DECRETOS

Decreto Nº 399

Fecha de publicación
7 de abril de 2022
Fecha de la norma
31 de marzo de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.596 · páginas 10–12
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 399 MENDOZA, 31 DE MARZO DE 2022 Visto el expediente N° EX–2021-03232933-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 304 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 10 de mayo de 2021; y Considerando: Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 050/21 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que surge del acta que obra en el Orden 2 del expediente asociado EX-2020-01429731-DFYC#MEIYE, que el día 11 de marzo de 2020 inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control se hicieron presentes en el local de la sancionada y constataron la infracción a los Artículos 5 y 6 de la Resolución Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-02309267-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 10 de 153 Nacional 07/02, concordante con el DNU 274/19 de Lealtad Comercial, por no tener exhibidos los precios en los productos que tienen para la venta en vidriera; Que las infracciones a la Resolución N° 07/02 son de tipo “formal” y quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley. Ello es así, porque la finalidad es evitar el engaño y confusión del consumidor. Y para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la ley. Esa es la forma de hacer sociedades más justas y civilizadas. Las leyes 24.240 y 22.802 y sus concordantes, se dictaron para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del consumidor; Que sujetándonos al marco normativo, se remarca que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos. Siguiendo esa temática, el DNU 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. Tal como lo sostiene la C.S.J.N., la Ley de Defensa del Consumidor “regula materias cuya protección interesa al Estado Nacional en beneficio de todos los habitantes, esto es, la defensa de la buena fe en el ejercicio del comercio y la protección de los consumidores que puedan acceder a una información fidedigna sobre los elementos que han de adquirir (324:1276 Cencosud S.A., 17/4/2001). El esquema de protección que establece el DNU 274/19 se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que no le asiste razón al quejoso al pretender impugnar la validez del acta, por lo que el agravio debe ser desestimado; Que, por su parte, tampoco le asiste razón al pretender impugnar el acto administrativo, que no solo ha sido debidamente motivado sino que además fue dictado luego de un proceso en el que se respetó el debido derecho de defensa, y se cumplió con los trámites sustanciales exigidos por la normativa correspondiente; Que con relación al monto de la multa, la misma se presenta razonable, teniendo en cuenta el tipo de infracción cometido por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En efecto, la administrada no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto adónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-02309267-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 11 de 153 señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 304 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 10 de mayo de 2021,conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 07/04/2022 (1 Pub.)