DECRETOS

Decreto Nº 1667

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
6 de diciembre de 2021
Fecha de la norma
22 de octubre de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.511 · páginas 14–17
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1667 MENDOZA, 22 DE OCTUBRE DE 2021 Visto el expediente N° 2686-D-19-20108 y sus acumulados Nº 2365-D-17-01283 y Nº 220-D-14-01412, en el primero de los cuales la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 659 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 1064/17 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003; Que la empresa reitera en esta instancia los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recursos de revocatoria y jerárquico; Que la empresa sostiene que hay un vicio en la voluntad en la emisión del acto – falta de forma: ausencia de fundamentación o motivación. Alegando que contiene argumentos inconsistentes, arbitrarios y carentes de fundamento; Que en cuanto a la validez jurídica del Acto Administrativo se entiende que la misma como declaración de la voluntad administrativa, cumple con los recaudos legales impuestos por la Ley Nº 9003 y no surge de dicho instrumento irregularidad alguna; Que mediante la Resolución Nº 287/00, la Secretaría de la Defensa de la Competencias y del Consumidor incorpora en el año 2000, el Reglamento Técnico de Mercosur dictado por Resolución del G.M.C. nº 09/2000 quedando incorporado a la normativa jurídica vigente; Que la referida Resolución refiere al reglamento que rige para el etiquetado de productos textiles a los efectos de facilitar el intercambio comercial entre los países signatarios del Mercosur, a fin de ofrecerlo a los consumidores y en caso de incumplimiento “…estará sujeto a las sanciones correspondientes, conforme a la legislación vigente en cada Estado Parte…”. Disponiendo en su Artículo 4º que “Las infracciones a la presente Resolución serán sancionadas conforme con lo prescripto en la Ley Nº 22802”. Que la empresa sostiene que la Resolución impugnada no ha considerado su argumento defensivo consistente en haber identificado a los verdaderos responsables de la infracción; Que la Ley Nº 22802 dispone en su Artículo 6º segundo párrafo: “Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente ley. Asimismo, serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización; Que la norma contempla distintas responsabilidades en primer lugar la veracidad de la información. Si la misma resultase ser mendaz, el comerciante puede eximirse de responsabilidad si exhibe la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización; Que por otra parte la norma veda la comercialización de productos que no contengan en sus rótulos y etiquetas la información establecida en la Ley y su reglamentación. Este supuesto es de carencia de información, no de falsedad de información. La comisión de esta infracción no puede ser exonerada en un tercero por cuanto es propia del comerciante; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que la Ley Nº 22802 en su Artículo 17, vigente al momento del hecho, indica el procedimiento que debe llevarse a cabo para la verificación de las infracciones y la sustanciación de las causas ordenando “La verificación de las infracciones a la presente Ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado que dentro de los diez (10) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere, debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar su presentación, entregándose copia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. (…) d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”; Que en virtud de lo expuesto precedentemente queda sin sustento fáctico legal el argumento incoado por la recurrente en cuanto a que debería eximírsele de responsabilidad; Que siendo que las irregularidades advertidas afectan el bien jurídico tutelado por el régimen de lealtad comercial y teniendo presente las particulares circunstancias fácticas, se estima que la sanción impuesta por el órgano administrativo es razonable y corresponde confirmarla; Que se observa que se encuentra plenamente probada la transgresión a la Resolución Nº 287/2000 de la Secretaría de la Defensa de la Competencia y del Consumidor, incorporada al régimen de la Ley Nº 22802 y modificatorias, vigente al momento del hecho, destacando los puntos que siguen: a) el claro encuadre de la conducta del infractor en las disposiciones de las Resoluciones antes citadas, incorporadas al régimen de tutela de la Ley Nº 22802 y modificatorias; b) la tutela del derecho a la información del consumidor; c) la obligación de no comercializar que se establece a los comerciantes mayoristas y minoristas en contravención a lo dispuesto en el Artículo 1º y entendiéndose incorporadas dichas resoluciones; d) el carácter formal de la infracción cometida y e) la inexistencia en el caso de vicios en el Acto impugnado imponen la convalidación de lo actuado; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado, no se verifique; Que en relación al monto de la multa, se considera que la misma se presenta razonable, teniendo en cuenta el tipo de infracción cometido por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En efecto no ha logrado demostrar cual es el perjuicio económico concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto dónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 659/19 del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía a fojas 21/22 y vuelta y 35 y por Asesoría de Gobierno a fojas 25/26 del expediente N° 2686-D-19-20108, EL Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/3 del expediente N° 2686-D-19-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 659 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 06/12/2021 (1 Pub.)