DECRETOS
Decreto Nº 1385
- Fecha de publicación
- 19 de noviembre de 2021
- Fecha de la norma
- 14 de septiembre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.501 · páginas 10–14
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1385
MENDOZA, 14 DE SETIEMBRE DE 2021.
VISTO el EX-2020-04121661-GDEMZA-DPV, en el cual obra el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Señora ADRIANA LOURDES FLORES, D.N.I. Nº 27.062.198, agente de la Dirección Provincial de
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Vialidad, en contra de la Resolución Nº 396 emitida por la citada Dirección, en fecha 31 de julio del año
2020 (Resolución Nº 396-DPV-2020); y
CONSIDERANDO:
Que en el dictamen producido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e
Infraestructura Pública, agregado en el orden 21, se indica que de conformidad con lo establecido por el
Artículo 185 de la Ley Nº 9003, el conocimiento del presente recurso por parte del Ejecutivo está limitado al
control de legitimidad de la resolución cuestionada, no procede por razones de mérito, oportunidad o
conveniencia.
Que por otra parte, analizando los aspectos formales del recurso interpuesto, se señala que en el orden 6
consta que la notificación de la Resolución Nº 396-DPV-2020 a la Contadora Flores, se realizó el día 14 de
agosto de 2020 y el recurso fue interpuesto con fecha 7 de septiembre de 2020.
Que entonces el recurso ha sido presentado dentro de los plazos establecidos por el Artículo 184 de la Ley
Nº 9003. Sin embargo, es pertinente aclarar que por Decreto Nº 1078/2020 se ordenó la suspensión de los
plazos y procedimientos administrativos, reanudándose la vigencia de los mismos por Decreto Nº
1401/2020. En consecuencia, el recurso es procedente desde el punto de vista formal.
Que el servicio legal del Ministerio ya mencionado, en su dictamen del orden 21, señala que no se han
incorporado en esta presentación nuevos elementos ni argumentos que sirvan de sustento a su reclamo.
Que en el recurso ahora en análisis, la agraviada expresa que fue nombrada jefe de Departamento de
Contaduría por Resolución Nº 1108/18, con funciones de control sobre Tesorería.
Que la recurrente señala que por Resolución Nº 226 emitida en fecha 8 de marzo de 2019 por el Consejo
Ejecutivo de la Dirección Provincial de Vialidad, se aprueba el nuevo organigrama donde las facultades de
control desaparecen, limitando sus funciones. Posteriormente, por Resolución Nº 990 de noviembre de
2019 del citado Consejo Ejecutivo, se deja sin efecto el organigrama aprobado por la mencionada
Resolución Nº 226-DPV-2019, restableciendo el aprobado por la Resolución Nº 818-DPV-2011, por lo que
volvía a sus funciones.
Que indica que por Resolución Nº 97-DPV-2020, se le inicia sumario administrativo por incumplir las
obligaciones a su cargo.
Que la recurrente invoca que la Resolución Nº 396-DPV-2020 se encuentra viciada en su elemento forma
por cuanto carece de fundamentación y no ha sido debidamente motivada violando el Artículo 45 de la Ley
Nº 9003, incurriendo así en el vicio grave que tipifica el Artículo 68 inciso b) de la referida Ley.
Que además sostiene absoluta desproporcionalidad de la sanción aplicada.
Que la resolución recurrida transgrede lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 9003, incurriendo en el
vicio de arbitrariedad e ilegitimidad que apareja su nulidad.
Que la recurrente considera que no tenía obligación ni deber legal de hacerlo, atento que su accionar debe
observarse y analizarse a través de la Resolución Nº 226-DPV-2019.
Que invoca que se han soslayado, a la hora de resolver, los principios del derecho penal y del derecho
procesal penal.
Que analizados los argumentos y antecedentes de la Resolución aquí impugnada surge que el instructor
sumariante ha realizado un detallado y concienzudo análisis de los hechos de la causa que motivó el
sumario de la presentante. Hace expresa referencia a que la Contadora Flores solicita la aplicación de un
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acto administrativo inexistente, ya que la Resolución Nº 226-DPV-2019- y que ella invoca para eximirse de
responsabilidad, establece el organigrama que regiría hasta el mes de noviembre de 2019, fue un
reglamento emitido por el Consejo Ejecutivo de la Dirección Provincial de Vialidad, en exceso de
facultades y sin el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que no tiene validez dentro del
procedimiento administrativo, de acuerdo lo dispone el Artículo 105 de la ley Nº 9003, puesto que carece
de publicación, lo cual no se subsana aún con la notificación individual del reglamento a todas las partes
interesadas.
Que en ese sentido también se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Hace referencia
que es a partir de una sus inspecciones en el Área contable de la Dirección Provincial de Vialidad, que se
corroboró la existencia de un sin número de facturas adulteras, de firmas fraguadas, un manejo indebido
de fondos públicos y la absoluta falta de contralor por parte de los responsables del sector contable,
omitiendo el cumplimiento del organigrama en vigencia desde al año 2011 y el Manual de Procedimiento
vigente, lo que demostraría aparentemente su complicidad o al menos la aparente “culpa in vigilando” de
quienes tienen a cargo el área económica financiera, que este manejo indebido de los fondos permanentes
se ha realizado durante todo el año 2018 y el año 2019. Se detallan los expedientes donde la Contadora
Flores tuvo injerencia directa.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública ha
considerado oportuno traer a colación los fundamentos dados por el Tribunal de Cuentas en su fallo, al
efectuar un análisis del ejercicio 2019, el cual expresa: “Los argumentos defensivos esbozados por los
responsables no resultan aptos ni suficientes para justificar la falta o casi nulo control de los sectores
donde se desarrollaron las operaciones. Aun cuando los responsables del sector contable argumentan no
haber tenido intervención directa y haber realizado controles, lo cierto es que no aportan los informes de
auditoría a que hacen referencia y además resultan ser responsables por el control de la gestión contable.
No puede desconocerse su evidente falla en el sistema de control interno atento que de acuerdo a una
buena práctica contable que garantiza un mínimo de orden imprescindible para un control debieron
activarse los controles necesarios que manda la ley de administración financiera...”.
Que el instructor sumariante también concluye que conforme el organigrama en vigencia, las facultades y
obligaciones de control sobre todo del área contable, estaban y están delegadas al Gerente de Economía y
Finanzas y al jefe de Contabilidad. Entonces, frente a la exigencia de la ley, es evidente que los delegados
han actuado en violación directa del mandato de la delegación de la ley. Es evidente que la culpa in
vigilando corresponde al Contador Elías Jurado y Contadora Adriana Flores.
Que en el caso de la Contadora Adriana Flores, recurrente, su responsabilidad surge de la función que le
corresponde al cargo que tiene en la Dirección Provincial de Vialidad, más allá de la dependencia directa o
no, de los responsables directos de las irregularidades observadas. También se encuentra acreditado que
conocía que dos agentes jubilados seguían prestando funciones por una prestación a cambio y que tenían
el control de los registros contables y efectuaban rendición de cuentas donde podrían haber advertido esta
situación si hubiese controlado.
Que respecto a que se ha soslayado el derecho de defensa, surge de autos que el mismo ha
sido garantizado al poder ser parte, ofrecer pruebas, alegar, que en el decisorio se tomó en cuenta sus
alegaciones. Esta etapa recursiva acredita el ejercicio del derecho de defensa por parte de la Contadora
Flores.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio actuante, entiende que la Resolución impugnada
cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 9003, encontrándose debidamente motivada y
fundada en derecho, habiéndose realizado una detallada exposición de los fundamentos de hecho y
derecho que le sirven de sustento.
Que el acto impugnado no fue dictado por el Administrador en forma arbitraria, atento a que su decisión se
encontró debida y razonablemente fundada en los dictámenes técnicos y legales, que han sido emitidos
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por los distintos operadores que han intervenido en la causa, por lo tanto se entiende que los agravios
invocados por la recurrente deben ser desestimados.
Que en virtud a los antecedentes que obran en estas actuaciones el mencionado servicio legal sugiere la
admisión desde el punto de vista formal y el rechazo desde el punto vista sustancial del Recurso de Alzada
interpuesto por la Contadora Flores.
Que asimismo, respecto al pedido de suspensión del acto administrativo, realizado por la Contadora
Flores, conforme a los argumentos expuestos se sugiere no hacer lugar a dicha solicitud.
Que Asesoría de Gobierno en su dictamen que obra en orden 37, respecto del Recurso interpuesto por la
Contadora Flores contra la Resolución Nº 396-DPV-2020 dictada por el Consejo Ejecutivo de la Dirección
Provincial de Vialidad, por cuyo Artículo 6° se le aplicó la sanción de quince (15) días de suspensión,
comparte el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura
Pública en cuanto a la admisibilidad formal del mismo.
Que en el referido dictamen del orden 37 desde el punto de vista sustancial, se indica que se da
tratamiento a los agravios vertidos por la recurrente que resultan conducentes a la solución del caso por
guardar vinculación lógica y concreta con el objeto, competencia, voluntad y forma del acto que cuestiona.
Que Asesoría de Gobierno entiende que las constancias de las actuaciones sumariales, los expedientes
acumulados y actuaciones del Tribunal de Cuentas, han confirmado los hechos imputados. Señala que la
resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus
deducciones y conclusiones, que se derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma
concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un
convencimiento cierto acerca de la existencia material de la falta y la autoría -por omisión, en el caso de la
agente sancionada.
Que la reducción de la sanción solicitada por la Contadora Flores no resulta procedente en atención a que
la suspensión aplicada encuadra en la previsión legal para la falta en cuestión y se justifica por la entidad
del deber que omitió cumplir, además de los perjuicios causados y la reiteración del defectuoso
cumplimiento de sus obligaciones de control ante las diversas irregularidades acreditadas en el sumario.
Por último, se entiende que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto, ya que en
el caso no se configura ninguna de las causales previstas por el Artículo 83 de la Ley Nº 9003 de
Procedimiento Administrativo.
Que el análisis de lo actuado no muestra ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, por lo cual
Asesoría de Gobierno estima que la impugnación interpuesta debe ser rechazada sustancialmente,
confirmándose en consecuencia el acto recurrido.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso de Alzada obrante en el orden
2 del EX-2020-04121661-GDEMZA-DPV, interpuesto por la Contadora ADRIANA LOURDES FLORES,
D.N.I. Nº 27.062.198, agente de la Dirección Provincial de Vialidad, en contra de la Resolución Nº 396
emitida por la citada Dirección, en fecha 31 de julio del año 2020 (Resolución Nº 396-DPV-2020) por los
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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argumentos expuestos en los considerandos de este decreto.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
19/11/2021 (1 Pub.)
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
