RESOLUCIONES

Resolución Nº 260

Fecha de publicación
16 de septiembre de 2021
Fecha de la norma
8 de julio de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.456 · páginas 61–67
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 260 MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2021 VISTO: El expediente EX-2018-04229321-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado “Acta C 3411 Banco Macro Sociedad Anónima”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1401, Ciudad, Mendoza, y con domicilio legal en calle Avenida Eduardo Madero N° 1182, C.A.B.A., y; CONSIDERANDO: Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) ACTA-2018-04209798-GDEMZA- INSPE#MGTYJ, rola Acta de Infracción serie C Nº 3411, labrada en fecha 4 de diciembre de 2018, contra la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, por no contar con el Libro de Quejas debidamente rubricado por la Dirección de Defensa del Consumidor (Resolución Nº 13/2014 D.D.C.). Que a orden n° 5, mediante D.E. INLEG-2018-04272182-GDEMZAINSPE#MGTYJ la firma infraccionada presenta descargo. En el mismo señala que el Banco Central de la República Argentina crea la “Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros”, y por medio de su Comunicación “A” 5388 y modificatorias, dispone una serie de obligaciones para las entidades financieras con el objeto de mejorar sus relaciones con los usuarios. En la Sección Tercera se establecen diversas pautas respecto del servicio de atención a los usuarios de servicios financieros, tales como la designación de un responsable de atención de los mismos y la obligación de establecer un procedimiento específico para la atención de las consultas y reclamos. Que dicha normativa establece que se debe asentar en una base de datos única y centralizada todas las presentaciones (consultas o reclamos) recibidas de los usuarios de servicios financieros, independientemente del medio a través del cual fueron canalizadas y de la casa receptora, en un Registro Centralizado de Consultas y Reclamos, a los cuales se debe asignar un número correlativo. Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También habilita a que el cliente efectúe la denuncia ante el B.C.R.A. y que toda consulta o reclamo sea, en términos generales, resuelto dentro del plazo máximo de 20 días hábiles. Que es en función de dicha normativa que el Banco Macro instala un registro centralizado de consultas y reclamos, asignando a cada usuario un número correlativo, con fecha de iniciación del reclamo e informando el plazo estimado de resolución. Que manifiesta que a través de la normativa provincial se pretende imponer un procedimiento administrativo de recepción y solución de reclamos que difiere ostensiblemente del que determina el B.C.R.A. para todas las entidades bancarias del país. Por lo que esa incongruencia se debe resolver Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 61 de 167 dando prioridad a la normativa emitida por el B.C.R.A., órgano de contralor de las entidades financieras. Que razones de jerarquía constitucional de normas abonan dicha posición. Que invoca la competencia exclusiva y excluyente del B.C.R.A. alegando que es el único organismo al que le compete ejercer el poder de policía en materia bancaria, en virtud de un régimen legal específico y de jerarquía constitucional superior a cualquier norma provincial. Que dicho poder de policía se le confiere al B.C.R.A. por medio de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras. Que el Acta de Inspección nº 3095 contiene un vicio, en el caso la incompetencia del Organismo, que nulifica cualquier intento de la Administración local de avanzar sobre la cuestión referida. Señala que están adheridos voluntariamente al Código de Prácticas Bancarias que regula y define prácticas de transparencia respecto de la información brindada a los clientes. Que la incongruencia de normas se debe resolver dando preeminencia a la normativa que emana del B.C.R.A. Que en la causa “Banco de la Nación Argentina c. Programa de Defensa del Consumidor, Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis s/ apelación 24.240”, la Corte Suprema de la Nación Argentina resuelve un problema de competencia en favor del B.C.R.A., como autoridad de aplicación del poder de policía de las entidades financieras, en detrimento de los tribunales administrativos de defensa del consumidor. Que el fallo sostiene que “La ley de entidades financieras Nº 21.526 establece que el B.C.R.A. ejerce la fiscalización de las entidades en ellas comprendidas y que la intervención de cualquiera otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la presente ley.” Que el B.C.R.A. es el órgano fiscalizador del funcionamiento de las entidades financieras, siendo tal misión indelegable y excluyente. Que es, por lo tanto, el órgano competente entre otras cosas para aplicar la ley de defensa del consumidor, si correspondiese, a las entidades bajo su control. En razón de lo expuesto, solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción y se proceda al archivo de las actuaciones. Que respecto al planteo realizado por el “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4 se anticipa que el mismo resulta improcedente. Que el artículo 3º de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.” El vínculo jurídico existente entre el usuario de servicios financieros y un Banco, que es un prestador de servicios financieros, es una típica relación de consumo. El prestador, consecuentemente, posee el carácter de proveedor en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240. Que la doctrina señala que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en lo que damos en llamar la sociedad de consumo”. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 62 de 167 Que en este nuevo escenario, con la sanción de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Que parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa específica.” Que como se advierte, la mencionada Ley no establece que las normas generales y especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se dijo, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley Nº 26.361). Que la mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley Nº 24240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que regula la actividad del proveedor (Banco Macro), en lo atinente a la relación de consumo se aplica la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 5547. Pretender extender la fiscalización del Banco Central de la República Argentina a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica contradecir lo establecido por la misma Ley de Entidades Financieras, que establece la fiscalización por el Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de dicha Ley. Que a su vez el artículo 41º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaría de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.” Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias (Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor) modificatorias y complementarias.” Que es claro que la Resolución Nº 13/2014 D.D.C., en su momento, y la Resolución Nº 5/2019 D.D.C., a partir de comienzos del año 2019, son normas complementarias dictadas por esta Autoridad de Aplicación. Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por ejemplo el caso del artículo 63º (contrato de transporte aéreo). Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 63 de 167 Que es importante señalar que la Resolución Nº 13/14 D.D.C. se reemplaza por la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. Esta última Resolución entra en vigencia en fecha 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019). Que en lo que concierne a la superposición de normas que regulan diferentes procedimientos de registro y tratamiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, es importante decir que el artículo 9º de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. dispone, en su parte pertinente, que “La existencia de otras formas o procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto por partes de otros organismos públicos, sean reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por procedimientos internos de la empresa o de los obligados por mecanismos de responsabilidad social empresaria o por la actividad regulatoria a la que están sometidos, nunca podrán ser justificativos que puedan usarse como fundamento para no cumplir con la presente reglamentación. El incumplimiento del presente por parte del obligado acarreará sanción.” Que también se encuentra tratado el tema de la superposición en el art. 1 de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. Dicha norma dispone que “Quedan obligadas al cumplimiento de esta resolución toda persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que reúna las características necesarias para ser considerada proveedor, en los términos del art. 2 de la Ley Nacional Nº 24.240 y del art. 4 de la Ley Provincial Nº 5.547, y que desarrolle de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades que impliquen la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, dentro del territorio de la Provincia de Mendoza. Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta Resolución todos aquellos proveedores que se encuentren obligados por otros órganos de contralor, nacionales, provinciales o municipales, a llevar otro tipo de sistemas para tratar las quejas o reclamos, siempre que se hubiere suscripto un convenio en tal sentido entre dichos Organismos de Control y esta Dirección provincial de Defensa del Consumidor. Mientras dichos convenios no existan, la Dirección de Defensa del Consumidor válidamente podrá exigir a dichos comerciantes el Libro de Quejas de esta Dirección y aplicar la totalidad de las regulaciones previstas en la presente norma.” Que a raíz de lo expuesto, es importante señalar que no se firma Convenio alguno en este sentido entre la Dirección de Defensa del Consumidor (Gobierno de Mendoza) y el B.C.R.A. Que es relevante destacar que la totalidad de los Bancos (públicos y privados) que operan en la provincia de Mendoza, a excepción de “Banco Macro S.A.”, cuentan con el Libro de Quejas que exige esta Dirección. Dicho dato surge de nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar). Que ello implica que la totalidad de los Bancos, excepto el “Banco Macro S.A.”, compatibilizan los dos sistemas de recepción y tratamiento de reclamos de sus usuarios. Recuérdese que es posible volcar los reclamos que se asientan en el Libro de Quejas, que exige esta Dirección, en el sistema informatizado que exige el B.C.R.A. Ello sin perjuicio de señalar la función probatoria que le asigna la Res. Nº 5/2019 D.D.C. (y antes la Res. Nº 13/2014 D.D.C.) a las quejas registradas en los Libros de Quejas (ver art. 11º Res. Nº 5/2019 D.D.C.). Allí se consagra que los hechos asentados en los Libros constituyen una presunción “iuris tantum" sobre la veracidad de la existencia de los mismos. De tal forma, se invertirá la carga de la prueba, recayendo sobre la empresa, comercio o proveedor la obligación de demostrar y probar la falta de veracidad de los dichos del consumidor. Es decir, la presunción mencionada constituye un estándar notoriamente superior, que beneficia al consumidor, que el sistema de registro de quejas instaurado por el B.C.R.A. Que por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por “Banco Macro S.A.”, quedando alcanzado por las exigencias de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C. Que, al respecto de la imputación de autos, es importante destacar que la obligatoriedad de contar con un Libro de Quejas rubricado por esta Dirección proviene de la Resolución Nº 158/2013, la cual estuvo vigente durante el año 2013, hasta octubre del año 2014. Luego dicha norma se sustituye por la Resolución Nº 13/2014, dictada por esta Dirección de Defensa del Consumidor, la cual estuvo vigente desde el día 15/10/2014 hasta el día 11/01/2019. Esta última Resolución se reemplaza por la Resolución Nº 5/2019, encontrándose ésta vigente desde el día 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019) a la fecha. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 64 de 167 Que el artículo 4º de la Res. Nº 5/2019 D.D.C., a semejanza del viejo art. 5º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C., dispone que “Los obligados, comprendidos en el Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de Quejas de Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios podrán asentar sus reclamos. El Libro de Quejas es un instrumento público de esta Dirección. Dicho libro deberá ser uno de los denominados artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"…”. Que por su parte artículo 6º de la Res. Nº 5/2019 consagra (como lo hacía el art. 7º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C), que “El Libro de Quejas deberá ser habilitado por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus hojas y la rúbrica del/la Director/a de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en curso. La nueva homologación corresponderá una vez agotadas todas las hojas del “Libro de Quejas de Defensa del Consumidor”…”. Que por otro lado el artículo 8º de la Res. Nº 5/2019 D.D.C. dispone (como lo hacía el art. 8º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C.), que “El Libro de Quejas de Defensa del Consumidor deberá encontrarse siempre en lugar visible para el público en general en el sector de Atención al Cliente. En caso de que el espacio del sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá encontrarse siempre sobre el mostrador de atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.” Que consultada el Registro de Libros de Quejas de esta Dirección (www.dconsumidores.mendoza.gov.ar), se advierte que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, nunca tramita el Libro de Quejas al día de la fecha para la sucursal, lo que permite tener por configurada y firme la imputación de autos. Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Que configurada la infracción el artículo 57º de la Ley Nº 5547 indica que "Las infracciones a la presente ley serán reprimidas con las siguientes penas: a) Clausura temporal o definitiva, dispuesta por la autoridad de aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) Las multas que fije, anualmente, la Ley Impositiva provincial. c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días. e) caducidad de la concesión del servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del estado provincial o municipal. f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad. g) suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado. h) publicación de la resolución sancionatoria a costa del infractor. i) apercibimiento.". Que asimismo el artículo 57º de la Ley N° 5.547, (según Ley Impositiva Nº 9.277, Artículo 10º) indica que las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: “…3) MULTAS (Ley N° 5.547 Artículo 57° inc. b): 1. Leve desde 3.870 a 193.500; 2. Moderado desde 193.501 a 580.500; 3. Grave desde 580.501 a 3.870.000; 4. Gravísima desde 3.870.001 hasta 7.740.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa.”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del artículo 59º de la Ley Nº 5547 dispone que “En la aplicación y graduación de las multas será tenido en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) El número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.”. Que configurada la infracción el Artículo 13º de la Res. 5/2019 establece que “El incumplimiento formal de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de los obligados comprendidos en el Artículo 1º, se sancionará con alguna de las penas previstas en el art. 57º de la Ley Provincial Nº 5547, sin perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes correspondientes, previstos en Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 65 de 167 la Ley Provincial Nº 5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a efectos de graduar la sanción a aplicar.”. Que se tiene en cuenta el informe del Registro de Antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor obrante a orden n° 11, según IF-2021-03761970-GDEMZA-HABI#MGTYJ, donde se visualiza que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, registra antecedentes en esta Dirección. Cabe destacar del mismo, que todos los antecedentes que posee la firma, se registran por incumplimiento de la Resolución N° 5/2019 D.D.C. (modificatoria de la Resolución 13/2014). Que por todo lo antes expuesto, se considera razonable imponer a la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, la sanción de multa equivalente a Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($ 50.000,00), considerando que la firma presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa que exige la rúbrica del Libro de Quejas de Defensa del Consumidor, y que su vez la misma no cumple con dicha normativa aun habiendo sido infraccionada por tal motivo. Que no obstante ello, considerando el informe del Registro de Antecedentes antes mencionado, donde se visualiza que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4 registra antecedentes, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley 5547, según Ley Impositiva Nº9.277, Art. 10º), por lo que se considera razonable imponer la sanción de multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00.-), por la infracción verificada y analizada. Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 1,3% del monto máximo aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina, hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($7.740.000,00), y que dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa LEVE. Que la aplicación de la sanción debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, de demás datos que constan en autos, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57° inc. b) de la ley 5.547, por violación de los artículos 4°, 6° y 8° de la Resolución N° 5/2019 de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5.547- Cód. Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) - www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa- procedimientodigital-2/ , pudiendo abonarse en Banco de la Nación Argentina /Banco Supervielle / Bolsa de Comercio. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación correspondiente ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar. ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05848472-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 66 de 167 ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos Un Mil con 00/100 ($ 1.000,00 según Ley Impositiva Nº 9.277, Artículo 10º, punto 2 inc A) abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle /Bolsa de Comercio. El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, debe ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente. ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 16/09/2021 (1 Pub.)