DECRETOS

Decreto Nº 810

MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

Fecha de publicación
10 de junio de 2022
Fecha de la norma
19 de mayo de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.638 · páginas 30–34
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 810 MENDOZA, 19 DE MAYO DE 2022 Visto el expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la Lic. MARCELA ELIZABETH Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Subsecretaría Legal y Técnica - Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638 Date: 2022.06.10 08:07:37 -03'00' Página 30 de 149 FERNANDEZ, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA- DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de 2021, emanada de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y CONSIDERANDO: Que por Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD -tramitada mediante expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD-, en su Art. 1º se admitió formalmente y se rechazó sustancialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto oportunamente por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, contra la Cédula de Notificación de fecha 25 de noviembre de 2020, adjunta en orden 2 –Archivos de Trabajo (orden 2) del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD y en su Art. 2º se ratificó lo dispuesto por la citada Notificación, dando de baja al contrato celebrado entre la referida Institución y la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, a partir del 01 de diciembre de 2020. Que en orden 24 –págs.1/3- del expediente EX-2020-02766827-GDEMZA-MGTYJ obra dictamen legal emanado de la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde se exponen los argumentos que concluyen en recomendar: - Admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el Recurso presentado por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de 2021. Que en orden 34 –págs.1/6- del expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ Asesoría de Gobierno analiza el Recurso Jerárquico presentado por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, concluyendo: Desde el punto de vista formal, la resolución recurrida fue notificada en fecha 04/05/2021 conforme constancia de orden 27 del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, por lo que el Recurso se encuentra interpuesto en legal tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en los Arts. 183, 184 y cc. de la Ley Nº 9003, por lo que debe encausarse en la regulación legal del Recurso de Alzada. En consideración a la fecha de notificación del acto cuestionado y la de interposición del remedio recursivo, se entiende que debe ser admitido en lo formal. Desde el punto de vista sustancial teniendo presente que el conocimiento del Recurso de Alzada por el Poder Ejecutivo está limitado al control de legitimidad, no siendo procedente por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, y que solamente podrá revocar el acto por ilegitimidad, pero no modificarla, reformarla o sustituirla (Art. 185 Ley Nº 9003). Que la Lic. Marcela Elizabeth Fernández solicita revocar el acto por el cual se rescinde el contrato de locación de servicios que venía ejecutándose y que entiende que por el contrario, el mismo debería haberse pasado a Planta Permanente con Mayor Dedicación. De acuerdo a las constancias obrantes en el expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, dicho contrato resultó firmado en el año 2017 y aprobado por Resolución Nº 1716 de fecha 29/12/2017, emanada de la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, siendo renovado hasta su rescisión el día 01 de diciembre de 2020, tal y como surge de la notificación efectuada a la recurrente, el día 25 de noviembre de 2020. La Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes es un ente Descentralizado con autonomía propia de la Administración Provincial, que rechazó el recurso interpuesto por la agente, por entender que existían razones suficientes para dar de baja el contrato de locación y por la propia naturaleza del mismo. Esto surge de las constancias obrantes en orden 12 Archivos de Trabajo del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD. Asesoría de Gobierno comparte en su totalidad los términos y fundamentos del dictamen emanado de la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que la Administración Pública está facultada y así lo hace, para contratar servicios por horas, en virtud de lo establecido por el Art. 12 de la Ley Nº 7759, el que en su parte pertinente establece: "…Se podrá contratar por horas adicionales aunque el cargo de revista pertenezca a otro organismo, siempre que no exista incompatibilidad horaria y que la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 31 de 149 contratación no sea mayor a 55 horas semanales...” En el caso concreto según surge del análisis del expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, claramente existió una incompatibilidad horaria entre su cargo en el Hospital Central y el del ETI de Guaymallén (Equipo Técnico Interdisciplinario). Que el otorgamiento del adicional Mayor Dedicación se instrumenta mediante Resolución Ministerial, que en el caso de análisis no ha sucedido, debiendo previamente cumplirse con los requisitos presupuestarios establecidos en el Art. 7 del Decreto Nº 565/08, lo que tampoco aquí ha sucedido. De tal modo, que el Adicional por Mayor Dedicación al que la Lic. Marcela Elizabeth Fernández refiere, no es un derecho adquirido por el agente, sino hasta tanto se encuentre devengado su pago. La recurrente considera que el acto impugnado carece de los requisitos necesarios y está afectado por vicios groseros que implicarían su inexistencia y/o su nulidad absoluta (basa este fundamento en el Art. 39 de la Ley Nº 9003 y Arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Que de todo lo expuesto se infiere: 1) Planteo de vicios en el objeto del acto administrativo impugnado: Analizando la presentación efectuada por la recurrente, surge de la misma prueba instrumental que la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, resultaba ser contratada mediante contrato de locación de servicios, poseyendo el empleador la posibilidad de rescindir los servicios prestados por ella en caso de merituarlo. Que según se puede visualizar en el expediente EX-2020-05675013-GDEMZA-DGP#MSDSYD, la baja del contrato obedeció a que, la profesional contratada, “no cumple con los requisitos necesarios para la labor que desarrolla actualmente...” Que el planteo realizado por la recurrente carece de fundamentos, ya de la simple lectura del acto administrativo impugnado, se refleja que ante la situación de hecho y de derecho planteada éste no posee vicios graves o groseros, no resulta absurdo; ni presenta oscuridad e imprecisión esencial mediante un razonable esfuerzo de interpretación, tampoco transgrede disposiciones jurídicas o normas constitucionales, ni resulta estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo, tampoco transgrede normas administrativas de carácter general. Que un acto es grosero cuando el vicio aparece evidente (acto producido por autoridad ajena, falta de firma, por un usurpador, etc.) y no requiere para demostrarlo ningún tipo de investigación, por simple que éste sea. El vicio para considerarlo vicio grosero debe ser manifiesto, incuestionable. 2) Planteo de vicios de la voluntad en la emisión del acto: a) Que al alegarse vicios de la voluntad por violación de normas elementales constitucionales que hacen al debido proceso legal, la igualdad y los derechos laborales, este planteo no resiste mayor análisis, en efecto los contratos pueden ser rescindidos como facultad de los contratantes, siendo ello un pleno ejercicio de los derechos devenidos de éste. Que de los antecedentes surge que la resolución atacada se ha dictado respetando el principio de garantía de defensa, de igualdad y defensa en juicio y derechos laborales, según lo imponen las normas constitucionales y la Ley de Procedimiento Administrativo. b) La forma del acto impugnado posee motivación: “la motivación es la expresión o constancia de que el motivo (causa) existe y ocurre en el caso concreto; en otras palabras, la motivación del acto administrativo consiste en la exposición de las razones que indujeron a la Administración Pública a la emisión del acto. Esa motivación puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran la “forma” del acto ya sea en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la administración. Por ello, la motivación puede ser contemporánea o anterior a la expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa” 3) Planteo de irrazonabilidad ante cualquier planteamiento de discrecionalidad administrativa: que el acto administrativo fue dictado con razonabilidad, habiendo sido precedido de dictamen legal en el cual se fundamenta su procedencia. “La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación coherente con los Principios Generales del Derecho, los propios del Derecho Administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso. Los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el Orden Jurídico. El acto administrativo es irracional (y por lo tanto arbitrario) cuando el objeto es absurdo, contradictorio o Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 32 de 149 desproporcionado. Hay contradicción cuando el acto explica y fundamenta una solución en los considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva”; entonces, mediante el recurso en trato la Lic. Marcela Elizabeth Fernández pretende la revocación del acto atacado, por entender que el mismo está gravosamente viciado en la preparación de la voluntad administrativa, ya que se recurre a rescindir un contrato de locación de servicios que se ejecutaba en forma ininterrumpida desde el año 2017, entendiendo que ello le generaba derecho al pase a Planta Permanente. Sostiene que no tuvo derecho de defensa y es la Administración quien se encuentra en mora por no haberla pasado a Planta Permanente, violando el convenio colectivo de trabajo. Por Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aceptó formalmente y rechazó sustancialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, con fundamento en el informe emitido por la Coordinadora del ETI Guaymallén (Equipo Técnico Interdisciplinario). En su Art. 2º ratifica la baja notificada a partir del 01 de diciembre de 2020, por los fundamentos ya esgrimidos (no logró ajustarse a los requerimientos del servicio del ETI Guaymallén -Equipo Técnico Interdisciplinario- el cual funciona de lunes a viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs., debiendo cubrir guardias los días viernes). Asimismo no logró adaptar su carga horaria para cumplirla de lunes a viernes. En su Declaración Jurada expresa que presta servicios como personal de Planta Permanente en el Hospital Central. Este punto de incompatibilidad horaria es fundamental a los fines de la motivación de la voluntad administrativa que resuelve la rescisión del contrato de locación de servicios. La contratación como locación de servicios no le confiere ninguno de los derechos que le corresponden a los agentes que se incorporan a la Planta de Personal Permanente Estatal, por eso no le asiste ningún derecho para reclamar adicionales propios del Empleo Público como pretende la actora. Por las consideraciones expuestas, el acto administrativo que rechazó la reclamación administrativa resulta legítimo, no contraviene disposiciones constitucionales, ni legales, no viola el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora - Ley Nº 7759, no carece de motivación legal. Por todo lo expuesto precedentemente Asesoría de Gobierno sugiere admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic. Marcela Elizabeth Fernández, contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 6 de abril de 2021, confirmándose en consecuencia el acto recurrido. Por ello, atento lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en orden 24 –págs.1/3- y por Asesoría de Gobierno en orden 34 –págs.1/6-, todas del expediente EX-2021-02766827-GDEMZA-MGTYJ, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, D.N.I. Nº 23.387.900, C.U.I.L. Nº 27-23387900-8, contra la Resolución DNFRE-2021-257-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 6 de abril de 2021, emanada de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por los motivos expuestos en los considerando del presente decreto y confírmese en todos su términos la citada norma legal. Artículo 2º- Dispóngase que la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, deberá notificar el presente decreto a la Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, D.N.I. Nº 23.387.900, C.U.I.L. Nº 27-23387900-8, con las formalidades exigidas en el Art. 150 de la Ley Nº 9003 y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo, debiendo informarse que resulta pertinente la acción procesal administrativa, a Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-04060581-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 33 de 149 interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley Nº 3918). Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ FARM. ANA MARÍA NADAL S/Cargo 10/06/2022 (1 Pub.)