DECRETOS
Decreto Nº 871
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 9 de septiembre de 2021
- Fecha de la norma
- 7 de julio de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.451 · páginas 8–11
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 871
MENDOZA, 07 DE JULIO DE 2021.
Visto el expediente N° EX–2019-06597067-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico en apelación contra la Resolución N° 626-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio
de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre
de 2019; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 339/18 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía actual
Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establecido en la Ley Nº 9003;
Que en el expediente antecedente Nº 2999-D-15-01409, digitalizado en Orden 13, obra Acta de Infracción
e Intervención Nº 0046015, de fecha 2 de julio de 2015, labrada por el citado Organismo en el
Supermercado Átomo, propiedad de la referida firma con domicilio en calle Perito Moreno Nº 1016,
Departamento Godoy Cruz, Mendoza, por la cual se constata que se encontraban disponibles a la venta
artículos con defectos en el etiquetado;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que
vertiera en el recurso jerárquico;
Que al respecto, indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios
y carentes de fundamentos, que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos
de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos. Expresa que los recursos y descargos presentados
demostraban en forma exhaustiva la arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante, cercenando su
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derecho de defensa y una “desviación de poder”;
Que en tal sentido, se entiende que la Resolución Nº 626-EIyE-19 atacada por el recurso en tratamiento se
encuentra debidamente fundada, sumado a que la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” no ha aportado
en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la
autoridad;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo
contrario, la Resolución N° 626-EIyE-19 ha expresado en sus considerandos en forma clara el derecho
aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa indicando
que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico, diciendo también que el monto de la multa se
encuentra dentro del rango que preveía el Artículo 18 Inciso a) de la Ley N° 22802;
Que, por lo tanto, el argumento de la firma sancionada no encuentra razón suficiente que lo avale en tal
sentido. La Ley N° 22802 y modificatorias, de Lealtad Comercial, establecía que: “La verificación de las
infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que ellas se
originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación
de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado y la disposición infringida (…); y d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto
en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el
inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten
desvirtuadas por otras pruebas”;
Que por tal razón, no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma del
mismo. El Acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la
Resolución que sanciona a la quejosa por infracción a la Resolución Nacional N° 287/00 de la ex
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, Anexo I Punto II,
concordante con la Ley N° 22802 y modificatorias (derogada por DNU N° 274/19), surge evidente al
consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, así como se advierte que se le ha respetado el
derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba;
Que así expuesta la cuestión y tal como se ha indicado ut supra, la firma recurrente no ha aportado
argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las
Resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente, por violación al Anexo I Punto II
de la Resolución Nacional N° 287/00 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa
del Consumidor;
Que dicha normativa expresamente establece: “INFORMACIONES QUE DEBERÁN CONSTAR EN LA
ETIQUETA: 1. Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera deberán presentar
obligatoriamente en la etiqueta las siguientes informaciones: a) Nombre o Razón Social e identificación
fiscal del fabricante nacional o del importador, según el caso. a.1) El nombre o la Razón Social del
fabricante o importador podrá ser sustituido por la marca registrada por dicho fabricante o importador en el
órgano competente del país de consumo. b) País de origen: b. 1.) No serán aceptadas solamente
designaciones de bloques económicos. c) La indicación del nombre de las fibras o filamentos y su
composición expresada en porcentaje, de la manera que consta en el capítulo IV. d) Tratamiento de
cuidado para la conservación conforme con lo previsto en el capítulo V: e) Una indicación del talle o
tamaño según corresponda.”;
Que a su vez, el Artículo 6º de la Ley N° 22802 y modificatorias (actual Artículo 21 del DNU Nº 274/19)
establecía: “Los productores y fabricantes de mercaderías, los envasadores, los que encomendaren
envasar o fabricar, los fraccionadores y los importadores, deberán cumplir según corresponda con lo
dispuesto en este capítulo siendo responsables por la veracidad de las indicaciones consignadas en los
rótulos. Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o productos cuya
identificación contravenga lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley”;
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Que la norma contempla distintas responsabilidades: en primer lugar, se refiere a la responsabilidad por la
veracidad de la información. Si la información proporcionada en el producto resultase ser mendaz, el
comerciante puede eximirse de responsabilidad si exhibe la documentación que individualice
fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o
comercialización;
Que, por otra parte, la norma veda la comercialización de productos que contravengan lo dispuesto en el
Artículo 1°, es decir que no contengan en sus rótulos y etiquetas la información establecida en la Ley y su
reglamentación. Este supuesto es de carencia de información, no de mendacidad de la misma y la
comisión de esta infracción, no puede ser exonerada en un tercero, por cuanto es propia del comerciante;
Que es palmaria la infracción en la que incurrió el supermercado Átomo de la firma “MILLÁN SOCIEDAD
ANÓNIMA”, transgrediendo la normativa reinante en el caso en concreto, labrada la infracción mediante
Acta suscripta por funcionario competente en uso de sus funciones, que constata fehacientemente las
transgresiones a la legislación, con lo cual dicha infracción debe ser sancionada por la autoridad
competente;
Que se entiende que existe comprobación fehaciente de que la firma sancionada infringió la normativa
citada, siendo dichas infracciones del tipo formal, por lo que quedan consumadas con la simple conducta
objetiva contraria a los preceptos de legales;
Que la Constitución Nacional incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos;
Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente, surge la existencia de la
infracción imputada a la firma sancionada, la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por parte
del recurrente. La firma sancionada incumplió y transgredió los preceptos y la manda legal, con lo cual las
infracciones imputadas resultan fehacientemente acreditadas, siendo indiferentes los motivos y/o factor de
atribución del sujeto, bastando para su sanción la constatación;
Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los
mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su
consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por
los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad
comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis
tampoco lo son;
Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al derecho
de defensa y debido proceso, por todo lo cual se reitera que la Resolución cuestionada se encuentra
debidamente fundamentada, plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el
rechazo sustancial del recurso presentado contra la Resolución N° 339/18 de la Dirección de Fiscalización
y Control;
Que no se observan vicios en la Resolución 626-EIyE-19 en los términos de la Ley N° 9003 de
Procedimiento Administrativo, que permitan la acogida favorable del recurso jerárquico en tratamiento;
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Que en consecuencia y sobre la base del análisis de hecho y de derecho formulado, procede aceptar en lo
formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución
N° 626-EIyE-19;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía en Orden 17 y 28 y por Asesoría de Gobierno en Orden 21 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico en apelación
obrante en Orden 2 del expediente N° EX–2019-06597067-GDEMZA-MGTYJ, interpuesto por la señora
ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, contra la Resolución N° 626-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019,
conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
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