RESOLUCIONES

Resolución Nº 68

Fecha de publicación
5 de julio de 2021
Fecha de la norma
18 de febrero de 2020
Referencia documental
Boletín Nº 31.404 · páginas 30–36
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 68 MENDOZA, 18 DE FEBRERO DE 2020 VISTO: El expediente Nº 1374-N-2011-60207-E-0-4, Caratulado "Núñez Mario Damaso C/ Carrefour", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-68731043-4, nombre de fantasía “Carrefour”, con domicilio en Rondeau y Acceso Este lateral Sur, Guaymallén, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 30 de 119 Mendoza, y con domicilio LEGAL en Ruta Panamericana 2650, Palmares Bureau, 1º Piso, Of. “F”, Godoy Cruz, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 01 se interpone denuncia por el Sr. Núñez, Mario Dámaso, DNI Nº 8.147.900, con domicilio en Bº Plumerillo Sur, monoblock B, Piso 1, Departamento 8, Las Heras, Mendoza, contra el comercio Carrefour, razón social INC S.A., en virtud de haber adquirido en fecha 24/03/2008 una heladera que al poco tiempo de su uso se descompone dejando de enfriar sin que la denunciada procediera conforme la garantía. Agrega que con la misma se contrató un servicio de garantía extendida. Acompaña a fs. 05/10 prueba documental. Que conforme lo obrado a fs. 14 y 20, se da por fracasada la instancia conciliatoria. Que a fs. 21 se presenta la firma VIRGINIA SURETY S.A. Compañía de Seguro, alegando que “el presente reclamo no se encuentra bajo la vigencia de la póliza de Garantía Extendida, puesto que el último reclamo que tenemos del cliente fue en octubre de 2008 y la vigencia de nuestra garantía extendida comenzó a dar efectos en marzo de 2010. Es por eso que rechazamos la presente denuncia y consecuentemente cobertura de dicho siniestro”. Que al respecto se observa que del certificado de incorporación individual al seguro de extensión de garantía acompañado por la denunciante a fs. 08, surge de la cláusula 7 que la cobertura se otorga por 24 meses incluyendo el período de cobertura del fabricante, con fecha de emisión 24/03/2008, fecha en la que fue efectuada la compra del electrodoméstico. Que en consecuencia esta Dirección entiende que el reclamo realizado por la denunciante a VIRGINIA SURETY S.A. Compañía de Seguro se efectúa durante la vigencia del plazo de garantía extendida y por lo cual, existe un incumplimiento en la prestación convenida conforme lo dispuesto por el artículo 20º de la Ley 5.547 según el cual “Quienes presten, servicios de cualquier naturaleza a usuarios según el criterio del art. 2º De la presente ley, están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hubieren ofrecido, publicitado o convenido con el usuario la prestación del mismo. Los prestadores de servicios deberán establecer con claridad los bienes y/o servicios accesorios o complementarios. Estos se presumen onerosos -en cuyo caso serán optativos para el consumidorsalvo que el prestador del servicio demuestre su gratuidad. El descuento correspondiente a los servicios accesorios onerosos en ningún caso podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del valor del servicio principal.”. La doctrina es clara y este artículo es de aplicación para todos los servicios que se presten en el marco de la relación de consumo. El proveedor debe ajustar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido, lo que debería hacerse de igual modo de no existir este precepto. Que a fs. 25 se realiza apertura de sumario imputándose a Compañía de Seguro VIRGINIA SURETY S.A. infracción por presunta violación al artículo 20º de la Ley N° 5.547 cc. el Artículo 19º de la Ley N° 24.240. Que se le da traslado a la prestadora del servicio de garantía extendida, la que se presenta a fs. 26/33 y plantea la incompetencia, prescripción y nulidad de la imputación. Que básicamente funda su planteo en que existe en este caso una Autoridad de aplicación específica en materia de seguros, siendo la Superintendencia de Seguros de la Nación la autoridad exclusiva y excluyente en el sector de seguros para llevar a cabo la encomienda que fija el artículo 42 de la Constitución Nacional y la única autorizada para intervenir y sancionar a empresas de seguros. Que respecto al planteo de incompetencia se anticipa que el mismo resulta improcedente. Debe tenerse presente que el artículo 3° de la Ley 24.240, incorporado por Ley 26.361, señala en su último párrafo ”las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta Iey y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 31 de 119 específica.” Que la compañía de seguros es una persona jurídica privada que desarrolla, de manera profesional, la comercialización de un servicio que consiste en la asunción de riesgos mediante cobertura asegurativa, y recibe como contraprestación de dichos servicios el pago de una prima o cotización. Que la empresa aseguradora posee el carácter de proveedora en los términos del artículo 2º de la Ley 24.240 y el vínculo jurídico que une a esta empresa con el consumidor es una típica relación de consumo. Muchas veces se ha pretendido identificar el concepto de prestación de servicios con el de locación de servicios, para dejar fuera de la tutela del estatuto del consumidor a una serie de relaciones jurídicas entre las cuales cuenta la configurada en el contrato de seguro y sus consecuencias. Que en este sentido se ha dicho que la palabra “servicio” alude a cualquier actividad prestada en el mercado de consumo mediante remuneración, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, aseguradora, salvo las derivadas de las relaciones de carácter laboral (FARINA, JUAN M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 2000, Bs. As , p. 45). Qué no cabe dudas entonces, que el contrato de seguro puede ser considerado una relación de consumo en la que el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a prestar un servicio consistente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas (BOTANA GARCIA, GEMA A., Curso sobre la protección jurídica de los consumidores, coord..., Genio A. Botana García y Miguel Ruiz Muñoz, Mc-Graw Hill, Madrid, 1999, p. 28). Que el asegurado-consumidor ha sido definido como "la persona que, para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos y reuniendo las características de cualquier otro consumidor, contrata un servicio de aseguramiento y, eventualmente, él o un tercero reciben la prestación indemnizatoria (CABALLERO SÁNCHEZ, ERNESTO, “La protección de los consumidores de seguros en el Derecho español”, en Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos Aires, p.650). Que según el Dr. Ernesto Caballero Sánchez, "el consumidor de seguros” es por tanto quien contrata los servicios de cobertura de riesgos y, eventualmente, las prestaciones indemnizatorias que proporcionan las empresas aseguradoras. En tanto el tomador del seguro (suscriptor de la póliza), como el asegurado, e incluso mediante una protección que podemos calificar de extensiva, el tercero beneficiario (supuesto frecuente en los seguros personales) o el perjudicado (por ejemplo acreedores de indemnizaciones en los seguros de responsabilidad civil). Todos ellos son consumidores en sentido material que utilizan o disfrutan del servicio de coberturas de riesgos (CABALLERO SÁNCHEZ, ERNESTO, “El consumidor de seguros: protección y defensa”, p. 51). Que así, obedeciendo a esta concepción de consumidor, no parece existir razón válida alguna que impida la consideración como tales a todos los elementos personales que se amparan bajo la denominación de asegurado siempre que éste actúe al margen de cualquier actividad profesional y, en definitiva, como contraparte del asegurador en la relación aseguradora (PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, La protección del asegurado, McGraw-Hill, ps. 7 y 8). Que se está en condiciones de señalar entonces, que la protección y defensa del consumidor de servicios asegurativos se encuentra contemplada en la ley de defensa del consumidor, y que la misma comprende tanto al tomador como al asegurado, y se hace extensiva también al tercer beneficiario y al damnificado (PICASSO, SEBASTÍAN Y VÁZQUEZ FERREYRA, ROBERTO A. (Directores), Ley de defensa del Consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 481). Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación de la Ley 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia Ley, por ejemplo el caso del art. 63 (contrato de transporte aéreo). Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 32 de 119 Que la jurisprudencia ha confirmado la aplicabilidad de la Ley 24.240 en lo que respecta a la materia asegurativa. A modo de ejemplo, se puede citar el fallo “Argañaraz, Hugo E. c/ Alvarengo, José Daniel P/ Daños y Perjuicios” de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, de fecha 25/04/2013, en el que se consideró que ‘Corresponde rechazar el recurso interpuesto por los demandados en contra de la sentencia que los condenó a indemnizar al actor, en tanto la exclusión de cobertura, prevista para el caso en que el vehículo asegurado fuera conducido por personas que no tenían habilitación para ello en la que se amparan los recurrentes resulta inoponible, pues no aparece informada al consumidor del seguro, ni probada como parte del contrato en el caso de autos.”. Que también se indica que “En tanto el art. 25 de la ley 20.091 dispone que las pólizas de seguro deben ajustarse al art. 11 segunda parte de la ley 17.418, que ordena expresamente la entrega de las condiciones generales del contrato al asegurado, con el evidente propósito de cumplir el deber de información y lealtad contractual, cabe entender que la misma ley se ha inclinado por la tesis contractualista, debiendo considerarse que el asegurado es consumidor, y que en la póliza de seguro deben incluirse las condiciones generales y las cláusulas adicionales.” Que a su vez se ha sostenido que ”es abusiva y nula la cláusula que establece la existencia de destrucción total si el valor de los restos no supera el 20% del de venta al contado del vehículo asegurado, pues constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo obligacional tal como lo prevé el art. 37 ley 24240". Habiéndose afirmado que "no obsta a esta conclusión, el previo control o autorización administrativa, por cuanto no excluye el control judicial de equidad del contenido del contrato por adhesión". (En autos "Liotta, Leonardo F. v. Compañía Argentina de Seguros Visión", C. Nac. Com., sala A, 21/11/2000, LL 2001-B-321 y ss.). Que en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la normativa de consumo, el art. 41 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaria de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta Ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”. Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento dicta el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos N° 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor consiste en "Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias (Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor), N° 6.272 (Publicación, Legislación del Consumidor) y N° 7.363 (Tribunales Arbitrales del Consumidor), sus modificatorias y normas complementarias, como así también toda otra normativa que haga a los derechos del consumidor. Que por todo lo expuesto, la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en protección del consumidor y sus derechos en un caso como el denunciado en estos autos. Que por otro lado, con relación a la prescripción planteada por la sumariada, ésta manifiesta que la presente causa se inicia por denuncia el día 01 de marzo del 2011, que la imputación data del día 04 de abril de 2014 y en consecuencia, surge por demás evidente que ha operado la prescripción. Que a lo manifestado por la denunciada, cabe señalar que el Sr. Núñez adquiere el producto el día 24/03/2008 con garantía extendía, y el día 01/03/2011 realiza la denuncia por el desperfecto en la heladera. La Ley se refiere al plazo de prescripción a efectos de que pueda formularse una denuncia por infracción al régimen del consumidor, transcurriendo entre la fecha de la compra y la de la denuncia 2 años y 345 días, faltando 20 días para que pueda aplicarse la prescripción alegada por la sumariada. Que por último afirma, al plantear la nulidad, que surge injustificada la imputación, dado que del certificado Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 33 de 119 de incorporación, surge claro que la garantía comienza a regir una vez vencida la garantía de fábrica. Así, esta parte sólo debía responder en caso de existir algún siniestro entre el 24/03/2009 al 23/03/2010. En autos quedaría en claro que el supuesto inconveniente dataría de octubre de 2008, época en la cual regía la garantía de fábrica, razón por la cual, es contra la fabricante contra la que debe hacerse el reclamo pertinente. Que en virtud de lo manifestado por la firma, se hace un análisis del certificado obrante a fs. 08, de lo cual surge claramente que la fecha de inicio de vigencia es el 24/03/2008, periodo de garantía del fabricante: 12 meses y en su cláusula 7: especifica que es por 24 meses (incluyendo el período de cobertura del fabricante), pero en ningún momento surge ni se especifica claramente que la garantía comienza a regir una vez vencida la de la fábrica. Que por todo lo anteriormente expuesto esta Dirección considera que la infracción ha quedado configurada. Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9212, Art. 10º) indica que las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: “…3) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde 3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4. Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas, estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b) el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley. Como así también, los criterios de graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al respecto se tiene en cuenta lo informado por la firma mediante su página web https://www.carrefour.com.ar/content/en-argentina/, según la cual “En todos estos años, nos posicionamos como la cadena de supermercados líder en el país, crecimos en cantidad de tiendas, para acercarnos cada vez más a nuestros clientes y consumidores. Logramos convertirnos en la cadena multiformato por excelencia, brindando modelos que cubran todas las necesidades de los consumidores argentinos; al Hipermercado tradicional, se le fueron sumando con los años otros formatos: Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi. Además, desarrollamos constantemente nuevos servicios para hacer que nuestras tiendas sean más completas y atractivas.”. Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no ha dado cumplimiento a la garantía de la heladera objeto del reclamo, ni tampoco presenta pruebas contundentes en su defensa. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 34 de 119 de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido nueve años desde el hecho objeto del reclamo. Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-68731043-4, presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril (ver fs. 41). Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Veinticinco Mil con 00/100 ($25.000,00.-), por la infracción verificada y analizada. Que asímismo, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta por la infracción verificada en autos ($25.000,00.-), conforme lo establece el Artículo 10º de la Ley Impositiva Nº 9112 según el cual “La reincidencia duplicará el monto de la multa (...)”, y por lo tanto, cabe imponer la sanción de multa equivalente a Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($50.000,00.-), conforme lo permite la escala legal correspondiente. Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.83 % del monto máximo aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina, hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 6.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE. Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la Ley 24.240”. Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - IMPONER a la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-68731043-4, de demás datos que constan en autos, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($50.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5.547, por violación al artículo 20º del mismo cuerpo legal. ARTÍCULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 5547, correspondiente al Código Tax 017- 925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÌAS. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-03994461-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 35 de 119 ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTÍCULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTÍCULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución. ARTÍCULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 05/07/2021 (1 Pub.)