RESOLUCIONES
Resolución Nº 68
- Fecha de publicación
- 5 de julio de 2021
- Fecha de la norma
- 18 de febrero de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.404 · páginas 30–36
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 68
MENDOZA, 18 DE FEBRERO DE 2020
VISTO:
El expediente Nº 1374-N-2011-60207-E-0-4, Caratulado "Núñez Mario Damaso C/ Carrefour", en el cual
obran las actuaciones sumariales contra la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-68731043-4,
nombre de fantasía “Carrefour”, con domicilio en Rondeau y Acceso Este lateral Sur, Guaymallén,
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Mendoza, y con domicilio LEGAL en Ruta Panamericana 2650, Palmares Bureau, 1º Piso, Of. “F”, Godoy
Cruz, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 se interpone denuncia por el Sr. Núñez, Mario Dámaso, DNI Nº 8.147.900, con domicilio en Bº
Plumerillo Sur, monoblock B, Piso 1, Departamento 8, Las Heras, Mendoza, contra el comercio Carrefour,
razón social INC S.A., en virtud de haber adquirido en fecha 24/03/2008 una heladera que al poco tiempo
de su uso se descompone dejando de enfriar sin que la denunciada procediera conforme la garantía.
Agrega que con la misma se contrató un servicio de garantía extendida. Acompaña a fs. 05/10 prueba
documental.
Que conforme lo obrado a fs. 14 y 20, se da por fracasada la instancia conciliatoria.
Que a fs. 21 se presenta la firma VIRGINIA SURETY S.A. Compañía de Seguro, alegando que “el
presente reclamo no se encuentra bajo la vigencia de la póliza de Garantía Extendida, puesto que el último
reclamo que tenemos del cliente fue en octubre de 2008 y la vigencia de nuestra garantía extendida
comenzó a dar efectos en marzo de 2010. Es por eso que rechazamos la presente denuncia y
consecuentemente cobertura de dicho siniestro”.
Que al respecto se observa que del certificado de incorporación individual al seguro de extensión de
garantía acompañado por la denunciante a fs. 08, surge de la cláusula 7 que la cobertura se otorga por 24
meses incluyendo el período de cobertura del fabricante, con fecha de emisión 24/03/2008, fecha en la que
fue efectuada la compra del electrodoméstico.
Que en consecuencia esta Dirección entiende que el reclamo realizado por la denunciante a VIRGINIA
SURETY S.A. Compañía de Seguro se efectúa durante la vigencia del plazo de garantía extendida y por lo
cual, existe un incumplimiento en la prestación convenida conforme lo dispuesto por el artículo 20º de la
Ley 5.547 según el cual “Quienes presten, servicios de cualquier naturaleza a usuarios según el criterio
del art. 2º De la presente ley, están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones modalidades,
reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hubieren ofrecido, publicitado o convenido con el
usuario la prestación del mismo. Los prestadores de servicios deberán establecer con claridad los bienes
y/o servicios accesorios o complementarios. Estos se presumen onerosos -en cuyo caso serán optativos
para el consumidorsalvo que el prestador del servicio demuestre su gratuidad. El descuento
correspondiente a los servicios accesorios onerosos en ningún caso podrá ser inferior al quince por ciento
(15%) del valor del servicio principal.”. La doctrina es clara y este artículo es de aplicación para todos los
servicios que se presten en el marco de la relación de consumo. El proveedor debe ajustar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales a su cargo conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido, lo que
debería hacerse de igual modo de no existir este precepto.
Que a fs. 25 se realiza apertura de sumario imputándose a Compañía de Seguro VIRGINIA SURETY S.A.
infracción por presunta violación al artículo 20º de la Ley N° 5.547 cc. el Artículo 19º de la Ley N° 24.240.
Que se le da traslado a la prestadora del servicio de garantía extendida, la que se presenta a fs. 26/33 y
plantea la incompetencia, prescripción y nulidad de la imputación.
Que básicamente funda su planteo en que existe en este caso una Autoridad de aplicación específica en
materia de seguros, siendo la Superintendencia de Seguros de la Nación la autoridad exclusiva y
excluyente en el sector de seguros para llevar a cabo la encomienda que fija el artículo 42 de la
Constitución Nacional y la única autorizada para intervenir y sancionar a empresas de seguros.
Que respecto al planteo de incompetencia se anticipa que el mismo resulta improcedente. Debe tenerse
presente que el artículo 3° de la Ley 24.240, incorporado por Ley 26.361, señala en su último párrafo ”las
relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta Iey y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
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específica.”
Que la compañía de seguros es una persona jurídica privada que desarrolla, de manera profesional, la
comercialización de un servicio que consiste en la asunción de riesgos mediante cobertura asegurativa, y
recibe como contraprestación de dichos servicios el pago de una prima o cotización.
Que la empresa aseguradora posee el carácter de proveedora en los términos del artículo 2º de la Ley
24.240 y el vínculo jurídico que une a esta empresa con el consumidor es una típica relación de consumo.
Muchas veces se ha pretendido identificar el concepto de prestación de servicios con el de locación
de servicios, para dejar fuera de la tutela del estatuto del consumidor a una serie de relaciones jurídicas
entre las cuales cuenta la configurada en el contrato de seguro y sus consecuencias.
Que en este sentido se ha dicho que la palabra “servicio” alude a cualquier actividad prestada en el
mercado de consumo mediante remuneración, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito,
aseguradora, salvo las derivadas de las relaciones de carácter laboral (FARINA, JUAN M., Defensa del
consumidor y del usuario, Astrea, 2000, Bs. As , p. 45).
Qué no cabe dudas entonces, que el contrato de seguro puede ser considerado una relación de consumo
en la que el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a prestar un servicio
consistente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas (BOTANA GARCIA, GEMA A.,
Curso sobre la protección jurídica de los consumidores, coord..., Genio A. Botana García y Miguel Ruiz
Muñoz, Mc-Graw Hill, Madrid, 1999, p. 28).
Que el asegurado-consumidor ha sido definido como "la persona que, para satisfacer sus necesidades de
cobertura de riesgos y reuniendo las características de cualquier otro consumidor, contrata un servicio de
aseguramiento y, eventualmente, él o un tercero reciben la prestación indemnizatoria (CABALLERO
SÁNCHEZ, ERNESTO, “La protección de los consumidores de seguros en el Derecho español”, en
Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos Aires, p.650).
Que según el Dr. Ernesto Caballero Sánchez, "el consumidor de seguros” es por tanto quien contrata los
servicios de cobertura de riesgos y, eventualmente, las prestaciones indemnizatorias que proporcionan las
empresas aseguradoras. En tanto el tomador del seguro (suscriptor de la póliza), como el asegurado, e
incluso mediante una protección que podemos calificar de extensiva, el tercero beneficiario (supuesto
frecuente en los seguros personales) o el perjudicado (por ejemplo acreedores de indemnizaciones en los
seguros de responsabilidad civil). Todos ellos son consumidores en sentido material que utilizan o disfrutan
del servicio de coberturas de riesgos (CABALLERO SÁNCHEZ, ERNESTO, “El consumidor de seguros:
protección y defensa”, p. 51).
Que así, obedeciendo a esta concepción de consumidor, no parece existir razón válida alguna que impida
la consideración como tales a todos los elementos personales que se amparan bajo la denominación de
asegurado siempre que éste actúe al margen de cualquier actividad profesional y, en definitiva, como
contraparte del asegurador en la relación aseguradora (PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, La protección
del asegurado, McGraw-Hill, ps. 7 y 8).
Que se está en condiciones de señalar entonces, que la protección y defensa del consumidor de servicios
asegurativos se encuentra contemplada en la ley de defensa del consumidor, y que la misma comprende
tanto al tomador como al asegurado, y se hace extensiva también al tercer beneficiario y al damnificado
(PICASSO, SEBASTÍAN Y VÁZQUEZ FERREYRA, ROBERTO A. (Directores), Ley de defensa del
Consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 481).
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia Ley, por ejemplo
el caso del art. 63 (contrato de transporte aéreo).
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Que la jurisprudencia ha confirmado la aplicabilidad de la Ley 24.240 en lo que respecta a la materia
asegurativa. A modo de ejemplo, se puede citar el fallo “Argañaraz, Hugo E. c/ Alvarengo, José Daniel P/
Daños y Perjuicios” de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del
Plata, de fecha 25/04/2013, en el que se consideró que ‘Corresponde rechazar el recurso interpuesto por
los demandados en contra de la sentencia que los condenó a indemnizar al actor, en tanto la exclusión de
cobertura, prevista para el caso en que el vehículo asegurado fuera conducido por personas que no tenían
habilitación para ello en la que se amparan los recurrentes resulta inoponible, pues no aparece informada
al consumidor del seguro, ni probada como parte del contrato en el caso de autos.”.
Que también se indica que “En tanto el art. 25 de la ley 20.091 dispone que las pólizas de seguro deben
ajustarse al art. 11 segunda parte de la ley 17.418, que ordena expresamente la entrega de las
condiciones generales del contrato al asegurado, con el evidente propósito de cumplir el deber de
información y lealtad contractual, cabe entender que la misma ley se ha inclinado por la tesis
contractualista, debiendo considerarse que el asegurado es consumidor, y que en la póliza de seguro
deben incluirse las condiciones generales y las cláusulas adicionales.”
Que a su vez se ha sostenido que ”es abusiva y nula la cláusula que establece la existencia de
destrucción total si el valor de los restos no supera el 20% del de venta al contado del vehículo asegurado,
pues constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo
obligacional tal como lo prevé el art. 37 ley 24240". Habiéndose afirmado que "no obsta a esta conclusión,
el previo control o autorización administrativa, por cuanto no excluye el control judicial de equidad del
contenido del contrato por adhesión". (En autos "Liotta, Leonardo F. v. Compañía Argentina de Seguros
Visión", C. Nac. Com., sala A, 21/11/2000, LL 2001-B-321 y ss.).
Que en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la normativa de consumo, el art. 41 de la Ley
24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaria de Comercio Interior…, será la autoridad
nacional de aplicación de esta Ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como
autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.”.
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
dicta el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos N° 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en "Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor), N° 6.272
(Publicación, Legislación del Consumidor) y N° 7.363 (Tribunales Arbitrales del Consumidor), sus
modificatorias y normas complementarias, como así también toda otra normativa que haga a los derechos
del consumidor.
Que por todo lo expuesto, la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en
protección del consumidor y sus derechos en un caso como el denunciado en estos autos.
Que por otro lado, con relación a la prescripción planteada por la sumariada, ésta manifiesta que la
presente causa se inicia por denuncia el día 01 de marzo del 2011, que la imputación data del día 04 de
abril de 2014 y en consecuencia, surge por demás evidente que ha operado la prescripción.
Que a lo manifestado por la denunciada, cabe señalar que el Sr. Núñez adquiere el producto el día
24/03/2008 con garantía extendía, y el día 01/03/2011 realiza la denuncia por el desperfecto en la
heladera. La Ley se refiere al plazo de prescripción a efectos de que pueda formularse una denuncia por
infracción al régimen del consumidor, transcurriendo entre la fecha de la compra y la de la denuncia 2 años
y 345 días, faltando 20 días para que pueda aplicarse la prescripción alegada por la sumariada.
Que por último afirma, al plantear la nulidad, que surge injustificada la imputación, dado que del certificado
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de incorporación, surge claro que la garantía comienza a regir una vez vencida la garantía de fábrica. Así,
esta parte sólo debía responder en caso de existir algún siniestro entre el 24/03/2009 al 23/03/2010. En
autos quedaría en claro que el supuesto inconveniente dataría de octubre de 2008, época en la cual regía
la garantía de fábrica, razón por la cual, es contra la fabricante contra la que debe hacerse el reclamo
pertinente.
Que en virtud de lo manifestado por la firma, se hace un análisis del certificado obrante a fs. 08, de lo cual
surge claramente que la fecha de inicio de vigencia es el 24/03/2008, periodo de garantía del fabricante: 12
meses y en su cláusula 7: especifica que es por 24 meses (incluyendo el período de cobertura del
fabricante), pero en ningún momento surge ni se especifica claramente que la garantía comienza a regir
una vez vencida la de la fábrica.
Que por todo lo anteriormente expuesto esta Dirección considera que la infracción ha quedado
configurada.
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9212, Art. 10º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…3) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley. Como así
también, los criterios de graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la
aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el
consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su
generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al
respecto
se
tiene
en
cuenta
lo
informado
por
la
firma
mediante
su
página
web
https://www.carrefour.com.ar/content/en-argentina/, según la cual “En todos estos años, nos posicionamos
como la cadena de supermercados líder en el país, crecimos en cantidad de tiendas, para acercarnos cada
vez más a nuestros clientes y consumidores. Logramos convertirnos en la cadena multiformato por
excelencia, brindando modelos que cubran todas las necesidades de los consumidores argentinos; al
Hipermercado tradicional, se le fueron sumando con los años otros formatos: Carrefour Market, Carrefour
Express y Carrefour Maxi. Además, desarrollamos constantemente nuevos servicios para hacer que
nuestras tiendas sean más completas y atractivas.”.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no ha dado
cumplimiento a la garantía de la heladera objeto del reclamo, ni tampoco presenta pruebas contundentes
en su defensa. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta lo que la
jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los
elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a
ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta
correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/
GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado
28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
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de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido nueve años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de
Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº
30-68731043-4, presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril (ver fs. 41).
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Veinticinco
Mil con 00/100 ($25.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que asímismo, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta por la infracción
verificada en autos ($25.000,00.-), conforme lo establece el Artículo 10º de la Ley Impositiva Nº 9112
según el cual “La reincidencia duplicará el monto de la multa (...)”, y por lo tanto, cabe imponer la sanción
de multa equivalente a Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($50.000,00.-), conforme lo permite la escala legal
correspondiente.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.83 % del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 6.000.000), y que
dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPONER a la firma “INC SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-68731043-4, de demás
datos que constan en autos, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS CINCUENTA MIL con
00/100 ($50.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5.547, por
violación al artículo 20º del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 5547, correspondiente
al Código Tax 017- 925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo
de DIEZ (10) DÌAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
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ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa
retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la
ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la
emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y
Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTÍCULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTÍCULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTÍCULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
05/07/2021 (1 Pub.)
