DECRETOS

Decreto Nº 885

Fecha de publicación
9 de septiembre de 2021
Fecha de la norma
8 de julio de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.451 · páginas 11–13
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 885 MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2021 Visto el expediente EX-2018-00252525-GDEMZA-MESA#MEIYE, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 28 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 12 de enero de 2018; y Considerando: Que, si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada; Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 1116/17 del referido Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) por violación a los Artículos 5º y 6º de la Resolución Nacional Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con la Ley N° 22802 y modificatorias; Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003; Que, en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05643678-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 11 de 152 vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria; Que adicionalmente, agrega la Doctora Narváez que en el presente caso no se ha afectado el bien jurídico que protegía la Ley Nº 22802 y modificatorias, esto es la protección de los intereses de consumidores y usuarios; Que a más de ello, se agravia en el hecho de que la inspección oportunamente efectuada no fue suscripta por testigo alguno, conculcando así el derecho de defensa de su mandante; Que al respecto, en contraposición a lo expresado por la representante legal de la empresa, se advierte claramente que el Acta de Infracción obrante en Orden 8 se ha efectuado detallando inclusive la presencia de personal perteneciente a la firma sancionada, acompañándose Planilla Anexa de Exhibición de Precios; Que los argumentos esgrimidos por la firma recurrente no invalidan la existencia de exhibición en góndola de artículos sin los precios de venta. La normativa es clara en ese sentido y la firma recurrente no ha aportado defensas válidas ni efectuado argumentación legal que permita desvirtuar el hecho punible, haciendo el Acta de Infracción plena fe del hecho penado, siendo la conducta sancionada título habilitante de la sanción impuesta; Que no siendo objetable el Acta de Infracción, corresponde analizar si existió o no infracción a las leyes que protegen al consumidor, razón por la cual al tratarse de infracciones formales sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en el expediente de referencia, haciendo nacer por sí la responsabilidad del infractor; Que no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del Acta de Infracción obrante en Orden 8, motivo por el cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la Repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el caso no se advierte, así como los argumentos expuestos por la firma recurrente carecen de virtualidad para invalidar el acto por ilegítimo; Que el Artículo 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en el expediente de referencia por la firma sumariada; Que el esquema de protección establecido en la Ley N° 22802 se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que en relación al monto de la multa, se considera que la misma se presenta razonable, teniendo en cuenta el tipo de infracción cometido por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En efecto, no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto adónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico en apelación interpuesto; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en Orden 21 y en Orden 47 y por Asesoría de Gobierno en Orden 30 del expediente Nº EX-2018-00252525-GDEMZA-MESA#MEIYE, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-05643678-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 12 de 152 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C RE T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico en apelación, obrante en Orden 2 del expediente N° EX-2018-00252525-GDEMZA-MESA#MEIYE, interpuesto por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, contra la Resolución N° 28 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 12 de enero de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 09/09/2021 (1 Pub.)