DECRETOS
Decreto Nº 810
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
- Fecha de publicación
- 10 de junio de 2022
- Fecha de la norma
- 19 de mayo de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.638 · páginas 30–34
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 810
MENDOZA, 19 DE MAYO DE 2022
Visto el expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la Lic. MARCELA ELIZABETH
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Subsecretaría Legal y Técnica - Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2022.06.10 08:07:37 -03'00'
Página 30 de 149
FERNANDEZ, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-
DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de 2021, emanada de la Dirección General de Protección de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD -tramitada mediante expediente
EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD-, en su Art. 1º se admitió formalmente y se rechazó
sustancialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto oportunamente por la Lic. Marcela Elizabeth
Fernández, contra la Cédula de Notificación de fecha 25 de noviembre de 2020, adjunta en orden 2
–Archivos de Trabajo (orden 2) del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD y en su Art.
2º se ratificó lo dispuesto por la citada Notificación, dando de baja al contrato celebrado entre la referida
Institución y la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, a partir del 01 de diciembre de 2020.
Que en orden 24 –págs.1/3- del expediente EX-2020-02766827-GDEMZA-MGTYJ obra dictamen legal
emanado de la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde se exponen los argumentos que concluyen en recomendar:
- Admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el Recurso presentado por la Lic. Marcela Elizabeth
Fernández, contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de
2021.
Que en orden 34 –págs.1/6- del expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ Asesoría de Gobierno
analiza el Recurso Jerárquico presentado por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, concluyendo:
Desde el punto de vista formal, la resolución recurrida fue notificada en fecha 04/05/2021 conforme
constancia de orden 27 del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, por lo que el
Recurso se encuentra interpuesto en legal tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en los Arts.
183, 184 y cc. de la Ley Nº 9003, por lo que debe encausarse en la regulación legal del Recurso de
Alzada. En consideración a la fecha de notificación del acto cuestionado y la de interposición del
remedio recursivo, se entiende que debe ser admitido en lo formal.
Desde el punto de vista sustancial teniendo presente que el conocimiento del Recurso de Alzada
por el Poder Ejecutivo está limitado al control de legitimidad, no siendo procedente por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, y que solamente podrá revocar el acto por ilegitimidad, pero no
modificarla, reformarla o sustituirla (Art. 185 Ley Nº 9003).
Que la Lic. Marcela Elizabeth Fernández solicita revocar el acto por el cual se rescinde el contrato
de locación de servicios que venía ejecutándose y que entiende que por el contrario, el mismo
debería haberse pasado a Planta Permanente con Mayor Dedicación. De acuerdo a las
constancias obrantes en el expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, dicho
contrato resultó firmado en el año 2017 y aprobado por Resolución Nº 1716 de fecha 29/12/2017,
emanada de la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, siendo renovado hasta su rescisión
el día 01 de diciembre de 2020, tal y como surge de la notificación efectuada a la recurrente, el día
25 de noviembre de 2020. La Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes es un ente Descentralizado con
autonomía propia de la Administración Provincial, que rechazó el recurso interpuesto por la agente,
por entender que existían razones suficientes para dar de baja el contrato de locación y por la
propia naturaleza del mismo. Esto surge de las constancias obrantes en orden 12 Archivos de
Trabajo del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD.
Asesoría de Gobierno comparte en su totalidad los términos y fundamentos del dictamen emanado
de la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes que la Administración Pública está facultada y así lo hace, para
contratar servicios por horas, en virtud de lo establecido por el Art. 12 de la Ley Nº 7759, el
que en su parte pertinente establece: "…Se podrá contratar por horas adicionales aunque el cargo
de revista pertenezca a otro organismo, siempre que no exista incompatibilidad horaria y que la
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Página 31 de 149
contratación no sea mayor a 55 horas semanales...” En el caso concreto según surge del análisis
del
expediente
EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD,
claramente
existió
una
incompatibilidad horaria entre su cargo en el Hospital Central y el del ETI de Guaymallén (Equipo
Técnico Interdisciplinario).
Que el otorgamiento del adicional Mayor Dedicación se instrumenta mediante Resolución
Ministerial, que en el caso de análisis no ha sucedido, debiendo previamente cumplirse con los
requisitos presupuestarios establecidos en el Art. 7 del Decreto Nº 565/08, lo que tampoco aquí ha
sucedido. De tal modo, que el Adicional por Mayor Dedicación al que la Lic. Marcela Elizabeth
Fernández refiere, no es un derecho adquirido por el agente, sino hasta tanto se encuentre
devengado su pago. La recurrente considera que el acto impugnado carece de los requisitos
necesarios y está afectado por vicios groseros que implicarían su inexistencia y/o su nulidad
absoluta (basa este fundamento en el Art. 39 de la Ley Nº 9003 y Arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la
Constitución Nacional).
Que de todo lo expuesto se infiere:
1) Planteo de vicios en el objeto del acto administrativo impugnado: Analizando la presentación
efectuada por la recurrente, surge de la misma prueba instrumental que la Lic. Marcela Elizabeth
Fernández, resultaba ser contratada mediante contrato de locación de servicios, poseyendo el
empleador la posibilidad de rescindir los servicios prestados por ella en caso de merituarlo. Que
según se puede visualizar en el expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, la baja
del contrato obedeció a que, la profesional contratada, “no cumple con los requisitos necesarios
para la labor que desarrolla actualmente...” Que el planteo realizado por la recurrente carece de
fundamentos, ya de la simple lectura del acto administrativo impugnado, se refleja que ante la
situación de hecho y de derecho planteada éste no posee vicios graves o groseros, no resulta
absurdo; ni presenta oscuridad e imprecisión esencial mediante un razonable esfuerzo de
interpretación, tampoco transgrede disposiciones jurídicas o normas constitucionales, ni resulta
estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo, tampoco
transgrede normas administrativas de carácter general. Que un acto es grosero cuando el vicio
aparece evidente (acto producido por autoridad ajena, falta de firma, por un usurpador, etc.) y no
requiere para demostrarlo ningún tipo de investigación, por simple que éste sea. El vicio para
considerarlo vicio grosero debe ser manifiesto, incuestionable.
2) Planteo de vicios de la voluntad en la emisión del acto: a) Que al alegarse vicios de la voluntad
por violación de normas elementales constitucionales que hacen al debido proceso legal, la
igualdad y los derechos laborales, este planteo no resiste mayor análisis, en efecto los contratos
pueden ser rescindidos como facultad de los contratantes, siendo ello un pleno ejercicio de los
derechos devenidos de éste. Que de los antecedentes surge que la resolución atacada se ha
dictado respetando el principio de garantía de defensa, de igualdad y defensa en juicio y derechos
laborales, según lo imponen las normas constitucionales y la Ley de Procedimiento Administrativo.
b) La forma del acto impugnado posee motivación: “la motivación es la expresión o constancia de que el
motivo (causa) existe y ocurre en el caso concreto; en otras palabras, la motivación del acto administrativo
consiste en la exposición de las razones que indujeron a la Administración Pública a la emisión del acto.
Esa motivación puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran la “forma” del
acto ya sea en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la administración. Por
ello, la motivación puede ser contemporánea o anterior a la expresión, apareciendo en este último caso en
el proceso de formación de la voluntad administrativa”
3) Planteo de irrazonabilidad ante cualquier planteamiento de discrecionalidad administrativa: que
el acto administrativo fue dictado con razonabilidad, habiendo sido precedido de dictamen legal en
el cual se fundamenta su procedencia. “La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación
coherente con los Principios Generales del Derecho, los propios del Derecho Administrativo y los
fines que hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso. Los agentes públicos
deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer
medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el Orden Jurídico. El acto
administrativo es irracional (y por lo tanto arbitrario) cuando el objeto es absurdo, contradictorio o
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Página 32 de 149
desproporcionado. Hay contradicción cuando el acto explica y fundamenta una solución en los
considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva”; entonces, mediante el recurso en trato
la Lic. Marcela Elizabeth Fernández pretende la revocación del acto atacado, por entender que el
mismo está gravosamente viciado en la preparación de la voluntad administrativa, ya que se
recurre a rescindir un contrato de locación de servicios que se ejecutaba en forma ininterrumpida
desde el año 2017, entendiendo que ello le generaba derecho al pase a Planta Permanente.
Sostiene que no tuvo derecho de defensa y es la Administración quien se encuentra en mora por
no haberla pasado a Planta Permanente, violando el convenio colectivo de trabajo. Por Resolución
DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General
de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aceptó formalmente y rechazó
sustancialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández,
con fundamento en el informe emitido por la Coordinadora del ETI Guaymallén (Equipo Técnico
Interdisciplinario). En su Art. 2º ratifica la baja notificada a partir del 01 de diciembre de 2020, por
los fundamentos ya esgrimidos (no logró ajustarse a los requerimientos del servicio del ETI
Guaymallén -Equipo Técnico Interdisciplinario- el cual funciona de lunes a viernes de 8:00 hs. a
20:00 hs., debiendo cubrir guardias los días viernes). Asimismo no logró adaptar su carga horaria
para cumplirla de lunes a viernes. En su Declaración Jurada expresa que presta servicios como
personal de Planta Permanente en el Hospital Central. Este punto de incompatibilidad horaria es
fundamental a los fines de la motivación de la voluntad administrativa que resuelve la rescisión del
contrato de locación de servicios. La contratación como locación de servicios no le confiere ninguno
de los derechos que le corresponden a los agentes que se incorporan a la Planta de Personal
Permanente Estatal, por eso no le asiste ningún derecho para reclamar adicionales propios del
Empleo Público como pretende la actora.
Por las consideraciones expuestas, el acto administrativo que rechazó la reclamación
administrativa resulta legítimo, no contraviene disposiciones constitucionales, ni legales, no viola el
Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora - Ley Nº 7759, no carece de motivación legal.
Por todo lo expuesto precedentemente Asesoría de Gobierno sugiere admitir en lo formal y rechazar en lo
sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, contra la Resolución
DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 6 de abril de 2021, confirmándose en
consecuencia el acto recurrido.
Por ello, atento lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo
Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en orden 24 –págs.1/3- y por Asesoría de
Gobierno en orden 34 –págs.1/6-, todas del expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por la
Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, D.N.I. Nº 23.387.900, C.U.I.L. Nº 27-23387900-8, contra la
Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de 2021, emanada de la
Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, por los motivos expuestos en los considerando del presente decreto y
confírmese en todos su términos la citada norma legal.
Artículo 2º- Dispóngase que la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes – Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, deberá notificar el presente decreto a
la Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, D.N.I. Nº 23.387.900, C.U.I.L. Nº 27-23387900-8, con las
formalidades exigidas en el Art. 150 de la Ley Nº 9003 y particularmente en relación a las vías de
impugnación del mismo, debiendo informarse que resulta pertinente la acción procesal administrativa, a
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Página 33 de 149
interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la
decisión administrativa (Art. 20 de la Ley Nº 3918).
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
FARM. ANA MARÍA NADAL
S/Cargo
10/06/2022 (1 Pub.)
