RESOLUCIONES
Resolución Nº 6
- Fecha de publicación
- 9 de septiembre de 2021
- Fecha de la norma
- 9 de enero de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.451 · páginas 29–32
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 6
MENDOZA, 09 DE ENERO DE 2020
VISTO:
El expediente Nº 10981-L-2008-01409-E-0-1, caratulado "La Motta Flavia C/ Turf - Servicel", en el cual
obran las actuaciones sumariales contra "FARIAS VICTOR GABRIEL", CUIT Nº 20-33303294-6,
propietario del comercio “TURF”, con domicilio en calle José María Peña nº 4926, Barrio Ferreyra, Ciudad
de Córdoba Sur, Córdoba, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 interpone denuncia la Sra. La Motta Flavia Daniela, DNI Nº 33.131.088, con domicilio en calle
Tacuarí Nº 444, Las Heras, Mendoza, contra el comercio "TURF" propiedad del Sr. "FARIAS VICTOR
GABRIEL", en virtud de no haber respetado la garantía del equipo celular marca Sony Ericsson propiedad
de la denunciante, al presentar fallas durante el período de garantía sin obtener una solución al respecto
por parte del denunciado.
Que a fs. 9 obra acta de audiencia conciliatoria, donde comparece la denunciante y no así la parte
denunciada.
Que a fs. 26 se notifica a la firma denunciada que se encuentra en infracción por presunta violación al
artículo 11º de la Ley 24.240, al no dar cumplimiento con la garantía legal de un celular marca Sony
Ericsson adquirido por la denunciante en fecha 13/07/2008.
Que el sumariado no presenta descargo alguno a la imputación notificada, a pesar de haber sido
emplazado para ello. Tampoco concurre a la audiencia de conciliación de fs. 8 ni contesta el
emplazamiento de fs. 9. De esta manera, el sumariado cuenta con amplias oportunidades para ejercer su
derecho de defensa.
Que es por ello que se puede afirmar que la firma consiente la imputación que se formula en su contra.
Que el artículo 13º de la Ley 24.240, establece la responsabilidad solidaria en cuanto al otorgamiento y
cumplimiento de la garantía legal, a los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las
cosas comprendidas en el artículo 11º del mismo cuerpo legal.
Que el artículo 11º de la Ley 24.240 dispone que “Cuando se comercialicen cosas muebles no
consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos
adquirentes gozan de garantía legal por los defectos O vicios de cualquier índole, aunque hayan sido
ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo
entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se
trate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo
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las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el
transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y
seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”.
Que cabe recordar que no obsta a la aplicación de la correspondiente sanción la existencia o no de
perjuicio concreto a terceros o de dolo o culpa en la conducta de la empresa, toda vez que se trata de
infracciones formales, donde la verificación de tales hechos hace nacer la responsabilidad del infractor. No
requiere la existencia de daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley. Son
ilícitos denominados de pura acción u omisión, por ello su apreciación es objetiva y se configuran por la
simple omisión que basta por sí misma para violar las normas (Supermercados Norte c/ DNCI Disp. 364/04
del 9/ l 0/06).
Que esta Dirección, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 vela por su correcta aplicación.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el art. 47º de la Ley 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no cumple
con la garantía del equipo celular objeto del reclamo, ni tampoco presenta pruebas en su defensa. Y que si
bien el valor del producto adquirido asciende a Pesos Seiscientos Veintinueve con 00/100 ($ 629,00), debe
tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al
consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que
sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar
una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY
ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que el sumariad no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir once años desde el
hecho objeto del reclamo.
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Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a
"FARIAS VICTOR GABRIEL", CUIT Nº 20-33303294-6, propietario del comercio “TURF”, conforme lo
permite la escala legal, equivalente a PESOS TREINTA MIL con 00/100 ($30.000,00), por la infracción
verificada y analizada en autos.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.6% del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a "FARIAS VICTOR GABRIEL", CUIT Nº 20-33303294-6, propietario del
comercio “TURF”, con domicilio en calle José María Peña nº 4926, Barrio Ferreyra, Ciudad de Córdoba
Sur, Córdoba, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS TREINTA MIL con 00/100
($30.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación
del artículo 11º del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÌAS. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la
multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando
copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa
retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
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ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
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