DECRETOS

Decreto Nº 1124

Fecha de publicación
18 de octubre de 2021
Fecha de la norma
10 de agosto de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.477 · páginas 26–28
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1124 MENDOZA,10 DE AGOSTO DE 2021 Visto el expediente EX-2019-03249274-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 302 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 23 de mayo de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 73/18 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003; Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria y recurso jerárquico; Que reitera que la Resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del Acta de Infracción, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos, como así también que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta infracción imputada; Que el obrar de los inspectores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en cumplimiento de la normativa estipulada; Que los requerímientos de la empresa sobre la identificación de los productos en infracción no se fundan en derecho ni son exigibles por reglamentación alguna; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que el Inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra, al verificar la diferencia, se labra el Acta de Infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación a la Ley de Lealtad Comercial; Que este tipo de situaciones, habituales en “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, encuadran perfectamente en lo que preveía el Artículo 9º de la Ley Nº 22802: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.”; Que el Acta de Infracción reúne los requisitos que exigía la Ley Nº 22802 en su Artículo 17, vigente al momento del hecho, que ordenaba: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado que dentro de los diez (10) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere, debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar su presentación, entregándose copia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. (…) d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”; Que de lo expuesto se desprende con claridad, la legitimidad del actuar del inspector, habiendo otorgado a la sancionada la posibilidad de presentar su descargo y ofrecer toda la prueba que considere conducente a los efectos de demostrar su postura; Que las Actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado, no se verifique; Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros que fijaban los Artículos 18 y 19 de la Ley Nº 22802, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 302/19 del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en Orden 18 y 23 y por Asesoría de Gobierno en Orden 30 del expediente EX-2019-03249274-GDEMZA-MGTYJ, EL Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2 del expediente EX-2019-03249274-GDEMZA-MGTYJ, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 302, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 23 de mayo de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 18/10/2021 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA