DECRETOS
Decreto Nº 377
- Fecha de publicación
- 15 de octubre de 2021
- Fecha de la norma
- 7 de abril de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.476 · páginas 19–21
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 377
MENDOZA, 07 DE ABRIL DE 2021
Visto el Expediente Nº 3588-T-2013-00020-y Expedientes acumulados Nº 5280-T-2012-18006-y N°
15114-D-11-10036, mediante el cual el Dr. ALBERTO M. LASCANO apoderado de la empresa
TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L., interpone Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 737/2013 dictada por la ex Secretaria de Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos;
y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostiene, en primer lugar, que se ha violado la disposición de artículo 218 de la Ley de
Tránsito y Transporte, toda vez que la Directora Jurídica y Fiscalización es incompetente para dictar el acto
sancionatorio por qué no se efectuó una delegación expresa a través de una resolución que se encuentre
debidamente notificada.
Que, manifiesta la quejosa, que no corresponde agravar la sanción impuesta en virtud de la reincidencia.
Sostiene que la resolución atacada contiene afirmaciones erróneas a este respecto ,toda vez que no ha
acreditado en autos la comisión de una nueva infracción vial,así como una sanción anterior.
Que, afirma, que no se dan los supuestos previstos por los Artículos 90 y 91 de la Ley de Tránsito y
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Subsecretaria Legal y Técnica
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Transporte y el Artículo 110 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, habida cuenta que no se ha
acreditado en el expediente la comisión de una nueva infracción vial, tampoco una sanción anterior. En su
caso se prevé el instituto solamente con referencia a las infracciones viales en sentido estricto; cuando en
este caso se trata de una infracción que consiste en la supuesta falta de un cartel dentro de la unidad, que
no es una infracción vial.
Que la administrada recurrente plantea una supuesta extemporaneidad en el dictado de la resolución que
trae como consecuencia la pérdida de la competencia temporal. Sostiene que la Administración no dio
cumplimiento al término de DIEZ (10) días a la que lo sujeta lo dispuesto por el Artículo 283 del Decreto
Reglamentario N° 867/94.
Que la quejosa sostiene que a partir del vencimiento del plazo conferido nace a su favor el derecho a no
ser sancionada por su incumplimiento injustificado. Se atribuye, en consecuencia, un derecho adquirido
que no pude ser considerado como una mera expectativa o como un interés simple.
Que la recurrente hace el planteo formal de anulación por ilegitimidad con la pretensión del reconocimiento
de la situación jurídica antes mencionada; esto es, el derecho a no ser penado. Analiza y trata de refutar
los argumentos utilizados por la Secretaria de Transporte para rebatir el planteo efectuado a este respecto
en ocasión del recurso de revocatoria.
Que afirma que se aplicado a la multa un monto ilegal, ya que el artículo 92 del Pliego General de Bases y
Condiciones establece para este tipo de infracción una sanción de hasta 200 UF y la impuesta es mayor.
Que denuncia la supuesta existencia de vicios en el objeto y en la voluntad previa a la emisión del acto
aunque no particulariza los motivos y, finalmente, hace reserva del plantear el Caso Federal (Ley N°48).
Que analizado en su aspecto formal el recurso interpuesto, surge de las constancias de autos que el
mismo fue presentado en legal tiempo y forma, por lo que debe ser admitido.
Que en su aspecto sustancial, el recurso intentado debe ser rechazado en tanto la infracción imputada
como la sanción impuesta encuentran sustento en la normativa vigente y en la cual se fundó el acto
atacado.
Que el planteo de la incompetencia efectuado por el recurrente carece de sustento legal, toda vez que aún
en el supuesto que no existiera la resolución que efectuó la delegación, (que existe, según constancia de
fojas 09 del expediente N° 280-T-12), con posterioridad se tramitó y sustanció el recurso de revocatoria
que culminó con una resolución que firma el Secretario de Transporte. Un defecto de esta naturaleza
queda saneado en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo por disposición expresa del Artículo 2°
de la Resolución recurrida.
Que, que en cuanto a la referida reincidencia, desde la Secretaría de Transporte se remitieron los
antecedentes aplicables al caso tomado en consideración la fecha del acta de infracción que diera lugar al
inicio de las actuaciones. Estos se encuentran incorporados al expediente administrativo N°
5280-T-12-18006, según surge de las constancias que lucen agregadas a fojas 10/17.
Que se aprecia que existen sanciones firmes que constituyen antecedentes válidos a los fines de la
aplicación del instituto de la reincidencia. Adviértase especialmente aquellas infracciones en las que al
referirse al estado del trámite se mencionan como “pagado” o en “apremio”. Ello importa que la sanción
quedó firme, fue consentida y la correspondiente multa abonada por el infractor. El Artículo 216, sito en el
Capítulo X de la Ley N° 6082 establece que en caso de reincidencia serán de aplicación la regla de los
Artículos 90 y 91. Estas normas se ubican en el Capítulo II- Faltas viales del Título X- Régimen de
sanciones.
Que los antecedentes referidos constituyen los fundamentos a partir de los cuales son de aplicación las
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disposiciones del Artículo 90 de la Ley de Tránsito y Transporte por la que no cabe hacer lugar al planteo
referido a la improcedencia de la reincidencia.
Que la reincidencia debe encadenarse con el cuestionamiento al importe de la multa con la cual se
sancionó a la empresa de transporte. Esto en razón de que la mención del Artículo 92 del Pliego General
de Bases y Condiciones establece los montos, pero sin considerar el agravamiento por reincidencia. Por
tal motivo, la sanción impuesta lo está dentro del marco de legalidad.
Que la Administración no ha actuado fuera del marco del principio de legalidad y la infracción que se
atribuye a la empresa se encuentra debidamente tipificada en la normativa vigente y aplicable, la cual ha
sido oportunamente consignada en la resolución sancionatoria.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por la Asesoría Legal
legal del ex Ministerio de Infraestructura Vivienda y Transporte en ejercicio de competencias actualmente
atribuidas a la Secretaría de Servicios Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso Jerárquico presentado por la
empresa Transporte de Pasajeros General Roca S.R.L.CUIT N° 30-54648445-5, contra la Resolución N°
737/2013 dictada por la ex Secretaría de Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
15/10/2021 (1 Pub.)
