DECRETOS
Decreto Nº 927
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 27 de agosto de 2021
- Fecha de la norma
- 14 de julio de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.442 · páginas 7–9
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 927
MENDOZA,14 DE JULIO DE 2021
Visto el expediente N° EX-2019-06611346-GDEMZA-MGTYJ, en el cual el Doctor JOAQUIN CRUZ
LLANO, en representación de la firma LIBERTAD S.A., CUIT Nº 30-61292945-5, interpone recurso
jerárquico contra la Resolución N° 636-EIyE-19 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la
Competencia el DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la
fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del
DNU Nº 274/19);
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 48/19 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual
Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establece la Ley Nº 9003;
Que en cuanto al aspecto sustancial la firma recurrente en esta instancia reitera algunos de los
argumentos que vertiera en oportunidad de interponer los anteriores recursos de revocatoria y jerárquico;
Que la firma sancionada sostiene la ilegitimidad de la Resolución recurrida al aplicar una norma que no
prevé la situación fáctica tipificada;
Que en relación con la plataforma fáctica, la firma recurrente ha podido defenderse en las distintas
oportunidades en las que ha tomado intervención (descargo, recurso de revocatoria y recurso jerárquico);
Que así como se visualiza en los descargos anteriores, se hace mención a circunstancias no aplicables, no
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Viernes 27 de Agosto de 2021
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ocurridas ni corroboradas en el Acta de Infracción y las Resoluciones recurridas, por lo cual se deduce que
los descargos efectuados corresponden a alguna otra actuación que tramita contra la misma empresa
sumariada;
Que a mayor abundamiento, no resulta objetable el Acta de Infracción dado que en este tipo de causas
sólo corresponde analizar si existió o no infracción a las Leyes que protegen al consumidor, razón por la
cual al tratarse de infracciones formales sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos,
circunstancia ocurrida en el expediente de referencia, haciendo nacer por sí la responsabilidad del
infractor;
Que a su vez, debe tenerse presente que se han verificado las infracciones a la Ley Nº 22802,
modificatorias y normas reglamentarias, así como la sustanciación del expediente de referencia se ajusta
al procedimiento legalmente establecido, constituyendo el Acta de Infracción prueba suficiente de los
hechos así comprobados (Artículo 17 Inciso d) de la Ley Nº 22802) no habiendo válidamente
acompañado la contraparte pruebas que desvirtúen la infracción aquí sancionada;
Que no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del Acta de
Infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la
Repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se
pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el
caso no se advierte, así como los argumentos expuestos por la firma recurrente carecen de virtualidad
para invalidar el acto por ilegítimo;
Que queda claro que el plexo normativo sanciona la exhibición para su venta de juguetes que no cumplen
con las exigencias esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las prevenciones de
empleo establecidas en la Resolución Nacional Nº 163/05 (Anexos III y IV, Artículo 3º) de la Secretaría de
Coordinación Técnica del ex Ministerio de Economía y Producción. Asimismo, se sanciona si la mercadería
(juguetes) no acredita los requisitos y rotulados de seguridad establecidos por la normativa pertinente
(Artículo 5º);
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la
imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La
imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no
se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se
configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado, no se verifique;
Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un
“trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la
libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en el expediente de referencia
por la firma sumariada;
Que la presente tramitación administrativa cuenta con los estándares constitucionales referidos al derecho
de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas
en el Artículo 18 de la Constitución Nacional;
Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los
parámetros fijados por la Ley 22802, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de
razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no se
ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la
infractora;
Que en conclusión procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
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impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 636-EIyE-19;
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía, en Orden 20 y en Orden 32 y por Asesoría de Gobierno en Orden 27 del expediente de
referencia y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto en
Orden 2 del expediente N° EX-2019-06611346-GDEMZA-MGTYJ por el Doctor JUAN CRUZ LLANO, en
representación de la firma LIBERTAD S.A., CUIT Nº 30-61292945-5, contra la Resolución Nº 636-EIyE-19
emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y
Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, por los motivos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
27/08/2021 (1 Pub.)
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
