DECRETOS
Decreto Nº 1359
- Fecha de publicación
- 12 de abril de 2022
- Fecha de la norma
- 4 de noviembre de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.599 · páginas 9–11
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1359
MENDOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020
Visto lo actuado en la pieza administrativa N° 8945-D-16-18006; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 51/65 del expediente N° EX 2018-01599465-GDEMZA-SSP, el señor Raúl Orlando Lillo,
presenta Recurso Jerárquico contra Resolución Nº 0071 del año 2018, emitida por la Secretaría de
Servicios Públicos.
Que analizada la procedencia formal del recurso intentado, debe admitirse de conformidad con lo estatuido
por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que, en cuanto al aspecto sustancial del recurso, el presentante sostiene que, desde el momento que
solicitó una prórroga para realizar la revisión técnica experimentó una imposibilidad para restablecer el
servicio; afirma haberse guiado por lo indicado por el personal de técnica, el cual le habría afirmado que el
taxi podía seguir prestando el servicio; manifiesta que no sabía por qué carril continuaba el expediente que
llevó a las autoridades a revocar el permiso ante la presunta e inexistente causal de abandono del servicio
como causal genérica; que entre la denuncia del estado del vehículo y las exigencias emanadas del
departamento de técnica, el tiempo fue transcurriendo cuando en la verdad de los hechos el vehículo al
poco tiempo de pedido de prórroga, estuvo en condiciones de brindar el servicio.
Que el recurrente aduce que durante los ocho meses transcurridos entre su pedido de prórroga para
efectuar la revisión técnica y la verificación del estado del vehículo, el mismo estuvo parado, sin brindar el
servicio, esperando la autorización de la Dirección de Transporte para poder realizar la Revisión Técnica
Obligatoria (RTO) y restablecer el servicio.
Que, asimismo el recurrente afirma que el informe de fojas 03 de la actuaciones N° 8945-D-16-18006 se
limita a exponer la tierra que había en el auto y no a la imposibilidad de trabajar, habiendo omitido la
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Date: 2022.04.12 08:16:53 -03'00'
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constatación de que todos los sistemas de seguridad, mecánicos, reloj y demás elementos que posee un
taxi estaban funcionando con normalidad.
Que, alega el administrado, que en los hechos conducía como chofer de taxi el señor Miguel Ali y que
luego de aquel suceso, lo autorizó ante la Administración para que en su nombre y representación pudiera
realizar todos los trámites atinentes a restablecer el servicio luego de haber solicitado la prórroga.
Que, señala que estos acontecimientos no implican la venta del permiso y del vehículo como
maliciosamente, según la terminología del recurrente, se habría consignado en el informe de fojas 03 de la
Nota N° 8945-D-16-18006; que la Administración determina en forma arbitraria e irreal que hubo un
acuerdo que implicaba una transferencia no autorizada; que la Resolución N° 2332/2017, decisora de la
revocación del permiso, se basa en el emplazamiento a presentar un descargo sin saber sobre qué
aspecto había que expedirse.
Que, entiende el recurrente que se le revocó el permiso por su condición física y por ser pobre al no poder
pagar los servicios de un abogado que defienda sus derechos, censurando los procedimientos por vicios
graves o groseros que afectarían el debido proceso adjetivo y el derecho de propiedad.
Que el señor Raúl Orlando Lillo ha revelado a través de sus recursos de revocatoria y jerárquico que ha
conocido los antecedentes de hecho, actuaciones y pruebas que han fundado tanto a la sanción de
revocación del permiso mediante la Resolución DT N° 2332/2017 con fundamento en el Artículo 181,
incisos a), d) y ñ) de la Ley N° 6082, como a la Resolución SSP N° 0071/2018.
Que, de los antecedentes, se infiere un hecho probado que el recurrente no refuta en manera alguna en
ninguna de las ocasiones en que tuvo la oportunidad razonable de ejercitar su derecho de defensa y que
es decisivo en esta instancia.
Que tal hecho probado es el que surge del acta de constatación agregada a fojas 03 de las actuaciones
N° 8945-D-16-1806, que fuera extendida con fecha 08 de marzo de 2017, en forma conjunta, por el Jefe
del Departamento Técnico de la Dirección de Transporte, señor Ricardo Pineda y por el Inspector Técnico,
señor Rubén Ariel Guayco, a la cual el propio recurrente consintió personalmente, en su momento,
firmándola.
Que dicha acta de constatación comprobó un cierto y determinado estado de situación de la unidad
dominio HLN-302, modelo 2008, dotada de equipo de GNC, Aditamento 954, correspondiente al permiso
de explotación de taxi cuyo ejercicio titularizó el señor Raúl Orlando Lillo.
Que el acta de constatación asentó, literalmente, que: “se procedió a verificar la unidad arriba
mencionada, se entrevistó al titular, que manifiesta haber vendido el permiso y la unidad, al señor Miguel
Ali, con domicilio en calle Bolivia 3085 de ciudad antes de llegar a Fernando Fader. Acto seguido, nos
dirigimos al lugar, donde se constató la presencia de la unidad Taxi en un estado de conservación
deplorable, con falta de higiene y mantenimiento, con el parabrisas trizado. Cabe destacar que la prórroga
fue solicitada el día 19 de Julio de 2016”.
Que, se advierte que el señor Raúl Orlando Lillo, reconoció espontánea y voluntariamente que había
vendido el permiso y la unidad al señor Miguel Ali sin la intervención ni menos la autorización de la
Administración, siendo así evidente, cuando menos, su desprendimiento físico de la unidad a la cual el
personal de inspección técnica halló en un estado de conservación deplorable, con falta de higiene y
mantenimiento y con el parabrisas trizado, en el mismo domicilio de calle Bolivia al 3085 que el señor Raúl
Orlando Lillo ya les había señalado.
Que la verdad material de este hecho probado evidencia que el recurrente incurrió en la causal de
abandono del servicio de taxi, el cual debió satisfacer en forma ininterrumpida y regular.
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Que el día 05 de julio de 2017 (fojas 08 de las actuaciones N° 8945-D-16-18006), la Jefatura del Área del
Departamento Registro de la Dirección de Transporte informó que hasta dicha fecha el señor Raúl Orlando
Lillo aún no había realizado ninguna presentación por Mesa de Entradas ni tampoco había realizado
nuevamente la revisión técnica de la unidad.
Que la causal de abandono de servicio estaba prevista y sancionada con la revocación del permiso de taxi
al momento en que se extendió el acta de constatación del 08 de marzo de 2017, conforme el Artículo 181,
inciso d) de la Ley N° 6082, habiendo sido suficiente esa fuente legal, formal y autónoma para validar la
sanción aplicada y posteriormente confirmada.
Que esa solución sancionatoria no ha variado con la vigente Ley N° 9086 ya que el Artículo 48 inciso a) de
este texto legal también prevé que el permiso de explotación de un servicio de taxi pueda ser revocado por
“el abandono del servicio o su prestación interrumpida o antirreglamentaria imputable al conductor, al
permisionario o a su mandatario”.
Que mediante la revocación del permiso no se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente ya que
el Artículo 179, inciso a), cláusula 1° de la Ley N° 6082 que instituía que: “los permisos de explotación del
servicio de taxi y remis son de exclusiva propiedad del estado y son inembargables…”.
Que la parte interesada ha gozado de una razonable oportunidad para ejercer su defensa contra la
imputación del hecho previsto y sancionado por el Artículo 181, incisos a), d) y ñ) de la Ley N° 6082, al
tiempo de abrírsele el descargo o de aceptársele formalmente su recurso de revocatoria o de haber
articulado el recurso jerárquico. Ello así, con prescindencia de la ineficacia argumental de las defensas
exhibidas.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por la Asesoría Legal de
la Secretaría de Servicios Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
presentado por el señor Raúl Orlando Lillo, D.N.I. N° 16.221.340, contra la Resolución Nº 0071 del año
2018, emitida por la Secretaría de Servicios Públicos, por lo precedentemente expuesto.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
12/04/2022 (1 Pub.)
