DECRETOS

Decreto Nº 117

Fecha de publicación
17 de febrero de 2022
Fecha de la norma
7 de febrero de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.563 · páginas 42–45
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 117 MENDOZA, 07 DE FEBRERO DE 2022 Visto el expediente 3965-D-2016-77729, en el cual la Sra. PATRICIA INES PEREZ GODOY, interpone Recurso de Alzada por Denegatoria Tácita, con relación al reclamo administrativo por el pago del Ítem 035 – Suplemento por Riesgo, previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la Ley Nº 7259 –reglamentada por el Decreto Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo Nº 2737/79 y sus modificatorios; y CONSIDERANDO: Que la agente Patricia Inés Pérez Godoy solicitó oportunamente, en el año 2019, se le abonara el monto correspondiente al Ítem 035 (Riesgo Especial) por el año 2017 con más los intereses de tasa activa del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-01123774-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 42 de 158 Banco de la Nación Argentina, hasta la fecha del efectivo pago; como así también los intereses correspondientes al pago efectuado mediante Decreto N° 182/19, por el cual se le reconoció y abonó el mencionado Ítem, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, calculados también en función de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta la fecha del efectivo pago, reclamo que no ha sido resuelto. Que a fs. 93/94 vta. obra dictamen legal de la Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde se exponen los argumentos que concluyen en recomendar que el Recurso interpuesto por la agente Patricia Inés Pérez Godoy sea admitido formalmente y en su aspecto sustancial admitirlo parcialmente (exclusivamente en lo referido a los intereses correspondientes por el año 2018). Que a fs. 96/97 vta. Asesoría de Gobierno analiza el Recurso de Alzada presentado, concluyendo: El Recurso se plantea, en virtud de la denegatoria tácita producida ante el silencio respecto del pronunciamiento requerido de la autoridad superior de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, conforme lo establecido en el Art. 185 de la Ley Nº 9003: “Cuando hubieren vencido los plazos para tramitar o resolver los recursos pertinentes y no hubiese recaído pronunciamiento de la autoridad superior de la entidad descentralizada, el interesado podrá recurrir directamente al Poder Ejecutivo o autoridad de tutela con competencia constitucional, para que se avoque al conocimiento y decisión del recurso, convertido al afecto en alzada” Desde el punto de vista formal, se advierte el plazo de interposición del mismo y no encontrándose resuelto el objeto del reclamo de la agente en tiempo legal por el Organismo descentralizado, se entienden cumplidos los recaudos legales a tal efecto, debiendo por ello admitirse formalmente el remedio recursivo incoado por la agente. Desde el punto de vista sustancial, Asesoría de Gobierno se aparta parcialmente de los fundamentos esgrimidos por Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, por los motivos que a continuación se exponen: De los antecedentes fácticos del caso, surge que la agente Patricia Inés Pérez Godoy fue afectada a cumplir funciones a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, en abril de 2016, según Resolución N° 735/16-MSDSyD, fecha desde la cual reclamó oportunamente la incorporación del Ítem Riesgo 035, conforme surge de la nota con la cual inicia el reclamo administrativo agregada a fs. 1 del expediente 3965-D-2016-77729. En virtud de la Ley N° 9012, por la cual se cancelaron deudas generadas por la Administración Provincial respecto del personal de planta, originados en ejercicios anteriores a la fecha de emisión de la citada norma, se abonó a la agente Patricia Inés Pérez Godoy el período comprendido entre el 01 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, con sus intereses respectivos por mora, hasta la fecha de efectivo pago, según Resolución N° 461/17-DRPJ, agregada a fs. 22/23. Mediante Decreto N° 182/19 (obrante a fs. 29/34), se reconoció el pago del Ítem 035 -Suplemento por Riesgo, previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la Ley Nº 7259 –reglamentada por el Decreto Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo Nº 2737/79 y sus modificatorios- retroactivo al 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, incluyendo el Ítem Riesgo 035, al bono de sueldo desde enero de 2019 en adelante. La agente Patricia Inés Pérez Godoy reclamó en fecha 04 de abril de 2019, el capital e intereses del Ítem Riesgo, por el período 2017 y los intereses del año 2018, puesto que el Decreto N° 182/19 reconoció, exclusivamente, el capital adeudado pero no los intereses generados durante el período 2018. El reclamo de fondo refiere a dos cuestiones y períodos diferenciados: 1)- Capital e intereses del año 2017 y 2)- Intereses del año 2018: 1) Capital e intereses del año 2017: contrariamente a lo que entiende el servicio jurídico de la Dirección de Penal Juvenil, la Resolución N° 461/17-DRPJ es clara en cuanto al período que se cancela en el marco transaccional del Acuerdo Individual de pago, efectivizado entre la Administración y la agente Patricia Inés Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-01123774-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 43 de 158 Pérez Godoy, en el marco de la Ley N° 9012 y su Decreto Reglamentario N° 2087/17, en cuanto el Art. 1º de la misma autoriza el pago del Ítem Riesgo 035 por el período comprendido entre el 01 de abril de 2016 y el 31 de diciembre 2016 y su actualización. El Acuerdo Individual de pago en su Cláusula Segunda expresa: “EL BENEFICIARIO, presta expresa conformidad de la liquidación en concepto de capital e intereses, consignada en la cláusula anterior, aceptando en forma expresa que la misma sea cancelada mediante el procedimiento que Tesorería General de la Provincia estime corresponder”. La Cláusula Tercera reza: “EL BENEFICIARIO declara que una vez cancelada la deuda conforme lo acordado en la cláusula precedente, no tendrá nada más que reclamar a la “PROVINCIA” por ningún concepto y período reclamado en expediente 3965-D-2016-77729 y reconocido mediante Resolución N° 461 del 29 de diciembre de 2017”. En esta leyenda funda el dictamen la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil para rechazar el reclamo por el año 2017. Conforme surge de la Resolución N° 461/17-DRPJ, acto administrativo que expresa la voluntad del Estado, resulta manifiestamente claro el período comprendido y cancelado mediante la misma, el cual es el período de abril a diciembre de 2016 (capital) e intereses a octubre de 2017 (fecha de pago), el que surge a su vez, de la liquidación y documentación agregada a fs. 13/17, que determina el costo de la deuda. Si bien es cierto que el acuerdo firmado tiene efectos extintivos y las partes se ven impedidas de plantear la cuestión en el futuro, lo cierto es que no se puede extinguir más allá de lo que el acto administrativo emitido, en el marco de la Ley Nº 9012, reconoce expresamente. Por tal motivo la agente Patricia Inés Pérez Godoy firmó un acuerdo transaccional por el período expreso que determina la Resolución N° 461/17-DRPJ, en cuanto al capital, más los intereses hasta octubre de 2017, los que fueron debidamente cancelados y sobre los cuales no podrá plantear cuestión alguna para el futuro. Sin embargo, se desprende que el ejercicio 2017 no entró en el acuerdo transaccional ni en la Resolución N° 461/17-DRPJ, por cuanto es admisible el reclamo efectuado en cuanto a dicho período. 2) Intereses ejercicio 2018: respecto a los intereses del ejercicio 2018, es claro que el Decreto N° 182/19 reconoció solamente el capital adeudado, pues, omite referirse a los intereses generados por la deuda. Atento al tiempo en que se plantea el reclamo administrativo de los mismos (abril de 2019) por la agente Patricia Inés Pérez Godoy, es decir, prácticamente en forma inmediata al depósito del capital realizado por la Administración, en función de lo resuelto mediante el referido Decreto, se advierte que la mencionada agente no renunció a los mismos, manifestando la disconformidad en tiempo legal. Por todo lo expuesto precedentemente Asesoría de Gobierno concluye que el recurso incoado por la agente Patricia Inés Pérez Godoy debe admitirse desde el punto de vista formal y sustancial. Por ello, habiéndose expedido Asesoría Letrada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a fs. 93/94 vta. y atento lo dictaminado por Asesoría de Gobierno a fs. 96/97 vta., todas del expediente 3965-D-2016-77729, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º- Admítase en lo formal y en lo sustancial, el Recurso de Alzada por Denegatoria Tácita interpuesto por Da. PATRICIA INES PEREZ GODOY, D.N.I. Nº 22.857.007, C.U.I.L. Nº 27-22857007-4, con relación al reclamo administrativo por el pago del Ítem 035 –Suplemento por Riesgo, previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 5465 y modificatorias, Artículo 3º de la Ley Nº 7259 –reglamentada por el Decreto Nº 473/05- y en el Anexo II -Apartado 1- del Decreto-Acuerdo Nº 2737/79 y sus modificatorios-, correspondiente a capital e intereses del año 2017 e intereses del año 2018, por los motivos expuestos en Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-01123774-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 44 de 158 los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Dispóngase que la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil - Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, deberá notificar el presente decreto a Da. PATRICIA INES PEREZ GODOY, D.N.I. Nº 22.857.007, C.U.I.L. Nº 27-22857007-4, con las formalidades exigidas en el Art. 150 de la Ley Nº 9003 y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo, debiendo informarse que resulta pertinente la acción procesal administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley Nº 3918). Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ FARM. ANA MARÍA NADAL S/Cargo 17/02/2022 (1 Pub.)