotan una contradicción entre el alcance de la obligación solidaria determinado por el convenio de la UTE y la expresa declaración de sus integrantes ante este IPJC concluye: “La Comisión considera que la observación debe rechazarse, siendo admisible el acuerdo marco presentado a los fines de la implementación de la UTE en caso de resultar adjudicatario de la Licitación Pública en trámite. La Comisión analizó la cláusula quinta del acuerdo propuesto, la que expresa: “A los efectos del cumplimiento de la UT las Partes acuerdan las siguientes obligaciones que asumirán una vez constituida la UT: ******”, no estableciendo en este sentido obligaciones para las personas jurídicas que integran la UTE. En el régimen jurídico de las UTE no se presume la solidaridad, y cada integrante responde de conformidad a su participación; así, ninguno de ellos es solidario por las responsabilidades de otro de los integrantes, según su participación, ni por las obligaciones que se contraigan frente a terceros; excepto que se pacte de otra Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 21 de 138 forma en el contrato (art. 1467 CCCN). La cláusula décimo segunda del acuerdo marco establece que “No se presume la responsabilidad solidaria de los integrantes de la UT por los actos y operaciones que se desarrollen o ejecuten y por las obligaciones contraídas, frente a terceros; limitando su responsabilidad al aporte comprometido”. La cláusula establece una presunción, de carácter iuris tantum, que ha sido derrotada por las declaraciones juradas presentadas por el apoderado de Nueva Plaza Hotel Mendoza S.A. (Nicolás Martín Becerra) y por el representante legal de Mendoza Central Entretenimientos S.A. (Luis Alfredo Vila Santander), las que en sentido coincidente señalan: “me dirijo a Uds. a fin de constituirme como fiador y/o representante solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de todas las obligaciones contraídas por mi mandante a título personal y como integrante de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS PLAZA CENTRAL, con motivo Licitación Pública - Servicio integral de máquinas - Tragamonedas Casino Central - Ex 2021-0020865 GDEMZA-INPJYC#MHYF - Resolución Directorio 318/21 - PLIEG-2021-04755675-GDEMZA-INPJYC#MHYF (artículo 13 inc. l) apartado iv).” Ello en virtud de que el Art. 13 inc. l) apartado iv. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares expresa: “En caso de tratarse una Unión Transitoria, se deberá acompañar una declaración expresa de parte de las personas jurídicas que la integren que las mismas tendrán frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos una responsabilidad solidaria e ilimitada y sin beneficio de excusión y división de bienes”. Por lo tanto, en caso de resultar adjudicatarios, los integrantes de la UTE se constituyen como deudores solidarios e ilimitados, sin beneficio de excusión y división de bienes para el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas establecidas en los pliegos licitatorios frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Garantizando al IPJyC el cumplimiento solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de las obligaciones objeto de la presente licitación, independientemente de lo que pudiera ocurrir entre los consociados o con alguno de ellos porque conservando cada empresa su propia personalidad, debe sin embargo responder ‘in totum’ frente a las prestaciones contractuales comprometidas hasta la terminación del contrato.” iii) Reubicación de sala de torneos de póker contenida en la oferta presentada por Traylon S.A.: En este punto, adherimos en su totalidad a lo expresado por el área técnica pertinente en el informe de la comisión de preadjudicación, el cual concluyó: “Como puede visualizarse en el archivo denominado “Layout 720 Slots Casino Central.pdf”, la oferta de Traylon S.A. propone trasladar la Sala de Póker, denominada por éste como “PokerRoom”, al sector sureste de planta baja. En la planta alta, instala en el sector noreste un sector vip de fumadores (con bar, 45 máquinas tragamonedas, 2 mesas de carteado y 2 mesas de ruletas); en el sector central de la planta alta, propone 4 mesas de ruleta y 7 mesas de carteado); y en el sector noroeste 66 máquinas tragamonedas. El Art. 11 inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas establece que el Local deberá contar con: “espacio destinado a la instalación y funcionamiento de la Sala de Juego destinado a los Torneos de Póker a realizar por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en el espacio actual ubicado en el cuadrante noreste de la planta alta del Local y con una superficie de ciento veinte metros cuadrados (120 m2)”. Es decir, se exige que la Sala de Póker continúe en el espacio actual con una superficie mínima de 120 m2, no posibilitando su traslado a planta baja como así lo ha propuesto el Oferente. Sin embargo, y en similar sentido de la Oferta de Desarrollos Maipú S.A., la Comisión considera que ello no provoca la inadmisibilidad de la oferta de Traylon S.A. (Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). Las Ofertas contienen un Proyecto de Reformas del Local, de conformidad al Art. 13 inc. o) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; siendo el Adjudicatario quien deberá presentar un “proyecto ejecutivo definitivo” y “propuesta de layout” (Art. 1 inc. a) y b) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas) el cual será revisado y aprobado por el IPJyC. Dicho Proyecto Ejecutivo Definitivo deberá cumplimentar con las exigencias de los pliegos licitatorios. En resguardo del principio de validez de la oferta, de concurrencia, de competencia y de informalismo a favor del administrado, bajo una interpretación favorable a la consideración de la oferta con meros defectos formales que no afectan su validez, la Comisión considera que existen elementos de convicción suficiente que le permiten concluir que el Oferente podrá readecuar su propuesta, en caso de resultar adjudicatario, no constituyendo ello una modificación sustancial en la oferta, ni tampoco alterando los derechos y obligaciones comunes de los Oferentes. En este sentido, es posible la redistribución del layout propuesto instalando la “PokerRoom” en el cuadrante noreste de planta alta, y en su caso la sala vip de máquinas tragamonedas en el lugar donde ha propuesto la “PokerRoom” o en otro lugar que se considere adecuado debido a la disponibilidad de espacios dentro de la Sala, sin alterar la esencia de la propuesta y no modificando el parque de máquinas propuesto dentro de los metros disponible de sala. Es decir, la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 22 de 138 instalación de una “PokerRoom” en planta baja no afecta sustancialmente a la oferta en su esencia, ni tampoco la cantidad de máquinas tragamonedas propuestas a instalar; pudiendo ser reubicada al presentar el “proyecto de ejecución definitivo” en caso de resultar éste adjudicatario. Ello debido a que no debe perderse de vista que la prestación solicitada, o sea el objeto de la presente licitación es la prestación del servicio de máquinas tragamonedas, lo cual se encuentra plenamente garantizado con el número de máquinas propuestas en razón de los metros disponibles en la Sala. No obstante lo señalado, la Comisión sí ha tenido en cuenta el presente defecto de la oferta al valorar la pauta “distribución de los espacios”, no otorgando puntaje alguno. En conclusión, con la finalidad de procurar que el IPJyC obtenga adecuadas alternativas de selección, propiciando la concurrencia y competencia, al tratarse de un defecto que no afecta aspectos esenciales de la validez de la oferta y que puede subsanarse sin colocarla en ventaja con relación a los demás oferentes, no conllevando por tanto como sanción su desestimación.” Queda claro que el IPJC mantiene el criterio antes expuesto, adhiriendo a la doctrina mayoritaria adoptada por la Fiscalía de Estado, realizando una interpretación sistémica del pliego de condiciones que pondera el principio de igualdad y no lesiona derechos de los oferentes. iv) Cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley N°9.237 “Programas de Integridad – Compliance”: Considero que la normativa nacional N°27.401 establece una obligación a cargo de las personas jurídicas, a beneficio de ellas a los efectos de analizar su responsabilidad penal en caso de ser necesario. En concordancia con ello, la ley provincial en su art. 5solo determina que: “Al momento de su inscripción o de la renovación dela misma en los registros correspondientes, las personas jurídicas privadas comprendidas en la presente Ley deberán presentar una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en Ley N°27.401 y el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia”. Tomando este criterio es que los Pliegos que rigen la Licitación no han contemplado al Programa de Integridad como requisito de admisibilidad de la oferta. Dichos parámetros están fijados en el Art. 17° del pliego de condiciones generales, por lo que dicho argumento resulta inadmisible. No obstante ello, teniendo en consideración el criterio mencionado por Fiscalía de Estado en el Dictamen 999/21 respecto al programa de integridad, se ha dado cumplimiento por parte de los tres oferentes a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.401 y Ley Provincial N° 9.237. En este sentido, los tres oferentes han presentado declaración jurada del programa de integridad, mediante sus respectivos representantes legales, al suscribir las respectivas ofertas por el Sistema Compr.Ar, las que expresamente manifiestan: “El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos datos se detallan al comienzo, existe un programa de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401”. Además, tanto Desarrollos Maipú S.A. como Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. han acompañado documentación relativa a sus respectivos programas de integridad. Desarrollos Maipú S.A. presenta en Orden N° 155 (Código de Ética, Programa de Integridad aprobado por Acta de Directorio de fecha de 11 de febrero de 2021, Manual de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de terrorismo). Respecto a Traylon S.A. en Orden N° 283 (Código de Ética y Conducta), Orden N° 282 (auditoría interna respecto al Programa de Integridad implementado), en Orden N° 285 (Programa de Control y Prevención de Lavado de Dinero), en Orden N° 287 (DDJJ de los empleados del conocimiento y aceptación del Código de Conducta), en Orden N° 290 y 291 (presenta DDJJ de proveedores del conocimiento del Programa de Integridad y Código de Conducta).Por último, Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. acompaña el “Archivo 31.1 – Programa de Integridad NPHM SA.pdf” dentro de los Requisitos Mínimos Administrativos (https://drive.google.com/drive/folders/1Cs64YluFXx9HYW-X-_E-FB-BjDPlE7_q?usp=sharing). En virtud de lo expuesto, este Asesor considera que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 9237 por parte de la totalidad de los oferentes. v) Cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas: Con respecto a este punto, el canon mensual constituye objeto de la pugna licitatoria no pudiendo interferir el IPJC en el porcentaje que oferta cada participante. De conformidad con ello el canon que se ofrece debe ser considerado como final y comprensivo de todos los impuestos y cargas que graven el objeto licitado. La cotización de la oferta importa el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto, debiendo el Oferente asegurarse que su cotización cubra todas las obligaciones emergentes del contrato y las prestaciones que se encuentran incluidas para el fiel y estricto cumplimiento de dichas obligaciones (es decir, impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pudiera incidir en el valor final del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Subsecretaría Legal y Técnica - Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Página 23 de 138 BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ servicio). Ello de conformidad al criterio vertido por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictamen 298:156). Se aclara además, que el IPJC ante una consulta aclaratoria realizada por los oferentes en el marco del proceso licitatorio, expresó que: “El objeto de la contratación de la presente Licitación Pública es una prestación de servicios. A los fines impositivos, la actividad principal del Adjudicatario es bajo el COD. 920009”. El mencionado código es el que grava la actividad objeto de la presente licitación pública. Conclusiones: En merito a lo expuesto, actuaciones obrantes en autos, documentación acompañada, lo informado por las áreas intervinientes y específicas en la materia de análisis, una vez salvadas las observaciones realizadas por Fiscalía de Estado, esta Gerencia de Legales estima que no existen observaciones legales que formular para que el Directorio dicte acto administrativo de adjudicación para la contratación en estudio en los términos y alcances recomendados por la Comisión de Pre Adjudicación, haciendo uso de las facultades conferidas por Ley 6362 en sus arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 21º inc. A) y punto X) y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 142, 149 y cctes. de la Ley N°8706 y su Decreto Reglamentario N°1000/15. Con carácter previo deberá elaborarse nuevo proyecto de resolución y posterior reenvío a esta Gerencia de Legales para su intervención de ley. Cumplido ello deberán las presentes actuaciones ser remitidas nuevamente a Fiscalía de Estado, todo salvo mejor criterio de la Superioridad”. Que en Orden N° 464 obra Proyecto de Resolución con las sugerencias emitidas por Fiscalía de Estado, y en Orden N° 466 Gerencia de Legales expresa que: “se ha verificado la correcta adecuación del mismo al ordenamiento jurídico aplicable en la materia y a los requerimientos consignados por Fiscalía de Estado por lo que no existen objeciones legales que formular, salvo mejor criterio de la superioridad”. Que en Orden N° 467 Directorio eleva las actuaciones a Fiscalía de Estado. Que en Orden N° 471 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, que manifiesta: “…En este estado toma intervención Fiscalía de Estado en el marco de las atribuciones que ejerce como Ministerio Público (protección del interés público y de los intereses colectivos) y del Ministerio Fiscal (defensa del patrimonio de la colectividad y del Estado) -art. 177 de la Constitución Provincial, Ley Nº 728, Decreto Nº 1.428/18 y normas complementarias-, estimando oportuno realizar las siguientes consideraciones: 1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE FE – PREVIO DE ORDEN 453: Habiendo sido remitidas las presentes actuaciones administrativas a dictamen e intervención de esta F.E, oportunamente se requirió – por nota N°0125/22 de orden 453 – como medida de mejor proveer: 1) la AMPLIACIÓN del dictamen de orden 446, especialmente en lo referido a las observaciones de naturaleza y/o incidencia jurídica o vinculada con ellas, realizadas entre los oferentes, con recomendación precisa y expresa sobre su aceptación o rechazo, particularmente en lo relativo a: i) garantía suficiente de mantenimiento de ofertas; ii) conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus miembros); iii) reubicación de sala de torneos de póker contenida en la oferta presentada por Traylon S.A.; iv) cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley N°9.237 “Programas de Integridad – Compliance”, conforme lineamientos del Dictamen N°0999/21 de esta DAA; v) cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas, entre otras que se pudiesen estimar de relevancia jurídica: 2) modificación y ampliación del proyecto de resolución de orden 448, con expresa mención y tratamiento de las observaciones formuladas por los oferentes, referencia de la normativa esencial que rigió el procedimiento, y de las previsiones normativas que fundan la COMPETENCIA del Directorio IPJYC para resolver la adjudicación del presente procedimiento licitatorio y adecuación de la parte resolutiva; y 3) incorporación de copias fieles de las constancias que acrediten la materialización de las publicaciones previstas en el art. 142 de la Ley N°8.706 y Decreto N°1.000/15 –Boletín Oficial, diario de amplia circulación y sitio web de la DGCPYGB-, tanto de la resolución que autorizó el llamado a licitación pública, como la de prórroga de la fecha de apertura de ofertas. Según se desprende de las constancias de autos, sintetizadas en el Punto I del presente, considero que los requerimientos formulados por esta DAA han sido debidamente cumplidos, habiéndose formulado el dictamen legal ampliatorio3 (orden 462) e incorporado proyecto de norma rectificado (orden 464) y constancias de publicaciones pertinentes (orden 458). 2. SOBRE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO INSTAURADO – CONSIDERACIONES GENERALES – MARCO NORMATIVO: Conforme las constancias de autos –sintetizadas en el punto I- , y en el ámbito del control de juridicidad -sin que lo aquí expuesto Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 24 de 138 importe una manifestación sobre cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, reservados a la razonable valoración de la autoridad administrativa competente-, considero que el presente procedimiento se habría desarrollado conforme las previsiones normativas generales vigentes y aplicables al caso. En tal sentido, en este caso motivo de análisis, se observa que se ha recurrido al procedimiento general de contratación denominado “Licitación Pública”, previsto en los arts. 37º de la Constitución de Mendoza, 139 de la Ley N°8.706 y 112, ap. III. de la Ley N°9.003. Ello en tanto el procedimiento general y regla para la selección del cocontratante del Estado Provincial (administración centralizada y/o descentralizada), surge de la disposición contenida en el Artículo 37º de la Constitución Provincial en cuanto expresa: “Toda enajenación de bienes del fisco, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente por esa forma y de un modo público bajo pena de nulidad ...salvo las excepciones que la ley determine en cuanto se refiere a la licitación”. La licitación (en sentido genérico tanto pública como privada) es un procedimiento legal y técnico que permite a la Administración Pública realizar una operación no sólo más ventajosa, sino también de acuerdo con las reglas jurídicas de índole constitucional. Los contratos administrativos implican colaboración particular en la gestión administrativa y esa colaboración debe atribuirse sobre la base de la igualdad de proponentes y la elección del más conveniente. La licitación, pública o privada, ofrece ventajas indudables, pues asegura generalmente los precios más ventajosos, elimina los favoritismos y las colusiones dolosas en la contratación administrativa, permitiendo un contralor eficaz, sin perjuicio de convertirse a veces en un procedimiento artificial, lento y rígido; dejando ante todo un saldo favorable que no deja dudas sobre su conveniencia. Incluso se han previsto en distintos regímenes, mecanismos de participación pública en la elaboración de las normas de efectos generales, lo que surge no solo por los procesos de corrupción estatal verificados en diversos países sino que ha sido considerada obligación implícita en la Constitución Nacional por la doctrina desde hace ya tiempo (Agustín A. Gordillo, “La administración paralela”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1982, p. 32) y se encuentra exigida como obligación de los Estados por norma supranacionales que los obligan expresamente (art. 75 inc. 22 CN). Tales son el Pacto de San José de Costa Rica (art. 23.1), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21.1), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XX) (ver Agustín A. Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 2, 4° edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000, p. XI-4). Nuestro país ha suscripto, además, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 24.759) que en su art. III, p. 5, establece la obligación de implantar “sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”; y también, más recientemente, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 26.097) donde se han previsto sistemas de prevención estableciendo que en “esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas, b) la formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación”, quedando claramente establecido que la publicidad, la participación y los controles constituyen mecanismos de indudable eficacia a la hora de procurar enfrentar el grave problema que nos aqueja en la gestión de los intereses públicos. 3. SUBSUNCIÓN DEL CASO A LAS PREVISIONES NORMATIVAS: Atento a lo expuesto, en el caso venido a dictamen considero que “prima facie” se habrían cumplimentado los pasos esenciales que se establecen para los procedimientos licitatorios en la Ley Nº8.706, el Decreto N°1.000/15, pliegos que rigieron la licitación (órdenes 72, 73 y 80), y disposiciones de la DGCPYGB, esto es: en orden 82 rola la Solicitud de Contratación (art. 139, punto “b” del Dec. N°1.000/15, y art. 1° de la Disposición DI-2019-036-E-GDEMZA de la DGCPYGB); en órdenes 84, 85, 86 y 458, se adjuntan constancias de las publicaciones de pliegos en la WEB (sistema Compr.ar), en el Boletín Oficial y en Diario Los Andes, de la Resolución N°318 que aprobó el llamado a licitación y de la prórroga autorizada por Resolución N°370 del INPJYC (art. 142, punto 2. del Dec. N°1.000/15); en orden 133 rola el Acta de Apertura (art. 149, 3° y 4° párrafo, del Dec. N°1.000/15); en orden 409, Cuadro comparativo de ofertas; en órdenes 135/248, oferta de DESARROLLOS MAIPÚ S.A., en órdenes 249/382 oferta de TRAYLON S.A.; en órdenes 383/402 oferta de NUEVA PLAZA HOTEL MENDOZA S.A. UTE; en órdenes 403/408 oferta de FUENTE MAYOR – NEW STAR CASINO CENTRAL Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 25 de 138 UTE; en órdenes 410/412 lucen las observaciones realizadas por los oferentes, a órdenes en 414/418 lucen las respuestas de los oferentes a las observaciones (art. 149 parte pertinente del Decreto N°1.000/15); en orden 440, rola el Dictamen de Preadjudicación4 (art. 132 inc. “d” de la Ley N°8.706 – en cuanto resulta aplicable-, art. 149, parte pertinente, en todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión de Preadjudicación, y art. 18 del PBCG); en orden 444 el Volante de Imputación Preventiva (arts. 80, y 81 de la Ley N°8.706, y arts. 80 y 81 en cuanto resulta aplicable del Dec. Reg. N°1.000/15); en órdenes 446 y 462 dictamen legal y ampliación a pedido de esta FE (art. 35 inc. “b” de la Ley N°9.003); en orden 464 se observa el proyecto de norma ampliado, según fuere requerido en previo de esta DAA de orden 453 (art. 1° del Decreto N°1.428/18). No obstante corresponde formular las siguientes consideraciones: 3.1. PUBLICIDAD DEL ACTO DE APROBACIÓN DEL LLAMADO Y PRÓRROGA: En relación a la publicación del acto – Resolución N°318 del INPJYC obrante a orden 78 - que autorizó el llamado y dispuso el cronograma de fechas del procedimiento, según las constancias de órdenes órdenes 84, 85 y 86 (pub. B.O., pub. en el Sistema Compr.ar y aviso Diario Los Andes), considero que se ha dado cumplimiento a lo exigido por el art. 142, inc. 25 del Decreto N° 1.000/2015, ello en razón de que el presente procedimiento se encuentra comprendido en las licitaciones que superan 25 veces el valor del monto establecido en el art. 626 de la Ley N°9.356 (monto indicado por la ley -como máximo- para efectuar las contrataciones directas). Asimismo corresponde mencionar que la prórroga de la fecha de apertura de sobres – dispuesta por Resolución N° 3707 de orden 117 – también fue publicada conforme se desprende de orden 458 (constancia de pub. B.O, Diario Los Andes y en el Sistema Compr.ar). Por todo ello, entiendo debidamente cumplida la finalidad de “publicidad” y “transparencia”, prevista en la norma ut supra mencionada y en la disposiciones8 complementarias y opiniones consultivas9 de la DGCPYDB. 3.2. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS OFERENTES: Entrando en el análisis particular del procedimiento instaurado, merece especial mención lo relativo a las observaciones e impugnaciones formuladas por los oferentes entre sí, cuyas copias obran en órdenes 410/41210 y sus respuestas y/o descargos que lucen en órdenes 414/418, las que si bien fueron prima facie analizadas de modo razonable y expreso por la Comisión de Pre-adjudicación en el informe incorporado en orden 440, considero que no contaron con un análisis jurídico específico por parte de la Gerencia de Legales del INPJYC, no al menos las que podían poseer incidencia y/o relevancia jurídica y normativa. Justamente dicha omisión de pronunciamiento fue lo que motivó la solicitud de esta DAA (nota N°0125/22 de orden 453), para que se incluyera dictamen legal ampliatorio 11 , al que me remito en honor a la brevedad y que finalmente fue efectivamente incorporado a las presentes actuaciones administrativas (orden 462). Es importante poner de relieve que la Comisión de Preadjudicación en su informe (obrante a orden 440) rechaza todas las observaciones presentadas, las cuales han sido sintetizadas previamente (nota N°10), sin perjuicio de lo cual se advierte que: 1) Respecto de las impugnaciones formuladas hacia la oferta de TRAYLON S.A. por la propuesta de reubicación de la “Sala de Juego destinada a los Torneos de Póker”, la Comisión si bien rechaza las mismas por considerar que ello “no provoca la inadmisibilidad de la oferta de Traylon S.A. (art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)”12, si ha sido tenido en cuenta el defecto de la oferta al valorar la pauta “distribución de los espacios”, no otorgando puntaje alguno en dicho punto. 2) En relación a la acreditación de los ODS de parte de TRAYLON S.A. la Comisión, si bien rechazo las observaciones formuladas por los otros oferentes, indicó que: “… No obstante ello, la Comisión no ha tomado en consideración ninguno de los “objetivos a alcanzar” señalados por Traylon S.A. a los efectos de la evaluación de puntaje del presente criterio, en tanto constituye una acción a realizar a futuro. El artículo señala específicamente que deben ser acciones ya implementadas, es decir realizadas en el pasado, no siendo posible por tanto valorar aquellas acciones a realizar a futuro…”, lo que finalmente se ve reflejado en la asignación de punta en la Grilla de Evaluación. En términos generales, no existen objeciones legales que formular al procedimiento hasta aquí articulado y al tratamiento de las observaciones y sus respuestas, compartiendo las conclusiones tanto de la Comisión de Preadjudicación como de la Gerencia de Legales del INPJYC en su dictamen ampliatorio, con las salvedades que se indican a lo largo del presente. 3.3. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N°9.237: En lo relativo a este aspecto, y si bien ha sido abordado por la Gerencia de Legales del INPJYC por pedido expreso de esta DAA –punto 1.2. de la nota N°0125/22 de orden 453–, con una razonable fundamentación en el dictamen ampliatorio13 que glosa en orden 462, entiendo pertinente traer a colación lo sostenido en dictámenes N°0999/2114 y N°0320/2215 de esta DAA, en donde oportunamente se dijo: “…Cabe recordar que el mencionado cuerpo normativo contenido en la Ley Nº Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 26 de 138 9.237 estableció, en términos generales y aplicable al caso, la adecuación16 de la legislación provincial a los lineamientos previstos por la Ley N°27.401, determinándose en su art. 217 - sujeto a reglamentación18 - que para contratar con el Estado Provincial, las empresas privadas deberán cumplimentar un Programa de Integridad. Los programas de compliance son unos de los pilares de la Ley N°27.401 y tienen por principal objetivo estimular por parte de las personas jurídicas la adopción de mecanismos tendientes a la prevención de delitos. Conforme la propia definición legal, consisten en "sistemas de control y supervisión"19, que receptan un "conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley"20. En consecuencia, el contenido material del programa se encaminará a tal objetivo. Conforme la ley mencionada, existe una serie de elementos y requisitos obligatorios que todo programa de compliance debe cumplir a ciertos fines legales, los que se expondrán a continuación. En relación con tales elementos obligatorios, el art. 23 de la Ley N°27.401 establece que "... deberá contener, ... al menos los siguientes elementos:"a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;"b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;"c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados". De la conjugación de las disposiciones de la Ley Nacional y su correlato en la órbita provincial, y atento a las disposiciones que rigieron el procedimiento licitatorio, se observa que, conforme advierte el Asesor Letrado interviniente del IPJYC y que plasma en los considerandos de la Resolución N°382/21, se ha dado cumplimiento a la disposición contenida en el PBCP –art. 26- en tanto se ha presentado la correspondiente Declaración Jurada (recaudo que fue cumplimentado por los tres oferentes participantes y a los que dio expreso tratamiento la Comisión de Preadjudicación remitiendo al mismo), por lo que no es cuestionable la admisión de las ofertas presentadas por presunto incumplimiento de este recaudo (el que por otro lado no era un recaudo de admisibilidad de la oferta). Ahora bien, observo sin embargo que debería haberse dado efectivo cumplimiento a las restantes disposiciones contenidas en la Ley N°9.237 (y Ley Nacional a la cual me remito, que imponen el cumplimiento de diversos recaudos en su arts. 22 y 23) al suscribirse el respectivo contrato y en tanto las mismas sean operativas y no requieran de reglamentación. Ello, en tanto la mencionada disposición es de orden público y en virtud del principio de jerarquía normativa vigente en los procedimientos administrativos de contratación, su aplicación deviene incuestionable, al menos en los aspectos que resulten operativos en el marco del análisis de la legislación provincial y nacional citada y que resulta aplicable (art. 1 y cctes. de la Ley N°9.237 y art. 1, inc. I, b) de la Ley N°9.003) y en todos aquellos aspectos que la misma sea operativa toda vez que la falta de reglamentación en la provincia de Mendoza no obsta su vigencia respecto de ese tipo de disposiciones 21, especialmente en el presente supuesto en atención a la relevancia y complejidad del objeto licitado y la natural entidad de las empresas y/o grupos económicos que normalmente se presentan como oferentes. En efecto, cabe recordar que he sostenido en forma invariable que el principio de “jerarquía normativa” tiene en el ámbito administrativo, entre otras derivaciones, la de que la actividad administrativa que se despliega en los procedimientos licitatorios tiene determinadas consecuencias, a saber 22: debe sustentarse en normas jurídicas, cualquiera sea su fuente constitucional, legislativa o administrativa (“Normatividad jurídica”); ninguna norma o acto emanado de un órgano inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otros de rango superior; las normas u órdenes del superior no pueden ser derogadas o rectificadas por el inferior –en tanto ello atañe a la unidad del sistema y al normal desenvolvimiento del orden jurídico (art. 31 de la C.N.)- (“Jerarquía Normativa”23); la administración no puede conceder prerrogativas o privilegios a unos y negar arbitrariamente derechos a otros, estando obligada a dar participación igualitaria a los interesados cuando existen intereses contrapuestos (principio de contradicción), debiendo cumplir indefectiblemente con las previsiones de los Pliegos de Condiciones para poder concurrir al procedimiento, ya que éstos son “la ley del contrato” que obligan por igual a los administrados interesados y a la administración (vg. “Radeljak” 24; y SCJ Provincia de Mendoza, en “Rukán SRL c. Mun. De Malargüe s/apa” 25, “Fiat Auto Argentina c. Prov. de Mendoza s/apa” 26, “CEMPSA c. provincia de Mendoza s/apa” 27 (“principio de igualdad” 28); todo acto de la administración debe encontrar su justificación en preceptos legales y en hechos, conductas y circunstancias que lo Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 27 de 138 causen, debiendo existir una relación lógica y proporcionada entre el consecuente y el antecedente, entre el objeto y el fin (art. 28 de la C. N.) (“principio de razonabilidad”), y la posibilidad de control judicial posterior -judiciabilidad de los actos de la administración- (“principio de control judicial posterior”)29 .Así las cosas, considero que las disposiciones operativas contenidas en la Ley Nº9237 y Ley Nacional Nº27.041 a la cual adhiere, son de aplicación en el procedimiento licitatorio, por obvias razones de jerarquía normativa, existiendo incluso expresa obligación de cumplimentar con este tipo de programas reconocida en el mismo PBCP (en cuanto exige la presentación de la correspondiente declaración jurada que debe tener su lógico correlato en la existencia del Programa de Compliance requerido y el cual incluso fue objeto de consulta) y habiendo cumplimentado incluso los oferentes la presentación de la correspondiente “declaración jurada” al respecto al materializar sus propuestas en el procedimiento licitatorio (conforme art. 26 de los PBCP), resulta procedente subsanar la omisión en cuanto a la presentación del Programa de Integridad referido, dando cumplimiento a las disposiciones operativas contenidas en las leyes de marras (especialmente arts. 6 de la Ley N°9237 y 21 y 22 de la Ley Nacional N°27401)…” y 21 y 22 de la Ley Nacional N°27401)…” 3.4. INSCRIPCIÓN EN EL R.U.P. Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS OFERENTES: Corresponde indicar, en el marco del control de juridicidad que se realiza desde esta F.E, que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones administrativas los tres oferentes contaban con el Certificado de Inscripción3 0 en el Registro Único de Proveedores de la DGCPYGB al momento de presentar sus ofertas (aún actualmente vigente31), lo que fue tenido en cuenta por la Comisión de Preadjudicación en ocasión de presentar su informe obrante en orden 44032 . Ahora bien es importante que la Autoridad Administrativa, en ocasión de emitir el acto adjudicación, controle y/o tome los recaudos pertinentes para asegurar la vigencia de la inscripción en el RUP del oferente que resulte adjudicatario, habida cuenta del pronto vencimiento de las inscripciones individualizadas en nota N°30, el cual opera el día 30/06/2022 para las tres empresas que compiten en el presente procedimiento licitatorio. Dentro del ordenamiento normativo provincial 33 la Ley N°8.706, en su artículo 135° dispone: “Créese el Registro Único de Proveedores, en el que se deberán inscribir los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con los órganos incluidos en la presente norma, donde se consignarán sus antecedentes legales, económicos y comerciales…”, y su correlato en el Decreto Reg. N°1.000/15 determina que: “…En dicho Registro se inscribirán todas las personas físicas y jurídicas que pretendan ser oferentes en los distintos procesos de contratación que lleve a cabo el Sector Público Provincial, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones para inscribirse dispuestas en el presente Reglamento ” En sentido casi idéntico al decreto reglamentario citado, el Pliego de Bases y Condiciones Generales34 que se encuentra incorporado en orden 80, determina que: “Artículo 10: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Para poder presentar propuestas, el Oferente deberá estar Inscripto en el Registro Único de Proveedores – (R.U.P.) dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. El proveedor inscripto en el R.U.P. tendrá el derecho de participar en todas las contrataciones que se realicen en los distintos Organismos Licitantes (…)”. Como he sostenido en dictamen N°0567/2135: “Este requerimiento (de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado) no es un mero requisito formal sino un acto que otorga garantías de real cumplimiento de conocimiento de la materia, de las modalidades de contratación y de antigüedad del servicio, ya que, si bien la Administración no debe imponer condiciones restrictivas y/o de imposible cumplimiento que impidan el acceso a la contratación, es necesario que formule un estricto y profundo análisis de la capacidad y condiciones en las que se puede encontrar el particular oferente. En este sentido las diversas técnicas legislativas han propuesto soluciones y mecanismos diversos, siendo uno de ellos la instauración de registros públicos de proveedores. En principio la previa inscripción en un registro significa un recaudo de habilitación, como condición subjetiva para poder presentarse como oferente en un procedimiento licitatorio, siendo ésta una herramienta que le posibilita a la Administración conocer, previamente al llamado a licitación, el grado de suficiencia o insuficiencia de los oferentes. La idoneidad, capacidad técnica, moral, económica y financiera de los particulares queda acreditada con la inscripción registral pertinente 36, lo cual ha recibido recepción jurisprudencial inclusive 37 . Así, cabe entender que la inscripción es una suerte de patente de idoneidad para poder ejecutar la prestación objeto del futuro contrato, por eso se la ha denominado también "habilitación de los licitadores", "calificación de los oferentes" o "condiciones subjetivas de los licitadores", lo que demuestra la relevancia de ese condicionamiento normativamente establecido 38…”. 4. COMPETENCIA DEL DIRECTORIO DEL IPJYC: Compartiendo lo indicado por la Gerencia de Legales (orden 462), considero que el Directorio del IPJYC Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 28 de 138 resulta competente para adjudicar la licitación pública que se tramita en autos, tal como se encuentra previsto en proyecto de resolución adjuntado en orden 464, conforme surge de los arts. 139, 146 y c.c. de la Ley N°8.706, arts. 139, 146 y c.c. del Decreto N°1.000/15, art. 62 de la Ley N°9.356 y específicamente de los arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) de la Ley N°6.362 (de creación del INPJYC), y Resolución de Directorio N°370/21 (citada como “371/21” en el dictamen ampliatorio y en el proyecto de norma rectificado, por posible error material). 5. PROYECTO DE NORMA: En relación al proyecto que obra en orden 464, cabe señalar que desde el punto de vista formal y general, no tengo observaciones legales que formular, encontrándose “debida y suficientemente motivada, lo que en el presente supuesto es obligatorio en razón de lo prescripto por el art. 45 incs. a) y d) última parte de la Ley Nº9.003, cumplimentando además los recaudos básicos respecto a la configuración de los actos administrativos en relación al objeto, competencia, voluntad y forma (arts. 28 a 45 de la Ley Nº9.003), encontrándose asimismo receptadas las recomendaciones y puntos que fueren indicados mediante nota N°0125/22 de esta DAA (orden 453). IV.- ALCANCES DEL CONTROL DE F.E. Por último corresponde dejar expresa constancia de que el control efectuado por este órgano al emitir el dictamen está circunscripto a la ”juridicidad” del procedimiento, sin que su pronunciamiento importe manifestación alguna sobre cuestiones técnicas (ajenas a su incumbencia) o de mérito, oportunidad o conveniencia (asignadas a los órganos de la administración activa), conforme doctrina sentada en reiteradas oportunidades por la Procuración del Tesoro de Nación , valorando además los aspectos tratados conforme los informes de los órganos consultivos competentes, según doctrina sentada por el órgano nacional aludido . V. EN CONCLUSIÓN y en virtud de lo expresado en los párrafos precedentes, dictámenes, doctrina y jurisprudencia a la cual se remite, considero que en el marco de las previsiones del art. 37 de la Constitución de Mendoza, arts. 80 y 92 inc. a) –en lo que resulte aplicable-, 132 inc. “d”, 139, y cc. de la Ley N°8.706, arts. 80 –en lo que resulte aplicable-, 142, 146 y cc. del Decreto N°1.000/15, arts. 18 y 22 del PBYCG de la DGCPYGB, arts. 28 a 45, 112, ap. III. de la Ley N°9.003, Ley N°9.356, Ley N°9.237 y normas que resultan aplicables analógica, supletoria o subsidiariamente, puede procederse a la emisión del acto de adjudicación, con las observaciones y salvedades indicadas en el presente…”. Que en Orden N° 473 el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Fernando Mario Simón, comparte en todos sus términos el dictamen legal obrante en Orden N° 471, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, y remite las presentes actuaciones I.P.J.yC. para que, con las observaciones y salvedades indicadas, se continúe con su debida tramitación. Que en Orden N° 474 interviene el Directorio y expresa: “Atento al dictamen de Fiscalía de Estado en orden N° 471 y lo expresado por el Fiscal de Estado en orden N° 473, pase al Departamento de Secretaría General Administrativa a efectos de elaborar Proyecto de Resolución”. Que el Directorio coincide con el Informe de la Comisión de Preadjudicación y los dictámenes obrantes en Órdenes N° 446 y 462, tanto respecto al tratamiento a las observaciones realizadas por los Oferentes como respecto a la evaluación de las ofertas y la Grilla resultante. Que respecto a las observaciones, corresponde el rechazo de aquellas que atacan la admisibilidad de las ofertas, en tanto ninguna de estas últimas incumple los requisitos esenciales no subsanables de conformidad a la normativa que rige al procedimiento licitatorio (Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). Que ciertas observaciones como es el incumplimiento por parte de Desarrollos Maipú S.A. al Código de Construcción Urbana de la Municipalidad de Godoy Cruz, la reubicación de Sala de Póker por el Oferente Traylon S.A., y la acreditación de ODS por parte de Desarrollos Maipú S.A. y Traylon S.A., fueron parcialmente admitidas, teniendo consecuencia únicamente al valorar la oferta en el respectivo criterio de evaluación. Respecto a las dos primeras observaciones señaladas, se otorgó cero puntos en la pauta valorativa pertinente; y en relación a las dos últimas observaciones, no se tuvieron en cuenta al valorar el Criterio N° 2 los siguientes documentos: Acuerdo Marco de Acciones para el entrenamiento de trabajo, material fotográfico relacionado a los ODS N° 1, 6, 11 y 15, Convenio de Cooperación con la Universidad Siglo XXI, Acuerdo de Pasantías presentado con la UTN, planilla del control de los aires acondicionados, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 29 de 138 anexos presentados en cumplimiento del ODS N° 17 (presentados por Desarrollos Maipú S.A.); y “objetivos a alcanzar” y Manual de Responsabilidad Empresaria para Proveedores Ley N° 27.401 (presentados por Traylon S.A.), todo ello de conformidad a los argumentos señalados por la Comisión de Preadjudicación. Que el procedimiento licitatorio se efectuó bajo el fuerte convencimiento de que todo ente licitante debe resguardar el principio de validez de la oferta, de concurrencia, de competencia y de informalismo a favor administrado, efectuando una interpretación favorable a la consideración de la oferta con meros defectos formales que no afectan su validez. Que, teniendo en cuenta la solicitud de Fiscalía de Estado obrante en Orden N° 460, y la ampliación del dictamen jurídico en Orden N° 462: “las causales de inadmisibilidad han sido previstas expresamente en el art. 17 del pliego de condiciones generales y receptadas en el art. 19 del pliego de condiciones particulares, por lo cual no estando incursa ninguna de las ofertas en las referidas en los citados artículos, corresponde rechazar las observaciones efectuadas en tal sentido por los oferentes, declarándoselas admisibles y sujetas al examen de conveniencia pertinente” (cfr. dictamen obrante en Orden N° 462). Que en particular, en consideración a las observaciones específicamente mencionadas por Fiscalía de Estado en el Punto 1.2 y 2.1 de su intervención obrante en Orden N° 453 y a lo dictaminado en Orden N° 462: a) con relación a la garantía suficiente de mantenimiento de ofertas: “La situación se encuentra reglada en los arts. 15 y 17 del pliego de condiciones generales que establecen la garantía de mantenimiento de oferta como un requisito esencial que debe cumplirse al momento de presentación de la misma. Se advierte que este requisito ha sido cumplido por la totalidad de los oferentes. En relación a la observación planteada por la UTE Plaza Central al oferente TRAYLON S.A. peticionando el rechazo de dicha oferta por sostener que la misma no acompaña declaración jurada de reaseguro, comparto lo actuado por la comisión de preadjudicación. Traylon S.A. da cumplimiento al Art. 10 inc. c) del pliego de condiciones particulares al presentar en forma física y en tiempo y forma la póliza de seguro de caución original y luego la declaración jurada de reaseguro. El Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que: “b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión cuando el documento debidamente firmado y escaneado, no se hubiere anexado en la oferta electrónica y/o cuando no se presente ante su requerimiento, el soporte papel que instrumenta la misma. En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas intimará al oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.” Por tanto, la omisión señalada no constituye un requisito esencial de admisibilidad contemplado en los pliegos y que puede ser subsanado, hecho que efectivamente produjo TRAYLON S.A., incluso con anterioridad a intimación efectuada por la Administración” (cfr. Orden N° 462); b) en relación a la conformación y términos del contrato de PLAZA CENTRAL UTE (responsabilidad solidaria de sus miembros): “Con respecto a este punto, comparto plenamente el análisis legal efectuado por la comisión de preadjudicación, el cual analizando las observaciones efectuadas a PLAZA CENTRAL UTE que denotan una contradicción entre el alcance de la obligación solidaria determinado por el convenio de la UTE y la expresa declaración de sus integrantes ante este IPJC concluye: “La Comisión considera que la observación debe rechazarse, siendo admisible el acuerdo marco presentado a los fines de la implementación de la UTE en caso de resultar adjudicatario de la Licitación Pública en trámite. La Comisión analizó la cláusula quinta del acuerdo propuesto, la que expresa: “A los efectos del cumplimiento de la UT las Partes acuerdan las siguientes obligaciones que asumirán una vez constituida la UT: ******”, no estableciendo en este sentido obligaciones para las personas jurídicas que integran la UTE. En el régimen jurídico de las UTE no se presume la solidaridad, y cada integrante responde de conformidad a su participación; así, ninguno de ellos es solidario por las responsabilidades de otro de los integrantes, según su participación, ni por las obligaciones que se contraigan frente a terceros; excepto que se pacte de otra forma en el contrato (art. 1467 CCCN). La cláusula décimo segunda del acuerdo marco establece que “No se presume la responsabilidad solidaria de los integrantes de la UT por los actos y operaciones que se desarrollen o ejecuten y por las obligaciones contraídas, frente a terceros; limitando su responsabilidad al aporte Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 30 de 138 comprometido”. La cláusula establece una presunción, de carácter iuris tantum, que ha sido derrotada por las declaraciones juradas presentadas por el apoderado de Nueva Plaza Hotel Mendoza S.A. (Nicolás Martín Becerra) y por el representante legal de Mendoza Central Entretenimientos S.A. (Luis Alfredo Vila Santander), las que en sentido coincidente señalan: “me dirijo a Uds. a fin de constituirme como fiador y/o representante solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de todas las obligaciones contraídas por mi mandante a título personal y como integrante de la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS PLAZA CENTRAL, con motivo Licitación Pública - Servicio integral de máquinas - Tragamonedas Casino Central - Ex 2021-0020865 GDEMZA-INPJYC#MHYF - Resolución Directorio 318/21 - PLIEG-2021-04755675-GDEMZA-INPJYC#MHYF (artículo 13 inc. l) apartado iv).” Ello en virtud de que el Art. 13 inc. l) apartado iv. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares expresa: “En caso de tratarse una Unión Transitoria, se deberá acompañar una declaración expresa de parte de las personas jurídicas que la integren que las mismas tendrán frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos una responsabilidad solidaria e ilimitada y sin beneficio de excusión y división de bienes”. Por lo tanto, en caso de resultar adjudicatarios, los integrantes de la UTE se constituyen como deudores solidarios e ilimitados, sin beneficio de excusión y división de bienes para el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas establecidas en los pliegos licitatorios frente al Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Garantizando al IPJyC el cumplimiento solidario, ilimitado y sin beneficio de excusión y división de bienes de las obligaciones objeto de la presente licitación, independientemente de lo que pudiera ocurrir entre los consociados o con alguno de ellos porque conservando cada empresa su propia personalidad, debe sin embargo responder ‘in totum’ frente a las prestaciones contractuales comprometidas hasta la terminación del contrato” (cfr. Orden N° 462); c) respecto a la reubicación de la Sala de Torneos de Póker: “adherimos en su totalidad a lo expresado por el área técnica pertinente en el informe de la comisión de preadjudicación, el cual concluyó: “Como puede visualizarse en el archivo denominado “Layout 720 Slots Casino Central.pdf”, la oferta de Traylon S.A. propone trasladar la Sala de Póker, denominada por éste como “PokerRoom”, al sector sureste de planta baja. En la planta alta, instala en el sector noreste un sector vip de fumadores (con bar, 45 máquinas tragamonedas, 2 mesas de carteado y 2 mesas de ruletas); en el sector central de la planta alta, propone 4 mesas de ruleta y 7 mesas de carteado); y en el sector noroeste 66 máquinas tragamonedas. El Art. 11 inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas establece que el Local deberá contar con: “espacio destinado a la instalación y funcionamiento de la Sala de Juego destinado a los Torneos de Póker a realizar por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en el espacio actual ubicado en el cuadrante noreste de la planta alta del Local y con una superficie de ciento veinte metros cuadrados (120 m2)”. Es decir, se exige que la Sala de Póker continúe en el espacio actual con una superficie mínima de 120 m2, no posibilitando su traslado a planta baja como así lo ha propuesto el Oferente. Sin embargo, y en similar sentido de la Oferta de Desarrollos Maipú S.A., la Comisión considera que ello no provoca la inadmisibilidad de la oferta de Traylon S.A. (Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). Las Ofertas contienen un Proyecto de Reformas del Local, de conformidad al Art. 13 inc. o) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; siendo el Adjudicatario quien deberá presentar un “proyecto ejecutivo definitivo” y “propuesta de layout” (Art. 1 inc. a) y b) del Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Técnicas) el cual será revisado y aprobado por el IPJyC. Dicho Proyecto Ejecutivo Definitivo deberá cumplimentar con las exigencias de los pliegos licitatorios. En resguardo del principio de validez de la oferta, de concurrencia, de competencia y de informalismo a favor del administrado, bajo una interpretación favorable a la consideración de la oferta con meros defectos formales que no afectan su validez, la Comisión considera que existen elementos de convicción suficiente que le permiten concluir que el Oferente podrá readecuar su propuesta, en caso de resultar adjudicatario, no constituyendo ello una modificación sustancial en la oferta, ni tampoco alterando los derechos y obligaciones comunes de los Oferentes. En este sentido, es posible la redistribución del layout propuesto instalando la “PokerRoom” en el cuadrante noreste de planta alta, y en su caso la sala vip de máquinas tragamonedas en el lugar donde ha propuesto la “PokerRoom” o en otro lugar que se considere adecuado debido a la disponibilidad de espacios dentro de la Sala, sin alterar la esencia de la propuesta y no modificando el parque de máquinas propuesto dentro de los metros disponible de sala. Es decir, la instalación de una “PokerRoom” en planta baja no afecta sustancialmente a la oferta en su esencia, ni tampoco la cantidad de máquinas tragamonedas propuestas a instalar; pudiendo ser reubicada al presentar el “proyecto de ejecución definitivo” en caso de resultar éste adjudicatario. Ello debido a que no debe perderse de vista que la prestación solicitada, o sea el objeto de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 31 de 138 la presente licitación es la prestación del servicio de máquinas tragamonedas, lo cual se encuentra plenamente garantizado con el número de máquinas propuestas en razón de los metros disponibles en la Sala. No obstante lo señalado, la Comisión sí ha tenido en cuenta el presente defecto de la oferta al valorar la pauta “distribución de los espacios”, no otorgando puntaje alguno. En conclusión, con la finalidad de procurar que el IPJyC obtenga adecuadas alternativas de selección, propiciando la concurrencia y competencia, al tratarse de un defecto que no afecta aspectos esenciales de la validez de la oferta y que puede subsanarse sin colocarla en ventaja con relación a los demás oferentes, no conllevando por tanto como sanción su desestimación.” Queda claro que el IPJC mantiene el criterio antes expuesto, adhiriendo a la doctrina mayoritaria adoptada por la Fiscalía de Estado, realizando una interpretación sistémica del pliego de condiciones que pondera el principio de igualdad y no lesiona derechos de los oferentes” (Orden N° 462); d) respecto al cumplimiento de los oferentes de las disposiciones de la Ley N° 9.237 “Programas de Integridad – Compliance”: “que la normativa nacional N°27.401 establece una obligación a cargo de las personas jurídicas, a beneficio de ellas a los efectos de analizar su responsabilidad penal en caso de ser necesario. En concordancia con ello, la ley provincial en su art. 5solo determina que: “Al momento de su inscripción o de la renovación de la misma en los registros correspondientes, las personas jurídicas privadas comprendidas en la presente Ley deberán presentar una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en Ley N°27.401 y el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia”. Tomando este criterio es que los Pliegos que rigen la Licitación no han contemplado al Programa de Integridad como requisito de admisibilidad de la oferta. Dichos parámetros están fijados en el Art. 17° del pliego de condiciones generales, por lo que dicho argumento resulta inadmisible. No obstante ello, teniendo en consideración el criterio mencionado por Fiscalía de Estado en el Dictamen 999/21 respecto al programa de integridad, se ha dado cumplimiento por parte de los tres oferentes a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.401 y Ley Provincial N° 9.237. En este sentido, los tres oferentes han presentado declaración jurada del programa de integridad, mediante sus respectivos representantes legales, al suscribir las respectivas ofertas por el Sistema Compr.Ar, las que expresamente manifiestan: “El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos datos se detallan al comienzo, existe un programa de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401”. Además, tanto Desarrollos Maipú S.A. como Traylon S.A. y Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. han acompañado documentación relativa a sus respectivos programas de integridad. Desarrollos Maipú S.A. presenta en Orden N° 155 (Código de Ética, Programa de Integridad aprobado por Acta de Directorio de fecha de 11 de febrero de 2021, Manual de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de terrorismo). Respecto a Traylon S.A. en Orden N° 283 (Código de Ética y Conducta), Orden N° 282 (auditoría interna respecto al Programa de Integridad implementado), en Orden N° 285 (Programa de Control y Prevención de Lavado de Dinero), en Orden N° 287 (DDJJ de los empleados del conocimiento y aceptación del Código de Conducta), en Orden N° 290 y 291 (presenta DDJJ de proveedores del conocimiento del Programa de Integridad y Código de Conducta). Por último, Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. acompaña el “Archivo 31.1 – Programa de Integridad NPHM SA.pdf” dentro de los Requisitos Mínimos Administrativos (https://drive.google.com/drive/folders/1Cs64YluFXx9HYW-X-_E-FB- BjDPlE7_q?usp=sharing). En virtud de lo expuesto, este Asesor considera que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 9237 por parte de la totalidad de los oferentes” (cfr. Orden N° 462); e) con relación a los cánones mensuales de las ofertas y eventual aplicación del IVA sobre las mismas: “el canon mensual constituye objeto de la pugna licitatoria no pudiendo interferir el IPJC en el porcentaje que oferta cada participante. De conformidad con ello el canon que se ofrece debe ser considerado como final y comprensivo de todos los impuestos y cargas que graven el objeto licitado. La cotización de la oferta importa el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto, debiendo el Oferente asegurarse que su cotización cubra todas las obligaciones emergentes del contrato y las prestaciones que se encuentran incluidas para el fiel y estricto cumplimiento de dichas obligaciones (es decir, impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pudiera incidir en el valor final del servicio). Ello de conformidad al criterio vertido por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictamen 298:156). Se aclara además, que el IPJC ante una consulta aclaratoria realizada por los oferentes en el marco del proceso licitatorio, expresó que: “El objeto de la contratación de la presente Licitación Pública es una prestación de servicios. A los fines impositivos, la actividad principal del Adjudicatario es bajo el COD. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638 Date: 2022.06.23 08:07:40 -03'00' Página 32 de 138 920009”. El mencionado código es el que grava la actividad objeto de la presente licitación pública” (cfr. Orden N° 462). Que también es preciso señalar que, de conformidad a lo señalado en el dictamen ampliatorio de Orden N° 462, los Oferentes han dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.401 y la Ley Provincial N° 9.237. Asimismo, a la fecha, los tres Oferentes poseen vigente su inscripción en el R.U.P., debiendo quien resulte Adjudicatario mantenerlo vigente. Que, respecto a la evaluación de las Ofertas, el Directorio coincide y considera a la oferta más conveniente a la propuesta de Traylon S.A. obteniendo el mayor puntaje (91.5 puntos) de la Grilla de Evaluación prevista en el Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Que Traylon S.A. propone como contraprestación un canon del 52% mensual, constituyendo además la oferta de menor precio entre las propuestas presentadas; y una inversión monetaria total de $2.236.650.305,99. Que el Oferente Traylon S.A. presenta un destacado y moderno parque de 720 máquinas tragamonedas, con una antigüedad promedio de 6,8 meses, constituyéndose así el Casino de Mendoza – Casino Central en la Sala de Juego más moderna de la Provincia de Mendoza. Que el Oferente propone importantes reformas edilicias al actual Casino de Mendoza, con informes efectuados por profesionales idóneos matriculados. En el exterior, propone instalar un moderno sistema de iluminación, con tecnología programable, e instalar en calle Brasil el ingreso principal a la sala. A tal fin, propone intervenir los dos accesos existentes unificándolos en un único y amplio ingreso y equipándolo con ascensor para discapacitados. También, ubica en la esquina de Brasil y Av. San Martín un Restaurante Bar y Patiseerie con ingreso independiente, y construye un balcón sobre la terraza para la instalación de mesas. Que, en el interior, propone la construcción de una cava de vinos, guardarropas y stand de fidelización, construcción de una cocina en el primer piso, instalación de dos cocinas completamente equipadas, instalación de restaurante bar, sala de enfermería, sala de monitoreo con policía, grupos sanitarios renovados y sector de cajas completamente renovadas, con nuevo mobiliario y equipamiento. Propone mejorar y renovar las instalaciones actuales, por ejemplo, para el sistema de acondicionamiento y refrigeración, la provisión de un grupo generador complementario de 315 KVA. También, propone construcción de oficinas dentro de la sala destinada a atención al cliente, jefe de sala del Instituto y Jefe de Sala de Traylon S.A. En planta alta propone un restó bar, revestir los baños existentes y renovar el sector de cajas. Que se destaca que la Oferta también tiene como finalidad potenciar al Instituto de Juegos y Casinos y al Sector de Juegos Tradicionales. Así, propone intervenir los sectores de descanso, sanitarios y vestuarios del personal del I.P.J.yC., mejoras en todas las oficinas de los sectores administrativos, y proveer una sala para el personal de seguridad con salida directa a la sala de juego. También, propone mejoras para integrar el juego vivo con las máquinas tragamonedas, como por ejemplo ofrece entregar banquetas iguales a las de tragamonedas y retapizar y reacondicionar las mesas y paños de la Sala de Póker Texas. Que la propuesta será sumamente beneficiosa en el orden económico social, ofreciendo medidas de promoción turística, cultural y artística de jerarquía. También, la propuesta generará un gran número de puestos de trabajo genuinos para los y las mendocinas, esto es 85 empleados permanentes y 150 empleados en la ejecución del proyecto de inversión. Que, conforme a las cláusulas de los pliegos de la presente licitación pública, y a diferencia del contrato aún vigente con el proveedor del servicio en el Casino Central, el futuro Adjudicatario, a su cargo y costo, deberá proveer además los siguientes servicios que hacen a la funcionalidad de la Sala de Juego: sistema de refrigeración y calefacción, servicio de limpieza, servicio de gastronomía, servicio de suministro de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 33 de 138 energía eléctrica (en proporción al canon), servicio de internet, servicio de guardarropa, pago de tasas municipales (en proporción al canon). Pero además Traylon S.A. ha propuesto, a su cargo y costo, asumir el servicio de mantenimiento y revisión periódica de las escaleras mecánicas y del ascensor. Que ello denota que la Oferta presentada por Traylon S.A. es sumamente beneficiosa para el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, debido a ser la oferta más conveniente en relación al canon propuesto, el moderno parque de máquinas tragamonedas ofrecido, las reformas a introducir y la atractiva propuesta comercial, entre otros aspectos. Ello sumado a que en razón de las nuevas cláusulas contractuales previstas en los pliegos licitatorios se traslada el costo de una innumerable cantidad de servicios al nuevo Adjudicatario. Por lo tanto, este Directorio considera que el resultado de la presente licitación es el más conveniente para el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y potenciará al Casino de Mendoza – Casino Central como referente en la región. Que, en razón de lo expuesto, conforme a lo previsto en el Art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Directorio coincide con el orden de mérito expuesto en el informe fundado de la Comisión de Preadjudicación y considera adjudicar la presente Licitación Pública a Traylon S.A. por resultar ser la oferta más conveniente. Que el presente procedimiento licitatorio se enmarca en la normativa legal vigente contenida en el Art. 37 de nuestra Constitución Provincial, Arts. 139 y sgtes de la Ley N° 8.706 y su Decreto Reglamentario N° 1.000/15, Art. 112 de la Ley Provincial N° 9.003, Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante en Orden N° 40 y aprobado por DI-2021-00908999-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF), Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especiales y Técnicas (obrantes en Orden N° 72 y 73 respectivamente), y Resolución de Directorio N° 318/21. Ello de conformidad a la competencia que ostenta el Directorio otorgada por la Ley N° 6.362 en sus arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 21° inc. a) y punto x) y Resolución de Directorio N° 371/21. Por ello, y lo resuelto en Acta de Directorio Nº 42/2.022, Tema: 01 EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS R E S U E L V E: ART. 1º.- RECHÁCESE la Oferta de “DESARROLLOS MAIPÚ S.A.” y la Oferta de “PLAZA CENTRAL U.T.E.” por resultar inconvenientes de conformidad al orden de mérito resultante de la Grilla de Evaluación informada por la Comisión de Preadjudicación de Orden N° 440, que como ANEXO I (en 70 carillas) se acompaña y forma parte integrante de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ART. 2º.- ADJUDÍQUESE la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50603-0028-LPU21 al Oferente “TRAYLON S.A.” CUIT N°: 30-70791887-6, por resultar la oferta más conveniente, reuniendo los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigibles, y conforme al orden de mérito resultante de la Grilla de Evaluación informada por la Comisión de Preadjudicación de Orden N° 440, que como ANEXO I (en 70 carillas) se acompaña y forma parte integrante de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La oferta que se adjudica comprende la prestación al Instituto Provincial de Juegos y Casinos del servicio integral de provisión de SETECIENTAS VEINTE (720) máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas -denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines-, en el actual Local donde funciona el “Casino de Mendoza - Casino Central”, sito en Av. San Martín 2.045, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, con un canon retributivo mensual del CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) de conformidad a lo establecido por el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 34 de 138 Particulares, y por un plazo de vigencia de DIEZ (10) AÑOS de conformidad a lo establecido por el Art. 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Todo ello, de acuerdo a los considerandos precedentes que forman parte integrante de la presente resolución. ART. 3°.- TÉNGASE PRESENTE que, de conformidad a lo dispuesto a los Arts. 176, 177 y cc. la Ley N° 9.003, Art. 36 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los interesados podrán interponer recurso de aclaratoria, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial; y/o recurso de revocatoria ante el mismo Directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a fin de que modifique, sustituya o revoque por contrario imperio la presente resolución, ambos recursos en un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación del acto. El interesado deberá constituir una Garantía de Impugnación a favor del Instituto Provincial de Juegos y Casinos por PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00 ($200.000,00), mediante entrega de cheque corriente a la orden del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el que será recepcionado únicamente en la Tesorería del Casino de Mendoza, cita en Belgrano 1.860 de Godoy Cruz, de 8 a 13 hs. entregando recibo oficial, o mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente oficial del Instituto Provincial de Juegos y Casinos N° 6280236996 Banco de la Nación Argentina, CBU 0110628820062802369965, CUIT 30-6823448-4. Una vez realizada la transferencia, deberá remitir comprobante con datos de la empresa (Nombre, teléfono, persona de contacto) a los siguientes correos electrónicos: tesorería-ipjyc@mendoza.gov.ar / uymoyano@mendoza.gov.ar. Una vez constatado la acreditación del monto, se remitirá recibo. Todo ello considerado de conformidad a lo dispuesto al Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a los párrafos precedentes que forman parte integrante de la presente resolución. ART. 4º.- PROCÉDASE en el plazo de CINCO (5) días hábiles, establecido en el Art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a la suscripción del contrato de adjudicación respectivo. TÉNGASE PRESENTE que el Adjudicatario deberá proceder a abonar por su cuenta el impuesto de sellos del contrato, de conformidad a las normas legales vigentes en la proporción que corresponda al mismo. ESTABLÉZCASE que en el plazo de QUINCE (15) días hábiles, a contar desde la notificación de la presente, el Adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones previstas en el Art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ART. 5º.- CRÉASE y DESÍGNESE a los Integrantes de la Comisión de Recepción de bienes y servicios, en virtud de lo dispuesto por el Art. 153 del Decreto reglamentario 1.000/15, conformada por: Miembros Titulares: Subgerencia de Fiscalización, Sr. Pablo Bogdanowsky. Tesorero General, Sr. Fabricio Fiocchetto. Departamento de Vigilancia, Sr. Mauricio Pouget. Jefatura del Departamento de Compras y Contrataciones, Sra. Rebeca Pérez. Miembros Suplentes: Subgerencia Administrativa, Sra. Analía Reinozo. Subgerencia de Legales, Sr. Roberto Bortnic. TÉNGASE PRESENTE que la Comisión de Recepción tendrá la responsabilidad de verificar si la prestación del servicio cumple o no las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación, y Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04329077-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 35 de 138 deberá labrar el Acta correspondiente de Inicio de Prestación, el cual deberá ser suscripto además por el adjudicatario. ART. 6º.- INSTRÚYASE a CONTADURÍA a los efectos de realizar los ajustes contables que estime corresponder. ART. 7º.- PASE a GERENCIA DE LEGALES a los efectos de elaborar el contrato respectivo para la suscripción del mismo en el plazo indicado en el Art. 3 de la presente resolución. ART. 8º.- NOTIFÍQUESE, comuníquese y archívese. DRA. IDA MAGDALENA LOPEZ PRESIDENTE IPJC DR. FRANCISCO DANIEL MARTINEZ DIRECTOR IPJC NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo 23/06/2022 (1 Pub.) DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR