RESOLUCIONES
Resolución Nº 278
- Fecha de publicación
- 5 de julio de 2021
- Fecha de la norma
- 2 de julio de 2021
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.404 · páginas 22–30
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 278
MENDOZA, 02 DE JULIO DE 2021.
VISTO:
El Expediente N° 15-D-2021-20108 caratulado “EUROSUR S.A. – ALEGA RAZONES REF.
RESOLUCIÓN N° 203/2020 EXPTE N° 8069-D-2016-02690”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1.461/06 de fecha 21/07/2006 se declaró acogido al régimen de la Ley N° 5.775
y su Decreto Reglamentario N° 2235/92 el emprendimiento de un Hotel Categoría Cuatro Estrellas,
ubicado en Ruta Nacional N° 40 sin número, Cañada Colorada, Departamento de Malargüe, Provincia de
Mendoza, a nombre de EUROSUR Sociedad Anónima, conforme con los antecedentes obrantes en
Expediente N° 3602-E-05-18002.
Que mediante Ley 7.566 de fecha 16/08/2006 se ratifica el Decreto N° 1.461/06.
Que mediante Decreto N° 783/09 de fecha 29/04/2009 se prorroga por tres años más, a partir del 20 de
julio de 2009, el plazo otorgado por Decreto N° 1.461/06 y ratificado por Ley N° 7.566, para la ejecución
de las obras del hotel.
Que en el Expte 08069-D-2016-0269, acumulado a las presentes actuaciones, EUROSUR S.A. presenta la
siguiente documentación ante el extravío del Expediente N° 03602-E-2005-00020: copia de la Escritura de
la compra del inmueble de fecha 29/08/2003 a fs. 84-91; copia del Estatuto de Eurosur SA a fs. 93;
declaración de la construcción del Microtel Inn Malargüe como Construcción de Hotel de Zona de Alta
Montaña de fecha 24/08/2005 a fs. 122; Certificado Final de Obra Parcial expedido por el Departamento de
Obras Privadas de la Municipalidad de Malargüe con fecha 12/07/2012 a fs. 137; Resolución N° 944 del
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Ministerio de Turismo de la Provincia de Mendoza la cual resuelve reclasificar y recategorizar al negocio
denominado “HOTEL MALARGÜE” correspondiendo la Clase “HOTEL”, Categoría “CUATRO
ESTRELLAS”, propiedad de EUROSUR S.A., CUIT Nº30-70843826-6, con domicilio comercial y legal en
Ruta Nacional Nº40 Norte, Ciudad, Departamento Malargüe a fs. 143-147; acta de constatación notarial
extendida por el Notario Público Damián Ernesto Bertani, de la cual surge que el Hotel Malargüe Inn Suite
se encuentra funcionando en forma plena y total en todas sus instalaciones a fs. 188; Certificado de
Habitabilidad suscripto por la Municipalidad de Malargüe, el cual expresa en sus partes pertinentes que: “…
se informa que el mismo reúne las condiciones edilicias básicas para desarrollar actividades de HOTEL,
SALONES, COCHERAS, CASINO Y SPA, CATEGORIA 4 ESTRELLAS…” a fs. 234.
Que tras haber el Instituto Provincial de Juegos y Casinos elevado las actuaciones al Poder Ejecutivo
mediante Resolución 203/2020 la cual obra a fs. 296, a fs. 1-10 del expediente administrativo
15-D-2021-20108 se presenta el Dr Ismael Farrando, por Eurosur S.A., alegando razones con el objeto de
“presentar ante el Sr. Gobernador argumentos objetivo de hecho y de derecho que justifican y enmarcan
legítimamente el otorgamiento a mi representada del permiso y habilitación para la instalación y
funcionamiento de Salas de Juego de banca, realizadas en cualquier clase de aparatos, máquinas o útiles
de azar en el Hotel.” Luego de reseñar los antecedentes del caso, afirma entre otros aspectos que
“EUROSUR S.A. no ha incurrido en ninguno de los incumplimientos que se le atribuyen… si bien la
resolución de marras sintetiza correctamente en sus considerandos el marco normativo aplicable al pedido
de habilitación que tramita en los obrados de referencia, pero incurre en un grave y -presumimos
involuntario- error al aplicar el mismo a las circunstancias de hecho del caso… tal como lo reconoce el
dictamen que precede a la Resolución Nº 203 del IPJyC toda interpretación jurídica debe ser integral… En
este orden de ideas, debemos tener presente no sólo el Art. 8 del Dto. Reglamentario Nº 2235, sino
también la propia Ley Nº 5775 y los restantes artículo de dicho cuerpo normativo, en espacial los arts. 1, 9,
10 y 11. En efecto, el Art. 1 define los emprendimientos enmarcados en la Ley Nº 5775 y entre ellos, para
los proyectos de alta montaña -como los de mi representada- incluye la construcción de “… edificios
destinados a servicios turísticos de hotelería categoría cuatro estrellas internacional con una superficie
superior a 3500 mts.2 y cincuenta habitaciones como mínimo…”; el Art. 8 determina el plazo total para la
ejecución de las obras -esto es, del edificio destinado a hotelería turística- y prevé la caducidad automática
para el caso de incumplimiento; el Art. 9 señala que concluidas las obras -nuevamente: el edificio
destinado a hotelería turística-, el interesado solicitará la inspección correspondiente a los fines del
otorgamiento de la clase y categoría exigida por la ley 5775 y finalmente los Arts. 10 y 11 se refieren
-ahora sí- a la habilitación de las salas de juego de banca; para lo cual se debe acreditar: i) la habilitación
municipal del hotel; ii) el otorgamiento de la clase y categoría exigida y iii) que el establecimiento hotelero
se encuentre funcionando y librado en su totalidad al uso público…Ahora bien, por Dto. Nº 1461/06 se
declaró acogido al régimen de la Ley Nº 5775, el emprendimiento hotelero categoría cuatro estrellas de mi
representada, otorgándole un plazo de tres años para su ejecución (art. 3); plazo que fue prorrogado luego
por Decreto Nº 783/09, el que señala expresamente: “Art. 1º- Prorróguese por tres (3) años más, a partir
del 20 de julio de 2009 el plazo otorgado por Decreto Nº 1461/06 y ratificado por Ley Nº 7566, para la
ejecución de las obras del HOTEL ubicado en Ruta Nac. Nº 40 s/n Cañada Colorada, Del Dpto. de
Malargüe, Mendoza. Art. 2º: La obra de construcción y equipamiento del HOTEL Categoría Cuatro
Estrellas… deberá quedar concluida en su totalidad dentro del plazo establecido por el art. 1º del presente
decreto…En todo momento la normativa analizada habla de la obra de construcción y equipamiento del
“Hotel”, no del Casino; advirtiendo así que mi representada presentó antes de la fecha de vencimiento de
la prórroga, esto es, el 19 de julio de 2021 la documentación requerida conforme a ley y según la cual, la
obra de construcción y equipamiento del Hotel categoría cuatro estrellas se encontraba concluida en su
totalidad. La diferencia de metros cuadrados que consigna la resolución de referencia: 4226 mts.2 en lugar
de los 5.124 mts. Proyectados en plano originario, se deba a que la certificación se efectuó exclusivamente
sobre el edificio del Hotel y no sobre la totalidad del proyecto -tal y como lo exigía la normativa aplicable-;
ya que, la habilitación de la Sala de Juego sólo podría requerirse una vez terminado el Hotel con su
correspondiente habilitación municipal, categorización cuatro estrellas, funcionando y librado en su
totalidad al uso público… tampoco se ha ponderado adecuadamente que el Dto. Reglamentario de la Ley
Nº 5775, al definir en su art. 1º los emprendimientos comprendidos en dicha Ley, menciona a los hoteles
categoría cuatro estrellas “…con una superficie superio a 3500 mts2. Y cincuenta habitaciones como
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mínimo…”. Así las cosas, la superficie del hotel de mi representada (4.226 mts.2) cumplió acabadamente
con los requisitos de la norma; ya que, excede la superficie mínima exigida…Los metros cuadrados,
categoría y número de habitaciones, corresponden con lo exigido por el Decreto 2235 para Hoteles de Alta
Montaña según surge de lo certificado en planos, final de obra, actas de escribanía y Resolución Nº 944
del 28 de Diciembre de 2012 del Ministerio de Turismo…Por otra parte, siendo de público conocimiento que
la concesión del Anexo que posee el Instituto de Juegos y Casinos en la localidad de Malargüe se
encontraría próxima a llegar a su fin, nuestra empresa ofrece formalmente ¬-para el caso que las
autoridades provinciales decidieran no llamar a nueva licitación- contratar a la totalidad del personal
“privado” vacante de ese Anexo para incorporarlo al funcionamiento de la sala de juego de Hotel, con el
fin de sumarlos sin antigüedad a nuestra empresa…Cumplidos así los requisitos exigidos por la normativa
antes citada (construcción y puesta en funcionamiento pleno del Hotel cuatro estrellas) y adquirido el
derecho a obtener la habilitación de la Sala de Juego; EUROSUR S.A. completó la construcción del
Casino y Spa, en una superficie que superó incluso la proyectada originariamente; ya que, de los 5.124
mts.2 totales proyectados, hoy cuenta con una superficie total construida de 9.191,94 mts…Por eso es que
el juego interpretativo que realiza la resolución del IPJyC para aconsejar la caducidad del permiso,
invocando que Eurosur habría presentado un proyecto distinto con una superficie -dice- “notoriamente
menor”, evidencia una opinión que consideramos arbitraria ya que, no sólo no tiene en cuenta la doctrina
de nuestro Superior Tribunal… sino que desaconseja una habilitación que cumple acabadamente los
requisitos normativos vigentes…De este modo la demora en la habilitación solicitada viola principios
consagrados en la Ley Nº 9003 de Procedimientos Administrativos de la Provincia y por sobre todo, resulta
reñida con el principio fundamental de buena administración…En cuanto a la segunda causal invocada por
la Administración para aconsejar la caducidad del acogimiento al régimen de la Ley 5775, sería la
presunta existencia de “deuda impositiva”. Se advierte que a la fecha de la solicitud de la habilitación la
empresa no registraba deuda y/o se encontraba con plan de pago regularizado y pagado en tiempo y
forma según surge de la constancia que fueron acompañadas y obran en autos. En cuanto al informe de la
Dirección de Rentas… conforme con el cual, Eurosur S.A. registraría deuda… se acreditó la inexistencia de
deuda alguna por ingresos brutos, ni por patente del automotor dominio FUN-192. En lo que concierne a la
… deuda por impuesto inmobiliario y patente del dominio MVT-499M la misma se encuentra regularizada
mediante plan de pago, según se acreditó oportunamente. De acuerdo a todo lo expuesto, Eurosur S.A. no
se encuentra incurso en la causal de caducidad por falta de pago de impuestos provinciales en tiempo y
forma… Por ello, la digna decisión del Sr. Gobernador que, privilegiando la legítima interpretación de la
normativa aplicable conforme los antecedentes acreditados objetivamente en el expediente, resuelva la
habilitación de la Sala de Juego de mi representada, honrará la confianza legítima depositada en el
proyecto, y generará en Eurosur el compromiso de poner eficazmente en funcionamiento la Sala,
renunciando desde ya, para el caso de ser otorgada la concesión, a efectuar reclamo alguno por el tiempo
transcurrido; en pos del objetivo de interés público que persigue la habilitación; esto es, el desarrollo
turístico y económico de la zona y por ende de la Provincia…”
Luego, Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia efectúa dictamen legal a fs. 11-21
del EX. 15-D-2021-20108 y, luego de realizar un detalle de los antecedentes, expone el siguiente análisis
formal: “ingresando al análisis formal de la presentación de fs. 1-10, si bien no se trata de una instancia
prevista en la legislación aplicable, nada obsta a que el interesado en un procedimiento administrativo
efectúe presentaciones, máxime cuando éstas aportan nuevos elementos de análisis que no obran en el
expediente, tal el caso de la promesa de contratación de personal privado y la renuncia de eventuales
reclamos en caso de obtener la concesión, y no ha recaído aún el dictado de un acto administrativo. En
este entendimiento, considerando que la Resolución Nº 203/2020 no reúne las características propias de
un acto administrativo en los términos del artículo 28 de la Ley Nº 9003, entendemos que la admisión
formal de la presentación se impone a la luz del principio del debido proceso legal adjetivo que contempla
el artículo 1, punto II, c) de la citada norma y que comprende entre otros aspectos: “1) El acceso irrestricto
a las actuaciones administrativas, a la documentación o información públicas de que disponga la autoridad,
cuando razonablemente las requiera de ella el administrado para el mejor ejercicio de su defensa en sede
administrativa. Constituye falta grave restringir, fuera de los casos en que la Ley lo autorice o sin dar la
circunstanciada constancia escrita de los motivos que tenga la autoridad administrativa para así hacerlo, la
vista de las actuaciones, la presentación de escritos o pruebas, el acceso a la información o la debida
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orientación que facilite al interesado su defensa o el pleno ejercicio de sus derechos o intereses tutelados
por el ordenamiento jurídico…” (el destacado es nuestro) 2) El derecho de ser oído en forma previa a que
se dicte la decisión que pueda vulnerar su interés jurídico.” Al no existir acto administrativo, si no un simple
acto de la administración que importa una recomendación u opinión a la autoridad con capacidad de
decisión; la presentación deberá ser considerada junto con el descargo oportunamente presentado como
parte del derecho de defensa del administrado. Sustancialmente ambas presentaciones coinciden, por lo
que en nada vulnera los principios de la Ley 9003 para su incorporación. Luego, se efectúa el siguiente
análisis sustancial: “Analizados los antecedentes, existen elementos que permiten alejarse fundadamente
de lo recomendado por el Instituto de Juegos y Casinos: En relación a la superficie del proyecto en
cuestión, el artículo 2 del Decreto 2235/92, reglamentario de la Ley 5775, estipula que: “…Para los
proyectos en zonas de "Alta Montaña" entiéndese por "nuevos emprendimientos": la construcción, a partir
de la sanción de la Ley N° 5775, de edificio destinado a servicios turísticos de hotelería de categoría
"cuatro estrellas internacional", con una superficie superior a tres mil quinientos (3.500) metros cuadrados
y cincuenta (50) habitaciones como mínimo. En particular, el decreto 1461/06, en su Artículo 1º dispone
declarar “…acogido al régimen de la Ley Nº 5775 y su Decreto reglamentario Nº 2235/ 92, el
emprendimiento de un Hotel Categoría Cuatro Estrellas, ubicado en Ruta Nacional Nº 40 sin número,
Cañada Colorada, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, a nombre de Eurosur Sociedad
Anónima…”. El artículo 3 de la citada norma establece que “la declaración de acogimiento lo es a los
términos del Artículo 8º y a los fines del Artículo 10º del Decreto Reglamentario Nº 2235/92, durante un
plazo de tres (3) años, contados a partir de la notificación del presente decreto”. El artículo 8 del Decreto
2235/92, regula: “El Poder Ejecutivo podrá aprobar el proyecto mediante decreto, declarando acogido al
solicitante al régimen de la Ley N° 5775. En tal supuesto, el interesado contará con un plazo de sesenta
(60) días para dar inicio a las obras proyectadas, contados a partir de la notificación del decreto de
aprobación del proyecto. El plazo total para la ejecución de las obras no podrá exceder de tres (3) años a
partir de la fecha de su efectiva iniciación. En caso de incumplimiento de los plazos procedimentales
fijados, el acogimiento caducará en forma automática, de pleno derecho y sin necesidad de notificación o
interpelación alguna, sin que ello genere derecho a reclamo por ningún concepto.” El artículo 9, dice:
“Concluidas las obras, el interesado solicitará al organismo de aplicación la inspección correspondiente a
los fines del otorgamiento de la clase y categoría exigida por la Ley N° 5775. Aquel deberá expedirse en
definitiva, en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la solicitud.” El artículo 10 del
decreto dice: “A los fines de la habilitación de las salas de juegos de banca en los términos de la ley que
se reglamenta, el interesado deberá acreditar: a) La habilitación municipal del edificio; b) El otorgamiento
de la clase y categoría exigida en el Artículo 1° de la Ley N° 5775, conforme la Resolución N° 307/81 de
la ex Dirección de Turismo y c) Que el establecimiento hotelero en su totalidad, se encuentra funcionando
y librado en su totalidad al uso público”. Finalmente, el artículo 11 del mismo cuerpo, reza: “Cumplidas las
condiciones establecidas en el artículo precedente la autoridad de aplicación elevará los antecedentes al
Poder Ejecutivo para que éste dicte el decreto de habilitación pertinente. Notificado que sea dicho acto
administrativo, adquirirá vigencia y validez el permiso para la instalación y explotación, de juegos de banca
en los términos y con los alcances de los artículos 3° y 7° de la Ley N° 5775.” El marco normativo debe
completarse con el Decreto 783/09, el cual prorrogó el término del artículo 3 del Decreto 1461/06. La
prórroga se efectúa por tres años desde el 20 de julio de 2009. Es decir que el vencimiento operaba el 19
de julio de 2012. Del citado marco jurídico, surge clara la distinción del establecimiento hotelero respecto
del casino o sala de juego. Pues la habilitación del segundo está supeditada al primero. A mayor
abundamiento, es importante destacar el sentido de los plazos y de “las obras” fijadas en el procedimiento
del Decreto 2235/92, principalmente en sus artículos 8, 9, 10 y 11. Es que la regulación citada, analizada
sistemáticamente, permite apreciar que existe un orden cronológico y que los requisitos se deben ir
cumpliendo conforme tal procedimiento. Las obras sujetas al plazo de 3 años referidas en el artículo 8 del
Decreto 2235/92, aluden a las correspondientes al hotel, pues en el artículo 9 se estipula que concluidas
las mismas, el interesado solicitará al organismo de aplicación la inspección correspondiente a los fines del
otorgamiento de la clase y categoría exigida por la Ley N° 5775; el artículo 10 desarrolla cuáles son los
requisitos que deben ser cumplidos a los fines de la habilitación de las salas de juegos; y el artículo 11
finalmente dispone que una vez cumplidas las condiciones del procedimiento corresponde el dictado del
acto administrativo, por el cual adquiere vigencia y validez el permiso para la instalación y explotación, de
juegos de banca en los términos y con los alcances de los artículos 3° y 7° de la Ley N° 5775. En el
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presente caso el certificado de final de obra y habilitación del hotel por 4226 mts.2 y 51 habitaciones,
cumple con el mínimo de 3500 mts.2 y 50 habitaciones previsto en la norma; y la ausencia de los metros
restantes del proyecto originario (5124 mts.2), no son óbice para tener por cumplido el requisito del
artículo 10 del Decreto 2235/92 a efectos de la solicitud de la habilitación de la sala de juegos. Máxime si
nos ceñimos a las consideraciones de la mentada norma, la cual dice que tal regulación “propende al
desarrollo y jerarquización de la infraestructura turística existente, y por ende, a incrementar la oferta
turística provincial”. Si tenemos en cuenta lo expuesto, no resultaría razonable interpretar que Eurosur
S.A., no ha cumplido con los requisitos del proyecto, si en el plazo legal desarrolló el Hotel, con requisitos
superiores a los mínimos, obtuvo las correspondientes habilitaciones y lo libró al uso público, previo
solicitar la habilitación de la sala de casino. Sobre todo si se considera que luego de ello construyó la sala
de casino y spa por más metros que los del proyecto original. Siendo la normativa clara en sus
disposiciones como en sus fundamentos, no corresponde desconocer que el proyecto ejecutado tiene un
equilibrio económico financiero para la empresa, que de romperse -por una interpretación incorrecta del
marco normativo por parte de la administración- se atentaría con las motivaciones del propio Estado al
dictar el régimen previsto en la Ley Nº 5775 y su decreto reglamentario; además de dejar abierta la
posibilidad a reclamos que impliquen un perjuicio para el Estado. La Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, en un caso análogo, y en relación a la interpretación de la Ley Nº 5775 y su decreto
reglamentario, ya se ha expedido al decir: “…la interpretación exclusivamente gramatical de la norma
contradice el espíritu que la inspira tendiente a contar con hoteles de categoría en el territorio provincial a
fin de incentivar y jerarquizar el turismo permitiendo (mal o bien) la instalación de salas de juego…” “Tiene
dicho este Tribunal que la interpretación de la ley es un acto de razón, un proceso lógico para indagar el
sentido de la norma, siempre necesario, aún frente a las leyes más claras (LS 235-280) por ello la
interpretación de textos legales aisladamente gramatical violenta el mínimo exigido por la interpretación
sistemática. El vocablo aislado no existe, vive en constante combinación, de allí que el sentido de un
término específico debe ser buscado dentro del texto, situación y contexto general en el que es
interpretado (LS 238-423), y así los jueces deben interpretar la norma según corresponda a una solución
razonable y justa, siendo una de las pautas más seguras para verificar la razonabilidad de esa
interpretación legal el considerar las consecuencias que se derivan de ella (LS 273-209). Siguiendo esos
lineamientos estimo que el acto cuestionado no es ilegítimo ya que no se infiere de su texto ninguna
prohibición que impida acogerse al régimen luego de instalado el hotel cuatro estrellas, esta interpretación
da pleno efecto a la intención del legislador que no fue otra que promover la instalación de
establecimientos de categoría para incentivar y jerarquizar el turismo en la Provincia, propósito que se ha
visto logrado en el caso (ver declaraciones testimoniales de fs.147, 148 y vta.). Surge con evidencia que la
legislación ha perseguido el objetivo claro de que no exista el casino sino cuando está el hotel y no
viceversa. Más aún, si se considerase que existe una irregularidad, me inclino por su permanencia
adaptando los principios de procedimiento administrativo comunitario europeo que tiende a la subsanación
de los actos administrativos viciados, en aras del principio de la seguridad jurídica, por lo que resulta
aconsejable que no se anulen resoluciones que, aunque contengan irregularidades, no producen
resultados distintos que los que se hubieran obtenido de haberse cumplido estrictamente con la normativa
(Benigno Ildarraz, “El Proceso de Lesividad”, en Tratado de Derecho Procesal Administrativo, Tomo I,
Director Juan Carlos Casagne, Ed. La Ley, Avellaneda 2007, p. 483 y sgte; en especial ver citas del
autor).” (Expte. Nº 85.957, caratulada: "PROVINCIA DE MENDOZA Y FISCALIA DE ESTADO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA C/HOTELERA EMPRENDER S.A. S/ACC. LESIVIDAD”- S.C.J,M.-
Sentencia). En lo atinente a la causal de caducidad prevista en el artículo 7 de la Ley Nº 5775 que se
invoca en la Resolución del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, debe tenerse presente que la norma
citada dispone: “Serán causales de caducidad del permiso: a) la violación de lo establecido en el artículo
3º. b) la falta de pago del canon establecido en el artículo 6o y de los impuestos provinciales que
corresponden en tiempo y forma.” Al respecto se informó en las actuaciones que EUROSUR S.A.
registraba deuda del impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 12°/2014 y 01°/2015 y que
registra deuda en virtud del Impuesto Automotor (por el Dominio FUN-192: períodos adeudados 2011/1er a
2011/2da cuota requerido por Apremio, y por el Dominio MTV-499: períodos adeudados 2014/1er a
2017/3er cuota) y en virtud del Impuesto Inmobiliario (por el Padrón 19-04478-3: períodos adeudados
2014/3er a 2017/3er cuota, y por el Padrón 19-03662-3: períodos adeudados 2016/4ta a 2017/3er cuota).
Entiendo que el encuadre de los hechos en la norma debe tamizarse por dos criterios sustanciales, que
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evitarán una conclusión irrazonable en términos de proporcionalidad entre medios y fines: a) el sentido de
la obligación tributaria b) el tiempo en el cumplimiento/incumplimiento. El requisito tributario de la Ley Nº
5775 está ligado a la actividad que regula, esto surge de la interpretación sistemática de la norma,
fundamentalmente al detenerse en que todos los pasajes dispositivos –consecuentes con los
considerandos- versan sobre el hotel y la sala de juegos. Al surgir que los incumplimientos de la sociedad
comercial informados no tienen relación con la actividad, sin perjuicio del cuestionamiento que Eurosur
S.A. pueda realizar sobre dichas deudas, entiendo que las deudas no tienen la naturaleza atendida por la
Ley, y por lo tanto no resulta causal de caducidad fundamentalmente si la misma es analizada con
perspectiva temporal. La contemporización de las deudas es fundamental, pues al momento del pedido de
habilitación éstas no existían. También se aprecia en las actuaciones que la demora en la resolución del
pedido ha tenido relación con el extravío del expediente, lo que es ajeno al peticionante. De manera que si
al momento de la petición de habilitación – y en la actualidad- no existían -y no existen- deudas
correspondientes a impuestos provinciales, no resultaría razonable invocar deudas (ajenas a la actividad)
que surgieron con posterioridad a la petición del administrado y antes de la resolución definitiva de esa
petición, máxime cuando el transcurso prolongado de tiempo resulta ajeno a la responsabilidad de Eurosur
S.A. En otro orden de ideas, es de cabal importancia subrayar los compromisos realizados por Eurosur
S.A. en su última presentación en el expediente y que introducen elementos que no han podido ser
considerados al momento de formular su recomendación por parte del Instituto Provincial de Juegos y
Casinos. El primero de ellos es el formal ofrecimiento de contratar la totalidad del personal vacante
“privado” del anexo del Instituto de Juegos y Casinos de Malargüe, en caso de no llamarse a nueva
licitación luego del vencimiento de la concesión. El segundo es la renuncia a reclamos judiciales y
extrajudiciales - en especial la de accionar por daños y perjuicios- por la demora en el procedimiento de
parte del Estado y padecido por Eurosur S.A.; ello para el caso de otorgarse la concesión. Entiendo que
tanto el ofrecimiento como la renuncia a reclamos señaladas en los dos párrafos anteriores son vinculantes
para Eurosur S.A. y salvaguardan los intereses del Estado y el erario público; por lo que deben formar
parte de las consideraciones y parte resolutiva del acto administrativo en caso de compartir la superioridad
el criterio aquí expresado. Por último, efectúa la siguiente conclusión: “Conforme con lo hasta aquí
manifestado, entiende el suscripto que existen elementos tanto en el conjunto normativo aplicable, como
entre los antecedentes agregados en estas actuaciones, que apreciados en su conjunto y razonablemente,
aconsejan apartarse de la recomendación formulada por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos en
Resolución Nº 203/2020. En consecuencia, considerando que la presentación de fs. 1/10 del expediente
administrativo 15-D-2021-20108, no constituye un recurso, corresponde, salvo mejor criterio de la
superioridad, remitir las presentes actuaciones al Instituto Provincial de Juegos y Casinos en su carácter
de organismo de aplicación de la Ley Provincial Nº 5775, para continuar con el trámite pertinente de
conformidad con lo desarrollado en este dictamen y en la presentación de fs. 1/10 (Ley Provincial Nº 5775,
Decreto Reglamentario 2235/92, Decreto Provincial Nº 1461/06, Ley Provincial Nº 7566, Decreto Provincial
Nº 783/09 y Ley Provincial Nº 9003).”
Además, se dispuso la acumulación del Expte 8069-D-16-02690 al Expte 15-D-2021-20108.
Que remitidas las actuaciones al Instituto Provincial de Juegos y Casinos, a fs. 23 Gerencia de Legales
remite el expediente a Gerencia de Fiscalización a los fines de proceder al relevamiento de la superficie
con el profesional habilitado a tal efecto.
Que el personal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos realiza un relevamiento de las instalaciones,
cuyas constancias y conclusiones obran a fs. 24 y 25. Luego, a fs. 26 obra acta del relevamiento y
medición de las instalaciones del hotel.
Que a fs. 29-30 Gerencia de Legales efectúa el análisis jurídico legal del expediente y dictamina: “Que el
Art. 1º de la Ley 5775 expresa: “Autorizase en el territorio de la Provincia de Mendoza, la instalación y
funcionamiento de salas de juegos de banca, realizadas en cualquier clase de aparatos, maquinas o útiles
de azar, conforme a las siguientes disposiciones: …b) Resto de la provincia y centros de turismo de alta
montaña: En este supuesto el poder ejecutivo determinará en cada caso la superficie cubierta y cantidad
de habitaciones que debe cumplir el nuevo emprendimiento que se construya a partir de la sanción de la
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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presente ley para otorgar el permiso, debiendo respetarse en todos los casos la categoría “CUATRO
ESTRELLAS INTERNACIONAL”, conforme a las pautas mínimas establecidas en la Resolución Nº307/81
de la ex Dirección de Turismo…” Que en su Art. 3º reza: “El permiso para la instalación y explotación de
juegos de banca tendrá vigencia y validez mientras permanezca habilitado y en funcionamiento el hotel en
su totalidad. Se otorgara exclusivamente a personas jurídicas y no podrá cederse parcial o totalmente…”.
Que el Decreto Reglamentario Nº2235/92 en su Art. 10º prevé: “A los fines de la habilitación de las salas
de juego de banca en los términos de la ley que se reglamenta, el interesado deberá acreditar: a) La
habilitación municipal del edificio; b) El otorgamiento de la clase y categoría exigida en el art. 1º de la Ley
5775, conforme a la Res. 307/81 de la ex Dirección de Turismo y c) Que el establecimiento hotelero en su
totalidad, se encuentra funcionando y librado en su totalidad al uso público”. Que atento a los
antecedentes obrantes en el expediente considero que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa vigente para la habilitación de salas de juegos. Que del Art. 3º de la Ley 5775 se
desprende que es competencia del Poder Ejecutivo dictar la aprobación definitiva, configurándose el
Instituto Provincial de Juegos y Casinos como autoridad de aplicación de la Ley 5775 conforme surge del
Art. 6º de la Ley 6362, por lo que es competencia del Directorio dictar la habilitación en cuestión. Por todo
lo expuesto, este asesor no encuentra objeciones legales que formular para que el Directorio autorice lo
solicitado a fs. 23 de las presentes actuaciones, todo ello salvo mejor criterio de la superioridad. Que con
carácter previo, en relación a la superficie de la Sala de Juegos, atento a lo señalado por el Arq. Gabriel
Odonell en el punto 4) de su informe, esta Gerencia de Legales considera que debe solicitarse opinión
jurídica al Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia ante un
posible conflicto normativo entre la Ley 7566 y el Decreto 2595/09, debiendo tenerse presente que en la
situación bajo trato el decreto de acogimiento fue ratificado por ley, caso único en la Provincia de
Mendoza.”
Que a fs. 32 Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza
efectúa opinión jurídica respecto a lo solicitado por Gerencia de Legales y expresa: “En el presente
expediente administrativo se observa una posible colisión de normas que es necesario dilucidar a los
efectos de establecer la superficie del área de juego a habilitar al emprendimiento correspondiente a
EUROSUR S.A. Por un lado, mediante Decreto N° 1.461/06 de fecha 21/07/2006, ratificado por Ley
provincial N° 7.566 de fecha 16/08/2006, se declaró acogido al régimen de la Ley N° 5.775 y su Decreto
Reglamentario N° 2235/92 el emprendimiento de un Hotel Categoría Cuatro Estrellas, ubicado en Ruta
Nacional N° 40 sin número, Cañada Colorada, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, a
nombre de EUROSUR Sociedad Anónima, conforme con los antecedentes obrantes en Expediente N°
3602-E-05-18002. La Ley N° 5.775 establece en su artículo segundo que “la superficie cubierta destinada
a las salas de juego no podrá exceder del 4% de la superficie cubierta total del establecimiento hotelero.”
Junto a ello, mediante Decreto N° 783/09 de fecha 29/04/2009 se prorrogó por tres años el plazo otorgado
a la mencionada firma, a partir del 20 de julio de 2009, el plazo otorgado por Decreto N° 1.461/06 y
ratificado por Ley N° 7.566, para la ejecución de las obras del hotel. En el artículo segundo de la
mencionada norma, se reitera el plexo normativo aplicable al señalar que ”La obra de construcción y
equipamiento del Hotel Categoría cuatro Estrellas, que establece la Ley N° 5775 y su Decreto
Reglamentario N° 2235/92, en sus artículos 8°, 9° y 10°…” Por otro lado, el Decreto N° 2.595/09 de fecha
22/10/2009 -posterior a las normas vinculadas con la firma Eurosur S.A.-, establece en el Artículo 1º que
“para la determinación del cuatro por ciento (4%) de la superficie cubierta destinada a las salas de juego, a
que refiere el art. 2° de la Ley N° 5.775, se deberá computar el total de la superficie cubierta afectada al
juego con más las siguientes dependencias necesarias para el desarrollo y control del mismo: salas de
juego vivo y slots, cajas, tesoro, sala de recuento, sala de video, tesorería, contabilidad, oficinas del
gerente y subgerente, oficina de fiscalizadores del Instituto de Juegos y Casinos, baños públicos, bar y
confitería. Quedan expresamente excluidas del cómputo todas aquellas dependencias que no han sido
enunciadas en el presente artículo y los pasos de vinculación entre las dependencias incluidas”. Además,
el artículo 2º dispone que dicha reglamentación “será aplicable (…) a todos los emprendimientos
declarados acogidos al régimen de la Ley N° 5.775 con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 8.040.” En
el presente caso, advertimos que el Decreto 2.595/09, segunda reglamentación de la Ley Nº 5775, dispone
su aplicación retroactiva, modificando en los hechos las exigencias para quienes habían sido declarados
“acogidos” al régimen de la mencionada norma, antes de su sanción. Resulta entonces necesario
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determinar cuál es la situación jurídica en relación a la firma Eurosur S.A., advirtiendo que el acogimiento
al régimen de la Ley Nº 5775 en su caso, tiene la particularidad de haber sido ratificada por Ley (Ley Nº
7566). A los fines de determinar cuál norma tiene prelación dentro de un sistema jurídico, es necesario
ordenarlas y aplicar la correcta en el caso concreto. La jerarquía normativa implica que una norma de
rango inferior no puede contradecir ni tampoco dejar sin efecto a una de rango superior, y también que una
norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango. Estos principios, de rango constitucional,
resultan fundamentales para la unidad y normal desenvolvimiento del sistema jurídico, lo cual se encuentra
previsto en los Arts. 31, 27, 28, 99 inc. 2 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 148 de la Constitución
de la Provincia de Mendoza. Cabe traer a colación lo expresado por Germán Bidart Campos quien afirma:
“cabe colegir que las leyes del congreso… son jerárquicamente superiores a los decretos reglamentarios,
porque así lo establece expresamente el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional y porque es la función
reglamentaria la que está subordinada a la legislativa, así como lo están las funciones de promulgar,
publicar o vetar leyes, que deben guardar correspondencia con lo sancionado por el congreso. En otras
palabras, el ejecutivo no puede promulgar, ni publicar, ni vetar lo que el congreso no sancionó” (BIDART
CAMPOS, Germán J. y MANILI, Pablo Luis: La jerarquía normativa de las distintas clases de Decretos
del poder ejecutivo nacional, La Ley 2003-c:1359). Por su parte, Castro Videla y Maqueda nos recuerdan
que “El reglamento ejecutivo, aunque integra la norma reglamentada, tiene jerarquía infralegal. En
consecuencia, además de respetar el espíritu y finalidad de la ley reglamentada… no debe violar otras
normas con jerarquía legal… De lo contrario, incurrirá también en el vicio de “exceso reglamentario” y
violará el principio de jerarquía normativo establecido en el art. 31 de la CN.” (CASTRO VIDELA, Santiago
y MAQUEDA FOURCADE Santiago, “Los reglamentos del Poder Ejecutivo. Propuesta de guía para su
estudio y el análisis de casos (segunda parte: los reglamentos ejecutivos)”, Temas de Derecho
Administrativo, Diciembre 2020, Año V, Erreius) En el presente caso, el Decreto Nº 2595/09, si bien puede
considerarse una reglamentación razonable de la Ley Nº 5775, no podría aplicarse vulnerando una norma
anterior y de superior jerarquía como es la Ley Nº 7566, que expresamente dispone tener por acogido el
proyecto de Eurosur S.A. al régimen de la Ley Nº 5775 y Decreto Reglamentario Nº 2235/92. Incluso al
momento de la prórroga del plazo oportunamente concedido, se vuelve a mencionar el mismo plexo legal.
Nos encontramos entonces con normas emanadas de distintos órganos (Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo), y con distintas fechas de sanción (16/08/2006 y 22/10/2009), resultando que la normativa
específica, anterior y de jerarquía superior (Decretos 1461/06 y 783/09 y Ley Nº 7566) deben prevalecer en
el caso concreto respecto de una norma posterior y de inferior jerarquía como es el Decreto 2595/09.
Asimismo, es de fundamental importancia destacar el principio de juridicidad como columna vertebral en la
función administrativa (COMADIRA, Julio Rodolfo: Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, 1996,
Buenos Aires, págs.. 125-126). El mismo implica que quien se encuentra en ejercicio de la función
administrativa debe ejercer sus potestades sobre la base de una habilitación otorgada previamente por ley
formal y comprende la razonabilidad. En este sentido, se trata de un principio que basa la validez de un
acto administrativo en la circunstancia que tenga fundamento en la norma superior (CASSAGNE, Juan
Carlos: Los grandes principios del Derecho Público: Constitucional y Administrativo, 2° Ed. Actualizada,
Rubinzal-Cuzoni, Santa Fe, 2021, pág. 241). En virtud de los principios reseñados de prelación normativa,
legalidad y juridicidad, y tratándose de un derecho adquirido por la firma con anterioridad (art. 27
Constitución Provincial), no resulta aplicable al emprendimiento EUROSUR S.A. la reglamentación de la
superficie llevada a cabo por el Decreto 2.595, debiendo calcularse en consecuencia la superficie del área
de juego sobre el 4% de la superficie cubierta total del establecimiento hotelero, tal como lo dispone el art.
2 de la Ley Nº 5775, sin las dependencias mencionadas en el Art. 1° del Decreto 2.595/09.”
Que a los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 10 del Decreto Reglamentario N° 2.235/95, y
específicamente en relación al inciso a) del mismo, se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos a fs.
243; mediante los certificados expedidos por el organismo competente del Municipio de San Rafael.
Seguidamente el inciso b) ha sido cumplimentado a través de la Resolución N° 944 de la Secretaría de
Turismo de la Provincia, la cual luce a fs. 143-147, comprendiendo a dicho emprendimiento como inscripto
y categorizado como Hotel de Categoría Cuatro (4) Estrellas. Finalmente el inciso c) del mencionado
artículo, cumple lo exigido por la normativa aplicable, mediante las actuaciones de fs. 188, donde se da
cuenta de que el emprendimiento EUROSUR S.A. se encuentra inscripto y categorizado como Hotel
Cuatro (4) Estrellas y abierto al público y en funcionamiento.
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Que en este estadio de las presentes actuaciones y en función del régimen de la Ley N° 5.775 y su
Decreto Reglamentario, están las condiciones y requisitos necesarios para la habilitación de la Sala de
Juego de Banca según la autoridad de aplicación (hoy el Instituto Provincial de Juegos y Casinos) y en
función de haberse cumplido los requisitos definitivos de habilitación de acuerdo al Art. 10 del Decreto
Reglamentario N° 2.235/92.
Que no resulta aplicable al emprendimiento EUROSUR S.A. la reglamentación de la superficie llevada a
cabo por el Decreto N° 2.595/95, debiendo calcularse en consecuencia la superficie del área de juego
sobre el 4% de la superficie cubierta total del establecimiento hotelero, tal como lo dispone el art. 2 de la
Ley Nº 5775, sin las dependencias mencionadas en el Art. 1° del Decreto 2.595/09, en virtud de los
argumentos ya expresados por la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia a los
cuales se remite.
Que en uso de las facultades que otorga el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 2.235/92 y Ley Provincial
9.003, resulta procedente otorgar el permiso de habilitación de la Sala de Juego de Banca ubicado en Ruta
Nacional N° 40 sin número, Cañada Colorada, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, a
nombre de EUROSUR Sociedad Anónima.
Por ello, y lo resuelto en el Acta de Directorio N° /2021, Tema :
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE JUEGOS Y CASINOS
R E S U E L V E:
ART. 1°.- HABILÍTESE la Sala de Juego de banca en el Hotel Categoría Cuatro (4) Estrellas, ubicado en
Ruta Nacional N° 40 sin número, Cañada Colorada, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, a
nombre de EUROSUR Sociedad Anónima, de conformidad al Art. 11 del Decreto Reglamentario N°
2235/95. Todo ello de acuerdo a los considerandos que conforman la presente Resolución.
ART. 2º.- NOTIFÍQUESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Poder Ejecutivo
para su ratificación.-
DRA. IDA MAGDALENA LOPEZ
PRESIDENTE IPJCDR.
FRANCISCO DANIEL MARTINEZ
DIRECTOR IPJC
S/Cargo
05/07/2021 (1 Pub.)
DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
