DECRETOS

Decreto Nº 711

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
26 de mayo de 2022
Fecha de la norma
11 de mayo de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.627 · páginas 9–12
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 711 MENDOZA, 11 DE MAYO DE 2022 Visto el expediente Nº EX-2019-06848198-GDEMZA-MESA#MEIYE, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 290/19 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 15 de noviembre de 2019; y Considerando: Que por dicha Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por la nombrada firma contra la Resolución N° 211/19 del referido Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) por violación al Artículo 11 del Decreto Nº 274/19; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003; Que el Orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2019-03460165-GDEMZA-DFYC#MEIYE obran Actas de Infracción e intervención Nros.2649 y 2650, de fecha 1 de julio de 2019, labrada por el citado Organismo en el Supermercado “VEA”, propiedad de la referida firma, con domicilio en Ruta Panamericana Nº 2675, Benegas, Departamento Godoy Cruz, Mendoza, por las cuales se constata que en el comercio de referencia se exhiben para su venta productos varios con falencias en su rotulación lo Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Julieta Priolo BO-2022-03638699-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 9 de 142 cual se induce a error o engaño respecto de las condiciones de comercialización; Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria; Que al respecto, señala que no se ha producido violación ni puesta en peligro del bien jurídico protegido y tutelado por el Reglamento Técnico del Mercosur. Que la finalidad del mismo es la de satisfacer el objetivo de construir un Mercado Común y que los Estados Parte del Tratado de Asunción, aprobado por Ley Nº 23.981, definan las condiciones de la rotulación de los alimentos que se comercialicen en los Estados Parte del MERCOSUR, cualquiera sea su origen, a los efectos de facilitar el intercambio comercial entre los países signatarios; Que en cumplimiento de dicha ley el Grupo Mercado Común, en su carácter de órgano ejecutivo del referido Tratado, ha dictado la Resolución GMC Nº 21/02, donde en su Anexo se establecen las condiciones de rotulación que deberán cumplir los alimentos envasados. Que dicho reglamento es de aplicación para la rotulación de todo alimento que se comercialice en los Estados Parte del MERCOSUR, cualquiera sea su origen y que sea envasado en ausencia del cliente, listo para ofrecerlo a los consumidores; Que, en concordancia, el Artículo 5º de la Resolución Nº 146/04 del Reglamento Técnico en tratamiento indica cuál es la información obligatoria que debe contener cualquier alimento envasado; Que en el mismo orden de ideas y concordante con la mencionada Resolución, los Artículos 11 y 26 del DNU Nº 274/19 establecen: Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios; Que el Artículo 26 dispone: - La autoridad de aplicación tendrá las siguientes facultades: a) Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la correcta identificación de los bienes y servicios que no se encuentren regidos por las normas… d) Determinar el lugar, forma y características de las indicaciones a colocar sobre los bienes que se comercializan en el país o sobre sus envases… g) Determinar los contenidos o las medidas con que deberán comercializarse los bienes… i) Establecer la obligación de consignar en los bienes que se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas; Que la Corte Suprema de Justicia, al analizar el régimen derogado de la Ley Nº 22.802, se ha expedido alegando que: “Estas infracciones no requieren la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado”(324:2006 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carrefour Argentina S.A. 26/06/2001); Que por todo lo expuesto y en virtud de las Actas de Infracción e Intervención labradas por los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control, se puede advertir que la firma recurrente se encuentra notoriamente en infracción a lo dispuesto por la normativa y que los argumentos esgrimidos por la misma no encuentran razón suficiente que los avale en tal sentido; Que por otro lado, insiste la firma recurrente en afirmar la nulidad del acto administrativo fundado en las Actas no fueron suscriptas por testigos. En tal sentido, es dable señalar que las Actas labradas por funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen documentos públicos (conf. Articulo 289 y cc C.C.C.N) y que es necesario tener en cuenta que las actuaciones administrativas llevan ínsita la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03638699-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 10 de 142 presunción iuris tantum de su legitimidad y autenticidad. (CNCiv., Sala B. 13-12-54, JA. 1955-II-456); Que ello no implica la inversión de la carga de la prueba ya que, en virtud de las constancias de las Actas, la infracción se encontraba probada y quien alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales asertos, no contrariando principios constitucionales, hecho que no vemos reflejado en las presentes actuaciones, toda vez que la firma recurrente no ha aportado prueba en contrario alguna; Que, asimismo y en función de esto, se advierte que las Actas atacadas gozan de todos sus elementos formales para ser consideradas autosuficientes, toda vez que las mismas detallan qué productos estaban en infracción y por qué y cuál es el encuadre legal que corresponde al caso, amén de consignarse expresamente que se notificaba según lo establecido en el Artículo 151 de la Ley Nº 9003 de Procedimiento Administrativo; Que el Decreto nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección establecido en dicha normativa se asienta la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que la Resolución Nº 290-DFyC-19 ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e indicando que la firma sancionada no se expide en relación con el supuesto fáctico, por todo lo cual se reitera que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmado en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso presentado contra la misma; Que no se observen en ella vicios en los términos de la Ley Nº 9003 que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento y apartarse a lo dispuesto por la Dirección de Fiscalización y Control; Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la firma CENCOSUD S.A. por resultar su conducta violatoria de lo dispuesto por el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía en Orden 15 y en Orden 26 y por Asesoría de Gobierno en Orden 19 del expediente de referencia, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C RE T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto en Orden 2 del expediente N° EX-2019-06848198-GDEMZA-MESA#MEIYE, por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, contra la Resolución N° 290/19 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 15 de noviembre de 2019, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03638699-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 11 de 142 Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 26/05/2022 (1 Pub.)