DECRETOS
Decreto Nº 117
- Fecha de publicación
- 17 de febrero de 2022
- Fecha de la norma
- 7 de febrero de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.563 · páginas 42–45
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 117
MENDOZA, 07 DE FEBRERO DE 2022
Visto el expediente 3965-D-2016-77729, en el cual la Sra. PATRICIA INES PEREZ GODOY, interpone
Recurso de Alzada por Denegatoria Tácita, con relación al reclamo administrativo por el pago del Ítem 035
– Suplemento por Riesgo, previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la
Ley Nº 7259 –reglamentada por el Decreto Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo
Nº 2737/79 y sus modificatorios; y
CONSIDERANDO:
Que la agente Patricia Inés Pérez Godoy solicitó oportunamente, en el año 2019, se le abonara el monto
correspondiente al Ítem 035 (Riesgo Especial) por el año 2017 con más los intereses de tasa activa del
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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Banco de la Nación Argentina, hasta la fecha del efectivo pago; como así también los intereses
correspondientes al pago efectuado mediante Decreto N° 182/19, por el cual se le reconoció y abonó el
mencionado Ítem, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de
2018, calculados también en función de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta la fecha del
efectivo pago, reclamo que no ha sido resuelto.
Que a fs. 93/94 vta. obra dictamen legal de la Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal
Juvenil del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde se exponen los argumentos que
concluyen en recomendar que el Recurso interpuesto por la agente Patricia Inés Pérez Godoy sea
admitido formalmente y en su aspecto sustancial admitirlo parcialmente (exclusivamente en lo referido a
los intereses correspondientes por el año 2018).
Que a fs. 96/97 vta. Asesoría de Gobierno analiza el Recurso de Alzada presentado, concluyendo:
El Recurso se plantea, en virtud de la denegatoria tácita producida ante el silencio respecto del
pronunciamiento requerido de la autoridad superior de la Dirección de Responsabilidad Penal
Juvenil ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes,
conforme lo establecido en el Art. 185 de la Ley Nº 9003: “Cuando hubieren vencido los plazos
para tramitar o resolver los recursos pertinentes y no hubiese recaído pronunciamiento de la
autoridad superior de la entidad descentralizada, el interesado podrá recurrir directamente al Poder
Ejecutivo o autoridad de tutela con competencia constitucional, para que se avoque al conocimiento
y decisión del recurso, convertido al afecto en alzada”
Desde el punto de vista formal, se advierte el plazo de interposición del mismo y no
encontrándose resuelto el objeto del reclamo de la agente en tiempo legal por el Organismo
descentralizado, se entienden cumplidos los recaudos legales a tal efecto, debiendo por ello
admitirse formalmente el remedio recursivo incoado por la agente.
Desde el punto de vista sustancial, Asesoría de Gobierno se aparta parcialmente de los
fundamentos esgrimidos por Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil,
por los motivos que a continuación se exponen:
De los antecedentes fácticos del caso, surge que la agente Patricia Inés Pérez Godoy fue afectada
a cumplir funciones a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, en abril de 2016, según
Resolución N° 735/16-MSDSyD, fecha desde la cual reclamó oportunamente la incorporación del
Ítem Riesgo 035, conforme surge de la nota con la cual inicia el reclamo administrativo agregada a
fs. 1 del expediente 3965-D-2016-77729.
En virtud de la Ley N° 9012, por la cual se cancelaron deudas generadas por la Administración
Provincial respecto del personal de planta, originados en ejercicios anteriores a la fecha de emisión
de la citada norma, se abonó a la agente Patricia Inés Pérez Godoy el período comprendido entre
el 01 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, con sus intereses respectivos por mora, hasta la
fecha de efectivo pago, según Resolución N° 461/17-DRPJ, agregada a fs. 22/23.
Mediante Decreto N° 182/19 (obrante a fs. 29/34), se reconoció el pago del Ítem 035 -Suplemento
por Riesgo, previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la Ley Nº
7259 –reglamentada por el Decreto Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo
Nº 2737/79 y sus modificatorios- retroactivo al 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de
2018, incluyendo el Ítem Riesgo 035, al bono de sueldo desde enero de 2019 en adelante.
La agente Patricia Inés Pérez Godoy reclamó en fecha 04 de abril de 2019, el capital e intereses
del Ítem Riesgo, por el período 2017 y los intereses del año 2018, puesto que el Decreto N° 182/19
reconoció, exclusivamente, el capital adeudado pero no los intereses generados durante el período
2018.
El reclamo de fondo refiere a dos cuestiones y períodos diferenciados: 1)- Capital e intereses del
año 2017 y 2)- Intereses del año 2018:
1) Capital e intereses del año 2017: contrariamente a lo que entiende el servicio jurídico de la Dirección de
Penal Juvenil, la Resolución N° 461/17-DRPJ es clara en cuanto al período que se cancela en el marco
transaccional del Acuerdo Individual de pago, efectivizado entre la Administración y la agente Patricia Inés
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Pérez Godoy, en el marco de la Ley N° 9012 y su Decreto Reglamentario N° 2087/17, en cuanto el Art. 1º
de la misma autoriza el pago del Ítem Riesgo 035 por el período comprendido entre el 01 de abril de 2016
y el 31 de diciembre 2016 y su actualización.
El Acuerdo Individual de pago en su Cláusula Segunda expresa: “EL BENEFICIARIO, presta expresa
conformidad de la liquidación en concepto de capital e intereses, consignada en la cláusula anterior,
aceptando en forma expresa que la misma sea cancelada mediante el procedimiento que Tesorería
General de la Provincia estime corresponder”. La Cláusula Tercera reza: “EL BENEFICIARIO declara que
una vez cancelada la deuda conforme lo acordado en la cláusula precedente, no tendrá nada más que
reclamar a la “PROVINCIA” por ningún concepto y período reclamado en expediente 3965-D-2016-77729
y reconocido mediante Resolución N° 461 del 29 de diciembre de 2017”. En esta leyenda funda el
dictamen la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil para rechazar el reclamo por el año 2017.
Conforme surge de la Resolución N° 461/17-DRPJ, acto administrativo que expresa la voluntad del
Estado, resulta manifiestamente claro el período comprendido y cancelado mediante la misma, el cual es el
período de abril a diciembre de 2016 (capital) e intereses a octubre de 2017 (fecha de pago), el que surge
a su vez, de la liquidación y documentación agregada a fs. 13/17, que determina el costo de la deuda.
Si bien es cierto que el acuerdo firmado tiene efectos extintivos y las partes se ven impedidas de plantear
la cuestión en el futuro, lo cierto es que no se puede extinguir más allá de lo que el acto administrativo
emitido, en el marco de la Ley Nº 9012, reconoce expresamente.
Por tal motivo la agente Patricia Inés Pérez Godoy firmó un acuerdo transaccional por el período expreso
que determina la Resolución N° 461/17-DRPJ, en cuanto al capital, más los intereses hasta octubre de
2017, los que fueron debidamente cancelados y sobre los cuales no podrá plantear cuestión alguna para el
futuro. Sin embargo, se desprende que el ejercicio 2017 no entró en el acuerdo transaccional ni en la
Resolución N° 461/17-DRPJ, por cuanto es admisible el reclamo efectuado en cuanto a dicho período.
2) Intereses ejercicio 2018: respecto a los intereses del ejercicio 2018, es claro que el Decreto N° 182/19
reconoció solamente el capital adeudado, pues, omite referirse a los intereses generados por la deuda.
Atento al tiempo en que se plantea el reclamo administrativo de los mismos (abril de 2019) por la agente
Patricia Inés Pérez Godoy, es decir, prácticamente en forma inmediata al depósito del capital realizado por
la Administración, en función de lo resuelto mediante el referido Decreto, se advierte que la mencionada
agente no renunció a los mismos, manifestando la disconformidad en tiempo legal.
Por todo lo expuesto precedentemente Asesoría de Gobierno concluye que el recurso incoado por la
agente Patricia Inés Pérez Godoy debe admitirse desde el punto de vista formal y sustancial.
Por ello, habiéndose expedido Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a fs. 93/94 vta. y atento lo dictaminado por Asesoría de
Gobierno a fs. 96/97 vta., todas del expediente 3965-D-2016-77729,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º- Admítase en lo formal y en lo sustancial, el Recurso de Alzada por Denegatoria Tácita
interpuesto por Da. PATRICIA INES PEREZ GODOY, D.N.I. Nº 22.857.007, C.U.I.L. Nº 27-22857007-4,
con relación al reclamo administrativo por el pago del Ítem 035 –Suplemento por Riesgo, previsto por el
Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la Ley Nº 7259 –reglamentada por el Decreto
Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo Nº 2737/79 y sus modificatorios-,
correspondiente a capital e intereses del año 2017 e intereses del año 2018, por los motivos expuestos en
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Dispóngase que la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil - Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, deberá notificar el presente decreto a Da. PATRICIA INES PEREZ
GODOY, D.N.I. Nº 22.857.007, C.U.I.L. Nº 27-22857007-4, con las formalidades exigidas en el Art. 150 de
la Ley Nº 9003 y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo, debiendo informarse
que resulta pertinente la acción procesal administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días
corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley Nº 3918).
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
FARM. ANA MARÍA NADAL
S/Cargo
17/02/2022 (1 Pub.)
