DECRETOS
Decreto Nº 529
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
- Fecha de publicación
- 24 de febrero de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.568 · páginas 11–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 529
MENDOZA 15 DE ABRIL DE 2020
Visto el Expediente Nº 1401-C-2013-30093 y Expedientes acumulados Nº 3525-D-2011-10036 y N°
0047-C- 2012-10036, en el cual la Empresa Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de
Servicio C.A.T.A. Internacional Limitada, presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 1035/2013,
emitida por la ex Secretaría de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que analizada la procedencia formal del recurso interpuesto y dado que el mismo ha sido intentado dentro
del marco establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde admitirlo formalmente.
Que el recurrente manifiesta que la Administración debe aplicar al caso concreto la sanción prevista por el
ordenamiento jurídico, rigiéndose por el principio de legalidad, no pudiendo aplicar sanciones para
conductas que no se encuentren debidas tipificadas en la ley.
Que en el caso concreto el hecho que se pretende endilgarle, Artículo 44 de la Ley N° 6082 y los Artículos
174 y 93 del Decreto Reglamentario N° 867/94 no establecen ninguna pena
Que la Administración debe observar y regir su actividad en el procedimiento según las reglas de la
razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo. Acusa en este
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Subsecretaria Legal y Técnica
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caso que se ha tomado una decisión que no fue debidamente fundada y valorada conforme los hechos y el
derecho aplicable y que eligió sancionar a la empresa en lugar de investigar de oficio si la desinfección de
ese ómnibus había sido realizada.
Que, asimismo cuestiona el agravamiento de la sanción por tratarse de un infractor reincidente, negando
que se den los presupuestos para ello. Argumenta la existencia de vicios graves de la voluntad en la
emisión del acto, lo que acarrearía su nulidad, por haber actuado la Administración en forma arbitraria y
tendenciosa, agravando el vicio del acto de que se trata.
Que solicita la suspensión de la ejecución del acto y hace reserva de plantear el Caso Federal
contemplado en el Artículo 48 de la Ley N°48.
Que analizado en su aspecto sustancial el recurso intentado el mismo debe ser rechazado. La empresa
concesionaria no ha analizado o no ha comprendido debidamente cuáles fueron las razones por las cuales
se la sancionó.
Que la administrada se queja de la arbitrariedad en la actuación de la Administración, pero en realidad no
controvierte en ningún momento los motivos en virtud de los cuales fue sancionada. No se encuentra en el
recurso ningún párrafo dedicado a efectuar una crítica razonada de los argumentos en razón de los cuales
se la ha sancionado.
Que la recurrente en su recurso hace una simple enumeración de vicios que podrían afectar al acto
administrativo enunciados en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin realizar un reproche analítico de
los fundamentos del acto administrativo del que se agravia. No es suficiente la simple mención de un
supuesto vicio que el acto contendría sin individualizarlo debidamente, ni decir de que forma se verifica en
el caso concreto, ya que esa es la única forma de analizar si dicho vicio está o no presente en el acto
administrativo.
Que resulta improcedente el recurso intentado, en virtud de que tanto la sanción impuesta, como la
infracción impuesta al administrado tienen sustento en la normativa vigente.
Que en estos autos se sanciono a la administrada por no llevar en la unidad el certificado de desinfección,
en infracción al Artículo 174 del Decreto Reglamentario N°867/94. No se verifica en este caso la violación
al principio de tipicidad, toda vez que lo que motiva el acta de infracción y que lleva al inspector a labrar el
acta correspondiente, es la verificación que la unidad inspeccionada no lleva el instrumento que acredita
tener la desinfección al día.
Que no exhibir el certificado de desinfección por no llevarlo en la unidad constituye una infracción en si
misma, toda vez q ue el prestador de servicio tiene la obligación legal de llevar cierta documentación sobre
unidad en forma obligatoria. No hacerlo aunque la tenga, es una infracción al Artículo 174 del Decreto
Reglamentario 867/94.
Que lo que debe entenderse adecuadamente es que la legislación vigente le impone al concesionario la
obligación de contar con la documentación exigible y además le impone la de llevarla en la unidad para
facilitar los controles.
Que en cuanto a la reincidencia se alega que no hay resoluciones firmes de fecha anterior a la de la
resolución recurrida que pueda servir de base para una condena con carácter de reincidente y se
menciona de aplicación la disposiciones y doctrina del Derecho Penal.
Que este agravio hay que evaluarlo en su justa medida, afirmando el carácter supletorio del Derecho
Penal, a las que debe hacerse remisión para los casos en los que no exista una disposición expresa
conforme al Artículo 110 de la Ley N° 6082. Pero ello no significa que la Ley N° 6082 y su Decreto
Reglamentario N° 867/94 no contengan una serie de disposiciones específicas aplicables al juzgamiento y
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resolución de las faltas que ella contempla, sin necesidad de remitirse expresamente a las normas del
Derecho Penal.
Que a fin de que no quede duda respecto de la legitimidad de la resolución recurrida, se solicitó informes
de la Secretaría de Transporte producidos por la Oficina de Sumarios en las que se reflejan las
innumerables faltas por las que se sancionó a la recurrente y a las fechas en que se dictaron las
resoluciones había sanciones que se encuentran firmes. Ello sirve de base a la aplicación de la teoría de la
reincidencia, aún desde el punto de vista doctrinario en el que se coloca la administrada. Es por ello
elocuente para justificar el rechazo del agravio referido a la improcedencia del agravamiento de la sanción
por ostentar carácter reincidente.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por el Área legal del ex
Ministerio de Infraestructura en ejercicio de competencias actualmente atribuidas a la Secretaría de
Servicios Públicos.
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
presentado por la Empresa Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicio C.A.T.A.
Internacional Limitada, CUIT N° 33-54662883-9 contra la Resolución Nº 1035 del año 2013, emitida por la
ex Secretaria de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
24/02/2022 (1 Pub.)
