RESOLUCIONES
Resolución Nº 260
- Fecha de publicación
- 16 de septiembre de 2021
- Fecha de la norma
- 8 de julio de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.456 · páginas 61–67
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 260
MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2021
VISTO:
El expediente EX-2018-04229321-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado “Acta C 3411 Banco Macro
Sociedad Anónima”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “BANCO MACRO
SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1401, Ciudad,
Mendoza, y con domicilio legal en calle Avenida Eduardo Madero N° 1182, C.A.B.A., y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) ACTA-2018-04209798-GDEMZA-
INSPE#MGTYJ, rola Acta de Infracción serie C Nº 3411, labrada en fecha 4 de diciembre de 2018, contra
la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, por no contar con el Libro de
Quejas debidamente rubricado por la Dirección de Defensa del Consumidor (Resolución Nº 13/2014
D.D.C.).
Que a orden n° 5, mediante D.E. INLEG-2018-04272182-GDEMZAINSPE#MGTYJ la firma infraccionada
presenta descargo. En el mismo señala que el Banco Central de la República Argentina crea la “Gerencia
Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros”, y por medio de su Comunicación “A” 5388 y
modificatorias, dispone una serie de obligaciones para las entidades financieras con el objeto de mejorar
sus relaciones con los usuarios. En la Sección Tercera se establecen diversas pautas respecto del servicio
de atención a los usuarios de servicios financieros, tales como la designación de un responsable de
atención de los mismos y la obligación de establecer un procedimiento específico para la atención de las
consultas y reclamos. Que dicha normativa establece que se debe asentar en una base de datos única y
centralizada todas las presentaciones (consultas o reclamos) recibidas de los usuarios de servicios
financieros, independientemente del medio a través del cual fueron canalizadas y de la casa receptora, en
un Registro Centralizado de Consultas y Reclamos, a los cuales se debe asignar un número correlativo.
Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el
deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También habilita a que el cliente
efectúe la denuncia ante el B.C.R.A. y que toda consulta o reclamo sea, en términos generales, resuelto
dentro del plazo máximo de 20 días hábiles.
Que es en función de dicha normativa que el Banco Macro instala un registro centralizado de consultas y
reclamos, asignando a cada usuario un número correlativo, con fecha de iniciación del reclamo e
informando el plazo estimado de resolución.
Que manifiesta que a través de la normativa provincial se pretende imponer un procedimiento
administrativo de recepción y solución de reclamos que difiere ostensiblemente del que determina el
B.C.R.A. para todas las entidades bancarias del país. Por lo que esa incongruencia se debe resolver
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dando prioridad a la normativa emitida por el B.C.R.A., órgano de contralor de las entidades financieras.
Que razones de jerarquía constitucional de normas abonan dicha posición.
Que invoca la competencia exclusiva y excluyente del B.C.R.A. alegando que es el único organismo al que
le compete ejercer el poder de policía en materia bancaria, en virtud de un régimen legal específico y de
jerarquía constitucional superior a cualquier norma provincial.
Que dicho poder de policía se le confiere al B.C.R.A. por medio de la Ley Nº 21.526 de Entidades
Financieras.
Que el Acta de Inspección nº 3095 contiene un vicio, en el caso la incompetencia del Organismo, que
nulifica cualquier intento de la Administración local de avanzar sobre la cuestión referida. Señala que están
adheridos voluntariamente al Código de Prácticas Bancarias que regula y define prácticas de transparencia
respecto de la información brindada a los clientes.
Que la incongruencia de normas se debe resolver dando preeminencia a la normativa que emana del
B.C.R.A. Que en la causa “Banco de la Nación Argentina c. Programa de Defensa del Consumidor,
Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis s/ apelación 24.240”, la Corte Suprema de la Nación
Argentina resuelve un problema de competencia en favor del B.C.R.A., como autoridad de aplicación del
poder de policía de las entidades financieras, en detrimento de los tribunales administrativos de defensa
del consumidor. Que el fallo sostiene que “La ley de entidades financieras Nº 21.526 establece que el
B.C.R.A. ejerce la fiscalización de las entidades en ellas comprendidas y que la intervención de cualquiera
otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la presente
ley.” Que el B.C.R.A. es el órgano fiscalizador del funcionamiento de las entidades financieras, siendo tal
misión indelegable y excluyente. Que es, por lo tanto, el órgano competente entre otras cosas para aplicar
la ley de defensa del consumidor, si correspondiese, a las entidades bajo su control. En razón de lo
expuesto, solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción y se proceda al archivo de las actuaciones.
Que respecto al planteo realizado por el “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4
se anticipa que el mismo resulta improcedente.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las
relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio
de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.” El vínculo jurídico existente entre el usuario de servicios financieros y un Banco, que es un
prestador de servicios financieros, es una típica relación de consumo. El prestador, consecuentemente,
posee el carácter de proveedor en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240.
Que la doctrina señala que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el
mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir
en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean
en lo que damos en llamar la sociedad de consumo”. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros,
turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines
determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos.
Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos,
una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de
cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su
funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas
normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna
cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que
lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica
renovación productiva y compleja comercialización, entre otras.
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Que en este nuevo escenario, con la sanción de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador
argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección:
protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público
comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un status especial como
parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno
de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor,
mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador
argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los
bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo transparente y relaciones de
consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia
efectiva del nuevo derecho.
Que parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio
integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula
adoptada por el artículo 3°, cuando dice que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa específica.”
Que como se advierte, la mencionada Ley no establece que las normas generales y especiales se integran
con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico
que así sea pues, como se dijo, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación
de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos,
principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley Nº 26.361).
Que la mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por
otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley
Nº 24240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que
regula la actividad del proveedor (Banco Macro), en lo atinente a la relación de consumo se aplica la Ley
Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 5547. Pretender extender la fiscalización del Banco Central de la
República Argentina a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica
contradecir lo establecido por la misma Ley de Entidades Financieras, que establece la fiscalización por el
Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no tengan
relación con las disposiciones de dicha Ley.
Que a su vez el artículo 41º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaría
de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor) modificatorias y
complementarias.”
Que es claro que la Resolución Nº 13/2014 D.D.C., en su momento, y la Resolución Nº 5/2019 D.D.C., a
partir de comienzos del año 2019, son normas complementarias dictadas por esta Autoridad de Aplicación.
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo el caso del artículo 63º (contrato de transporte aéreo).
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Que es importante señalar que la Resolución Nº 13/14 D.D.C. se reemplaza por la Resolución Nº 5/2019
D.D.C. Esta última Resolución entra en vigencia en fecha 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019).
Que en lo que concierne a la superposición de normas que regulan diferentes procedimientos de registro y
tratamiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, es importante decir que el artículo 9º de la
Resolución Nº 5/2019 D.D.C. dispone, en su parte pertinente, que “La existencia de otras formas o
procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto por partes de otros organismos públicos, sean
reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por procedimientos internos de la empresa o de los
obligados por mecanismos de responsabilidad social empresaria o por la actividad regulatoria a la que
están sometidos, nunca podrán ser justificativos que puedan usarse como fundamento para no cumplir con
la presente reglamentación. El incumplimiento del presente por parte del obligado acarreará sanción.”
Que también se encuentra tratado el tema de la superposición en el art. 1 de la Resolución Nº 5/2019
D.D.C. Dicha norma dispone que “Quedan obligadas al cumplimiento de esta resolución toda persona
humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que reúna las características necesarias para ser
considerada proveedor, en los términos del art. 2 de la Ley Nacional Nº 24.240 y del art. 4 de la Ley
Provincial Nº 5.547, y que desarrolle de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades que
impliquen la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, dentro del
territorio de la Provincia de Mendoza. Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta Resolución todos
aquellos proveedores que se encuentren obligados por otros órganos de contralor, nacionales, provinciales
o municipales, a llevar otro tipo de sistemas para tratar las quejas o reclamos, siempre que se hubiere
suscripto un convenio en tal sentido entre dichos Organismos de Control y esta Dirección provincial de
Defensa del Consumidor. Mientras dichos convenios no existan, la Dirección de Defensa del Consumidor
válidamente podrá exigir a dichos comerciantes el Libro de Quejas de esta Dirección y aplicar la totalidad
de las regulaciones previstas en la presente norma.”
Que a raíz de lo expuesto, es importante señalar que no se firma Convenio alguno en este sentido entre la
Dirección de Defensa del Consumidor (Gobierno de Mendoza) y el B.C.R.A.
Que es relevante destacar que la totalidad de los Bancos (públicos y privados) que operan en la provincia
de Mendoza, a excepción de “Banco Macro S.A.”, cuentan con el Libro de Quejas que exige esta
Dirección. Dicho dato surge de nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar).
Que ello implica que la totalidad de los Bancos, excepto el “Banco Macro S.A.”, compatibilizan los dos
sistemas de recepción y tratamiento de reclamos de sus usuarios. Recuérdese que es posible volcar los
reclamos que se asientan en el Libro de Quejas, que exige esta Dirección, en el sistema informatizado que
exige el B.C.R.A. Ello sin perjuicio de señalar la función probatoria que le asigna la Res. Nº 5/2019 D.D.C.
(y antes la Res. Nº 13/2014 D.D.C.) a las quejas registradas en los Libros de Quejas (ver art. 11º Res. Nº
5/2019 D.D.C.). Allí se consagra que los hechos asentados en los Libros constituyen una presunción “iuris
tantum" sobre la veracidad de la existencia de los mismos. De tal forma, se invertirá la carga de la prueba,
recayendo sobre la empresa, comercio o proveedor la obligación de demostrar y probar la falta de
veracidad de los dichos del consumidor. Es decir, la presunción mencionada constituye un estándar
notoriamente superior, que beneficia al consumidor, que el sistema de registro de quejas instaurado por el
B.C.R.A.
Que por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por “Banco Macro S.A.”,
quedando alcanzado por las exigencias de la Resolución Nº 5/2019 D.D.C.
Que, al respecto de la imputación de autos, es importante destacar que la obligatoriedad de contar con un
Libro de Quejas rubricado por esta Dirección proviene de la Resolución Nº 158/2013, la cual estuvo vigente
durante el año 2013, hasta octubre del año 2014. Luego dicha norma se sustituye por la Resolución Nº
13/2014, dictada por esta Dirección de Defensa del Consumidor, la cual estuvo vigente desde el día
15/10/2014 hasta el día 11/01/2019. Esta última Resolución se reemplaza por la Resolución Nº 5/2019,
encontrándose ésta vigente desde el día 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019) a la fecha.
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Que el artículo 4º de la Res. Nº 5/2019 D.D.C., a semejanza del viejo art. 5º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C.,
dispone que “Los obligados, comprendidos en el Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de Quejas de
Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios podrán asentar sus reclamos. El Libro de
Quejas es un instrumento público de esta Dirección. Dicho libro deberá ser uno de los denominados
artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"…”.
Que por su parte artículo 6º de la Res. Nº 5/2019 consagra (como lo hacía el art. 7º de la Res. Nº 13/2014
D.D.C), que “El Libro de Quejas deberá ser habilitado por esta Autoridad de Aplicación, mediante la
verificación de la foliatura de sus hojas y la rúbrica del/la Director/a de esta Autoridad de Aplicación, en la
primera y última hoja del mismo con indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente
fijado por la Ley Impositiva del año en curso. La nueva homologación corresponderá una vez agotadas
todas las hojas del “Libro de Quejas de Defensa del Consumidor”…”.
Que por otro lado el artículo 8º de la Res. Nº 5/2019 D.D.C. dispone (como lo hacía el art. 8º de la Res. Nº
13/2014 D.D.C.), que “El Libro de Quejas de Defensa del Consumidor deberá encontrarse siempre en
lugar visible para el público en general en el sector de Atención al Cliente. En caso de que el espacio del
sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá encontrarse siempre sobre el mostrador de
atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”
Que consultada el Registro de Libros de Quejas de esta Dirección (www.dconsumidores.mendoza.gov.ar),
se advierte que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, nunca tramita el
Libro de Quejas al día de la fecha para la sucursal, lo que permite tener por configurada y firme la
imputación de autos.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que configurada la infracción el artículo 57º de la Ley Nº 5547 indica que "Las infracciones a la presente
ley serán reprimidas con las siguientes penas: a) Clausura temporal o definitiva, dispuesta por la autoridad
de aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) Las multas que fije,
anualmente, la Ley Impositiva provincial. c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días. e) caducidad de la
concesión del servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del
estado provincial o municipal. f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad. g)
suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado. h) publicación de la
resolución sancionatoria a costa del infractor. i) apercibimiento.".
Que asimismo el artículo 57º de la Ley N° 5.547, (según Ley Impositiva Nº 9.277, Artículo 10º) indica que
las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: “…3) MULTAS (Ley N° 5.547 Artículo 57° inc.
b): 1. Leve desde 3.870 a 193.500; 2. Moderado desde 193.501 a 580.500; 3. Grave desde 580.501 a
3.870.000; 4. Gravísima desde 3.870.001 hasta 7.740.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la
multa.”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del artículo 59º de la Ley Nº 5547 dispone que “En la aplicación y graduación de las multas
será tenido en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) El número
de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.”.
Que configurada la infracción el Artículo 13º de la Res. 5/2019 establece que “El incumplimiento formal de
alguna de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de los obligados
comprendidos en el Artículo 1º, se sancionará con alguna de las penas previstas en el art. 57º de la Ley
Provincial Nº 5547, sin perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes correspondientes, previstos en
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la Ley Provincial Nº 5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a efectos de graduar la sanción a aplicar.”.
Que se tiene en cuenta el informe del Registro de Antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del
Consumidor obrante a orden n° 11, según IF-2021-03761970-GDEMZA-HABI#MGTYJ, donde se visualiza
que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, registra antecedentes en
esta Dirección. Cabe destacar del mismo, que todos los antecedentes que posee la firma, se registran por
incumplimiento de la Resolución N° 5/2019 D.D.C. (modificatoria de la Resolución 13/2014).
Que por todo lo antes expuesto, se considera razonable imponer a la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD
ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, la sanción de multa equivalente a Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($
50.000,00), considerando que la firma presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa
que exige la rúbrica del Libro de Quejas de Defensa del Consumidor, y que su vez la misma no cumple con
dicha normativa aun habiendo sido infraccionada por tal motivo.
Que no obstante ello, considerando el informe del Registro de Antecedentes antes mencionado, donde se
visualiza que la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4 registra
antecedentes, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley
5547, según Ley Impositiva Nº9.277, Art. 10º), por lo que se considera razonable imponer la sanción de
multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 1,3% del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($7.740.000,00), y
que dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que la aplicación de la sanción debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el
infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-50001008-4, de
demás datos que constan en autos, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS CIEN MIL
CON 00/100 ($100.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57° inc. b) de la ley 5.547, por
violación de los artículos 4°, 6° y 8° de la Resolución N° 5/2019 de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Nº 5.547- Cód. Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el
plazo de DIEZ (10) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe generarse de manera online por vía web
de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) - www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa-
procedimientodigital-2/ , pudiendo abonarse en Banco de la Nación Argentina /Banco Supervielle / Bolsa
de Comercio.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación correspondiente ante esta
Dirección de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
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ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos
Un Mil con 00/100 ($ 1.000,00 según Ley Impositiva Nº 9.277, Artículo 10º, punto 2 inc A) abonada en
Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle /Bolsa de Comercio. El recurso de revocatoria junto a la
correspondiente tasa retributiva, debe ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso
no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa
dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se
procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal
Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
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S/Cargo
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