DECRETOS
Decreto Nº 2018
- Fecha de publicación
- 15 de diciembre de 2021
- Fecha de la norma
- 7 de diciembre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.517 · páginas 17–23
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2018
MENDOZA, 07 DE DICIEMBRE DE 2021
VISTO el EX–2021-02583424–GDEMZA-MESA#MIPIP, en el cual se gestiona la aprobación del Convenio
Marco de Renegociación, celebrado con JOSE CARTELLONE C.C.S.A. – OBRAS ANDINAS S.A. UT,
contratista de la obra: CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIAL
ALMAFUERTE II - MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto Nº 2540/2017 y contrato de obra
pública aprobado por Decreto Nº 303/2018; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del Artículo 37 de la Constitución de Mendoza “Toda enajenación de bienes del fisco,
compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo
público, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad por defraudación si la hubiere, salvo las
excepciones que la ley determine en cuanto se refiere a la licitación”.
Que a su respecto, el Artículo 16 del Decreto Ley 4416/80 en consonancia con lo expuesto reza: “Las
contrataciones sujetas a la presente ley se harán por licitación pública”. En un todo de acuerdo con la
presente normativa, el procedimiento a fin de aprobar las condiciones del llamado, convocar a los
interesados, analizar las ofertas y adjudicar la obra en cuestión se realizó bajo el amparo de las normas
que rigen la licitación pública, así lo acusan los Decretos Nros. 538/2017, 2540/2017 y 303/2018.
Que mediante Decreto N° 359 del 12 de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia de Mendoza por el plazo de un (1) año, a raíz de la Pandemia por el Covid 19.
Que posteriormente por el Decreto-Acuerdo N° 401 de fecha 19 de marzo de 2020, se amplió la
emergencia declarada por Decreto N° 359/2020 a las materias social, administrativa, económica y
financiera. En ese contexto, la citada norma establece que el Poder Ejecutivo podrá por el plazo de doce
(12) meses: “a) renegociar contrataciones comprendidas en razón de su objeto en las Leyes Nros. 8706 y
4416 y demás normas modificatorias y complementarias. Dicha renegociación deberá ser precedida de un
acuerdo de partes. b) En caso de no lograrse la renegociación a la que hace referencia el inciso anterior, y
por la misma razón, reprogramar cláusulas y resolver contratos de suministro, obra, locación de servicios y
consultoría; y en general todos los incluidos por razón de su objeto en las Leyes Nros. 9086, 8706 y 4416,
contratos de servicios públicos, anexos y vinculados, y sus normativas modificatorias.” “...e) Reorganizar,
optimizar o modificar las condiciones originales de contrataciones vigentes a los fines de atender la
emergencia declarada en el Artículo 1º del presente decreto. Se faculta a los Ministros, dentro de su
ámbito de competencia a disponer las medidas que resulten conducentes a tal efecto.”
Que por la Ley Nº 9220 se ratificaron el Decreto Nº 369/2020 y el Decreto-Acuerdo Nº 401/2020.
Que la Ley N° 9320 prorroga por el término de UN (1) año, desde su promulgación, la vigencia de lo
dispuesto por el Decreto N° 359/2020 y Decreto Acuerdo N° 401/2020, ratificados por la Ley N° 9220.
Que mediante Resolución N° 65 dictada por el Señor Ministro de Planificación e Infraestructura Pública en
fecha 19 de marzo de 2020 se ordenó la paralización de las obras que se encontraban en ejecución en el
marco del Decreto Ley N° 4416/80 (de Obras Públicas), en el ámbito de las Subsecretarías de Obras
Públicas y de Planificación y Seguimiento.
Que el citado cuerpo normativo tiene su origen en un contexto mundial de emergencia sobreviniente y
extraordinaria, no siendo imputable a modo de responsabilidad directa, ni a la Administración, ni a la
Contratista. Las normas citadas facultan a la Administración a renegociar contrataciones comprendidas en
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el marco del Decreto-Ley 4416/80.
Que el contrato se encuentra vigente, llevando a cabo el proceso de renegociación bajo el amparo del
marco jurídico dado por el Decreto N° 359/20, Decreto – Acuerdo N° 401/20, Leyes Nros. 9220, 9320 y
9003.
Que por todo lo expuesto, existe un deber compartido y de íntima vinculación que ocasiona pérdidas para
ambas partes.
Que como conclusión de lo expuesto, en un principio la relación entre la administración y la contratista se
encuentra regida por ciertas bases legales a las que se deben someter en el devenir de su relación
contractual.
Que surgen de los informes técnicos de los órdenes 17, 41 a 43, que el contrato entre la UT y la
administración goza de plena vigencia.
Que en el orden 17 se acompaña informe circunstanciado relacionado al estado general de la obra, los
adicionales que se encuentran tramitando en amparo del Artículo 49 del Decreto Ley N° 4416/80, los
gastos improductivos causados a raíz de paralización de obra y que en la actualidad se adeudan a la
empresa y los gastos de movilización y desmovilización, todo ello acorde a las estipulaciones de los
Artículos 48 y 55 del del mencionado cuerpo legal y el Artículo 19 del Decreto N° 313/81, el monto de los
intereses por atraso en el pago de certificados en virtud de lo estipulado en el Artículo 64 del citado
Decreto - Ley.
Que del informe técnico surge que el contrato entre la UT y la Administración goza de plena vigencia. La
oferta seleccionada, a la luz del procedimiento de la licitación pública resultó ser la más conveniente a los
intereses el Estado, a su respecto la doctrina se ha expresado “Los procedimientos de selección son
aquellos a través de los cuales la Administración, en ejercicio de la función administrativa, invita a un
número determinado o indeterminado de proveedores, según la clase de procedimiento de que se trate, a
que presenten ofertas de acuerdo con las previsiones establecidas previamente en los pliegos respectivos,
siempre que proceda su elaboración, entre los cuales seleccionará aquella que resulte más conveniente
para satisfacer el interés público comprometido (CARBALLO, Federico H, "Principios y fundamentos de la
contratación directa en el nuevo régimen de compras de la CABA. La contratación directa como una
herramienta válida para la ejecución presupuestaria". Revista Rap-año XXXVII-443, p. 127).
Que el convenio pauta ciertas reglas a las que se someterán las partes con relación a determinados
aspectos del devenir fáctico y contractual que formaron parte del escenario de renegociación, a saber:
Alteraciones de Obra:
El informe técnico citado y el convenio mencionan que fue necesario convenir adicionales de obra, todo
ello a la luz del Artículo 49 del Decreto-Ley 4416/80, el que reza “Toda obra se ejecutará en las
condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a materiales como en cuanto a la forma y
plazos de ejecución. Cualquier alteración significará deficiencia del proyecto si no se explica por causas
sobrevinientes a la iniciación de la obra. Las actuaciones que por tal motivo se inicien tendrán que ser
justificadas por la repartición y ser resueltas por la autoridad que adjudicó la obra o encomendó los
trabajos de acuerdo al artículo 3”.
Que estas alteraciones han surgido frente a las necesidades y requerimientos del Servicio Penitenciario y
por causas sobrevinientes a la iniciación de la obra, todo ello acorde al informe técnico planteado el que
refiere “Al momento de la paralización de la obra ordenada por la Administración, se encontraban en
trámite piezas administrativas originadas por diversas solicitudes elevadas por el Servicio Penitenciario
Provincial para realizar ajustes al proyecto ejecutivo aprobado, tendientes a optimizar la operatividad y
seguridad del complejo, que configuraron alteraciones de obra bajo el Artículo 49 del Decreto-Ley N°
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4416/80 de Obras Públicas, las cuales se encuentran actualmente en trámite, resultando su ejecución y
culminación de vital importancia, dado la situación de emergencia penitenciaria por la que atraviesa el
Servicio”.
Que las alteraciones comprenden los Convenios Nros. 1, 2, 4 y 5.
Que en el Artículo Segundo del convenio marco se pacta la adecuación en variaciones de precios y pago
de certificados.
Que las variaciones de precios se hallan amparadas en los Artículos 69 del Decreto-Ley N° 4416/80, 26
del Decreto N° 313/81, acordado en esta renegociación el momento a tener en cuenta para con relación a
las variaciones de precios.
Gastos improductivos derivados de la paralización de obra:
Surgen a raíz de la paralización ordenada por la Administración, se encuentran previstas en los Artículos
48 y 55 del Decreto – Ley N° 4416/80 y Artículo 19 del Decreto N° 313/81.
Estos gastos se encuentran comprendidos en los Convenios Nros. 6, 7 y 8.
Que el informe técnico refiere: “Vale remarcar que a raíz de su paralización, la obra ha generado gastos,
que se denominan improductivos y/o gastos directos derivados de la paralización ordenada por la
Administración, los cuales han sido solventados por la Contratista desde el mes de marzo del 2020 hasta
la fecha, quien reclama a la Administración la mayor celeridad en el reintegro de los mismos”.
Que con relación al Convenio N° 6 de “Gastos Improductivos” se pacta en la cláusula segunda de dicho
convenio que serán reconocidos los gastos en que efectivamente incurrió la contratista y se actualizarán al
mes de junio del 2021 y que una vez abonados la contratista no tendrá derecho a instar reclamo alguno.
Que en opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación -PTN-, en términos generales está a favor de su
reconocimiento y pago, condicionado a su fiel acreditación, así lo ha expresado. En primer lugar los
conceptualiza como “Los gastos improductivos constituyen costos directos devengados durante los
periodos de paralización o semiparalización de la obra (conf. Dict. 167:519; 194:147)”. Señala que “Los
gastos improductivos constituyen un mayor costo de la obra pública originados con motivo de las
perturbaciones, demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos que afectan el desarrollo de la
obra y, generan, lógicamente, el desequilibrio contractual. Es decir, que son gastos que se siguen
produciendo, aunque la obra no se realice (por ejemplo, el mantenimiento de los equipos y planteles, los
gastos de administración, la conservación del obrador, limpieza de la obra, etc.), asemejándose a los
gastos fijos de un emprendimiento. Por tal razón producida la paralización, total o parcial, la obra continúa
acarreando al contratista gastos financieros y de mantenimiento que deben ser reconocidos y abonados,
en tanto se encuentren acabadamente demostrados” (Dictámenes: 239:547).
Que en relación a los gastos improductivos los que incluyen los Gastos Directos e Indirectos expresa que
“Los gastos de una obra se clasifican en directos e indirectos. Los primeros son los que tienen una directa
incidencia con la ejecución de la obra, devengándose en proporción también directa en relación al avance
de la ejecución de los trabajos. En cambio, los gastos indirectos son aquellos que no guardan relación
directa con la ejecución y el avance de la obra, debiendo soportarlos el contratista, aunque la obra no se
ejecute, o lo haga de modo más lento. Los gastos indirectos se clasifican en gastos indirectos de obra y
gastos generales de empresa. El concepto de gastos improductivos comprende tanto gastos directos,
como indirectos” (Dictámenes: 246:125).
Que en el marco de la renegociación llevada a cabo se ha pactado también el reconocimiento por
movilización y desmovilización de obra y mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo
por la ejecución de la obra en el contexto de emergencia sanitaria.
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Que con relación a los gastos de movilización comprenden las sumas efectivamente devengadas por la
empresa y debidamente justificados y no se encuentran sujetos a ninguna actualización.
Que el reconocimiento de mayores gastos generales generados por la ampliación de plazo de la obra en
las condiciones en las que se desarrollará la misma serán certificados y abonados en la medida del
porcentaje de avance de la misma.
Intereses generados por la mora en el pago de los certificados de obra:
En el Artículo Cuarto del Convenio Marco de Renegociación las partes acordaron que la liquidación de los
mismos se realice aplicando la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco
de la Nación Argentina y en el marco del Artículo 64 del Decreto - Ley N° 4416/80.
Alícuota en el pago de Ingresos Brutos: En el Artículo Tercero del Convenio la contratista desiste
expresamente de reclamar la diferencia de la alícuota en el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los
montos percibidos con anterioridad al convenio.
Que por todo lo expresado, se observa que en la renegociación llevada a cabo han sido incluidos los
reclamos y adicionales pendientes, se han acordado pautas a fin de culminar la relación contractual con la
UT, esto trae aparejado la finalización de la obra con la funcionalidad que la misma requiere, cumpliendo
con la finalidad pública que se tuvo en miras al momento de su proyección. Acorde a los informes
técnicos elaborados por las áreas pertinentes el plazo de obra no se encuentra vencido y restan culminar
trabajos de la obra básica, por lo que el contrato goza de vigencia.
Que en el orden 41 obra informe de la Dirección de Obras en el cual se indica que de acuerdo a lo
solicitado por Fiscalía de Estado en el orden 38, la fecha de paralización de la obra operó desde el 02 de
marzo de 2020 salvo en tareas menores que se mantuvieron activas hasta el 13 de marzo de 2020, fecha
en que se ordena a la contratista la paralización total de la obra en un contexto de pandemia cuyo alcance
normativo estaba en proceso de formalización.
Que además en dicho orden se indica que las autoridades del Ministerio de Planificación e Infraestructura
Pública, bajo un criterio de previsión y reconducción de recursos, tendientes a poder afrontar de una forma
efectiva la emergencia sanitaria devenida a raíz de la pandemia de COVID-19, procede a formalizar la
paralización de la obra en la forma antes citada.
Que la vinculación de la emergencia sanitaria a la paralización de la obra genera un marco legal favorable
para el Estado Provincial bajo el criterio del esfuerzo compartido.
Que además en el orden 41 se adjunta copia de la documentación vinculada a la paralización de obra.
Que en el orden 42 obra cuadro descriptivo de los diversos convenios relacionados con la obra de
referencia.
Que en el orden 43 rola nota de la Dirección General de Administración del Ministerio actuante, en donde
se informa que, cada uno de los reclamos que se tramitan en las diferentes piezas administrativas
vinculadas a la presente renegociación, es decir, donde se gestionan los convenios específicos, así como
intereses, están a la espera del Convenio Marco para continuar el trámite administrativo.
Que la citada Dirección indica que al momento de la paralización de la obra se encontraban en trámite
piezas administrativas para realizar ajustes al proyecto ejecutivo aprobado, tendientes a optimizar la
operatividad y seguridad del Complejo, resultando su ejecución y culminación de vital importancia, dada la
situación penitenciaria por la que atraviesa el Servicio y que debieron ser paralizados por la emergencia
sanitaria.
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Que en este sentido la Contratista se ha hecho cargo de los gastos, que se denominan improductivos
derivados de dicha paralización, desde el mes de marzo 2020 hasta la fecha. El esfuerzo de la Contratista
por una parte consiste en que ha seguido afrontando los costos de junio a octubre 2021 que suman
aproximadamente $ 15.000.000,00 (tomando como base el costo mensual de mayo 2021) renunciando al
reclamo de los mismos. Además, el monto acordado tampoco se actualiza de julio hasta el efectivo pago,
que de ocurrir en diciembre 2021 suma al esfuerzo de la Contratista un monto estimado de $
26.000.000,00.
Que también la Contratista realizó la entrega anticipada de un sector de la obra compuesta por dos
pabellones de mínima seguridad y salones de usos múltiples, lo cual se concretó el 31 de agosto de 2019 y
forma parte de la presente renegociación.
Que tampoco han sido abonados los intereses por mora en el pago de certificados de obra, que fueron
cancelados por la Tesorería General de la Provincia con cheques diferidos que van de junio 2020 a
diciembre 2020.
Que la obra básica presentaba al momento de la paralización ordenada por la Administración, un avance
físico, equivalente al 82,37%.
Que el Contrato se encuentra vigente, estando en espera de su reinicio para obtener la terminación de la
obra, como así también los trabajos adicionales que componen las alteraciones de obra que alcanzan,
acorde al informe técnico incorporado en las presentes, al 10,54% del monto original del contrato.
Que en el orden 23 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e
Infraestructura Pública en el cual, luego de analizar todo lo actuado y en especial el informe del orden 17,
señala en primer lugar que con relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación, se
ha expedido de la siguiente manera: “Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor” (conf. Dict. 207:343).
Que dicha área legal indica que el informe describe sucintamente el estado de la obra y refiere la situación
detectada en el devenir del proceso de renegociaciones y reza: “El riesgo detectado por la Administración
es el posible abandono de la obra por parte de la Contratista, la no finalización de la misma y la
judicialización de los reclamos presentados lo cual configura un escenario complejo dada la gran
necesidad que tiene el Servicio Penitenciario Provincial de disponer con inmediatez las plazas que
incorpora al sistema el Complejo Almafuerte II y la Provincia de cumplir con el compromiso adquirido
ante Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos en el sentido de disminuir la
sobrepoblación y hacinamiento de personas privadas de libertad que hoy satura el sistema penitenciario
provincial que viene siendo observado y cuestionado por los mencionados organismos y que requiere un
tratamiento especial y urgente”.
Que el informe concluye con una breve descripción de los beneficios de la terminación de obra, la situación
previa a la renegociación, el esfuerzo realizado por la Contratista y la conveniencia de gestionar
habilitaciones parciales y finalización de obra. El convenio analizado menciona distintas piezas
administrativas en las que se tramitan alteraciones de obra, reclamos y demás aspectos relacionados con
la obra en cuestión, los que deberán seguir el trámite de ley a fin de obtener su correspondiente norma
legal acorde a los puntos y directrices fijados en el convenio marco.
Que además el área legal indica que el informe da cuenta de las características de la obra y entre otras
cosas detalla: “El Complejo Penitenciario Provincial Almafuerte II, es un establecimiento que a su
terminación incorporará 1000 plazas al sistema penitenciario provincial y su estructura está distribuida en
tres sectores”.
Que en el orden 45 obra nuevo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
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Planificación e Infraestructura Pública en el cual, en forma pormenorizada, se detallan los diversos
adicionales y reclamos realizados por JOSE CARTELLONE C.C.S.A. – OBRAS ANDINAS S.A. UT.
Que además se indica que, en la renegociación llevada a cabo han sido incluidos los reclamos y
adicionales pendientes, se han acordado pautas a fin de culminar la relación contractual con la UT, esto
trae aparejado la finalización de la obra con la funcionalidad que la misma requiere, entregando la obra al
Servicio Penitenciario, cumpliendo con la meta pública que se tuvo en miras al momento de su proyección.
Que en este sentido se evidencian ciertas concesiones realizadas por la UT, por ejemplo, surge del
informe que rola en orden 17 que “La Administración no ha abonado hasta la fecha, los gastos
improductivos derivados de la paralización de obra ordenada a partir del 02/03/20” a ello agrega también
“La Administración no ha abonado a la fecha los Intereses por mora en el pago de certificados de obra”.
Que manifiesta asimismo que “También se evidencia que La Contratista no percibió monto alguno por
parte de la Administración relacionados con los conceptos detallados. Resulta imprescindible la ejecución
de los trabajos adicionales detallados a fin de darle a la obra la funcionalidad y operatividad que la
emergencia penitenciaria demanda ante el crecimiento sostenido de personas procesadas y condenadas
por distintos delitos. Existen reclamos por pago intereses por mora en la cancelación de certificados de
obra. Existen reclamos por gastos derivados de la paralización de obra ordenada por la Administración a
partir del 02/03/20 por efectos de la pandemia Covid-19 (Decretos nº 359 y nº 401). Es necesario darle
continuidad a la obra y terminarla para su entrega al Servicio Penitenciario Provincial”.
Que a ello se pueden agregar las manifestaciones vertidas con relación al Convenio N° 6 y a los montos
cuantificados que la contratista no percibirá.
Que del análisis de las actuaciones queda plasmada la cuantificación y detalle de los sacrificios realizados
y compartidos por ambas partes, basados en parámetros negociables reales en base a la legislación
vigente.
Que del dictamen del orden 45 se desprende que las pautas que han sido acordadas en los distintos
temas que se encontraban pendientes de resolución se presentan razonables, en el contexto en el cual la
negociación se llevó a cabo, no se observa que las soluciones acordadas se encuentren teñidas de
arbitrariedad o desviación de poder manifiesta, todo ello acorde a los Artículos 38, 39, 45 y 112 de la Ley
N° 9003. Por ello, la mencionada área legal sugiere dar continuidad al trámite de ley.
Que en el orden 33 rola la intervención de Asesoría de Gobierno.
Que por otra parte cabe aclarar que en orden 54 ha tomado intervención Fiscalía de Estado en virtud de
las disposiciones de los Artículos 2 Inciso a) del Decreto Nº 1428/2018 y Artículos 1º y 2º Incisos b) y c) de
la Ley Nº 728.
Que en el orden 59 obra el convenio de que se trata firmado por sus partes.
Por ello, teniendo en cuenta lo previsto en los Artículos Nros. 38, 39, 45 Incisos a) y d), 112 y 112 bis
Incisos 1, 2, 5 y 6 de la Ley N° 9003, lo establecido en el Decreto–Ley N° 4416/80 (de Obras Públicas), en
el Artículo 3 Inciso 9) de la Ley Nº 9206, el Decreto Nº 359/2020, en los Artículos 1º y 2º Incisos a) y e) del
Decreto - Acuerdo Nº 401/2020, las Leyes Nros. 9220 y 9320, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, por Asesoría de Gobierno y por Fiscalía
de Estado,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
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D E C R E T A :
Artículo 1° - Apruébese el Convenio Marco de Renegociación, celebrado en fecha 07 de diciembre de
2021, entre el Ministro de Planificación e Infraestructura Pública, representado por su titular Arquitecto
MARIO SEBASTIAN ISGRO y JOSE CARTELLONE C.C.S.A. – OBRAS ANDINAS S.A. UT, representada
por su Representante Legal, Ingeniero DANIEL ALBERTO CASTRO, contratista de la obra
CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIAL ALMAFUERTE II - MENDOZA,
según adjudicación dispuesta por Decreto Nº 2540/2017 y contrato de obra pública aprobado por Decreto
Nº 303/2018.
El referido instrumento integra como Anexo la presente norma legal en fotocopia autenticada constante de
SIETE (7) fojas.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
15/12/2021 (1 Pub.)
