DECRETOS
Decreto Nº 2100
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 11 de febrero de 2022
- Fecha de la norma
- 14 de diciembre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.559 · páginas 9–12
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2100
MENDOZA, 14 DE DICIEMBRE DE 2021
Visto el expediente N° EX–2019-06669988-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico en apelación contra la Resolución N° 667-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio
de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre
de 2019; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 47/18 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual
Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establecido en la Ley Nº 9003;
Que en el expediente antecedente Nº 238-D-16-01409, digitalizado en Orden 11, obra Acta de Infracción
Nº 50462, de fecha 22 de enero de 2016, labrada por el citado Organismo en el Supermercado Átomo “La
Colonia”, propiedad de la referida firma con domicilio en calle Isidoro Bousquet Nº 702, Departamento
Junín, Mendoza, por la cual se constata que no exhibe el precio de la mercadería que comercializa en el
interior de su local comercial;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en el recurso jerárquico;
Que al respecto, indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios
y carentes de fundamentos, que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos
de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos. Expresa que los recursos y descargos presentados
demostraban en forma exhaustiva la arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante, cercenando su
derecho de defensa y una “desviación de poder”;
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Que en tal sentido, se entiende que la Resolución Nº 667-EIyE-19 atacada por el recurso en tratamiento se
encuentra debidamente fundada, sumado a que la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” no ha aportado
en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la
autoridad;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo
contrario, la Resolución N° 667-EIyE-19 ha expresado en sus considerandos en forma clara el derecho
aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa indicando
que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico, diciendo también que el monto de la multa se
encuentra dentro del rango que preveía el Artículo 18 Inciso a) de la Ley N° 22802;
Que, por lo tanto, el argumento de la firma sancionada no encuentra razón suficiente que lo avale en tal
sentido. La derogada Ley N° 22802 y modificatorias, de Lealtad Comercial, establecía que: “La
verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas
que ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la
comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar
concretamente el hecho verificado y la disposición infringida (…); y d) Las constancias del Acta labrada
conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que
hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los
casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas”;
Que por tal razón, no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado, y tampoco en la forma del
mismo. El Acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la
Resolución que aplicó sanción por infracción a los Artículos 5º y 6º de la Resolución N° 07/02 surge de sus
fundamentos, así como se advierte que en el procedimiento previo a su emisión se ha respetado el
derecho de defensa y la posibilidad de ofrecer y producir prueba;
Que así expuesta la cuestión y tal como se ha indicado ut supra, la firma recurrente no ha aportado
argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las
Resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente, por violación a los Artículos 5º y
6º de la Resolución N° 07/02 que expresamente establecen, Artículo 5º: “FORMA DE LA EXHIBICION
DEL PRECIO- La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal
y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista
del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo”
Que por su parte el Artículo 6º dispone: “BIENES MUEBLES- En el caso de bienes muebles, la exhibición
se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se
encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea
posible, deberá utilizarse lista de precios.”;
Que es palmaria la infracción en la que incurrió el supermercado Átomo de la firma “MILLÁN SOCIEDAD
ANÓNIMA”, transgrediendo la normativa reinante en el caso en concreto, labrada la infracción mediante
Acta suscripta por funcionario competente en uso de sus funciones, que constata fehacientemente las
transgresiones a la legislación, con lo cual dicha infracción debe ser sancionada por la autoridad
competente;
Que existe comprobación fehaciente de que la firma sancionada infringió la normativa citada, siendo
dichas infracciones del tipo formal, por lo que quedan consumadas con la simple conducta objetiva
contraria a los preceptos legales;
Que la Constitución Nacional incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
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veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos:
que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los
mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su
consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por
los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad
comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis
tampoco lo son;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente, surge la existencia de la
infracción imputada a la firma sancionada, la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por parte de
la firma recurrente. La misma tenía exhibida y a la vista productos sin los precios correspondientes,
infracciones que resultaron feha-cientemente acreditadas, siendo indiferentes los motivos y/o factor de
atribución del sujeto, bastando para su sanción la constatación;
Que la Resolución Nº 667-EIyE-19 se encuentra debidamente fundamentada, plasmando en sus
considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso presentado contra la
Resolución N° 47/18 de la Dirección de Fiscalización y Control;
Que no se observan vicios en la Resolución Nº 667-EIyE-19 en los términos de la Ley N° 9003 de
Procedimiento Administrativo, que permitan la acogida favorable del recurso jerárquico en tratamiento;
Que en consecuencia y con base en el análisis de hecho y de derecho formulado, corresponde aceptar en
lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico en apelación incoado y en consecuencia
confirmarse lo dispuesto por Resolución N° 667-EIyE-19;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía
y Energía en Orden 15 y 26 y por Asesoría de Gobierno en Orden 19 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico en apelación obrante
en Orden 2 del expediente N° EX–2019-06669988-GDEMZA-MGTYJ, por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra
la Resolución N° 667-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual
Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos
expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
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