RESOLUCIONES
Resolución Nº 1700
- Fecha de publicación
- 4 de mayo de 2022
- Fecha de la norma
- 3 de mayo de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.613 · páginas 68–73
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 1700
MENDOZA, 03 DE MAYO DE 2022.
VISTOS:
Las Leyes nacionales Nº 25.246, Nº 26.268, Nº 26.683; las Resoluciones de la Unidad de Información
Financiera Nº 29/2011, Nº 134/2018; Nº 15/2019, Nº 128/2019, N° 112/2021 y N° 50/2022, entre otras; y
las Leyes provinciales Nº 9002 y Nº 9003, y
CONSIDERANDO:
I.- Que, desde el año 2000, la República Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI, o en inglés FATF - Financial Action Task Force), organización intergubernamental que
fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales,
regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz
mundiales.
II.- Que en nuestro país la Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo que tiene a su cargo el
análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir el Lavado de Activos
(LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los Delitos Económico-Financieros Complejos (DEFC).
III.- Que el inciso 6º del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establece que los Registros
Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de la Fiscalización y Control de Personas
Jurídicas son Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos
del artículo 21 del mismo cuerpo legal, estando esta Dirección en consecuencia alcanzada por dicha
normativa.
IV.- Que la Resolución UIF Nº 29/2011 fija diversas medidas y procedimientos que los Registros Públicos
de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deben
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan
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prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del
Terrorismo (FT).
V.- Que el Lavado de Activos (LA) ha sido definido como el “proceso en virtud del cual los activos de
origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma
lícita”. Se trata de un mecanismo mediante el cual se busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero
conseguido de una actividad ilícita, intentando en ese proceso dar a esos fondos apariencia de haber sido
obtenidos legalmente.
VI.- Que, por su parte, la Financiación del Terrorismo (FT) ha sido conceptuada como cualquier forma de
acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o
grupos terroristas, provenga tanto de bienes lícitos como ilícitos, estando en este último caso vinculado al
Lavado de Activos (LA).
VII.- Que las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son ampliamente
reconocidas como los principales estándares en materia de prevención de LA/FT actualmente en uso, de
tal modo que los Estados realizan importantes esfuerzos para ajustarse a ellas.
VIII.- Que, en tal sentido, de acuerdo con lo establecido en las Recomendaciones Nº 12 y Nº24 del GAFI,
los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre las personas
políticamente expuestas, el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades
competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.
IX.- Que acorde a los estándares internacionales exigidos por el ya referido Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) con miras a la ronda de evaluaciones que esta entidad internacional realizará
respecto de nuestro país, se torna oportuno que nuestra Provincia instrumente determinados mecanismos
y procedimientos de control específico en orden a cumplir con sus obligaciones de información y
colaboración para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan
prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos ya referidos, que no sólo atentan gravemente
contra el sistema financiero, sino que además potencian sus perniciosas consecuencias sobre todo el
conjunto de la sociedad.
X.- Que, para la prosecución de estos altos objetivos, y los indudables beneficios que ella acarrea, es
fundamental contar con la colaboración y el compromiso en los términos del Artículo 27 de la Ley 9002 de
los administrados y, especialmente, de los profesionales de las ciencias económicas, notarios y abogados
que los asisten en la conformación y modificación de las entidades que se registran en esta Dirección.
XI.- Que, en virtud de las exigencias legales descriptas y para alcanzar los estándares internaciones de
transparencia ya señalados, se reputa necesario establecer nuevas herramientas que permitan una
evaluación adecuada de las personas jurídicas que se registran en esta Dirección, en especial respecto de
los siguientes puntos: 1) Los beneficiarios finales de las personas jurídicas; 2) El origen y licitud de los
fondos del capital suscripto para la conformación de las entidades -tanto civiles como comerciales- como
de sus eventuales aumentos, como así también de los aportes y donaciones que reciben de terceros.
XII.- Que el suministro de dicha información correcta y veraz por parte de los administrados será requisito
indispensable para la aprobación de los actos sujetos al control de legalidad y registración de esta
Dirección, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que la normativa citada establece.
XIII.- Que, en primer término, en cuanto a la figura del Beneficiario Final (BF), y teniendo en cuenta los
parámetros definidos en la Resolución UIF N° 112/2021, se establece que a partir del 1 de Junio de 2022
será obligatorio:
a) Informar como tal a toda persona humana que posea/n como mínimo el Diez por Ciento (10 %) del
capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un
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patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por
otros medios ejerza/n el control final de las mismas.
b) Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas
humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando,
por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad
social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura
jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas.
c) Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de
Beneficiario/a Final conforme a la definición precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona
humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica,
fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica, según
corresponda. Ello, sin perjuicio de las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para
verificar y supervisar las causas que llevaron a la no identificación de el/la Beneficiario/a Final en los
términos establecidos en los párrafos primero y segundo del presente artículo.
d) En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o
extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.
e) La condición de BF deberá comunicarse mediante una declaración jurada suscripta por el propio
beneficiario, cuya firma deberá estar certificada por escribano público, y en caso de ser firmada en el
exterior, legalizada con la apostilla o el Ministerio de Relaciones Exteriores, y deberá ser presentada en la
primera oportunidad en que se solicite la inscripción de trámites registrales a partir de la fecha indicada,
siendo suficiente acreditar su cumplimiento anterior en los trámites posteriores que se efectúen dentro del
mismo año calendario. A tal efecto, para mayor conveniencia de los administrados podrá utilizarse
formulario por separado, o en su defecto insertarse en el instrumento respectivo, siempre que se indicara
en forma clara y precisa el carácter de tal manifestación, y se denunciaran todos los datos exigidos, sin
excepción.
f) En el supuesto de los contratos asociativos, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada
una de las entidades que integran dicho contrato.
XIV.- Que, en relación al Origen y Licitud de los Fondos (OLF) y/o Bienes destinados al capital de las
entidades civiles y comerciales, y teniendo en cuenta los parámetros definidos en la Resolución UIF N°
50/2022 de reciente factura:
a) En caso que el capital o su aumento sea superior a Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00) e inferior a
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($ 2.400.000,00), se exigirá a partir del 1 de Junio de 2022 la
presentación de una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes involucrados en la
operación, que proporcione la totalidad de la información indicada en el Art. 12 y 13 de la Resolución UIF
N° 21/2011 en su texto ordenado, pudiendo utilizarse un formulario separado, o bien la inserción de la
misma en el instrumento pertinente;
b) En caso que el capital o su aumento sea superior a Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($
2.400.000,00) e inferior a Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Mil ($ 5.400.000,00), se exigirá a partir del 1
de Junio de 2022 la presentación de una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes
involucrados en la operación, conjuntamente con una certificación contable con intervención del respectivo
consejo profesional;
c) En caso que el capital o su aumento sea igual o superior a Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Mil ($
5.400.000,00), se exigirá a partir del 1 de Junio de 2022 la presentación de una certificación contable con
intervención del respectivo consejo profesional, que deberá contener de manera adicional la
correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer el origen lícito de los fondos;
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d) Iguales previsiones regirán para las entidades que reciban aportes y/o donaciones, sea en un solo acto
o en varios actos otorgados por la misma persona.
e) Los límites establecidos quedan sujetos a las actualizaciones que en futuro disponga la Unidad de
Información Financiera (UIF) u organismo que la reemplace.
XV.- Que, respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se reitera la exigencia establecida
desde el año 2014 por Resolución N° 3436 de esta Dirección, en sentido coincidente con las Resoluciones
UIF Nº 134/2018; Nº 15/2019 y Nº 128/2019, de requerir que declaren si revisten -o no- tal condición a las
personas humanas que pretendan la conformación o administración de entidades, y en oportunidad que
requieran la inscripción de dichos trámites. Al efecto, podrá utilizarse formulario por separado, o bien
utilizar la inserción autorizada para los casos anteriores.
XVI.- Que, a efectos de lograr una adecuada implementación de los mecanismos de control dispuestos en
la presente, se considera provechoso la planificación y realización de diversos programas de capacitación
sobre la materia para los agentes de esta Dirección.
XVII.- Que, finalmente, resultando de suma importancia de que el conjunto de la sociedad conozca la
trascendencia de los objetivos de transparencia perseguidos, adhiera a los mismos, y colabore con la
prevención de los delitos reseñados, se solicitará la amplia difusión de las medidas dispuestas en la
presente entre administrados; profesionales y colegios que los nuclean; municipios; medios de
comunicación; y organizaciones no gubernamentales, entre otras.
Que, por ello
LA DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Establecer para las entidades registradas o a registrarse en esta Dirección, la obligación a
partir del 1 de Junio de 2022 de presentar en relación a su BENEFICIARIO FINAL (BF):
a) Una declaración jurada indicando como tal a toda persona humana que posea/n como mínimo el Diez
por Ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo
de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s
humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.
b) Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas
humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando,
por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad
social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura
jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas.
c) Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de
Beneficiario/a Final conforme a la definición precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona
humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica,
fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica, según
corresponda. Ello, sin perjuicio de las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para
verificar y supervisar las causas que llevaron a la no identificación de el/la Beneficiario/a Final en los
términos establecidos en los párrafos primero y segundo del presente artículo.
d) En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.
e) La condición de BF deberá comunicarse mediante una declaración jurada suscripta por el propio
beneficiario, cuya firma deberá estar certificada por escribano público, y en caso de ser firmada en el
exterior, legalizada con la apostilla o el Ministerio de Relaciones Exteriores, y deberá ser presentada en la
primera oportunidad en que se solicite la inscripción de trámites registrales a partir de la fecha indicada,
siendo suficiente acreditar su cumplimiento anterior en los trámites posteriores que se efectúen dentro del
mismo año calendario. A tal efecto, para mayor conveniencia de los administrados podrá utilizarse
formulario por separado, o en su defecto insertarse en el instrumento respectivo, siempre que se indicara
en forma clara y precisa el carácter de tal manifestación, y se denunciaran todos los datos exigidos, sin
excepción.
f) En el supuesto de los contratos asociativos, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada
una de las entidades que integran dicho contrato.
ARTÍCULO 2º: Establecer para las entidades registradas o a registrarse en esta Dirección, la obligación a
partir del 1 de Junio de 2022 de presentar en relación al ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS (OLF)
aportados:
a) En caso que el capital o su aumento sea superior a Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00) e inferior a
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($ 2.400.000,00), se exigirá a partir del 1 de Junio de 2022 la
presentación de una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes involucrados en la
operación, que proporcione la totalidad de los datos e información indicados en el Art. 12 y 13 de la
Resolución UIF N° 21/2011 (T.O. N° 50/2022), pudiendo utilizarse un formulario separado, o bien la
inserción de la misma en el instrumento respectivo;
b) En caso que el capital o su aumento sea superior a Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($
2.400.000,00) e inferior a Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Mil ($ 5.400.000,00), se exigirá a partir del 1
de Junio de 2022 la presentación de una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes
involucrados en la operación, conjuntamente con una certificación contable con intervención del respectivo
consejo profesional;
c) En caso que el capital o su aumento sea igual o superior a Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Mil ($
5.400.000,00), se exigirá a partir del 1 de Junio de 2022 la presentación de una certificación contable con
intervención del respectivo consejo profesional, que deberá contener de manera adicional la
correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer el origen lícito de los fondos;
d) Las previsiones de los incisos a, b y c regirán para las entidades que reciban aportes y/o donaciones,
sea en un solo acto o en varios actos otorgados por la misma persona.
e) Los montos establecidos en los incisos precedentes quedan sujetos a las actualizaciones que en futuro
disponga la Unidad de Información Financiera (UIF).
ARTÍCULO 3º: Reiterar para las personas humanas que pretendan conformar o administrar a las entidades
registradas o a registrarse en esta Dirección, y en oportunidad que requieran la inscripción de dichos
trámites, la obligación de presentar declaración jurada sobre si revisten -o no- la condición de Persona
Expuesta Políticamente (PEP) en los términos establecidos por las Resoluciones Nº 134/2018, Nº 15/2019
y Nº 128/2019 de la Unidad de Información Financiera (UIF), pudiendo utilizarse un formulario por
separado, o bien insertar la misma en el instrumento respectivo.
ARTÍCULO 4º: Establecer en lo sucesivo la realización de programas continuos de capacitación destinados
a los dependientes de esta Dirección, con el objeto de alcanzar una adecuada implementación de los
mecanismos de control dispuestos en la presente, y los objetivos propuestos en cuanto a transparencia y
la prevención de los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
ARTÍCULO 5º: Otorgar a la presente el carácter de Resolución General a los términos del artículo 18 de la
Ley Nº 9002, y ordenar su publicación por una vez en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6º: Comunicar la presente al Consejo Notarial, Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Federación de Colegios de Abogados de la provincia, como así también a los departamentos u oficinas de
entidades intermedias y receptorías municipales que usualmente presentan trámites ante esta repartición,
solicitándoles su colaboración para la amplia difusión entre los profesionales que nuclean y administrados
que asisten de las medidas dispuestas y de los objetivos de transparencia y prevención que persigue esta
Dirección con el dictado de la presente.
Cumplido ello, disponer su registro y archivo.
Sebastián G. Soneira
S/Cargo
04/05/2022 (1 Pub.)
