DECRETOS
Decreto Nº 1663
- Fecha de publicación
- 28 de octubre de 2021
- Fecha de la norma
- 21 de octubre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.485 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1663
MENDOZA, 21 DE OCTUBRE DE 2021.-
Visto el expediente Nº EX-2021-02622607--GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 del expediente de referencia los agentes MARÍA SOL DISTEFANO, MARÍA
CRISTINA GARCÍA ERICE, RICARDO HORACIO RUBIO, MARIANA CRUZADO, VERÓNICA SOSA, ANA
SABRINA GUTIERREZ, EDGARDO ALFARO y CLAUDIO FABIÁN TRIFIRÓ, todos agentes de la Unidad
de Financiamiento Internacional (U.F.I), presentan Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 23 de fecha
18 de febrero de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas obrante en el Orden Nº 151 del
expediente Nº EX-2019-02538547--GDEMZA-DGADM#MHYF por la cual se rechazó el reconocimiento de
antigüedad efectuado por los citados agentes.
Que el mencionado Recurso debe ser admitido desde el aspecto formal por haber sido presentado en el
plazo que a tal efecto establece el Artículo 179 y ss. de la Ley N° 9.003.
Que cabe destacar que el reclamo originario se encuentra prescripto en los términos del Artículo 38 bis del
Estatuto del Empleado Público (Decreto-Ley Nº 560/73, modificado por Ley Nº 6.502), el que establece:
"Prescriben a los dos (2) años los reclamos y acciones relativos a créditos provenientes de las relaciones
de empleo público, en todo el ámbito del sector público provincial, salvo norma especial en contrario
contenida en los respectivos regímenes aplicables", teniendo en cuenta la fecha de presentación de dicha
reclamación, siendo claro que transcurrieron más de dos años desde el pase a planta de los reclamantes y
la fecha de la reclamación indicada.
Que la prescripción es tanto respecto de la pretensión de diferencias salariales y adicionales, como
también en relación al reclamo referido al cómputo de la antigüedad por el período que refieren y al goce
de las licencias que pretenden -en definitiva, la prescripción se refiere a la totalidad de los rubros
reclamados-, dada la fecha en la que comenzó la relación locativa y para los agentes reclamantes, la
fecha en la que pasaron a planta permanente y la fecha del reclamo administrativo. Por lo tanto el reclamo
que se presentó en sede administrativa se encuentra prescripto.
Que dado que se encuentra prescripta la acción (reclamo) conforme la normativa citada y constancias de
las piezas administrativas individualizadas, el recurso debe desestimarse desde lo sustancial.
Que más allá de la prescripción señalada, el Recurso Jerárquico resulta improcedente, siendo legítimo el
acto
atacado,
el
cual
se
motiva
debidamente
en
las
constancias
del
expediente
Nº
EX-2021-02622607--GDEMZA-CCC, en la jurisprudencia aplicable y en la normativa que se cita.
Que resulta fundamental destacar que durante el período que reclaman que les sea tenido en cuenta para
la antigüedad, los agentes estuvieron contratados mediante locación de servicios hasta sus designaciones
en planta permanente, siendo claro entonces - no discutiendo los ahora recurrentes - que durante ese
período no eran empleados públicos.
Que aceptar el reclamo de los recurrentes implicaría caer en la irrazonable derivación de que debería
tenerse en cuenta para la antigüedad el periodo de prestaciones de proveedores vinculados al Estado
mediante locaciones de servicios o locaciones de obras.
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Que lo descripto precedentemente y con ese criterio, un proveedor de sistemas informáticos -por ej.-
vinculado con la Administración Pública mediante una locación de obra o de servicios derivado de un
procedimiento licitatorio, podría en un futuro, si luego es designado en planta permanente, reclamar -para
la antigüedad- el tiempo durante el cual era proveedor del Estado prestando servicios con motivo de una
locación de servicios o concretando obras con motivo de una locación de obras derivadas de una
licitación en la que intervino.
Que no se trata de que el acto atacado haya distinguido donde la Ley no hace distinción, sino que dicho
acto aplicó debidamente una normativa prevista para el empleo público, que lógica y razonablemente tiene
en cuenta para la antigüedad situaciones de empleo público anteriores del agente, pero no meras
relaciones locativas como las que se invocan, las cuales no tenían naturaleza de empleo público.
Que por ende, mal pueden invocar ahora un derecho -la antigüedad prevista en la Ley aplicable (Estatuto
del Empleado Público y Ley Nº 5126)- que solamente está previsto para aquellos que son empleados
públicos. Esas relaciones contractuales - y los términos del contrato - fueron plenamente consentidas, sin
haberlas cuestionado durante el período que duraron.
Que consintieron no solo eso, sino también durante años que no se les abonara el adicional por
antigüedad considerando ese período o que en el cálculo de la antigüedad no se computaran esos años,
por lo que mal pueden ahora efectuar el planteo, lo cual implica una contradicción con su propio actuar
durante años -más allá de la prescripción planteada- e intentar quejarse de una situación que fue
consentida de modo permanente. Consintieron también que no se les otorgaran licencias que ahora
indebidamente reclaman.
Que de tal modo, en esos períodos -que piden que se les consideren-, al no existir relación de índole
laboral pública que les habilite a reclamar el reconocimiento que pretenden, no existió ninguna relación de
empleo público; habiendo consentido durante ese tiempo la naturaleza de la relación, como también
-luego- la legítima no consideración de ese período para la antigüedad.
Que la contratación como locación de servicios no les confiere ninguno de los derechos que les
corresponden a los agentes que se incorporan a la planta de personal permanente estatal, por eso no les
asiste ningún derecho para reclamar la antigüedad a los fines del adicional correspondiente durante el
período en que la relación se fundaba exclusivamente en un contrato de locación ni para el cálculo de su
antigüedad, pues lógicamente el régimen normativo aplicable prevé solamente la consideración de la
antigüedad respecto de anteriores relaciones de empleo público y no de meras relaciones locativas.
Que con anterioridad a su designa-ción en planta permanente, no revestían el carácter de empleados
públicos conforme al Estatuto aplicable, no pudiendo ello ser causa de derechos previstos exclusivamente
para éstos.
Que en efecto, el personal que se vincula al Estado provincial bajo la forma de locación de servicios o de
obra, al no revestir en planta de personal no es empleado público, no se configura una relación de empleo,
no teniendo derecho entonces a que se compute su relación contractual para la antigüedad. Los
contratados -mediante locaciones- no revisten el carácter de empleados públicos, en tanto su vínculo con
la Administración no emana de un acto administrativo por parte de la autoridad competente que lo
incorpore a la planta del personal estatal, sino que el mismo se configura bajo una mera relación locativa
del derecho civil.
Que al respecto la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha señalado que: “Ingresando al tratamiento
de las cuestiones discutidas, sostengo que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio
es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como surge de la
normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar
adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias
del régimen respectivo.” (SCJMza. – Exp. 94.089 – Caramello c/ Gobierno de Mendoza s/ APA).
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Que el citado fallo pone de manifiesto la improcedencia del reclamo, pues queda claro que no se reconoce
antigüedad a los contratados a los fines salariales: los contratados no tienen derecho a la antigüedad ni al
adicional consecuente, por lo cual ese período no puede ser incluido en el cálculo para la antigüedad ni
pagado el adicional.
Que la Suprema Corte rechazó un reclamo por antigüedad igual a este caso mediante la sentencia dictada
el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1 “Segura, Marcela c/ Gobierno Prov. Mendoza s/ A.P.A.”, en el
supuesto que se trató la antigüedad en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº 5.126. En ese fallo la
Suprema Corte de Justicia señaló: “A) Reclamo por antigüedad. En cuanto al requerimiento de la Sra.
Segura sobre el reconocimiento de su antigüedad desde el momento en que comenzó a prestar servicios
en la Administración bajo la modalidad de contrato de locación de servicio, estimo que la situación
planteada en este caso es análoga a la resuelta por el Tribunal en el fallo “Zaffaroni” (L.S. 460-237) y, más
recientemente, en “Perelman” (CUIJ n° 13-02859528-4), en los que se recordó la jurisprudencia según la
cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al
personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada
estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance
en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo”. “A más de lo
expuesto cabe agregar, tal como afirmé en el primero de los precedentes citados que, conforme criterio
uniforme del Tribunal, los efectos de la incorporación a la planta permanente, el ingreso y el ascenso en la
carrera administrativa, sin la realización previa de los procedimientos que la ley predispone a fin que se
garantice la acreditación de la debida idoneidad para la función (conf. lo exigen el art. 16 de la Constitución
Nacional y el art. 30 de la Constitución Provincial) deben ser leídos con un criterio taxativo. Así por
ejemplo, desde los autos n° 73.161, caratulados: "Chaparro, Ramón Alberto c/ Municipalidad de Luján de
Cuyo s/ A.P.A." (L.S. 342-26), en ocasión de interpretar los alcances del art. 91 de la Ley 5892 (Estatuto
y Escalafón Municipal) la Sala Segunda ha resuelto que "la incorporación a la planta permanente por la
permanencia en el tiempo como personal contratado es una excepción a la regla del ingreso previo
concurso, razón por la cual debe ser analizado cada caso en particular y con criterio restrictivo". En tal
contexto jurídico esta Sala interpreta el art. 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el cual expresa que: “Los Estados …reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: …c) Igual oportunidad
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. A partir de la conjunción “y”
utilizada, se ha advertido que no basta el mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio de que
se trate para acceder al ascenso en el empleo, sino que a ello se suma otro recaudo denominado
“capacidad” (L.S. 443-163)”. "A más de ello, insisto en que el ingreso a la planta permanente del Estado
sin cumplir de modo acabado las disposiciones legales en la materia, debe interpretarse de modo
restrictivo”.
Que asimismo, la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó sentencia el 1º de marzo de 2018
en la causa N° 13-03816092-8 “Del Campo, Guillermina c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/
A.P.A." En ese precedente el Supremo Tribunal ha señalado -en lo que a esta causa interesa- lo siguiente:
"Ingresando al análisis de fondo del caso, se advierte que el mismo guarda analogía con el resuelto el día
31.07.2017, por este Tribunal en la causa n° 13-02859528-4 in re “Perelman", así como en el resuelto en
"Zaffaroni" (L.S. 460-237)”. “Conforme se expresó en el voto mayoritario del último fallo arriba
mencionado, en el que se recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la antigüedad en la
prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo
cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la
posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las
disposiciones estatutarias del régimen respectivo."
Que en virtud de la normativa citada en el acto impugnado y en consideraciones a las pautas
jurisprudenciales descriptas, el razonamiento es sencillo, claro y lógico: si el adicional por antigüedad -y la
propia antigüedad- no se le reconoce al que tiene una locación de servicios o de obra, es obvio -por ende-
que luego -una vez que fue designado como empleado público- no puede considerársele el período
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durante el cual se vinculó al Estado mediante una locación de servicios a los efectos del cálculo de la
antigüedad.
Que si mientras estaba contratado no podía cobrar ese adicional -pues no le es aplicable al no ser
empleado público-, entonces no puede ser considerado ese período para el cálculo de la antigüedad ahora
que sí es empleado público. Una interpretación diferente no resulta razonable.
Que por otro lado, si existe unanimidad de criterios (doctrinales y jurisprudenciales) en relación a que debe
realizarse una interpretación restrictiva respecto del pase a planta de personal que ingresó al Estado sin
concurso, entonces claramente también debe usarse un criterio restrictivo en la consideración de los
adicionales propios del empleado público respecto de personas que no eran empleados sino simple
locadores de servicios o de obra, lo que conlleva que ese criterio restrictivo también debe usarse para no
considerar, para la antigüedad y el pertinente adicional, el período de tiempo en el que los reclamantes no
eran empleados públicos sino locadores de servicios o de obra, ni para el cómputo de las licencias.
Que en definitiva, y conforme lo determinado por la Suprema Corte en los fallos citados, el reconocimiento
de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad,
no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo.
Que por las razones expuestas, el acto administrativo que rechazó la reclamación administrativa resulta
legítimo, por lo que corresponde que el Recurso Jerárquico sea rechazado en lo sustancial.
Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas
en el Orden Nº 11 y por Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 36, ambos del expediente Nº
EX-2021-02622607--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1° - Admítase formalmente y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto en
el Orden Nº 2 del expediente Nº EX-2021-02622607--GDEMZA-CCC por los agentes MARÍA SOL
DISTEFANO, D.N.I. Nº 28.341.501; MARÍA CRISTINA GARCÍA ERICE, D.N.I. Nº 31.318.145; RICARDO
HORACIO RUBIO, D.N.I. Nº 22.529.939; MARIANA CRUZADO, D.N.I. Nº 22.237.721; VERÓNICA SOSA,
D.N.I. Nº 31.622.082; ANA SABRINA GUTIERREZ, D.N.I. Nº 29.916.501; EDGARDO ALFARO, D.N.I. Nº
22.154.013 y CLAUDIO FABIÁN TRIFIRÓ, D.N.I. Nº 20.357.244, todos agentes de la Unidad de
Financiamiento Internacional (U.F.I), contra la Resolución Nº 23/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
S/Cargo
28/10/2021 (1 Pub.)
