RESOLUCIONES
Resolución Nº 190
- Fecha de publicación
- 10 de junio de 2022
- Fecha de la norma
- 19 de mayo de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.638 · páginas 43–47
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 190
MENDOZA, 19 DE MAYO DE 2022
VISTO:
El expediente EX-2018-01630126-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “Campanella Salvador Miguel
C/ Denver Concesionario Oficial Fiat”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “FCA S
A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, con domicilio en calle Carlos M.
Della Paolera 297/299, Piso 25, Ciudad de Buenos Aires, domicilio legal en calle Peatonal Sarmiento Nº
38, Piso 1, Ciudad (5500), Mendoza y domicilio electrónico en angelina.lencioni@zavalaferroni.com.ar, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) IF-2018-01607596-GDEMZA-
MESAYAS#MGTYJ, rola denuncia interpuesta ante la Oficina de Municipal de Defensa del Consumidor del
Departamento de Godoy Cruz, por el Sr. Campanella Salvador Miguel, DNI Nº 12.233.263, con domicilio
en calle Azul Nº 1509, Barrio Covimet, Godoy Cruz (5501), Mendoza, domicilio electrónico
miguelcampanella@hotmail.com,
contra
la
firma
“FCA
S
A
DE
AHORRO
PARA
FINES
DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, en virtud de suscribir un plan de ahorro de un modelo Fiat Toro
Freedom 2.0 16V 4X2 (TF1), el que se cambió por un modelo Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X4 AT9 (TF5)
sin previo aviso.
Que la oficina Municipal de Defensa del Consumidor del Departamento de Godoy Cruz, dispone dar
traslado de la denuncia incoada por el Sr. Campanella, a la firma "FCA S A DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS", fijando fecha de audiencia para el día 15 de marzo de 2018. Siendo fehacientemente
notificada en fecha 27 de febrero de 2018.
Que se incorpora Acta de Audiencia a la cual comparecen las partes, manifestando el Sr. Campanella que
adquiere un plan de ahorro por un modelo y que en el mes de febrero de 2018 le llega el cambio de
facturación por otro modelo, con una variación en la facturación el cual altera la ecuación económica
financiera en más de 80%, dado que el modelo facturado es superior al suscripto por su persona, expone
también que dicho cambio no fue consentido ni acordado con él. Que la firma denunciada presenta
descargo por escrito, donde expone que el cambio de modelo se ajusta a lo suscripto por el adherente en
la cláusula 12.1 del contrato que los vincula y acompaña explicación del reajuste de alícuota. Que ante lo
expuesto por las partes se da por fracasada la instancia conciliatoria y se remiten las actuaciones a la
Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
Que a orden nº 5, según D.E. PV-2018-02214078-GDEMZADDEFCO#MGTYJ, esta Dirección dispone
emplazar a la firma denunciada a que en el término de cinco (5) días hábiles presente documentación que
acredite que notificó al adherente la sustitución del modelo, tal lo establece el art. 12.1 del Contrato de
Adhesión. Bajo apercibimiento de Ley en caso de incumplimiento.
Que a orden nº 9, mediante D.E. IF-2018-03489432-GDEMZANOTIF#MGTYJ, rola presentación realizada
por la denunciada, donde expone que “…La Solicitud de Adhesión, en su artículo 12.1 prevé el cambio de
Unidad para el caso en el que se discontinúe la unidad de ahorro. Específicamente tal previsión contractual
estipula “en caso que el precio (valor móvil) de la nueva versión o nuevo modelo no implique un aumento
superior al 20% (veinte por ciento) del precio vigente (valor móvil) de la versión o modelo del bien tipo
al momento del cese de fabricación de la versión o modelo suscripta, el cálculo de las Cuotas se practicará
de acuerdo con lo previsto en el inciso a) precedente del presente artículo”...La Solicitud de adhesión,
prevé la obligación de la Administradora de notificar la situación de sustitución de unidad, por una nueva
versión, a los adherentes, cuando el precio (valor móvil) de la nueva versión, es decir, cuando el cambio de
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modelo, supere dicho tope del 20% del valor móvil. Dicha situación, no es la aplicable al caso. De lo
anterior se desprende que el accionar de mi mandante sido Ajustado a las cláusulas contractuales. Ello
atento que el “tope” del aumento del 20% está vinculado a la diferencia de valor existente entre la Unidad
que ha cesado de fabricarse (al momento del cese de la fabricación) y la Unidad del nuevo modelo, y no
con el valor de la cuota. Mi mandante destaca que el plan de ahorro, en referencia al contrato de adhesión,
fue aprobado por Resolución Nº 00398/97 y Resolución Nº 000717/04 de la Inspección General de
Justicia…”. Que junto a su presentación adjunta documentación a orden nº 7 y orden nº 9.
Que a orden nº 18, según D.E. IF-2019-00002748-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, rola escrito presentado
por el Sr. Campanella, donde indica “…la falta de cumplimiento en la aplicación por parte de las empresas
denunciadas, de la Resolución 8/2015 de la IGJ, autoridad de contralor, en su Capítulo II, artículos 23.3.2.1
y 23.3.2.2 donde mencionan expresamente, que debe existir comunicación adjunta al primer talón de pago
de cuota remitiendo el nuevo valor de la cuota, circunstancia que en el caso particular no ocurrió. Reitero lo
expresado anteriormente, el derecho a la información (antes, durante y después) es de raigambre
constitucional del que goza el consumidor (art. 42 C.N.) y arts. 4 de la ley 24.240 y 1100 del CCCN…”.
Que a raíz de lo mencionado por el denunciante, a orden n° 27, mediante PV-2019-05240428-GDEMZA-
SDLEG#MGTYJ, esta Dirección dispone la apertura de sumario a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, por presunta violación al artículo 19º de la Ley N°
24.240, atento a que no se respetaron las modalidades y condiciones de contratación y al artículo 4° de la
Ley N° 24.240 ya que no se le suministró al consumidor una información cierta. De acuerdo lo determina
la RESOLUCION 8/2015 IGJ, CAPITULO II,23.3.2. Cambio por imposibilidad material de adjudicación
,23.3.2.1. Si el fabricante o el importador cesaran en la fabricación o importación del bien-tipo
comprometido, la entidad administradora deberá comunicar tal circunstancia, dentro de los diez (10) días
de haberla conocido, a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y también a los suscriptores; a éstos, en
la forma prevista en el inciso b) del punto 23.3.1.4. y mediante comunicación adjunta al primer talón de
pago de cuota que les remita conteniendo el nuevo valor de la cuota. Las informaciones a la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA y a los suscriptores, deberán indicar el bien o bienes sustitutivos y si, al tiempo
de haberse configurado las circunstancias previstas en el punto 23.3.2.1., el valor de los mismos excede o
no el porcentaje indicado en el punto que sigue con respecto al bien-tipo pactado. Esto no fue cumplido y
no se le informó al denunciante el cambio de unidad." Siendo fehacientemente notificada en fecha 30 de
septiembre de 2019 según consta en D.E. IF-2020-01326769-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden nº 29.
Que no obra en autos descargo alguno de la sumariada, a pesar de estar debidamente notificada de la
apertura de sumario. Como así tampoco presenta pruebas que permitan desvirtuar la imputación que pesa
en su contra, y los descargos anteriores ratifican lo expuesto anteriormente y rechazan en todas sus partes
la pretensión del denunciante.
Que de conformidad con el estado de las actuaciones y no habiendo presentado descargo alguno la parte
denunciada a la imputación realizada, ni existiendo pruebas que desvirtúen la infracción, ni las
disposiciones de la Resolución de la IGJ, citadas precedentemente, corresponde confirmar la infracción.
Que el artículo 4° de la Ley N° 24.240 reza que: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre
gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte física, con claridad necesaria que permita su
comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase
de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a
disposición....”.
Que se debe tener presente que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla
dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas.
Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método
eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que
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el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su
derecho se derivan de determinada cláusula.” El deber de informar es un deber que incumbe a todo
experto ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-derecho, según la
perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti, CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores).
Que también es importante resaltar que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional
luego de la reforma del año 1.994, expresando el Art. 42 de la Carta Magna “…los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”. Y
también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto, no podemos desconocer
este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo fundadas y
racionales y permite, también, una utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya sea que se
trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales.
Que por su parte, el artículo 19º de la Ley N° 24.240 dispone que: “Quienes presten servicios de cualquier
naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás
circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.”
Que Dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido no es una
opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función de que es la única
solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de las ofertas inclusión contractual de
precisiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la interpretación
del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor).
Que no se puede desconocer las obligaciones asumidas y se debe actuar en consecuencia con la
confianza generada en virtud de la apariencia ya que ello tiende a la estabilidad, a la armonía de las
relaciones y por sobre todo reafirma la buena fe, principio básico de todo vínculo jurídico.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el artículo 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa
de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y
productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por
un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad
de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de
aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de
una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran
circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (...)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
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Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la sumariada no cumple con
su deber de informar ni con las condiciones oportunamente ofrecidas. Que respecto al perjuicio sufrido por
el consumidor debe considerarse lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio
de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello
no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción
deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados:
”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES–SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir más de cuatro años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, conforme lo
permite la escala legal, equivalente a Pesos Quinientos Mil con 00/100 ($ 500.000,00.-) por la infracción
verificada y analizada en autos.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 10% del total.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “
se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19º de la Ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la
Ley 24.240”.
Que finalmente téngase presente lo establecido en el artículo 61º de la Ley 5.547 según el cual se dispone
que “Se depositaran en una cuenta especial, habilitada a tal efecto, los montos obtenidos por los
siguientes conceptos: a) multas por aplicación: 1) de la presente ley. 2) ley nacional nº 22.802. 3) ley
nacional nº 24.240. 4) ley nacional nº 19.511. 5) ley provincial nº 1.118. 6) ley provincial nº 6981 creación
del sistema integral de control de combustibles (SICCOM). 7) toda norma o disposición de la que sea
organismo de aplicación la dirección de fiscalización, control y defensa del consumidor. (...)”
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
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ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT
30-69223905-5, con domicilio legal en calle Peatonal Sarmiento Nº 38, Piso 1, Ciudad (5500), Mendoza y
domicilio electrónico en angelina.lencioni@zavalaferroni.com.ar, la sanción de MULTA consistente en el
pago de PESOS QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 500.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el
artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación de los artículos 4º y 19º del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Nº 5.547- Cód. Tax 017-925 (Artículo 61º de la Ley 5547), el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe
generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) -
www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multaprocedimiento-digital-2/, pudiendo abonarse en
Banco de la Nación Argentina /Banco Supervielle / Bolsa de Comercio.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa, con la presentación correspondiente ante esta Dirección
de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 ($ 1.450,00 según Ley Impositiva Nº 9.355, Artículo 10º, punto
2 inc A) abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle /Bolsa de Comercio. El recurso de
revocatoria
junto
a
la
correspondiente
tasa
retributiva,
debe
ser
enviado
al
correo
resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el
obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la
presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda
conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º,
Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
10/06/2022 (1 Pub.)
