DECRETOS
Decreto Nº 644
- Fecha de publicación
- 19 de mayo de 2022
- Fecha de la norma
- 2 de mayo de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.623 · páginas 6–9
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 644
MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2022
Visto el Expte. Nº EX -2021-08566399-GDEMZA-MGTYJ; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 2 de las presentes actuaciones se presenta María Mercedes Gentile D.N.I. Nº 33.761.026, e
interpone recurso de alzada contra lo resuelto en Acta Nº 1147 de fecha 30/11/18, emanada del Honorable
Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, en adelante
Caja Forense o la Caja, originaria del Expediente Nº 79-GN-18 “GATICA, OLGA (P/LA SRA. GENTILE
MARIA MERCEDES) S/ SOLICITA DECLARACIÓN PRESCRIPCIÓN" de la Caja;
Que la cuestión suscitada tiene su origen en la solicitud de declaración de prescripción por ante Caja
Forense efectuada por María Mercedes Gentile, en su carácter de administradora de la sucesión tramitada
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en autos Nº 31992 caratulados: "GENTILE ALBERTO HUGO P/SUCESIÓN", radicada en el Tercer
Juzgado Civil, Comercial y Minas de Rivadavia, Tercer Circunscripción Judicial;
Que concretamente requiere se declare la prescripción de los tributos correspondientes a la hijuela Nº 1
(compuesta por rodados) del sucesorio del Sr. Alberto Gentile (abuelo) que tramitó en el mismo tribunal en
autos Nº 4180 y de la que resultó adjudicatario su padre mediante resolución judicial de adjudicación de
fecha 01/09/1995;
Que agrega que acaecido el fallecimiento de su padre, se abre la sucesión respectiva (autos Nº 31992)
pretendiendo se le adjudique por partición privada los rodados, ante lo cual se ordena judicialmente se
acredite el pago de las gabelas del sucesorio del abuelo, es decir, el Expediente Nº 4180 de donde parte la
hijuela de su padre. Atento a la fecha de resolución de fs. 415/416, de fecha 01/09/1995, la obligación
tributaria se encontraría prescripta;
Que añade que de las constancias del Expediente Nº 4180 la ex Dirección General de Rentas intervino en
las etapas correspondientes y hasta hubieron liquidaciones parciales, por lo que no puede oponerse
ocultamiento y/o falta de conocimiento de la autoridad;
Que la solicitud de prescripción aludida es desestimada en lo sustancial por el Honorable Directorio de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza mediante Acta Nº 1147, de
fecha 30/11/2018, fundada en que el auto que aprueba la adjudicación de fecha 01/09/1995 -a partir de la
cual la obligación al pago de aportes queda expedita- no ha sido notificado a la Caja, ni se le dio
intervención alguna en el sucesorio, por lo que no se puede reputarse iniciado el plazo de prescripción;
afirma que dicho órgano solo puede inhibirse de accionar como cualquier particular, más carece de
potestad para declarar la ocurrencia de prescripción, toda vez que tal potestad es jurisdiccional al
reconocer a la prescripción naturaleza de acción o excepción - Artículo Nº 2551 C.C.C.N.-; concluye
señalando la imposibilidad de declararse la misma sin intervención de los profesionales en cuyas cuentas
debiera imputarse el puntaje correspondiente;
Que es necesario puntualizar que ante las decisiones definitivas de ciertas entidades públicas no estatales
que causen estado dentro de las mismas, procede el recurso de alzada, ya que pese a no estar sujetas al
poder jerárquico del Poder Ejecutivo, están sometidas al control de éste último en relación a ciertos actos
administrativos que efectúa;
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conforme lo
establecido por el Artículo Nº 1 de la Ley Nº 5059, es una entidad autárquica con personería jurídica e
individualidad financiera, independiente de la Administración Pública, con capacidad para actuar pública y
privadamente, por lo que conforme lo expresado precedentemente, tanto la doctrina como la jurisprudencia
admiten la procedencia del recurso de alzada contra las decisiones definitivas de dicho ente;
Que la resolución recurrida emitida por el Directorio, fue notificada al quejoso en fecha 07/12/18, por lo que
corresponde afirmar que ha sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo prescripto por el
Artículo Nª 184 y cc. de la citada ley, de aplicación en virtud de lo dispuesto por el Artículo Nº 1 del citado
cuerpo legal;
Que el recurrente no ha abonado la tasa retributiva de servicios y aportes a la Caja Forense, no obstante a
fin de evitar dilaciones se sugiere continuar con la tramitación del mismo sin perjuicio de la intimación
pertinente a erogar tales emolumentos y consiguiente paralización en caso de falta de pago;
Que recurrente propicia el rechazo del acto administrativo invocando que la Caja no se encuentra
imposibilitada para declarar la prescripción en virtud de los Artículos 10, 48 y cc. de la Ley Nº 5059, por
detentar prerrogativas propias de la administración tributaria, agregando que la Administración Tributaria
Mendoza lo hizo con la hijuela de marras;
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Que al fundar su pretensión sostiene que Caja Forense no puede argüir desconocimiento cuando ha
intervenido aforando parcialmente la hijuela como se desprende de la tapa de las mismas y fue
debidamente notificada del inicio de la sucesión;
Que el quejoso entiende que la intervención de los profesionales se resuelve con una vista a los mismos,
por otra parte advierte que dichos profesionales no intervienen en los apremios que realiza la Caja, siendo
esta última la responsable del cobro y administración de los fondos;
Que por último suscita el reproche el recurrente señalando que ninguno de los argumentos admiten
mantener viva una deuda por más de veinte años sin que pueda considerarse la prescripción liberatoria;
Que los aportes y contribuciones a favor de la Caja Forense revisten naturaleza tributaria por cuanto,
aunque tales cotizaciones se efectúen a favor de un ente no estatal, ello es en el ejercicio de la potestad
tributaria otorgada por la legislación al sancionarse la Ley Nº 5059, revistando la Caja como persona
jurídica de derecho público no estatal con autonomía económica y financiera, lo que se ve confirmado al
establecerse con rango legal sus recursos -aportes, contribuciones y otros recursos financieros de la
entidad;
Que el caso de marras se refiere a la prescripción de los aportes previsionales por actuaciones judiciales,
los cuales se regulan por el Artículo Nº 16 de la Ley Nº 5059;
Que la Ley Nº 5059 no posee disposiciones sobre plazos de prescripción liberatoria en lo que respecta a
las facultades de la Caja para exigir el pago de aportes;
Que el silencio de la legislación aplicable en materia de plazo de prescripción de estos tributos o
contribuciones previsionales, cabe suplirlo analógicamente con los plazos al efecto y especialmente
establecidos en la legislación comparada vigente en la materia. En primer lugar y especialmente en el
ámbito del derecho público nacional o local comparado, para recién y no colmarse la laguna legal con este
recurso hermenéutico, acudir al derecho común, esto es a los llamados códigos de fondo, tal como se ha
hecho en el dictamen de orden 05, que acertadamente bien concluye en la ilegitimidad del Acta Nº
1147/2018, cuya revocación por ilegitimidad procede;
Que atento a lo expuesto corresponde que la prescripción liberatoria de los aportes a Caja Forense, al ser
previsionales, se rijan por los principios especiales de la Seguridad Social dispuestos por la Ley Nacional
Nº 14236, al ser una ley de naturaleza previsional dictada por el Congreso Nacional;
Que en consecuencia, el plazo de prescripción es decenal y no quinquenal pues se trata de una deuda
previsional regulada por normativa específica que rige la materia en orden a la prescripción de este tipo de
obligaciones;
Que la Ley Nº 14236 al ser nacional, cumple con el principio de reciprocidad del Artículo Nº 56 de la Ley Nº
5059;
Que de las constancias de fs. 12 del Expediente Nº 79-GN-18, la Caja no puede alegar desconocimiento
dado el plan de pagos que otorgó en el año 1998 en relación a la hijuela Nº 1;
Que es preciso advertir que el recurso de alzada en trámite se traduce en un control de legitimidad, por lo
cual se podrá revocar por ilegitimidad el acto administrativo impugnado en alzada, pero no modificarlo,
reformarlo o sustituirlo -Artículo 185 de la Ley Nº 9003-;
Por ello y con lo dictaminado en orden 05 por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia y en orden 10 por Asesoría de Gobierno, del Expediente Nº EX-2021-08566399-GDEMZA-MGTYJ;
EL
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Admítase en lo formal y en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por María Mercedes
Gentile D.N.I. Nº 33.761.026, contra lo resuelto en Acta Nº 1147, de fecha 30/11/2018, emanada del
Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza,
originaria del Expediente Nº 79-GN-18 “GATICA, OLGA (P/LA SRA. GENTILE MARIA MERCEDES) S/
SOLICITA DECLARACIÓN PRESCRIPCIÓN" de la Caja, de conformidad con los argumentos esgrimidos
en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Revóquese por ilegítima la Resolución adoptada en el Acta Nº 1147 de fecha 30 de noviembre
de 2018 por el Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores
de Mendoza.
Artículo 3º - Remítanse las presentes actuaciones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y
Procuradores de Mendoza, a fin de que dicte una nueva resolución con sujeción a las pautas legales
sentadas en los considerandos precedentes.
Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
19/05/2022 (1 Pub.)
MINISTERIO SEGURIDAD
