DECRETOS
Decreto Nº 1085
- Fecha de publicación
- 3 de septiembre de 2021
- Fecha de la norma
- 4 de agosto de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.447 · páginas 11–14
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1085
MENDOZA, 04 DE AGOSTO DE 2021
Visto el Expediente N° 2487-T-13-00020 y Expedientes acumulados Nº 6342-T-12-18006 y N°
375-S-12-18006, en el cual la empresa Transporte de Pasajeros General Roca S.R.L., presenta Recurso
Jerárquico contra Resolución Nº 321 del año 2013, emitida por la ex Secretaría de Trasporte, actual
Secretaría de Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que se presenta la recurrente a plantear formal Recurso Jerárquico contra la Resolución ST N° 321/2013,
mediante el cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria oportunamente planteado por la
administrada.
Que la recurrente sostiene que se ha violado la disposición del Artículo 218 de la Ley N° 6082, toda vez
que la Directora Jurídica y Fiscalización es incompetente para dictar el acto sancionatorio porque no se ha
efectuado una delegación expresa a través de una resolución que se encuentre debidamente notificada.
Que la recurrente plantea la nulidad del acta por incumplimiento de un requisito esencial dispuesto por el
Artículo 129 de la Ley N° 6082, toda vez que es necesario que “…la autoridad policial que labre el acta
deberá aclarar bajo su firma: su nombre, apellido, jerarquía…”. La norma es aplicable al Inspector en virtud
de lo establecido por el Artículo 217 de la misma ley.
Que sostiene que esos incumplimientos impidieron el ejercicio del derecho de defensa porque, en cuanto
al firmante, no se sabe si es persona autorizada para la realización del acto o un usurpador, si podría ser
recusado por lo que se impide redargüir la falsedad del instrumento.
Que, expresa, en la propia ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos, en ocasiones anteriores se ha considerado que el acusado es un vicio no subsanable que
transforma el acta en nula de nulidad absoluta. Por ello entiende, a partir de convalidar el vicio y
considerarlo muy leve y subsanable, es contrario a la teoría de los actos propios lo que acarrea igualmente
la nulidad del acto cuestionado.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Que afirma que se ha aplicado a la multa un monto ilegal, ya que el Artículo 92 del Pliego General de
Bases y Condiciones establece para este tipo de infracción una sanción de hasta 200 Unidades Fijas y la
impuesta, en este caso, es mayor.
Que se hace alusión a una supuesta extemporaneidad en el dictado de la resolución, a la pérdida de la
competencia temporal y a vicios en la voluntad, previos a la emisión del acto, todo lo cual trae como
consecuencia la nulidad e inexistencia del acto atacado.
Que enuncia la supuesta existencia de vicios en el objeto y en la voluntad previa a la emisión del acto,
aunque no particulariza los motivos. Hace reserva de plantear el Caso Federal, Ley N° 48.
Que corresponde analizar la procedencia formal del recurso intentado, el cual debe admitirse de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que en cuanto al análisis sustancial del Recurso Jerárquico corresponde rechazar el recurso intentado, en
tanto que la infracción imputada como la sanción impuesta encuentran sustento en la normativa vigente y
en la cual se fundó el acto administrativo del que se agravia la recurrente.
Que la cuestión referida a la incompetencia carece de sustento legal, toda vez que aún en el supuesto que
no existiera la resolución que efectuó la delegación (que existe, según consta a fojas 8 del Expediente N°
6342-T-12-10036), con posterioridad se tramitó y sustanció el Recurso de Revocatoria que culminó con
una resolución que firma el ex Secretario de Transporte en persona. Un defecto de esta naturaleza queda
saneado en virtud de lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, por disposición expresa
del Artículo 2 de la resolución recurrida.
Que no le asiste razón a la recurrente cuando realiza el cuestionamiento a la falta de identificación del
Inspector, por aplicación de las disposiciones de los Artículos 129 y 217 de la Ley N° 6082.
Que la recurrente bien conoce por su larga trayectoria como concesionaria del Servicio de Transporte
Público, que por cuestiones de seguridad personal de los señores inspectores los mismos no se identifican
plenamente con sello debajo de su firma. Por ello en el caso que nos ocupa se ha consignado la
designación del agente que intervino debajo de su firma y su actuación ha sido plenamente convalidada
por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos.
Que es el caso que la recurrente alude a que esa falta de identificación perjudica su derecho de defensa,
toda vez que al no saber de quién se trate, no se sabe si la persona está investida de autoridad o si podría
recursarlo.
Que estas afirmaciones son meras abstracciones, habida cuenta que desde el punto de vista funcional, la
actuación del Inspector fue convalidada por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual
Secretaría de Servicios Públicos. O sea, el mismo ha obrado en pleno ejercicio de sus potestades y en el
marco de sus atribuciones, ya que de lo contrario la propia Dirección hubiera invalidado lo actuado,
conforme lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que en relación con la posibilidad teórica de recusación, la recurrente debe conocer que ningún
funcionario o empleado es recusable (Ley de Procedimiento Administrativo) y en este caso concreto no se
ha denunciado un actuar ilegítimo, abusivo o incorrecto del inspector interviniente por lo cual solamente
debe considerarse como una mera alegación teórica sin sustento para justificar una declaración de nulidad
de lo actuado.
Que el Inspector se ha identificado debidamente con su designación interna de la ex Dirección de Vías y
Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, por lo que en caso de duda la recurrente
pudo conocer acabadamente su identidad; lo cual no hizo.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Que el punto relativo a la inexistencia de la reincidencia debe encadenarse con el cuestionamiento al
importe de la multa con la cual se sancionó a la empresa de transporte. Esto en razón de que la mención
del Artículo 92 de Pliego General de Bases y Condiciones establece los montos, pero sin considerar el
agravamiento por reincidencia. Por tal motivo la sanción impuesta lo está dentro del marco de legalidad.
Que en cuanto a la supuesta pérdida de la competencia por parte de la Administración, por haber dictado
la resolución sancionatoria fuera del plazo legalmente establecido para ello, conforme lo dispuesto por el
Artículo 283 del Decreto N° 867/94 y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que es cierto que los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo son de carácter
obligatorio, tanto para los administrados como para la Administración, como así también hay situaciones en
las que la ley otorga a ciertos funcionarios u órganos una competencia por un plazo determinado, la cual
de ejercerse extemporáneamente importa un vicio del acto administrativo.
Que esto se conjuga conforme lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando sostiene
que la “demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando el mismo
correspondiere, constituye falta disciplinaria reprimible…”. Se trata de una disposición que tiende a
remediar la demora de la Administración y a darle celeridad y eficiencia al procedimiento administrativo.
Está establecida a fin de que quien tiene determinada función o competencia la ejerza dentro de los
términos previstos, previendo sanciones disciplinarias para los casos en que se verifique negligencia o
demora de parte de los funcionarios.
Que una interpretación integral de la normativa, se puede decir que: aunque el funcionario competente, en
el caso que nos ocupa el ex Secretario de Transporte, tiene un plazo obligatorio para dictar el acto
administrativo de que se trata, no tiene la competencia fijada en forma temporal para el dictado del acto.
Que si el funcionario competente no dicta el acto en el plazo establecido, pueden entrar a considerarse las
normas que regulan el significado del silencio de la Administración y aún a una denegatoria tácita y sin
perjuicio de que no fue presentado en el expediente ningún pedido de pronto despacho.
Que en cuanto al análisis si corresponde alguna sanción administrativa por la demora, según lo dispuesto
por las normativas mencionadas precedentemente, la competencia sigue perteneciendo al funcionario
designado por ley, ya que la misma no le fue conferida temporalmente. Por ello, dictado el acto
administrativo fuera del plazo establecido no vicia al mismo en la forma que establece la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Que no se advierte que se haya configurado la causal referida al cambio de encuadre legal que favorece al
administrado.
Que la Administración no actuó fuera del marco del principio de legalidad y la infracción que se le atribuyó
se encuentra debidamente tipificada en la normativa vigente y aplicable, las cuales han sido
oportunamente consignadas en el Resolución ST N° 1420/2012.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno, la Asesoría Legal del ex
Ministerio de Infraestructura, actual Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública y Asesoría Legal
del ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
presentado por la empresa Transporte de Pasajeros General Roca S.R.L., C.U.I.T. N° 30-54648445-5,
contra la Resolución N° 321 del año 2013, emitida por la ex Secretaría de Transporte, actual Secretaría de
Servicios Públicos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
03/09/2021 (1 Pub.)
