DECRETOS
Decreto Nº 1652
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 25 de octubre de 2021
- Fecha de la norma
- 20 de octubre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.482 · páginas 5–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1652
MENDOZA, 20 DE OCTUBRE DE 2021
Visto el expediente Nº EX-2021-00883244-GDEMZA-CCC, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA
NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3,
interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 472 dictada por la Dirección de Fiscalización y
Control en fecha 28 de diciembre de 2020; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a
la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72
del DNU Nº 274/19);
Que por dicha Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria
interpuesto por la nombrada firma contra la Resolución N° 225/20 del referido Organismo, mediante la cual
se le aplicó una multa de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) por violación al Artículo 11 del Decreto N°
274/19;
Que los requisitos formales de procedencia del recurso jerárquico en análisis no han sido debidamente
observados ya que no fue interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo establecido por el Artículo 179
y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003;
Que en el caso de marras, la notificación de la Resolución recurrida se cumplió el 8 de enero de 2021,
según constancia de Orden 31 del expediente antecedente Nº EX-2019-7368644-GDEMZA-DFYC#MEIYE
y el recurso que se analiza fue interpuesto el 11 de febrero de 2021, esto es, vencido el plazo legal
dispuesto por la normativa vigente, motivo por el cual corresponde su rechazo desde el punto de vista
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formal;
Que no obstante, conforme lo dispuesto por el Articulo 173 de la Ley Nº 9003, corresponde calificar al
presente trámite como “denuncia de ilegitimidad”, la cual resulta admisible en lo formal;
Que en Orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2019-7368644-GDEMZA-DFYC #MEIYE obran Actas
de Infracción Nros. 5448 y 5449, de fecha 27 de diciembre de 2019, labradas por el citado Organismo en el
Supermercado “VEA”, propiedad de la referida firma, con domicilio en Bandera de los Andes Nº 10008,
Rodeo de la Cruz, Departamento Guaymallén, Mendoza, por las cuales se constata que no coincide el
precio de góndola con el precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dichas
Actas;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria;
Que, en primer lugar, aduce vicio en los elementos esenciales de las Actas labradas sobre las que se
origina el recurso en análisis. Insiste en afirmar la nulidad del acto administrativo fundado en que las Actas
de Infracción no fueron suscriptas por testigos. En tal sentido, es dable señalar que las Actas labradas por
funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen documentos públicos (Artículo 289 y cc
C.C.C.N.);
Que en virtud de las constancias de las Actas, la infracción se encontraba probada y quien alegue lo
contrario deberá cargar con la prueba de tales asertos, no contrariando principios constitucionales, hecho
que no se ve reflejado en las presentes actuaciones, toda vez que la firma recurrente no ha aportado
prueba en contrario alguna;
Que en función de esto, se advierte que las Actas atacadas gozan de todos sus elementos formales para
ser consideradas autosuficientes, toda vez que las mismas detallan qué producto estaba en infracción y
cuál es el encuadre legal que corresponde al caso, amén de consignarse expresamente que se notificaba
según lo establecido por el Artículo 151 de la Ley Nº 9003 de Procedimiento Administrativo;
Que adicionalmente la firma recurrente señala que no se ha producido violación ni puesta en peligro de los
intereses de consumidores y usuarios. Al respecto hay que decir que el espíritu perseguido por el Decreto
Nº 274/19 y concordantes, tiene que ver con la protección del consumidor en su sentido más amplio, lo
cual implica asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones de los bienes
y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con lo
realmente suministrado;
Que, por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de
comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen
efectivas en el mercado, hecho que no se advierte en las actuaciones de referencia debido a que en la
constatación realizada por la Dirección de Fiscalización y Control se refleja una diferencia en determinada
mercadería entre el precio de góndola y el precio de Caja, provocando de esta manera un claro engaño y
posterior perjuicio al consumidor;
Que en circunstancias de alteración y/o variabilidad constante del nivel de precios como son las actuales,
resulta indispensable perfeccionar los mecanismos que garanticen el derecho de los consumidores a
recibir la más completa información acerca de los precios de los bienes que les son ofrecidos;
Que la empresa sancionada, cualquiera fuera el motivo, debe arbitrar los medios necesarios para cumplir
con la normativa legal y de esa forma garantizar el derecho de los consumidores a la información veraz y
certera de los artículos exhibidos, lo cual forma parte del bien jurídico tutelado en la reglamentación que
atañe al caso de marras. Por ello, el argumento de la firma recurrente no encuentra razón suficiente que lo
avale en tal sentido;
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Que por otro lado expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada, dando sus
fundamentos. Al respecto, se advierte que la multa impuesta se encuentra dentro del rango que preveía el
Artículo 18 Inciso a) de la Ley N° 22802 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente
en análisis, encontrándose por el contrario a lo que alega la firma recurrente, cerca del mínimo legal;
Que, por lo tanto, el argumento de la firma sancionada no encuentra razón suficiente que lo avale en dicho
sentido. Finalmente, en relación con el pedido de suspensión del acto administrativo, se advierte que si
bien la reclamante solicita la mencionada suspensión, no se expide ni fundamenta sobre la misma, por lo
cual corresponde se rechace el citado pedido;
Que la Resolución Nº 472-DFyC-20 ha expresado en sus considerandos en forma clara y precisa el
derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e
indicando que la firma no se expide en relación con el supuesto fáctico;
Que por todo ello cabe reiterar que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada,
plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso
presentado contra la misma. No se observan en ella vicios en los términos de la Ley N° 9003 que permitan
aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento y apartarse de lo dispuesto por la Dirección de
Fiscalización y Control;
Que en conclusión y por todo lo expuesto, corresponde rechazar en lo formal el recurso jerárquico
presentado por haber sido interpuesto fuera del plazo previsto por el Artículo 179 y ss. de la Ley Nº 9003 y
rechazar en lo sustancial la “denuncia de ilegitimidad” y, asimismo, rechazar la solicitud de suspensión de
los efectos del acto administrativo, confirmándose, en consecuencia, lo dispuesto por Resolución N°
472-DFyC-20 de la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y
Energía;
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía
y Energía en Orden 7 y en Orden 24 y por Asesoría de Gobierno en Orden 11 del expediente de
referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Rechácese en lo formal el recurso jerárquico y rechácese en lo sustancial la “denuncia de
ilegitimidad”, interpuestos en Orden 2 del expediente Nº 00883244-GDEMZA-CCC por la Doctora
CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº
30-59036076-3, contra la Resolución N° 472 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha
28 de diciembre de 2020 y, asimismo, rechácese el pedido de suspensión de la ejecución del acto
administrativo, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
25/10/2021 (1 Pub.)
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