DECRETOS
Decreto Nº 1340
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 5 de octubre de 2021
- Fecha de la norma
- 8 de septiembre de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.470 · páginas 4–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1340
MENDOZA, 08 DE SETIEMBRE DE 2021
Visto el expediente N° EX-2020-04732197- -GDEMZA-OTEPRE#MGTYJ; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo la Oficina Técnica Previsional solicita el dictado de un acto administrativo por el cual se
declare la incobrabilidad de una serie de deudas previsionales de larga data debido a que se carece de
documentación respaldatoria que permita perseguir su cobro y en virtud de que se habría operado la
prescripción de los correlativos créditos a favor del Estado Provincial, ello en el marco de lo dispuesto en el
artículo 98 de la Ley Nº 8706 de Administración Financiera;
Que las citadas deudas son de causa anterior a la transferencia de la Caja Previsional de Mendoza al
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones de la Nación, acaecida en el año mil novecientos noventa y
seis y que fueron registradas en el año dos mil cuatro;
Que respecto de las mismas sólo existe documentación parcial relativa sólo a alguna de ellas, incorporada
en expedientes radicados en Fiscalía de Estado desde hace mucho tiempo y que con relación a otras, sólo
se dispone del dato de la registración contable;
Que en función de ello a órdenes 03/05 rolan listados de las cuentas por cobrar, a orden 07 intervención
del Sr. Director Ejecutivo de la Oficina Técnica Previsional y a orden 09 dictamen legal de Asesoría Letrada
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;
Que en orden 15 obra dictamen de Fiscalía de Estado señalando que en términos generales y, por tratarse
de un caso análogo, resultaría aplicable a las presentes actuaciones, por los fundamentos jurídicos
vertidos en el mismo, el criterio sostenido por ese organismo de control en su Dictamen Nº 395/16, emitido
en forma conjunta por la Dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Asuntos Judiciales con
fecha 08/06/16 en expediente Nº 1291-D-2015-00115, por lo que lo ratifica en todos sus términos;
Que de dicho dictamen surge que resulta aplicable al tema tramitado en la presente pieza administrativa lo
dispuesto en el artículo 98 de Ley Provincial Nº 8.706, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nº
1.065/13;
Que en relación al encuadre jurídico normativo, señala Fiscalía de Estado, la plataforma fáctico-jurídica
traída a examen puede ser analizada bajo el juego armónico, conjunto y de manera complementaria de las
siguientes normas:
a) En el Artículo 1 del Decreto N° 1.065/2013 que en lo pertinente, dispone: “Deléguese en los Señores
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y en el Señor Fiscal de Estado, en el ámbito de sus
competencias, la facultad de declarar incobrables, y de no iniciar juicios por cobro de deudas, cuando el
monto de las mismas resulte antieconómico e ineficiente en la gestión, por ser individualmente
consideradas, inferior a la suma equivalente al 20% del monto estipulado para la contratación directa,
previsto en el art.29 inc. "b” de la Ley 3799 y modificatorias”,(actualmente, debe entenderse referido a la
Ley N° 8.706, artículo 144 inc. d, que es la norma que ha reemplazado a la Ley N° 3.799);
b) En el artículo 98 de la Ley N° 8.706 que estatuye: "El Poder Ejecutivo puede declarar una vez agotados
los medios para lograr su cobro y previo dictamen de la Fiscalía de Estado la incobrabilidad de los créditos
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a su favor (...)”;
c) Y en el artículo 71 de la Ley de Presupuesto N° 9.278 que preceptúa: “Monto de la Contratación Directa
- Establézcase para el año 2.021 en PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000,00) el
monto para contratar en forma directa, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en
cumplimiento del artículo 144 inc. a) de la Ley Nº 8.706.”.
Que, afirma el citado organismo, que correspondería analizar la situación planteada, bajo el juego
armónico del Decreto N° 1.065/13, con el artículo 98 de la Ley N° 8.706 (Régimen de Administración
Financiera Provincial) que deroga parcialmente a aquel y con la limitación impuesta por el artículo 1 del
Decreto N° 1.065/13, referido al 20 por ciento del monto de la contratación directa fijado por el artículo 71
de la Ley N° 9.278. Al efecto debemos destacar que el artículo 98 de la Ley N°8.706 no se encuentra
reglamentado; y que la emisión del Decreto N° 1.065/13 es anterior a la sanción de la Ley N° 8.706. Sin
embargo, dicho Decreto no se opone a los lineamientos del artículo 98 ya citado.
Que, por otra parte, la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado ha sostenido que, “...se
ha admitido en la práctica la aplicación de Decretos Reglamentarios que no resultaban incompatibles con
la norma legal posterior modificatoria o derogatoria (Decreto N° 436/00 como reglamentario del posterior
Decreto Delegado N° 1023/01 de contrataciones del Estado Nacional.)”
Por lo anteriormente analizado, en el estudio de las normas habilitantes, se deduce que el estándar jurídico
“anti económico e ineficiente en la gestión” del Decreto N° 1.065/13 de una deuda para considerarla
incobrable, surgirá “... una vez agotados los medios para lograr su cobro y previo dictamen de la Fiscalía
de Estado, ...” (artículo 98 de la Ley N° 8.706), y en tanto no supere el 20 por ciento del monto estipulado
para la contratación directa al momento de calcularse (artículo 1 Decreto N° 1.065/13); siendo para este
año el monto de la contratación directa de $ 450.000,00, de acuerdo a las disposiciones del artículo 71 Ley
N° 9.278.
Que Fiscalía de Estado señala que se puede entender que se encuentran agotados los medios para lograr
su cobro trayendo a colación y engarzando el principio de razonabilidad, que tiene base en el artículo 28
de la Constitucional Nacional;
Que en efecto, toda actividad del Estado, incluyendo en grado supremo a la administrativa, debe ser
razonable, y lo no razonable excede lo constitucional. Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario. Lo
razonable es lo justo, lo proporcionado, lo equitativo, por oposición a lo irrazonable que es lo arbitrario o
injusto. Por más que el funcionario tenga para actuar un margen de discrecionalidad, eso no significa que
pueda comportarse arbitrariamente. Toda la actividad administrativa debe ser razonable y sólo así
producirá efectos jurídicos válidos;
Que en el sentido indicado la Corte Suprema de Justicia hace referencia al juicio de ponderación que debe
realizarse entre el objetivo buscado y los medios elegidos para cumplirlo. Sin embargo, el juicio de
ponderación puede ser un enunciado opaco, ya que no tiene un contenido definido más allá del que el juez
le conceda en cada caso;
Que para darle contenido a la "ponderación" se utiliza el "análisis de costo beneficio" al que nos hemos
referido;
Que asimismo la Procuración del Tesoro de la Nación ha considerado que “la interpretación de normas
promocionales resulta privativa de la administración pero se aclaró que esas consideraciones no deben
estar exentas del sello de razonabilidad que deben ostentar todos los actos estatales. Como pauta para
medir esa razonabilidad se expresó que la correcta hermenéutica de la norma analizada impone
armonizar adecuadamente los fines promocionales que inspiraron su dictado con el principio de
razonabilidad de los medios que pueden arbitrarse para alcanzarlos de forma tal que el bien común, que
satisfaga la aplicación de la franquicia en un caso dado, resulte siempre proporcionalmente superior al
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sacrificio fiscal que correlativamente dicha exención signifique para la comunidad”;
Que por ello el carácter de “deuda incobrable” surgirá en cada caso, de las especiales circunstancias
probadas administrativamente del caso bajo examen, no de manera automática, sino con posterioridad a
un análisis razonable a cargo de los organismos primarios intervinientes (Decreto N° 665/75) y de la
interpretación armónica de los cuerpos normativos involucrados citados en el caso concreto analizado;
Que por el encuadre jurídico-normativo anteriormente expuesto, es que en el caso que tramita en la
presente pieza administrativa surge que el crédito por las deudas que se pretende declarar como
incobrable, se encontrarían prescriptas las acciones para perseguir su cobro judicial –de acuerdo a lo
informado en nota de orden 2 y dictamen de orden 9-, resultando aplicable el artículo 99 de la Ley N°
8.706 que preceptúa: “Las deudas de la administración provincial que se encuentren en estado de
prescripción no podrán reclamarse administrativamente y deben darse de baja de los registros
contables”;
Que, en razón de ello, Fiscalía de Estado concluye que sería inconveniente iniciar acciones judiciales de
recupero, resultando incobrable, ya que se encuentra vencido el plazo de prescripción previsto en el
artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por ello y de acuerdo a lo dictaminado por Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia en
Orden Nº 9 y por Fiscalía de Estado en Orden N° 15
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Autorícese a la Oficina Técnica Previsional, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia, a proceder a dar de baja de los registros contables por encontrarse en estado de prescripción y no
poder reclamarse administrativamente las Cuentas por Cobrar registradas en el CUC 27 - Oficina Técnica
Previsional en el marco de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley N° 8.706 que se detallan a
continuación:
Año
N° de Factura
Cliente
CUIT
IMPORTE
BANCO DE LA
NACION
ARGENTINA
30-50001091-2
71.225,33
COLEGIO
EDMUNDO SAIG
0 - 0 - 0
5.020,07
MUNICIPALIDAD DE
LAS HERAS
33 - 65456547 - 9
251.461,73
DIRECCION
PROVINCIAL DE
VIALIDAD
30 - 99914684 - 4
1.514.235,99
OBRA SOCIAL DE
EMPLEADOS
PUBLICOS (OSEP)
30 - 62397816 - 4
73.971,28
DEPARTAMENTO
GENERAL DE
IRRIGACION
30 - 99916963 - 1
1.871.939,38
COLEGIO SAN
JORGE
0 - 0 - 0
192.934,00
COLEGIO CLOVER
0 - 0 - 0
12.797,20
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COLEGIO
INSTITUTO
PROFESIONAL
ARLINGTON
LUCERO (IPAL)
0 - 0 - 0
10.880,35
COLEGIO
INSTITUTO
PROFESIONAL
ARLINGTON
LUCERO (IPAL)
0 - 0 - 0
6.960,77
COLEGIO
BLOSSOM
AMERICANO
0 - 0 - 0
1.503,17
COLEGIO
MANANTIALES
0 - 0 - 0
28.355,60
COLEGIO
ESPAÑOL
16.731,91
CANIZZO
CATALINA
27 - 3560824 - 4
8.603,30
URIOS DANIEL
20 - 12948413 - 7
6.488,90
CABRERA ROSA
23 - 1596947 - 4
16.453,73
MACHADO ROSA
MERCEDES
27 - 92349860 - 0
7.535,57
FRISON ELSA
27 - 1599734 - 1
78.738,71
ESPRESATTI ANA
27 - 1602638 - 2
10.836,36
SAIA CARMELA
27 - 539878 - 4
1.052,10
ASPESI SUSANA
27 - 3021516 - 3
2.401,97
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
05/10/2021 (1 Pub.)
