DECRETOS

Decreto Nº 730

Fecha de publicación
24 de mayo de 2022
Fecha de la norma
12 de mayo de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.626 · páginas 17–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 730 MENDOZA, 12 DE MAYO DE 2022 Visto el expediente EX-2018-03249016-GDEMZA-MESA#MEIYE, en el cual se tramita la restitución de un inmueble ubicado en el Parque Industrial Provincial, a la Provincia de Mendoza por parte de la empresa Minera Luján S.R.L. (ex Minera Plumerillo Gassull S.R.L.); y Considerando: Que conforme surge de la presentación efectuada en el orden 2 la empresa Minera Luján S.R.L (ex Minera Plumerillo Gasull S.R.L.) a través de su apoderado, señor Carlos Marziali, informa a la Subsecretaría de Industria y Comercio que la actividad se ha desarrollado y la inversión se ha cumplido. También refiere que la empresa se encuentra en concurso preventivo de acreedores, que la misma no está en condiciones de hacer inversiones y además solicita autorización para la venta del predio del Parque Industrial Provincial. Requiere, a los efectos de ser publicado en el expediente concursal, que se establezcan las condiciones bajo las cuales deberá realizarse la venta y los requisitos que debe cumplir la empresa que lo adquiera; Que en orden 15 la empresa presenta, cumpliendo con lo solicitado en orden 7, documentación que acredita titularidad sobre terrenos del Parque Industrial Provincial: Escritura Nº 52 de fecha 01 de junio de 1992, venta de fracción de terreno de 10,00 Has. inscripto en Rentas bajo padrón Nº 11542/06 y Escritura Nº 22 de fecha 07 de mayo de 2001, venta de dos fracciones de terreno, parcela I de 9 Has. 4.907,43 m2 –padrón de Rentas Nº42423/06 - y parcela II de 7 Has. 5.931,03 m2 – Padrón Nº 42424/06; Que la empresa Minera Luján S.R.L. (ex Minera Plumerillo Gassull S.R.L.) adquiere el dominio de los terrenos en el Parque Industrial Provincial mediante Convenios aprobados por los Decretos Nº 2389/91 y Nº 2202/99; Que con fecha 01 de septiembre de 1992 y 07 de mayo de 2001 se firman las escrituras traslativas de dominio (Escritura Nº 52 y Nº 22, respectivamente, de Escribanía General de Gobierno) según consta en el expediente de referencia; Que la empresa Minera Luján SRL solicita autorización para la venta de los terrenos que posee en el PIP por no poder continuar con las actividades para las que se había asentado; Que dicha solicitud encuentra fundamento en lo prescripto por el Artículo 18 del Decreto Nº 427/78 y concordantes; Que la Subdirectora de Industria y Comercio informa que la mencionada empresa se encuentra en proceso de concurso preventivo de acreedores, tramitado mediante expediente Nº 38257, caratulado “MINERA LUJÁN S.R.L (EX MINERA PLUMERILLO GASSULL S.R.L) P/ Concurso preventivo (288)”- Primera Circunscripción Judicial, Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. CUIJ: 13-00000461-2 (011901-38257); Que en orden 33 se incorpora la presentación de una tercera empresa denominada Cerro Rincón S.A., a Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03596199-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 17 de 175 través de su apoderado, acreditado con un Poder General de Administración manifestando su interés en adquirir los inmuebles que actualmente ocupa la empresa Minera Lujan S.R.L.; Que cabe destacar que, conforme el Poder acompañado por el apoderado de Cerro Rincón S.A., surge del mismo que el señor Jorge Juan Gassull, DNI 10.564.535, es su Presidente. Y es que en las escrituras traslativas de dominio agregadas en el orden 15 el propio Señor Gassull firma en carácter de socio gerente de la Empresa Minera Plumerillo Gassull S.R.L. (hoy Minera Luján S.R.L), dato no menor a tener en cuenta para la eventual nueva venta de los terrenos del Parque Industrial que se pretende. Así las cosas, en el orden 42 consta una nueva presentación de la Empresa Cerro Rincón S.A. en atención al interés de adquirir los predios en cuestión; Que tanto la concursada como la firma Cerro Rincón S.A. intentaron llevar a cabo una venta de los terrenos con algunas presentaciones, pero no completaron la documentación solicitada en innumerables oportunidades, según consta en Órdenes 57/60, como tampoco una propuesta completa en cuanto a proyecto de inversión y demás requisitos legales; Que en Orden 64 obra carta documento en donde consta la notificación a Minera Luján S.R.L. mediante la cual se la emplaza en 10 días para que concurra a Escribanía General de Gobierno a suscribir la escritura que instrumente la retroversión de los inmuebles al Estado Provincial, en razón de encontrarse concursada y no haber dado cumplimiento con las obligaciones contractuales. En orden 71 obra notificación efectuada en fecha 14 de abril de 2021 a los mismos fines; Que la situación fáctica jurídica que atraviesa el inmueble de que se trata y la legislación específica aplicable manifiestan el abandono de la actividad por parte de la empresa, lo cual fue oportunamente ratificado en su presentación de orden 02, al referir su apoderado que Minera Luján S.R.L. (ex Minera Plumerillo Gassul S.R.L.) no está en condiciones de hacer las inversiones necesarias para seguir funcionado, sumado a su presentación en concurso, tal y como surge de las actuaciones judiciales acompañadas en el expediente sumado al prolongado tiempo trascurrido sin que se dé cabal cumplimiento a las cláusulas y obligaciones convenidas y aceptadas por el adquirente; Que existe una expresa e inequívoca manifestación de parte del suscribiente de no continuar con la actividad por falta de inversión y su interés de vender a terceros, a lo que se suma el hecho de estar inmerso en un proceso concursal; Que es el fin principal de esta clase de contratos administrativos el buscar el desarrollo industrial y económico mediante el fomento de distintas actividades y, por supuesto, su real cumplimiento, lo cual no se evidencia, pues la adquirente en su presentación manifiesta claramente su intención de no seguir con la actividad, estar concursada y pretender vender los predios a terceros; Que los contratos que la Administración celebra en ejercicio de la función administrativa estatal se rigen, en mayor o menor medida y según corresponda en cada tipo de ellos, por el derecho público y el privado, a menos que el régimen legal prevea otra solución específica; Que en los casos que el régimen jurídico del contrato atribuya a la Administración la potestad de decidir ejecutoriamente sobre el sentido y verdadero alcance del contrato, el ejercicio del ius variandi, determinar unilateralmente incumplimientos del mismo e imposición de sanciones, tales decisiones podrán ser impugnados por el contratante de acuerdo al régimen del acto administrativo y revisados posteriormente de conformidad al Código Procesal Administrativo; Que los contratos o convenios que dan origen a la escritura en favor de la empresa Minera Luján SRL (ex Minera Plumerillo Gassul SRL), son plenamente asimilables a los llamados contratos administrativos de fomento. Autores como Jordana de Pozas ha definido el fomento administrativo como "la acción de la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03596199-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 18 de 175 Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos". Por su parte, Garrido Falla, señala que es "aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público protegiendo o promoviendo, sin emplear coacción, las actividades de los particulares o de otros entes públicos que directamente las satisfacen"; Que en absoluta consonancia se erigen los preceptos primordiales del Decreto-Ley N° 4227, Decreto Reglamentario N° 427/78, y demás normativa ya reseñada, la cual persigue la promoción y estimulación de la actividad económica particular o pública por medio de estos contratos de fomento. El elemento causal por excelencia es la promoción o aumento del bienestar de la comunidad que se beneficia directa o indirectamente de la actividad objeto de fomento. Así, esta clase de contratos por su particularidad generan para el co-contratante una serie de beneficios de índole económicos, financieros y fiscales; Que se hace necesario destacar que estamos ante un evidente incumplimiento nacido de un contrato administrativo ya que es evidente la posibilidad teórica de que existan contratos "administrativos", propiamente dichos, celebrados entre la Administración Pública y los administrados o particulares (TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - Tomo III –Contratos de la Administración Pública teorías general y de los contratos en particular. -MARIENHOFF, MIGUEL S.) Que de igual manera se pronuncia la legislación provincial, Ley 9003, Artículos 112 y concordantes, respecto a la existencia de los contratos administrativos que en ejercicio de sus funciones pueda librar el Estado Provincial con particulares o administrados; Que este caso tiene como origen la suscripción de convenios o contratos que fueron ratificados por decretos, los cuales contenían derechos y obligaciones, pero por sobre todo una serie de prerrogativas y cláusulas del tipo exorbitantes "expresas", pues los derechos y las prerrogativas que nacen en cabeza de la Administración Pública en este caso, derivan respectivamente del objeto o el propio contenido del contrato y de las referidas cláusulas exorbitantes expresas; Que esto lo deja bien en claro el dictamen de orden 65, en donde se advierte el sometimiento expresado en la Cláusula SEXTA del convenio aprobado por Decreto N° 2389/91, donde se convino expresamente que si el comprador desistiera de proseguir con la radicación de la industria, o en caso de quiebra o concurso, automáticamente el Estado recuperará el terreno, haciendo devolución del precio recibido, sin intereses ni actualización, dentro de los (30) TREINTA días de tomada la posesión libre de ocupantes y transferido el dominio libre de gravámenes y contratos. En plena consonancia, la cláusula DÉCIMA establece que la empresa se obliga a respetar las reglamentaciones que regulan el funcionamiento del Parque Industrial Provincial, que declara conocer en todas sus partes; Que tanto la suscribiente como una tercera empresa (Cerro Rincón) intentaron llevar a cabo una compra- venta de los terrenos con algunas presentaciones, pero ello nunca se concretó por falta de cumplimiento y presentación de la documentación solicitada en innumerables oportunidades (órdenes 57-60) como tampoco una propuesta completa en cuanto a proyecto de inversión y demás requisitos legales. Todo lo cual denota la evidente decisión de Minera Luján SRL (ex Minera Plumerillo Gassul SRL), de desistir de realizar la explotación por cuestiones de costos, entre otros, sumado a ello el concurso de la empresa, hace que opere la Cláusula Sexta mencionada; Que, además, se habrían vencido ampliamente los plazos conforme las probanzas agregadas al expediente, haciéndose plenamente aplicables las cláusulas del contrato suscripto; Que el derecho primario y esencial de la Administración Pública consiste en poder exigirle a su co- contratante el cumplimiento de lo convenido, conforme a lo estipulado en el contrato. Diríase que todas las "prerrogativas" de que dispone la Administración como inherentes a un contrato administrativo tienden, precisamente, a lograr que el co-contratante cumpla en forma adecuada su obligación esencial. Como los Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-03596199-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 19 de 175 contratos "administrativos" siguen siendo o constituyendo la "ley de las partes", va de suyo que éstas tienen el derecho recíproco de exigirse las prestaciones a que se han obligado. Como bien se dijo, también en este ámbito del derecho "debe respetarse la convención de las partes", cualquiera sea la especie del contrato administrativo que se considere; Que es necesario tener en consideración que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del compromiso de venta de fecha 26 de diciembre de 1990 y la Cláusula Décimo Primera incisos 1) y 2) del compromiso de venta de fecha 13 de septiembre de 1999, oportunamente suscriptos con la concursada y aprobados mediante los Decretos N° 2389/91 y N° 2202/99, la presentación en concurso de la empresa y/o la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, implica que el Estado –automáticamente- debe proceder a recuperar los terrenos; Que por lo expuesto se considera conveniente disponer la resolución de ambos convenios; Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Declárense rescindidos los contratos de compra-venta suscriptos entre la Provincia de Mendoza y la firma Minera Luján S.R.L. (ex Minera Plumerillo Gassull S.R.L.), en fecha 26 de diciembre de 1990 y 13 de septiembre de 1999, aprobados por Decretos Nº 2389/91 y Nº 2202/99 respectivamente, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto. Artículo 2° - Facúltese a Escribanía General de Gobierno a instrumentar la registración o reinscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos de 10,00 Has. inscripto en Rentas bajo padrón Nº 11542/06 y Escritura Nº 22 de fecha 07 de mayo de 2001, venta de dos fracciones de terreno, parcela I de 9 Has. 4.907,43 m2 –padrón de Rentas Nº42423/06 - y parcela II de 7 Has. 5.931,03 m2 – Padrón Nº 42424/06sito sitos en el Parque Industrial Provincial creado por Decreto-Ley N° 4227/77 y su Decreto Reglamentario Nº 427/78. La transferencia que se dispone deberá efectuarse libre de ocupantes y transferidos los dominios libres de gravámenes y contratos que pudieren existir sobre los mismos, así como incluir en las mencionadas transferencias las instalaciones fijas y construcciones que se hubieren realizado en los predios. Artículo 3° - Notifíquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 24/05/2022 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA