DECRETOS
Decreto Nº 699
- Fecha de publicación
- 7 de julio de 2021
- Fecha de la norma
- 4 de junio de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.406 · páginas 16–18
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 699
MENDOZA, 04 DE JUNIO DE 2021
Visto el expediente Nº 6888-D-18-20108 y sus acumulados Nros. 2543-D-17-01283, 3253-D-16-01409
copia 0 y 3253-D-16-01409 copia 1, en el primero de los cuales, la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN,
en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 570 emitida por el ex Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía, en fecha 06 de setiembre de 2018; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la
fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU
274/19);
Que por la citada Resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto
sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 1149/17
dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura
y Energía;
Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003;
Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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interponer recurso de revocatoria y jerárquico;
Que la empresa reitera que la Resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del Acta de
Infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos, como así también
que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta
infracción imputada;
Que el obrar de los Inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso, ha
sido regular y en cumplimiento riguroso de la normativa estipulada;
Que el Acta de Infracción reúne los requisitos que exigía la Ley Nº 22802 en su Artículo 17, vigente al
momento del hecho, que ordenaba: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas
reglamentarias y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que
seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición
infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado que dentro de los
diez (10) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere,
debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar su presentación, entregándose copia
de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. (…) d) Las constancias del acta labrada conforme a
lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace
referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos
en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.”;
Que de lo expuesto se desprende con claridad, la legitimidad del actuar del inspector, habiendo otorgado a
la sancionada la posibilidad de presentar su descargo y ofrecer toda la prueba que considere conducente a
los efectos de demostrar su postura;
Que las Actas labradas por el personal de la ex Dirección de Industria y Comercio constituyen
instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismo;
Que, en relación a la supuesta incompetencia alegada, el inspector actuante contaba con facultades para
la actuación realizada, teniendo en cuenta los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y
fundamento al proceso de división de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de
Industria y Comercio, lo que conduce a concluir en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia
la recurrente
Que atento a los antecedentes de la empresa en el Registro Público de Infractores y al volumen de
productos en infracción, se considera que el monto impuesto se ajusta a los parámetros de la Ley,
conforme a lo que establecían los Artículos 18 y 19 de la Ley Nº 22802;
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la
imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La
imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no
se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se
configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado, no se verifique;
Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el
recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 570/18 del Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía a fojas 26/27 y 33 por Asesoría de Gobierno a fojas 40/41 del
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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expediente Nº 6888-D-18-20108,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/5
del expediente Nº 6888-D-18-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en
representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la Resolución
Nº 570, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 06 de setiembre de
2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
07/07/2021 (1 Pub.)
