DECRETOS

Decreto Nº 554

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
4 de agosto de 2021
Fecha de la norma
2 de mayo de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.426 · páginas 5–8
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 554 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-04711884-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ BO-2021-04711884-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 5 de 106 MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2021 Visto el expediente EX-2019-06596025-GDEMZA-MGTYJ, en el cual la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 629 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 181/18 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003; Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de jerárquico; Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad del Acta por “vicio de voluntad de quien emitió el presente acto administrativo” indicando que el inspector actuante “ha perseguido otros fines” sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable; Que, también expresa, que el anexo con el detalle de la mercadería sin precios exhibidos es el único elemento para avalar sus dichos insertados en el Acta de Infracción, lo cual a su criterio resulta insuficiente y carente de fundamentación. Pero nada dice respecto a la circunstancia constatada por el Inspector, no aportó prueba en contrario ni redarguyó de falsedad el Acta de Inspección; Que, en cuanto a los fundamentos del recurso en tratamiento, la recurrente esgrime como primer punto que la resolución emitida por el Ministro es vacua de contenido y arbitraria indicando que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios y carentes de fundamentos, que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos, destacando como vicio lo expresado en la Resolución N° 629-EIyE-19; Que la empresa alega que los recursos y descargos presentados demostraban en forma exhaustiva la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del Inspector actuante; Que asimismo indica que se ha visto cercenado su derecho de defensa y que el Acta labrada por el Inspector es nula de nulidad absoluta; Que se entiende que la Resolución Nº 629-EIyE-19 atacada por el recurso en tratamiento se encuentra debidamente fundada, sumado a que “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad; Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo contrario; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-04711884-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 6 de 106 Que el Acta de Infracción es un instrumento público realizado por un funcionario público en ejercicio del poder de policía y que además adjunta elementos de prueba suficientes para constatar la falta, por lo que la alegación de la recurrente no es el medio idóneo para atacarla; Que la mencionada resolución ha expresado en sus considerandos en forma clara el derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa indicando que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico; Que se entiende que la infracción ha sido constatada por los Inspectores firmantes del Acta en presencia del encargado de la sucursal al cual se le entregó el listado de mercadería sin precios y tal situación fue tratada en las instancias anteriores, por lo que la queja del recurrente no encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la avale; Que la firma sancionada registra antecedentes de violación a la misma norma por lo que no solo incumple, sino que reincide en la misma conducta; Que Ley N° 22802 establecía: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado que dentro de los diez (10) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere, debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar su presentación, entregándose copia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. (…) d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”; Que el Artículo 9° de la citada normativa, indicaba: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.”; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado, no se verifique; Que se considera que existe comprobación fehaciente de que la sancionada infringió la normativa citada y dichas infracciones son del tipo formal, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta objetiva contraria a los preceptos legales; Que, con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros que fijaba la Ley N° 22802, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 629/19 del ex Ministerio de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-04711884-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 7 de 106 Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía en Orden 17 y 27 y por Asesoría de Gobierno en Orden 21 del expediente EX-2019-06596025-GDEMZA-MGTYJ, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante en Orden 2 del expediente, EX-2019-06596025-GDEMZA-MGTYJ, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 629, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 04/08/2021 (1 Pub.)