DECRETOS

Decreto Nº 713

Fecha de publicación
26 de mayo de 2022
Fecha de la norma
11 de mayo de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.627 · páginas 12–14
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 713 MENDOZA, 11 DE MAYO DE 2021 Visto el expediente Nº EX-2021-00375291-GDEMZA-CCC, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 463 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 18 de diciembre de 2020; y Considerando: Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 294/20 del referido Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) por violación a los Artículos 5º y 6º de la Resolución Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 274/19 de Lealtad Comercial; Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003; Que en Orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2020-01428962-GDEMZA-DFYC-#MEIYE obra Acta de Infracción Nº 6201, de fecha 11 de marzo de 2020, labrada por el citado Organismo en el Supermercado “VEA 21”, propiedad de la referida firma, con domicilio en Paso de los Andes Nº 82, Ciudad, Mendoza, por la cual se constata que no coincide el precio de góndola con el precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dicha Acta; Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria; Que la firma recurrente afirma que el Acta de Infracción no ha sido suscripta por testigos, que falta una descripción suficiente, que hay ausencia de afectación del Bien Jurídico protegido, falta del factor subjetivo de atribución, ausencia de la naturaleza punitiva de la Resolución Nº 07/02 y desproporción de la sanción. Por ende, sostiene, no hay infracción; Que las disposiciones transgredidas dicen: Artículo 5º de la Resolución Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa de la Competencia – “La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo” y Artículo 6º del mismo cuerpo normativo: “En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios.”; Que cabe señalar que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos. Este criterio ha Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03638699-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 12 de 142 sido seguido por el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42, tercer párrafo; Que los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados; La validez del Acta no requiere de la intervención de testigos que certifiquen su contenido. El Acta detalla exhaustivamente el procedimiento seguido por el inspector, las falencias detectadas, la normativa vulnerada, se identifican todos los productos observados que presentan deficiencias en la exhibición del precio y se le informa a la sancionada los plazos de presentación de descargo; Que el hecho infraccionario descripto por la norma no requiere para su configuración de intención alguna, tan solo que acaezca el mismo. Tampoco requiere que se genere un daño comprobable a la confianza del consumidor. Las infracciones al Decreto Nº 274/19 revisten el carácter de formal, pues quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley, sin que pueda pretenderse la existencia del tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho Penal Sustantivo; Que tampoco puede esgrimirse como atenuante o eximente de responsabilidad, el volumen de artículos, la actividad de los clientes, la falta de celeridad de los empleados, etc., porque todo ello pudo y debió preverse. En una empresa de la magnitud de la recurrente se deben adoptar los mecanismos adecuados para cumplir con todas las exigencias que determina la ley (conf. Artículo 1725 del C.C. y C.); Que la Resolución Nacional 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor fija un procedimiento específico para la exhibición de precios. Por ende, se estima que la citada Resolución tiene una exigibilidad plena y el incumplimiento de sus disposiciones hace pasible al infractor de las sanciones que establece la norma; Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que, tal como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Defensa del Consumidor regula materias cuya protección interesa al Estado Nacional en beneficio de todos los habitantes, esto es, la defensa de la buena fe en el ejercicio del comercio y la protección de los consumidores que puedan acceder a una información fidedigna sobre los elementos que han de adquirir (324:1276 Cencosud S.A., 17/4/2001); Que el esquema de protección que establece el Decreto Nº 274/19 se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que en cuanto al importe de la multa, se estima que el mismo es razonable por haber estado contemplado dentro del marco normativo que establecen los Artículos 57 ss. y cc. del Decreto Nº 274/19 y teniendo en cuenta que la empresa registra antecedentes, el volumen y variedad de los artículos en infracción, la misma se encuentra más cerca del mínimo establecido por la norma que del máximo; Que en conclusión, resulta procedente aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía en Orden 15 y en Orden 28 y por Asesoría de Gobierno en Orden 22 del expediente de referencia Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03638699-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 13 de 142 y lo dispuesto por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C RE T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2 del expediente N° EX-2021-00375291-GDEMZA-CCC, interpuesto por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, contra la Resolución N° 463 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 18 de diciembre de 2020, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 26/05/2022 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA