DECRETOS

Decreto Nº 1632

Fecha de publicación
10 de febrero de 2022
Fecha de la norma
19 de octubre de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.558 · páginas 16–18
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1632 MENDOZA, 19 DE OCTUBRE DE 2021 Visto el expediente 5003-D-14-77770 en el cual el Odont. GUSTAVO ALBERTO DOÑA y la Sra. AURELINDA NANCY SANDOVAL, interponen Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 4191/19 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y CONSIDERANDO: Que los requisitos formales de procedencia del recurso han sido cumplimentados, toda vez que el mismo ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que el mismo es admitido formalmente; Que los agentes Doña y Sandoval postulan que se deje sin efecto la Resolución Nº 4191/19 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por considerarla abusiva, sin sustento en los hechos, no ajustada a derecho y que no existen pruebas para sustentarla, con el recurso en trato pretenden los agentes la nulidad del acto que dispuso la aplicación de la sanción de cinco días de suspensión por haber incurrido en transgresión a los deberes y obligaciones dispuestos en el Art. 13 incs. a), b) y p), Art. 14 inc. f) del Decreto Ley Nº 560/73, Art. 69 incs. 1) y 9) Ley Nº 7759, respecto del agente Doña y Arts. 13 incs. a), b) y p) y 14 inc. f) del Decreto Ley Nº 560/73, respecto del agente Sandoval; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Subdirectora Página 16 de 114 BO-2022-00914755-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Que el procedimiento sumarial es una conquista del sistema republicano que limita la facultad disciplinaria estatal y la ciñe a la observancia de reglas y formas que garantizan el derecho de defensa, es decir, la inviolable potestad del agente a ser oído, ofrecer prueba y obtener una resolución fund Que en consecuencia es precisamente en el marco del sumario y con las garantías que le son inherentes donde corresponde que la recurrente despliegue su actividad defensiva, los cuestionamientos a los fundamentos de la imputación que se le formula y la argumentación fáctica y jurídica tendiente a refutarla; Que la Resolución Nº 4191/19 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, que dispuso aplicar la sanción de cinco días de suspensión a los agentes, carece de vicios que la invaliden y en consecuencia es un acto regular, que goza de las presunciones de legalidad, legitimidad, ejecutividad y está firme; Que la potestad disciplinaria de la Administración derivada de la relación de empleo público, se hace efectiva a través de un procedimiento administrativo disciplinario que tiene por fin mantener el orden y disciplina con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de la Administración; Que en la presente pieza sumarial, los agentes tomaron conocimiento de la acusación en su contra, ejercieron su derecho de ser oídos, es decir en forma activa ejercieron su legítimo derecho y garantía de defensa, planteando una hipótesis defensiva, ofreciendo pruebas de descargo y controlando la producción de prueba hechas por la Administración; Que se desprende de la Resolución puesta en crisis, la existencia del cumplimiento de la motivación del acto, del cual surgen argumentos razonables basados en una fundamentación fáctica, probatoria y normativa que llevaron al dictado de dicho acto administrativo; Que “la motivación del acto administrativo se erige como una condición de validez del mismo, toda vez que se inserta en uno de sus elementos y obliga, en su acepción amplia, a la explicación de las razones de hecho y derecho y de la finalidad perseguida por la Administración al momento del dictado del acto. Esta obligación, es la contracara del derecho que tiene el administrado a obtener una respuesta fundada a sus peticiones, cuestión que se enraíza con el derecho mismo al debido proceso o a la llamada tutela administrativa efectiva”; Que la Resolución resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, estas se derivan razonablemente de las pruebas incorporadas al procedimiento sumarial en tanto resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado, la autoría y responsabilidad de los agentes sancionados; Que los agentes esgrimen en su presentación que se ha configurado una transgresión al principio del non bis in ídem, fundado en que se les impuso un cargo en forma conjunta y solidaria mediante el fallo 16.130 del Tribunal de Cuentas de la Provincia; Que el juicio de cuentas, es un juicio de responsabilidad contable respecto al manejo, administración, percepción e inversión de los fondos de la Hacienda Pública, bajo las normas de derecho público provincial pero son ámbitos de responsabilidad distintos; Que en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria, está acreditado que los agentes quebrantaron su responsabilidad administrativa incumpliendo con sus obligaciones e infringiendo prohibiciones propias de su carácter de empleo público, en cuya consecuencia se impuso una medida disciplinaria de suspensión de cinco días. Surge probado en forma objetiva que en el hecho que motivó la investigación sumarial se encuentran configuradas las circunstancias fácticas que, al ser fehacientemente comprobadas, justificaron la sanción de suspensión, ejerciendo la Administración la potestad disciplinaria dispuesta por Ley sin haberse conculcado garantía alguna del sumariado; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2022-00914755-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 17 de 114 Que tiene dicho la Corte Provincial: “La falta cometida está vinculada con la función específica que desempeña el actor, el encuadre legal que tipifica la conducta del sumariado es el correcto, pues el agente no ha cumplido con las obligaciones”; Que no hay ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, por lo cual la impugnación interpuesta debe ser rechazada sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a fs. 146/148 vta. y por Asesoría de Gobierno a fs. 151/152 vta. del expediente 5003-D-14-77770, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. GUSTAVO ALBERTO DOÑA, DNI Nº 16.970.910, CUIL Nº 20-16970910-7 y por la Sra. AURELINDA NANCY SANDOVAL, DNI Nº 13.717.941, CUIL Nº 27-13717941-0, en contra de la Resolución Nº 4191/19 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ FARM. ANA MARÍA NADAL S/Cargo 10/02/2022 (1 Pub.)