DECRETOS

Decreto Nº 398

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
8 de abril de 2022
Fecha de la norma
31 de marzo de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.597 · páginas 9–11
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 398 MENDOZA, 31 DE MARZO DE 2022 Visto el EX-2019-02775893-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN DE PUY, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 264/19 del entonces Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22.802 y modificatorias, las causas abiertas a la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-02346702-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 9 de 164 fecha de entrada en vigencia del decreto se seguirán rigiendo bajo la ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por supermercado “ÁTOMO”, propiedad de la citada firma, contra la Resolución Nº 63/18 de la Dirección de Fiscalización y Control, a la vez que intimó al pago de la multa de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00), por violación a los Artículos 5° y 6º de la Resolución Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y Defensa del Consumidor, concordante con la Ley Nº 22.802 y modificatorias vigente a la fecha de su aplicación; Que el Recurso Jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que desde el punto de vista sustancial surge del Acta N° 1301 que obra a fojas 1 de la causa digitalizada en número de Orden 31, que el día 29 de septiembre de 2016, inspectores de la Dirección de Industria y Comercio se hicieron presentes en el local de la sancionada y constataron la infracción a los Artículos 5° y 6° de la Resolución Nacional N° 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y Defensa del Consumidor, concordante con la Ley N° 22.802 y modificatorias, por no tener exhibidos los precios a la vista del público de los productos que comercializa; Que los Artículos 5° y 6° de la Resolución Nacional 07/02 rezan que la exhibición de precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible y que cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en lugares de acceso a la vista del público; Que las infracciones a la Resolución Nacional 07/02 son de tipo “formal” y quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley. Ello es así porque la finalidad es evitar el engaño y confusión del consumidor. Y para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la ley. Esa es la forma de hacer sociedades más justas y civilizadas. Que las Leyes 24.240 y 22.802 y sus concordantes se dictaron para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del consumidor; Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tienen tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios – y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que reguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que la Ley 22.802 reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección que establecía la Ley 22.802 se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado. Lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que no le asiste razón al quejoso al pretender impugnar la validez del acta, por lo que el agravio debe ser desestimado; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-02346702-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 10 de 164 Que, por su parte, tampoco le asiste razón al pretender impugnar el acto administrativo, que no solo ha sido debidamente motivado (Artículo 45 de la Ley 9003) sino que, además, fue dictado luego de un proceso en el que se respetó el debido derecho de defensa y se cumplió con los trámites sustanciales exigidos por la normativa correspondiente; Que con relación al monto de la multa la misma se presenta razonable, teniendo en cuenta el tipo de infracción cometido por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado; Que, en efecto, la administrada no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto adónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Por lo expuesto y en conformidad con los dictámenes producidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN DE PUY, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 264/19 del entonces Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía. En consecuencia, ratifíquese la misma en todas sus partes. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 08/04/2022 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA